José Miguel Aguilera Solis

Expediente 20/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
20/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
07/06/2017

Partes del expediente

  • José Miguel Aguilera Solis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en el cual, por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y por otra, se negó la protección de la justicia federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO POR LA ACTUARIA DE LA ADSCRICPCIÓN Y EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE QUE A LA LETRA DICE Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en el cual, por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y por otra, se negó la protección de la justicia federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el once de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno el mismo día, ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad y otra autoridad, de quien reclamó el auto de vinculación a proceso dictado el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en la causa penal *******. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Mediante proveído de doce de enero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada como *******; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete. Después de diversos requerimientos, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, que fue dictado por una autoridad que realiza sus funciones en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. Así, del análisis de la demanda de así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que los actos que reclama el quejoso lo constituyen: El auto de vinculación a proceso pronunciado contra el ahora quejoso, por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal *******, por su probable participación en la comisión del delito de secuestro con penalidad agravada. La ejecución de esa determinación que atribuyó al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres en Ciudad Juárez. Para la fijación del acto, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de ejecución acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres en Ciudad Juárez aceptó la existencia del acto que consideró le fue reclamado; asimismo, señaló que el quejoso fue ingresado al centro de reinserción social a su cargo, derivado de que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis; por tanto, para quien resuelve, resulta inexistente el acto que se le atribuyó a dicho Director, toda vez que la privación de la libertad no derivó del auto de vinculación a proceso reclamado, sino de diversa determinación, esto es, de la audiencia de medidas cautelares, la cual no fue señalada como acto reclamado. En tal tesitura, como la privación de la libertad del quejoso no obedece directamente del auto de vinculación a proceso decretado en su contra, sino de la determinación de medidas cautelares, no puede considerarse como autoridad ejecutora del acto aquí reclamado al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo cual impone sobreseer en el presente juicio respecto del aludido acto de ejecución, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; (.). CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos aceptó haber emitido en contra del ahora quejoso, el auto de vinculación a proceso de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en la causa penal *******, de su índice. Para corroborar lo anterior, el juzgador responsable remitió fotocopia autorizada del auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal *******, así como registro de audio y video de las audiencias de control de detención, formulación de imputación, así como de la audiencia de vinculación a proceso, desahogo de pruebas y plazo de cierre de investigación llevadas a cabo en la causa penal de referencia, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegaron la actualización de alguna causa de improcedencia que deba ser analizada, ni este juzgador advierte que se actualicen, por lo que se procederá al estudio de fondo de la cuestión planteada. SEXTO. Conceptos de violación. Es innecesaria la transcripción de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta; además, con ello no se le deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, de mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia común, del rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SÉPTIMO. Examen constitucional del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son inatendibles e infundados y su análisis se realizará en orden diverso al propuesto en la demanda de amparo. En un primer aspecto, el quejoso aduce que resultó falso lo manifestado por los agentes captores, porque en la carpeta de investigación obraban las declaraciones del quejoso y de sus coimputados, y en las cuales se les obligó a incriminarse; sin embargo, al haberse obtenido dichas declaraciones sin cumplirse con las formalidades esenciales del procedimiento, la representación social no las mencionó en la audiencia. Tales argumentos son inatendibles. Para evidenciar esta aseveración, es necesario considerar que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control no tiene acceso directo a la carpeta de investigación, sino solamente el representante social y la defensa, de tal manera que a efecto de analizar el hecho delictuoso y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, el análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se limita al relato efectuado por el Ministerio Público respecto de los antecedentes de investigación, así como las declaraciones rendidas ante el Juez en la audiencia de vinculación a proceso. Esto es así, porque el análisis sobre la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso debe estudiarse sólo con base en las cuestiones debatidas en la audiencia respectiva, sin que haya lugar a introducir nuevos temas que no fueron materia de discusión dentro de la audiencia aludida, ni tomar en consideración la carpeta de investigación, dado el Juez no puede revisar su contenido, a menos que en el desahogo de la audiencia exista controversia respecto al contenido de la carpeta, aspecto que no ocurrió en la especie, toda vez que de los discos ópticos que remitió el órgano jurisdiccional responsable, no se pone de manifiesto que haya existido tal controversia, habida cuenta que de los mismos sólo se observa los cuestionamientos que efectuó la defensa sobre los medios de investigación a que hizo alusión la fiscalía, en la audiencia de vinculación a proceso que aquí se reclama. En esa medida, resulta inatendible lo alegado en torno a que resultaba falso lo manifestado por los agentes captores, bajo los argumentos que expuso el impetrante, pues se trata de consideraciones que, como el propio quejoso refiere, no se plantearon ante el Juez de Control responsable, éste no las tomó en cuenta al momento de resolver, ni mucho menos tuvo a la vista la carpeta de investigación en la que se aduce fueron vertidas las mencionadas declaraciones; en esa medida, este Juzgador no puede atender a cuestiones que no formaron parte de la litis natural; de ahí que resultan inatendibles esos argumentos. Es aplicable, por las razones que informa, la jurisprudencia 64/2011(9ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro I, de Octubre de 2011, Tomo 2, página 993, del siguiente tenor: ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. En otro contexto y para estar en condiciones de emprender el análisis de fondo del presente asunto, es conveniente relatar que de las constancias que obran asentadas en el auto de vinculación a proceso, pronunciado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en la causa penal *******, que constituye el acto reclamado, así como de los registros de audio y video de la audiencia celebrada ante ese Tribunal, se desprende que los hechos por los que se dictó el citado auto de vinculación a proceso, consisten en: El veinte de diciembre del mismo año, la víctima de iniciales *******, alrededor de las 6:45 salió de su domicilio y al abordar o intentar abordar su automotor, llegó un vehículo tipo ******* color *******, *******, del cual descendieron dos personas del sexo masculino. El primero lo sorprendió por la parte de atrás, con una arma de fuego y lo obligó a descender de su automotor y luego lo llevaron hasta el vehículo ******* en donde lo subieron y fue colocado en la cabina de atrás, donde le taparon la boca y los ojos con cinta. Además, dijo haberse percatado que en el automotor viajaban otras dos personas diversas a las antes mencionada. Que a uno de ellos le decían "El Comandante", que al ir en movimiento el automotor le preguntaron con qué persona se podían comunicar y la víctima les respondió que con su padre. Que una persona habló con su padre pero que él no escuchó. Enseguida, se puso en marcha nuevamente el automotor y fue llevado hasta un lugar donde finalmente fue sentado en una silla de madera ovalada y que ahí lo ataron de pies y manos. Que fue vigilado por dos personas. Agregó que se hicieron diversas llamadas con su padre. Manifestó haber escuchado que habían bajado el monto que solicitaban a fin de liberarlo a la cantidad mínima de $******* pesos. Pero que fue por la madrugada que ya lo volvieron a sentar en la silla porque le dijeron que ya lo iban a entregar y fue minutos más tarde cuando escuchó diversos ruidos y luego escuchó que le decían que era la policía y que lo iban a rescatar. Que luego de esto, estando en el exterior pudo percatarse del domicilio donde lo habían tenido. El veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, aproximadamente a las 00.45 horas, se implementó un operativo por parte de los Agentes de la Policía Estatal a fin de darle seguimiento y protección inicialmente al testigo de iniciales *******, quien les informó el lugar donde se habría de entregar el dinero que se solicitó a cambio de la liberación de la víctima. Aproximadamente a las 5:00 horas de la mañana, los agentes se percataron que arribó al lugar pactado para la entrega del dinero, un vehículo de la marca *******, línea *******, en color ******* de modelo aproximado *******, con matrículas de circulación *******, del estado de Chihuahua, el cual se estacionó en el -negocio de mariscos- y del cual descendió una persona del sexo masculino de complexión delgada, quien recogió el dinero depositado por el familiar de la víctima y enseguida abordó de nueva cuenta el vehículo ******* para salir por la *******. Los agentes policiacos siguieron a cierta distancia al citado automotor, hasta llegar a la colonia *******, y justo enfrente del domicilio ubicado en *******, aproximadamente a las 5:40 horas, los tripulantes de la camioneta tipo ******* se percataron de la presencia de los agentes de policía y descienden de dicho vehículo tratando de introducirse al domicilio antes mencionado y fue donde fueron capturadas tres personas. Las personas que descendieron del vehículo mencionado corresponden a los nombres de ******* y ******* (persona que recogió el numerario del rescate). Los agentes policiales también señalaron en el interior del domicilio en el que detuvieron al quejoso y otros, se localizó a la víctima, quien se encontraba sentado sobre una silla, atado de pies y manos. Los anteriores hechos, motivaron que el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos dictara auto de vinculación a proceso en contra del ahora quejoso, por su probable participación en los hechos que consideró constitutivos del delito de secuestro con penalidad agravada, previsto en los artículos 9, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 10, fracción I, incisos b) y c), ambos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Inconforme con esa determinación, el quejoso formuló el juicio de amparo origen de esta sentencia. En los restantes conceptos de violación aduce: * El quejoso no fue detenido ni en el lugar, ni en la hora, ni en el modo en que afirmaron los agentes captores, ya que la verdad es que fue detenido aproximadamente a las 10:00 a.m., en *******, específicamente en el domicilio de su suegro *******, donde fue sacado de dicho domicilio, así como también su vehículo y no en la Calle *******. * Existe una deficiente e insuficiente aportación de datos en relación a la supuesta participación del quejoso en la comisión del delito de secuestro, por lo que la resolución de vinculación a proceso transgrede las formalidades esenciales del procedimiento a que alude el artículo 14 Constitucional, así como también se transgrede la fundamentación y motivación, amén de que nadie puede ser juzgado en base de pruebas o datos, obtenidos ilícitamente tal y como acurre con el acta de hechos, en la que falsamente se asentó que él fue detenido en circunstancias totalmente distintas a las verdaderas a efecto de justificar una supuesta detención en flagrancia, no obstante que no fue detenido cometiendo el delito de secuestro, ni fue, ni ha sido señalado por la víctima, ni por testigo presencial alguno, así mismo no he sido señalado: por mis coautores, ni tampoco se me encontró en posesión de objeto alguno que este íntimamente relacionado con el supuesto delito, ya que en la especie y dentro de la investigación des formalizada solo se realizó un supuesto reconocimiento de objeto, consistente en el reconocimiento de vehículo por parte de la víctima; sin embargo, ese reconocimiento de objeto, fue obtenido sin cumplir con las formalidades, en virtud de que no se respetó el derecho de defensa del suscrito, ya que en dicho reconocimiento de objeto no estuvo presente ningún abogado que representara los derechos del quejoso. * Como se demostró con las declaraciones del quejoso, de *******, y los diversos testigos protegidos de iniciales ******* y *******, fue detenido en diverso lugar al señalado por los agentes captores; no obstante, el Juez responsable incorrectamente les negó valor probatorio alguno, violando con ello sus derechos. * El Juez responsable se sustituyó a la Representación Social, en virtud de que no les dio valor probatorio a los testigos protegidos de iniciales ******* y *******, ni resolvió en un plano horizontal lo que las partes aleguen o soliciten, ya que la motivación que expuso para restarles valor probatorio a los atestes de descargo, fue en el sentido de que no habían justificado cómo es que estuvieron en dicho lugar de la detención del suscrito, sin embargo, ese argumento no lo sostuvo la Representación Social, por ende, el Juez responsable intervino sustituyendo a una de las partes, dejando al imputado en desventaja y estado de indefensión, ya que la representación social no hizo argumento alguno en ese sentido. * Agrega que ningún momento se desvirtuó la presunción de inocencia que operaba a su favor, durante todo el proceso, en virtud de que de autos se desprende que el Juez de Control introdujo en su resolución hechos, que no le fueron expuestos por las partes, específicamente en cuanto a que los atetes de descargo, al considerar que no justificaron haber estado en el lugar en que presenciaron la detención del quejoso, lo cual resultó una apreciación meramente personal de juzgador, así como una variación de los hechos ventilados en audiencia; por ende, la forma de intervenir del juzgador dejó en estado de indefensión al suscrito, por el hecho de que suplió las deficiencias de la representación social, lo cual implica tener que defenderse de dos agentes del Ministerio Público, en vez de que sea un agente del Ministerio Público y un Juez. * Se transgredieron sus derechos, porque sin cumplirse con las formalidades esenciales del procedimiento, se le vinculó a proceso, sin valorarse las testimoniales de descargo, sobre la base de las reglas de valoración de la prueba existentes en la ley de penal, es decir, valorar la prueba sin contradecir las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia y que en el caso en particular, sí se contravinieron, pues a pesar de que las testimoniales fueron sometidas al contrainterrogatorio de las partes, el Juez responsable no les dio valor probatorio, y además, se bajó de su plano horizontal de resolver en base a lo que las partes aleguen o soliciten, a convertirse en una parte, ya que la explicación o motivación que dio para restarles valor probatorio a los atestes de descargo, fue con argumentos que no sostuvo la Representación Social. * El Juez de Control no fundó ni motivó correctamente la resolución de vinculación a proceso, ya que el Juez no resolvió la situación jurídica del suscrito sobre la base de los argumentos expuestos por las partes en la audiencia, sino que sustituyó a la representación social, en cuanto a los motivos que tuvo para no darle crédito a los atestes de descargo, con lo cual incumplió con el principio de contradicción, ya que de nada sirve que las partes aleguen lo que a su interés convenga en las audiencias si el Juez al momento de resolver no toma como base lo controvertido por las partes. * El proceder del Juez transgredió el derecho de defensa, a que aluden los artículos 1° y 20, apartado B, fracciones IV y IX, de la Constitución General de la República y el diverso 8 de la Convención Internacional (sic) de Derechos Humanos, ya que de nada sirvió ofrecer y desahogar testigos, si el Juez de Control no les dio valor probatorio, apoyándose para ello en sus propias deducciones, apartadas de derecho, no obstante que el espíritu de la Constitución es el de proteger al inocente. * A pesar de no existir ningún medio de investigación que haga factible que el suscrito haya participado o cometido el delito de secuestro agravado, aun así se le vinculó a proceso, ya que para la ley y para la doctrina el sentido de que exista la probabilidad de que participó o cometió el delito, es en efecto una situación muy próxima a la seguridad de que eso ocurrió, y en el caso en específico sólo existe el acta de hechos, que por cierto es signada por cuatro agentes captores que en dos ocasiones se solicitó que comparecieran a la audiencia de vinculación o no a proceso, mediante la petición del auxilio judicial al Juzgador, a efecto de estar en posibilidades de someter el dicho de los agentes captores al contrainterrogatorio y no comparecieron a ninguno de los dos citatorios, porque supuestamente se encontraban en un operativo. * Se emitió el auto de vinculación a proceso sin existir antecedentes con que fundarla y motivarla, y sin sujetarse a las formalidades esenciales del procedimiento en el sentido de no atenderse, ni tomarse en consideración el principio de contradicción, al que se deben de someter los testigos y derivado del interrogatorio de las partes, y las respuestas de los testigos, se debe resolver si adquiere o no valor la declaración de los testigos. Los reseñados conceptos de violación son infundados, aun suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, como a continuación se pone de relieve. Con el propósito de evidenciar el anterior aserto, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 constitucional, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la emisión del auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que: III.1. Se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; III.2. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro V, de febrero de 2012, página 1940, materia penal, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y, c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, de abril de 2001, materia constitucional, página 1228, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: I. Formulación de la imputación. En audiencia de veinticinco de diciembre de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente Ministerio Público formuló imputación en contra del accionante del amparo y otros, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos. II. Rendición de la declaración preparatoria del imputado o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar. En la audiencia de ley, celebrada el propio veinticinco de diciembre de dos mil dieciséis, ******* ejerció su derecho de rendir declaración preparatoria respecto de los hechos que se le imputaron, en la cual expuso los hechos que consideró pertinentes, a preguntas de su defensor particular. III. 1. Que de la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito Con relación a este tópico, es oportuno precisar que de la interpretación sistemática de los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que en realidad, sólo se debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión. Para tal efecto, a pesar de que el quejoso no vierte concepto de violación en torno al acreditamiento del delito que se le imputa, este Tribunal de amparo analizará si el Juez de Control realizó un examen sobre el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Apoya esta consideración, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, de Febrero de 2012, Tomo 3, materia penal, página 1942, del siguiente tenor: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. El Juez de Control consideró que se encontraban actualizados hechos que la ley reputa como delito de secuestro con penalidad agravada -cometido en agravio de *******- de conformidad con lo que dispone el artículo 9, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 10, fracción I, incisos b) y c) de tal ordenamiento legal. Para arribar a tal conclusión, el Juzgador consideró: [.] el delito de SECUESTRO en virtud del cual el Legislador estableció que se despliega esta hipótesis normativa en lo que nos interesa: aquella persona que prive de la libertad a otro con el propósito de obtener para sí o para un tercero un rescate o cualquier beneficio. En este contexto debo decir que esta hipótesis normativa la componen diversos elementos rectores, el primero de ellos es que el activo prive de la libertad a un sujeto pasivo, es decir que le restrinja la facultad de deambular, elemento que corresponde a circunstancias de ejecución del hecho que ya ha quedado acotado en el presente caso. Toda vez que una persona ha quedado privada de su libertad el día 20 de diciembre del año 2016 alrededor de las 18:45 horas y en ese estado de cautiverio se le mantuvo hasta el día 23 del mismo mes y año. Un segundo elemento rector es que esa restricción de libertad del pasivo la realicen los activos con un fin o un propósito determinado, esto es, obtener un rescate un elemento que también a juicio de este Resolutor corresponde a una de las circunstancias de la ejecución del hecho que consiste en que los activos inicialmente exigieron, a fin de liberar al pasivo una cantidad consistente en $*******, y que finalmente se concretó la entrega únicamente de $*******. Exigencia que denota que el objetivo o la finalidad de los sujetos activos al privar de la libertad al sujeto pasivo era obtener un rescate por su libertad, actualizándose este elemento rector en las circunstancias del hecho factico. Argumento que encuentra sustento en cuanto al testigo protegido de iniciales ******* quien manifestó. ante el Agente del Ministerio Público que el día 20 de diciembre del 2016 salió de su domicilio y que alrededor de las 7:07 recibió una llamada de su hijo ******* quien le hizo saber que lo habían secuestrado y que uno de los sujetos quería hablar con él. Finalmente se hicieron más llamadas, una cuarta llamada a las 17:45 horas en la que el señor ******* les indicó que ya tenía la cantidad de $*******. Que luego de que se consultó por parte de la persona que lo contactó con otros, aceptaron que se recibiría esa cantidad a fin de poder liberar a la persona privada de la libertad y que le indicaría, tanto la hora y el lugar donde debería de dejar el negocio. Y ya como a las cuatro de la mañana le indicaron que tenía que dejar el monto del rescate en el negocio denominado Horas santas que esta sobre el *******, que a ese sitio llegó a las cinco horas con siete minutos de la mañana donde dejó el dinero y se retiró y no fue hasta más tarde que recibió una llamada de la policía donde le dicen que ya habían rescatado a su hijo. También, manifestó el Agente del Ministerio Público, contar con el medio de prueba de ******* quien dijo que el 23 de diciembre del 2016 ante el Agente del Ministerio Público que ella está a cargo de una vivienda localizada sobre la *******, la cual es de un hermano y que el día 17 de diciembre del 2016, su hijo ******* le pidió prestada la vivienda ya que le dijo que llegaría de los Estados Unidos unas personas y que entre ellas se encontraba un sobrino del señor ******* y que le prestara la casa para que ahí se quedaran algunos días ya que se irían hacia Chihuahua. Mientras que el dicho de *******. es clara y precisa en manifestar que su hijo fue la persona que le pidió le prestara la vivienda ubicada en ******* para que ahí estuvieran algunos días unas personas. El dicho de esta persona se ve robustecido por el dicho de la persona de iniciales ******* el cual ante la autoridad investigadora el 23 de diciembre del 2016, dijo que ******* es su sobrino y que fue a visitarlo al domicilio ubicado en ******* que cuando lo hizo se percató que en esa vivienda también se encontraba ******* y otros dos sujetos. Que a ******* le pidió de favor de que le trajera una madera en su vehículo ya que éste traía un vehículo tipo ******* en color *******, modelo aproximadamente *******, con placas nacionales y vidrios polarizados. Habiendo accedido ******* a su favor y después de hacerlo el testigo refiere se quedó en su casa y que ellos se fueron. Testimonial a la cual se le concede también valor demostrativo toda vez que fue vertida con las formalidades del artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales toda vez de que conociendo ese derecho de abstenerse rinde declaración y en el cual identifica, al menos observa en la casa ubicada en *******, la presencia tanto de su sobrino, tanto de ******* y de una tercera persona. Además da cuenta de la existencia de que ******* cuenta con un vehículo tipo Ram, color guinda, modelo aproximado 2000, con placas nacionales. Aunado a lo anterior, tenemos que el parte informativo de fecha 23 de diciembre del 2016 realizado por Agentes de la Policía Estatal Única Investigadora. del cual se desprende lo siguiente: ... que se pacta finalmente de cuanto sería el monto del rescate, ascendiendo a la cantidad de $61,000.00 pesos moneda nacional, los cuales serían depositados por un familiar o el familiar de iniciales G.R.G. y que dicho numerario seria dejado en un negocio de mariscos que se localiza en el cruce de las calles Oasis Revolución y avenida eje vial Juan Gabriel. Que esto fue el día 23 de diciembre del 2016 aproximadamente a las 00:45 horas, es decir ya en la madrugada, para lo cual implementaron un operativo por parte de los agentes a fin de darle seguimiento y protección inicialmente al testigo de iniciales G.R.G. teniendo conocimiento los agentes que al depositar la cantidad en el lugar antes mencionado los posibles secuestradores llegarían a recoger el monto. Por lo que esto, aconteció aproximadamente a las 5:00 horas de la mañana cuando los agentes se percatan que arribó a dicho negocio un vehículo de la marca Dodge, línea Ram 2500, en color guinda de modelo aproximado 2005, con matrículas de circulación ED71112, del estado de Chihuahua, el cual se estacionó en el negocio de mariscos y del cual desciende una persona del sexo masculino de complexión delgada, quien vestía pantalón de mezclilla azul y un suéter color azul marino, con una edad aproximada de 25 años, mismo sujeto que recoge el dinero depositado por el familiar de la víctima y luego aborda nuevamente el vehículo. refieren que le van dando seguimiento a cierta distancia hasta llegar a la colonia Torreón justo enfrente del domicilio ubicado en calle Jaime Nunó 4461, para esto ya serían aproximadamente las 5:40 horas, que los tripulantes de la Ram se percataron de su presencia y descienden de dicho vehículo tratando de introducirse al domicilio antes mencionado y es donde son capturados. Y teniendo la presunción de que al tratar los imputados o esas personas de ingresar a dicho domicilio, éstos irrumpen al mismo y en el interior una tercera persona trató de darse a la huida por la puerta de atrás siendo detenido. Cabe hacer mención que son claros en manifestar que las personas a las que detuvieron descendiendo del vehículo antes mencionado corresponden a los nombres de JOSÉ MIGUEL AGUILERA SOLÍS y JOSÉ ANTONIO SALINAS CASTRO y precisó este último siendo el que recogió el numerario del rescate. También da cuenta de que la persona que se encontraba en el interior del domicilio y que intentó huir se trataba de DANIEL OCHOA, además refieren que en ese mismo domicilio localizan a la víctima el cual se encontraba sentado sobre una silla atado de pies y manos. Antecedente o medio de convicción al cual este Tribunal si le concede valor demostrativo. se advierte que asentaron circunstancias relativas al lugar, tiempo y modo en que fueron detenidos, al menos en esta resolución el señor JOSÉ MIGUEL AGUILERA SOLÍS, así como el hallazgo y aseguramiento de un vehículo de la marca Dodge, tipo Ram, línea 2500, color guinda con placas de circulación ED71112 del estado de Chihuahua y además vertieron el número de serie vehicular de dicho automotor. Más aún refieren que justamente ese aseguramiento y detención se llevó frente al domicilio de la calle Jaime Nunó 4461 de la colonia Torreón, que es precisamente debido a la mecánica de los hechos que el hoy imputado fue detenido en circunstancias de tiempo, modo y lugar y ocasión narradas con antelación. De igual manera en cuanto a la agravante que invoca el Representación Social inmersa respectivamente en los incisos b y c de la fracción I del artículo 10 de la misma Ley General ya invocada, en virtud de las cuales el Legislador agravó la penalidad del delito, si este se cometía por varios sujetos obrando en grupo de dos o más personas y que se realizara con violencia. Conjunto de agravantes que emanan de las circunstancias del hecho ya que ha quedado acotado, al menos hasta este momento procesal que fueron varias personas las que obraron en grupo para privar de la libertad al pasivo, que incluso una de ellas portaba un arma de fuego tipo pistola, de color negro, incluso dijo el pasivo, con la cual concluye se ejercitó una violencia moral sobre éste, al generar intimidación en el pasivo y vencer su voluntad para hacerlo descender de su automotor y que subiera a uno diverso con el fin de privarlo sin duda alguna de su libertad, ingresándolo posteriormente a un inmueble en el que se encontró por varios días cautivo. [.] Para el análisis de la legalidad de lo determinado en este aspecto por el Juez de Control, es conveniente precisar que de lo dispuesto en el tercer párrafo, del artículo 16, párrafo primero del 19 y, el inciso A, del 20 del Pacto Federal, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente Reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los Jueces del proceso oral, para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada, con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como, el principio de igualdad y contradicción, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte, el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y, por otra el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos (hecho ilícito, núcleo del tipo), y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión, ya que así se advierte de la redacción de los citados numerales. En tal virtud, de acuerdo a lo precisado en los aludidos preceptos constitucionales bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio y oral, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de Control, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad, por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Del análisis anterior se deriva, que cambia el estándar probatorio, puesto que en la etapa preliminar o de investigación, dentro del sistema penal acusatorio y oral, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; sin embargo, conforme a lo dispuesto por la fracción III, del inciso A, del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio (oral). Por tanto, debe considerarse a la etapa preliminar o de investigación, como un periodo preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio y, es por ese motivo que el registro de los medios de investigación, de considerarse idóneos, pertinentes y suficientes para formular la imputación, se llevará a cabo en el legajo o carpeta de investigación que al efecto se integre; sin embargo, como se precisó anteriormente, al carecer tales actuaciones de valor probatorio para el dictado de la sentencia por disposición constitucional, salvo que se autorice el anticipo de prueba; el Ministerio Público al formular la imputación, sólo hará la recolección de los datos que lleven al juzgador, en la siguiente etapa, a la construcción de las pruebas que le permitan establecer, en su caso, la existencia de hechos configurativos del delito. En la especie, como quedó transcrito en párrafos precedentes, la Responsable consideró que existían hechos constitutivos del delito de secuestro, toda vez que una persona quedó privada de su libertad el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, alrededor de las 18:45 horas y en ese estado de cautiverio se le mantuvo hasta el veintitrés del mismo mes, con el propósito de obtener un rescate, que finalmente se concretó en la entrega de $61,000.00 (sesenta y un mil pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, consideró que el sujeto activo fue detenido en flagrancia, porque la referida cantidad de dinero se pactó que fuera dejada en un negocio de mariscos que se localiza en el cruce de las calles Oasis Revolución y avenida eje vial Juan Gabriel, donde aproximadamente a las 5:00 horas de la mañana diversos agentes se percataron que arribó a dicho negocio un vehículo de la marca Dodge, línea Ram 2500, en color guinda de modelo aproximado 2005, con matrícula de circulación ED71112, del Estado de Chihuahua, el cual se estacionó en el negocio de mariscos y del cual descendió una persona del sexo masculino, quien recogió el dinero depositado por el familiar de la víctima, para abordar el citado vehículo. Asimismo, tuvo convencimiento de que los agentes captores dieron seguimiento al referido automotor hasta llegar a la colonia Torreón, frente del domicilio ubicado en Jaime Nunó 4461, aproximadamente a las 5:40 horas del mismo día, lugar en el que los tripulantes del vehículo descrito se percataron de la presencia de los policía y descendieron del vehículo tratando de introducirse al domicilio mencionado, lugar donde finalmente fueron capturados, entre otros, el aquí quejoso, quien iba a bordo de la referida camioneta; por último, tuvo en consideración que en el interior del domicilio de referencia localizaron a la víctima del delito, sentado sobre una silla y atado de pies y manos. De igual manera, el Juez consideró que la agravante invocada por la Representación Social a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 10 de la misma Ley General, estaba acreditada porque el delito se cometió por varios sujetos, quienes obraron en un grupo de dos o más personas y que, además, se realizó con violencia, pues al privar de la libertad a la víctima una de ellas portaba un arma de fuego con la que se ejerció violencia, al generar intimidación en el pasivo y vencer su voluntad para hacerlo descender de su automotor y hacerlo subir a uno diverso con el fin de privarlo de su libertad. Conforme a lo anterior, desde el estándar que amerita el examen del auto de vinculación a proceso, se colige que el Juez de Control estableció acertadamente que los datos de investigación que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que se existían hechos que la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera como delito de secuestro, en perjuicio de la víctima de iniciales D.R.P., con penalidad agravada, previsto en los artículos 9, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 10, fracción I, incisos b) y c), ambos del citado ordenamiento, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esta etapa del proceso penal, este Juzgado de Distrito comparte la conclusión a la que arribó el responsable, debido a que existen datos que permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado. En esta tesitura, en cuanto a la configuración del delito atribuido al quejoso, este Juzgador no advierte lesión a los derechos del imputado, ni el impetrante no formuló conceptos de violación para controvertir la configuración de los hechos descriptivos del delito de secuestro, que ameriten se suplidos en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por el Juez de Control en ese aspecto. Sustenta la anterior conclusión, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/2 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, de Noviembre de 2013, Tomo 1, materia penal, página 757, del siguiente rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. III.2. Que de la investigación se desprendan los datos que establezcan la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos Con relación a este elemento, es decir, a la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos que la Ley reputa como delitos, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahogaron en ella -salvo los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan-; por ende, basta que existan indicios de que el ahora quejoso haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delito, para que sea legal la determinación de vincularlo a proceso. En el caso, el Juez responsable consideró que se encontraba acreditada la probable participación del imputado en la comisión de los hechos que se identificaron en líneas previas, al considerar: [.] Por otra parte, a fin de acreditar la probable participación del señor JOSÉ MIGUEL AGUILERA SOLÍS en el hecho típico antes demostrado tenemos primeramente el señalamiento que hacen los agentes captores EVER QUINTERO JUÁREZ, ALEJANDRO OLEA NARVÁEZ, ERICK GAYTÁN GAVALDÓN y CHRISTIAN MIGUEL CHACÓN quienes son claros y precisos a través del parte informativo denotar lo siguiente: refieren que al momento de que se percatan que llega un vehículo con las características ya antes mencionadas al lugar donde se había pactado se dejaría el numerario a fin de que se pusiera en libertad al hoy pasivo, esto es en la intersección de la calle eje vial Juan Gabriel y Oasis Revolución justamente en el estacionamiento de un lugar de mariscos, refieren los agentes captores que arriba aproximadamente a las cinco de la mañana un vehículo marca Dodge, tipo Ram, línea 2500 de color guinda, modelo aproximado 2005, con placas de circulación ED71112 del estado de Chihuahua, que de dicho vehículo desciende una persona del sexo masculino que vestía un pantalón de mezclilla azul y un suéter azul marino, que tomó el dinero y el vehículo siguió su marcha sobre el eje vial Juan Gabriel y justamente se detuvo frente al domicilio ubicado en calle Jaime Nunó 4461 alrededor de las 5:40 horas donde descienden dos sujetos los cuales fueron capturados en ese momento y es donde deviene el señalamiento toda vez que los agentes captores refieren que una de las personas detenidas es el señor JOSÉ MIGUEL AGUILERA SOLÍS y el otro se trata de JOSÉ ANTONIO SALINAS CASTRO, este último - dijeron- es quien recogió el dinero. También, se cuenta con el señalamiento que hace la testigo JOANA ELIZABETH AGUILERA GÓMEZ, el contenido de esta declaración lo voy a dejar para abordarlo ampliamente sobre los argumentos que expresó el abogado defensor para abordarlo más adelante. En tal orden de ideas tenemos que hasta este momento procesal existe un alto grado de posibilidad que el imputado actuó en el hecho que se le imputa, pues quedó demostrado -al menos hasta este momento procesal- que él (JOSÉ MIGUEL AGUILERA SOLÍS) es el propietario del vehículo Dodge, tipo Ram 2500, color guinda a la cual fue abordado con violencia moral la víctima el día 20 de diciembre y trasladado al domicilio ubicado en calle Jaime Nunó 4461 de la colonia Torreón y luego realizarse las negociaciones en cuanto al monto económico para poder liberar a la víctima y después se trasladaron justamente en el vehículo antes mencionado en compañía de JOSÉ ANTONIO SALINAS hasta la intersección de la calle Oasis Revolución y eje vial Juan Gabriel en donde éste último, es decir ANTONIO SALINAS recogió el dinero para luego abordar de nueva cuenta el vehículo antes mencionado y dirigirse a la casa de seguridad donde se encontraba el pasivo donde finalmente fueron capturados. [.] Este Juzgado Federal comulga con la autoridad responsable, porque con los datos de prueba que le narró el agente del Ministerio Público y que se tomaron en cuenta para la emisión del acto reclamado, permiten establecer que existe la probabilidad de que el indiciado, aquí quejoso, cometió o participó en la comisión de los hechos configurativos del delito de secuestro, con penalidad agravada, por sí mismo y en compañía de diversas personas, ya que fue detenido de los datos de prueba que se aportaron al Juez de Control se colegía que se trata de una de las personas que acudieron a recoger el monto pactado para dejar libre a la persona privada de la libertad, que afirmó ser el propietario del vehículo que se encuentra vinculado con los hechos materiales del ilícito en mención, y que fue detenido en el lugar donde tenían privada de su libertad a la víctima, por elementos policiacos, evidenciando su participación al menos hasta la etapa procesal que nos ocupa. Así se afirma, ya que con los datos reseñados por el representante social, que al ser adminiculados entre sí, ponen en evidencia que el imputado -aquí quejoso- probablemente participó en los hechos que se le atribuyeron, descritos en líneas precedentes; sin que sea obstáculo para arribar a esa conclusión lo aducido por el quejoso en los conceptos de violación, en torno a la valoración de las pruebas testimoniales que ofreció para acreditar que el imputado, ahora quejoso, fue detenido en un lugar diverso a que se narró en el parte informativo redactado por los agentes captores, porque como correctamente lo determinó el Juez de Control, la detención alegada no se acreditó con las testimoniales que ofreció el impetrante. En efecto, contra lo argumentado por el quejoso, el Juez responsable determinó correctamente que las pruebas testimoniales que ofreció el imputado no acreditan que la detención hubiera ocurrido en circunstancias de modo, tiempo y lugar distintas de las señaladas por los agentes aprehensores, que a decir del impetrante sucedieron aproximadamente a las 10:00 horas del mismo día de la detención, pero en la calle Séptima número 1106, de la Colonia Granjas 3, específicamente en el domicilio de su suegro MOISÉS GÓMEZ SALAZAR, de donde argumenta fue sacado, así como también su vehículo. Esto es así, porque como acertadamente lo destacó el Juez responsable no existe concordancia entre lo manifestado por los testigos. En primer lugar, como destacó el Juez de control MOISÉS GÓMEZ SALAZAR relató ante ese Tribunal que la detención sucedió a horas cercanas de las cinco de la mañana, cuando iba saliendo de su casa y que en ese momento llegó su yerno y, sin especificar otra hora, mencionó que llegaron los agentes ministeriales y se llevaron al imputado y a la troca "Ram colorada de su yerno"; en oposición a ello, los testigos protegidos de iniciales J.J.C.M. y D.A.S.P., dijeron que presenciaron que se llevaron al quejoso y la "troca" ("troca guinda"), que sacaron de la casa de "MOISÉS", aproximadamente entre las nueve y diez de la mañana del veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis. Lo anterior evidencia, como aseveró el Juez penal, una diferencia de cuatro o cinco horas entre los hechos que narraron los testigos, en torno a la hora en que argumentaron fue detenido el imputado. Además, el Juzgador de proceso, acertadamente consideró que los testigos J.J.C.M. y D.A.S.P. no señalaron fehacientemente el motivo por el cual se encontraban en el lugar en que afirmaron que ocurrió la detención, sin dar explicación de cómo o por qué se encontraban cercanos a ese lugar; por ende, acertadamente el Juez estimó que no existe un elemento adicional de prueba que pudiera corroborar su dicho y, por el contrario, estaban contradichas sus afirmaciones con lo declarado por el diverso testigo de descargo de nombre MOISÉS GÓMEZ SALAZAR. Asimismo, se estima correcto lo considerado por el Juzgador responsable en el sentido de que un elemento no controvertido consiste en que el imputado, aquí quejoso, quedó a disposición del agente del Ministerio Público a las siete horas del día de la detención; por tanto, consideró que resultaba inverosímil, al menos hasta ese momento procesal, de que el quejoso hubiera estado en casa del su suegro, MOISÉS GÓMEZ SALAZAR, con posterioridad a que fue puesto a disposición de la Representación Social. De la misma manera, como destacó el Juez de Control, no fue desvirtuado que el impetrante del amparo no viajara en el vehículo Ram, color guinda, línea 2500, con placas de circulación ED71112, al momento de privar la libertad del pasivo, ni al momento en que se recogió el dinero pactado para la liberación del pasivo y, contrariamente a ello, se demostró de manera indiciaria, que JOSÉ MIGUEL AGUILERA SOLÍS conducía dicho automotor, en el momento en que los agentes captores refirieron que los tripulantes del vehículo mencionado, después de recoger el dinero del rescate y seguirlos y llegar hasta el domicilio o frente al domicilio ubicado en la calle Jaime Nunó, número 4461, descendieron dos personas, una de ellas el quejoso, mientras que su acompañante fue la persona que recogió el dinero. Sobre estas bases, se estima correcto que el Juez de Control determinara que existía un alto grado de probabilidad de que JOSÉ MIGUEL AGUILERA SOLÍS fue la persona que conducía el vehículo mencionado; lo que estimó corroborado con el dicho de la testigo JOANA ELIZABETH AGUILERA, quien ante ese Tribunal manifestó que su papá (aquí quejoso) y su mamá eran las únicas personas que manejaban el citado automotor. De la misma forma, es apegada a derecho, la consideración que vertió el Juez penal formulada en el sentido de que la hija del imputado declaró ante su presencia que su padre no se encontraba en su domicilio el veintitrés de diciembre por la madrugada y que éste si le llamó desde algún teléfono y le dijo que estaba bien que regresaría más tarde, dato que estimó suficiente para concluir que JOSÉ MIGUEL AGUILERA SOLÍS no se encontraba en su domicilio el día de la detención. Asimismo, a juicio de quien resuelve, fue correcto que el Juez de Control desestimara los alegatos de defensa en torno a la detención del imputado, al destacar que la propia testigo JOANA ELIZABETH AGUILERA mencionó que su padre gozaba de un periodo de vacaciones y que todos esos días no salió de su domicilio, al grado de no salir ni a la tienda; lo que el Juez de proceso encontró opuesto al dicho del diverso testigo de iniciales F.O.H. que identificó al imputado y señaló que sí estuvo visitando el domicilio que sirvió como casa de seguridad o lugar de cautiverio del sujeto pasivo del delito. Las anteriores consideraciones permiten concluir que fue correcto que el Juez de Control desestimara los medios de prueba que se ofrecieron para acreditar que la detención del impetrante ocurrió en un lugar distinto del que señalaron los agentes aprehensores, porque efectivamente existen las inconsistencias destacadas por el Juez, las cuales son a tal grado que no tienen el alcance de desvirtuar, hasta este momento, el parte informativo rendido por los agentes que aprehendieron al impetrante del amparo. Ahora, conviene establecer que es infundado lo alegado por el quejoso en el sentido de que existe una transgresión a sus derechos por haberle negado valor probatorio a las testimoniales rendidas por MOISÉS GÓMEZ SALAZAR, y los diversos testigos protegidos de iniciales J.J.C.M. y D.A.S.P., apoyándose para ello en argumentos que no adujo el agente del Ministerio Público acusador y con lo que, a decir del imputado, no se realizó una valoración en un plano horizontal, sino que transgredió el principio de contradicción que rige en materia de procesos orales, al incorporar hechos que no fueron expresados por las partes para desestimar las declaraciones de sus testigos. Así se sostiene, porque el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, entre otros principios, el de contradicción, conforme al cual el agente del Ministerio Público y el imputado pueden debatir los hechos y argumentos jurídicos, normativos y jurisprudenciales de su contraparte, así como controvertir cualquier medio de prueba, para lo cual podrán hacer comparecer, interrogar o, en su caso, contrainterrogar a los testigos y peritos. Por su parte el numeral 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales recoge ese principio y señala que el principio de contradicción consiste en que las partes puedan conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en el propio Código. Sin embargo, contra lo afirmado por el quejoso, el principio de contradicción no limita al Juzgador en su función de apreciación y valoración de las pruebas, tan es así, que el artículo 359 del citado ordenamiento procesal estatuye que las pruebas deben ser valoradas de manera libre y lógica, y la única carga que establece en el juzgador es que realice una motivación de las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo, pues esa motivación es la que permite la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. En el mismo sentido, el artículo 402 de la misma codificación nacional estatuye, analógicamente al presente asunto, que el Tribunal debe apreciar la prueba según su libre convicción, de manera libre y lógica; así como que sólo serán valorables y sometidos a la crítica racional, los medios de prueba obtenidos lícitamente e incorporados al debate conforme a las disposiciones del Código. En la especie, el Juez de Control analizó lo declarado por los testigos de descargo, destacó las inconsistencias y contradicciones que advertía y, apoyándose en ello, expuso detalladamente las razones por las que no merecían eficacia demostrativa, hasta este momento procesal, para desestimar el contenido del parte informativo realizado por los agentes captores. Por tanto, adversamente a lo que sostiene el impetrante, la responsable no transgredió el principio de contradicción al negar eficacia demostrativa a lo declarado por los testigos que se ofrecieron en la audiencia que presidió, pues como se determinó en párrafos que anteceden, los medios de prueba en el juicio oral penal, el cual es de corte acusatorio adversarial, deben ser valorados conforme a la sana crítica, sin contradecir las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, y dispone, además, que la motivación de esa valoración deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a las que se arribe en la determinación, lo cual sí realizó el Juzgador responsable. Esto es así, ya que el Juez de Control no está supeditado a normas rígidas que le señalen el alcance que debe reconocerse a las probanzas ofrecidas en el plazo constitucional, ni mucho menos limita la apreciación de las pruebas exclusivamente a lo que aduzcan las partes, porque la ley procesal faculta a los tribunales para apreciar el valor de las pruebas y los datos de prueba, según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, lo cual no transgrede el principio de contradicción que aduce el quejoso. Lo anterior es así, porque en la citada disposición secundaria el legislador recogió la tradición que ha existido en el sistema procesal mexicano en relación con el sistema de libre apreciación de la prueba, en el cual, si bien se otorgan facultades al juzgador para que haga una valoración personal y concreta del material probatorio, también debe entenderse que establece como requisito obligado que exponga los razonamientos que haya tenido en cuenta para valorar jurídicamente la prueba, lo cual sí fue realizado por el Juez responsable en la emisión del acto reclamado; de ahí lo infundado de lo que se aduce en este aspecto. Sobre las mismas bases, resulta infundado lo que se aduce en torno a que en ningún momento se desvirtuó la presunción de inocencia que operaba a favor del quejoso, bajo la consideración que el Juez de Control introdujo en su resolución hechos que no le fueron expuestos por las partes, en cuanto a que los atetes de descargo, al considerar que no justificaron haber estado en el lugar en que presenciaron la detención del quejoso, lo cual resultó una apreciación meramente personal de juzgador, así como una variación de los hechos ventilados en audiencia. Esto es así, porque el principio de presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena; por ende, el Juzgador responsable respetó dicho principio, pues si bien el ahora quejoso se encuentra vinculado a un proceso penal, es con el propósito de que el Fiscal pueda demostrar legalmente su culpabilidad y, en su caso, el aquí ahora impetrante desvirtúe las imputaciones que se le han formulado a lo largo del juicio, sin que en la etapa en que éste se encuentra se le haya sancionado con pena alguna; todo lo cual pone de relieve que el aludido principio de inocencia se ha respetado. Ahora, sobre este aspecto, es necesario precisar que acorde con el artículo 19 constitucional, el estándar probatorio que se exige al Juez de Garantía para el dictado del auto de vinculación a proceso no es igual que el que se exige para el dictado de una sentencia, sino que es más laxo, sin que ello llega al extremo de diluir el control judicial de los datos de prueba recabados por el agente del Ministerio Público para ejercer acción penal. En efecto, como se indicó en líneas precedentes, en la jurisprudencia de rubro: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA), se estableció, entre otras cosas, que por hecho ilícito no debía entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debía limitarse al estudio conceptual, es decir, acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal, con el propósito de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debía evitarse la formalización de los medios de prueba para no contaminar o anticipar juicio sobre el delito y su autor, razón por la cual, el Juez de Control debía resolver, por regla general, sólo con datos que le fueran relatados. En esa medida, para la emisión del auto de vinculación a proceso no deben ser objeto de valoración formal los elementos emanados de la investigación, sólo se requiere que el órgano acusador exponga ante el Juez datos idóneos, pertinentes, suficientes y legalmente obtenidos que obren en la carpeta correspondiente, a través de los que se establezca razonablemente la existencia del hecho imputado y la probabilidad de la participación del inculpado; por tanto, para satisfacer esa exigencia, sólo es necesario que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que el Juez estime idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo cual implica que en esta etapa del procedimiento no es factible analizar los elementos subjetivos del ilícito en cuestión, sino únicamente los que se refieren al aspecto material, es decir, al examen de los elementos esenciales y comunes del concepto. En las relacionadas condiciones, para quien resuelve resulta legal la consideración del Juez de Control, porque en este momento procesal, no existen bases probatorias que tenga el alcance de desestimar que el quejoso fue detenido en la forma que narraron los agentes captores. Es sustento de esta determinación, en lo conducente, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/2 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que fue citada en líneas precedentes, del siguiente tenor: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. Sobre esas bases, también carece de fundamento lo aducido en torno a que no se le detuvo en flagrancia, porque las probanzas que ofreció en el plazo constitucional, tampoco desvirtuaron la forma de detención señalada por los agentes captores, como correctamente señaló el Juez responsable, es decir, no se desvirtuó que el impetrante del amparo viajaba en el vehículo Ram, color guinda, línea 2500, con placas de circulación ED71112, al momento en que se recogió el dinero pactado para la liberación del pasivo, ni que JOSÉ MIGUEL AGUILERA SOLÍS era la persona que conducía dicho automotor, en el momento en que los agentes captores refirieron que los tripulantes del vehículo mencionado -después de recoger el dinero del rescate- y seguirlos y llegar hasta el domicilio o frente al domicilio ubicado en la calle Jaime Nunó, número 4461, colonia Torreón donde al seguirlos hasta el interior del domicilio de la detención, encontraron a la víctima del secuestro; en esa medida, fue correcto que el Juez estimara que no estaba desvirtuada la detención en flagrancia, máxime que el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que cualquier persona puede detener al indiciado al momento en que se esté cometiendo el delito o inmediatamente después de haberse cometido, tal como ocurrió en el presente asunto. Apoya esta consideración, en lo conducente, la tesis VII.P.44 P, aprobada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, de Octubre de 1996, materia penal, página 541, del siguiente tenor: FLAGRANCIA. CUANDO PUEDE HABLARSE DE (DELITOS PERMANENTES). Si bien es cierto que los quejosos fueron detenidos sin que en su contra existiera orden de aprehensión al respecto, también lo es que el ilícito que se imputa a aquéllos consiste en el de secuestro, mismo que trajo como consecuencia la persecución constante y permanente para la localización y detención de los probables responsables, lo que implica que se condiciona al haberse efectuado en flagrancia la comisión de tal ilícito si se toma en cuenta que se trata de un delito permanente. Asimismo, es infundado lo que se aduce en torno a que no existe algún medio de investigación que haga factible que haya participado en los hechos constitutivos del delito de secuestro agravado, porque en el caso sólo existe el acta de hechos, que fue signada por cuatro agentes captores que en dos ocasiones se solicitó que comparecieran a la audiencia de vinculación o no a proceso y no comparecieron a ninguno de los dos citatorios, porque supuestamente se encontraban en un operativo. Como se adelantó, lo argumentado es infundado, porque de las constancias que tomó en cuenta el Juzgador para resolver y que dejó plasmadas en el auto de vinculación reclamado se advierte que no sólo se apoyó en el acta de hechos signada por los agentes captores, sino que tomó en consideración diversos elementos de prueba, tales como la testimonial de la hija del quejoso, quien refirió que su padre no se encontraba en su domicilio el veintitrés de diciembre por la madrugada; asimismo, consideró lo que declaró el testigo de iniciales F.O.H., quien identificó al aquí quejoso como una persona que había estado visitando el domicilio que sirvió como casa de seguridad o lugar de cautiverio de la víctima del delito de secuestro. De la misma manera, consideró que entre los hechos que involucraron la comisión del delito de secuestro se hizo referencia a la utilización de una camioneta que fue identificada por el testigo F.O.H., MOISÉS GÓMEZ SALAZAR, así como la testigo JOANA ELIZABETH AGUILERA GÓMEZ, quienes fueron coincidentes en señalar que el ahora impetrante cuenta con un vehículo Ram, color guinda, y el propio imputado, en su declaración, a pregunta expresa del abogado defensor, indicó que sí tenía un vehículo marca Dodge, Ram, color guinda. Este Juzgador no se soslaya que el quejoso argumenta que carece de valor probatorio el reconocimiento de objeto (camioneta), sin embargo, es inoperante lo que aduce en torno a ello, porque el propio Juez responsable negó eficacia demostrativa a esa diligencia, al tenor de las siguientes consideraciones: [.] Asimismo, en cuanto a que debe restársele valor demostrativo al reconocimiento de objetos realizado por parte del pasivo del vehículo. y que además la víctima al parecer tuvo una serie fotográfica a color, la cual no obra en la carpeta, toda vez de que las copias de que le hicieron saber al abogado defensor o que le entregaron las copias de la carpeta de investigación se encuentran en blanco y negro. En esa tesitura, este Tribunal coincide con la manifestación del propio señor defensor, más allá de lo argumentado por el propio agente del Ministerio Público, lo anterior toda vez de que si bien es cierto, no se exigen los requisitos que establece el numeral 281 y 277 para reconocimiento de personas, este Tribunal considera que al no estar presente justamente un abogado defensor, si se viola el principio de contradicción, toda vez de que se coarta el derecho de defensa al imputado de contravenir a la persona que está llevando a cabo dicho reconocimiento, lo anterior tenemos que dicho principio se encuentra comprendido en el artículo 35 inciso e) del Reglamento de la Corte Interamericana, y para la cual daré lectura a lo que refiere el Maestro Sergio García Ramírez en su obra denominada El debido proceso, criterios de la jurisprudencia interamericana, editorial Porrúa, en su página 41, cuando dice: El Contradictorio. La corte interamericana ha sostenido que en todo proceso deben concurrir los elementos necesarios para que exista el mayor equilibrio entre las partes para la debida defensa de sus intereses y derechos, esto implica entre otras cosas que rija el principio de contradicción. En esta tesitura, tenemos que en materia probatoria rige el principio de contradicción o contradictorio que respeta el derecho de la defensa a las partes, establecido como ya lo dije en el artículo 35 inciso e), del Reglamento de la Corte Interamericana, que contempla este principio en la que atañe la oportunidad en que debe ofrecerse la prueba para que haya igualdad de las partes. En esa tesitura, este tribunal no le concede valor demostrativo al reconocimiento de objeto que ha mencionado el agente del Ministerio Público. [.] No obstante, aun cuando no le otorgó valor demostrativo al reconocimiento de objeto, de manera indiciaria consideró que se trataba del mismo vehículo, con otros datos de prueba, al señalar acertadamente que la víctima en su declaración ante el agente del Ministerio Público señaló que al vehículo que lo obligaron a subir era un vehículo Ram, color guinda, con vidrios polarizados, con doble cabina, características que el Juez responsable consideró suficientes, tomando en consideración la mecánica de los hechos, aunado a que los agentes captores dieron más características, tales como el número de placas de circulación del Estado de Chihuahua, con las que cuenta ese automotor, así como lo referido por el testigo F.O.H. quien indicó que el vehículo del quejoso tenía placas nacionales, e incluso, los familiares del impetrante que presentó la defensa refirieron que aquél cuenta con un vehículo Ram, color guinda, y el propio imputado en su propia declaración a pregunta expresa del abogado defensor, indicó que tenía un vehículo marca Dodge, Ram, color guinda; por ende, aun cuando no tuvo valor probatorio la diligencia de reconocimiento de objeto, con otros medios de prueba, acertadamente pudo identificarse el vehículo automotor que se relató en los hechos constitutivos del delito de secuestro y que, el propio quejoso, refirió es de su propiedad. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Finalmente, en lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso es necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis que se configurara en el presente caso, el quejoso tampoco la hizo valer en sus conceptos de violación y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el presente caso; por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto. En tal orden de ideas, hasta este estadio procesal, con independencia de que durante la secuela del mismo se demuestre lo contrario, se encuentra acreditada la existencia de un hecho descrito por la ley penal como delito de secuestro con penalidad agravada, el cual fue encuadrado en el artículo 9, fracción I, inciso a), con relación al diverso 10, fracción I, incisos b) y c), ambos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su calidad de coautor material de conformidad con lo dispuesto por los diversos 18, fracción I, y 21, fracción III, del Código Penal del Estado de Chihuahua, con lo que se cumple con los requisitos que exige para la emisión de la vinculación a proceso el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, al haber realizado un estudio oficioso de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales del quejoso y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por el citado peticionario, sin advertir deficiencia de la queja que suplir; por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ******* contra el acto que reclamó del Director del Centro de Reinserción social Estatal Número Tres en Ciudad Juárez, en los términos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ******* contra el acto del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, consistente en el auto de vinculación a proceso de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, pronunciado en la causa penal *******, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, asistido del Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el oficio signado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, por medio del cual, como complemento del informe justificado que rindió el siete de febrero de dos mil diecisiete, remite disco óptico que contiene la videograbación de la audiencia celebrada el veintinueve de diciembre de año próximo pasado; tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el disco compacto remitido por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe. maa

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