José Manuel Hernández Vargas
Expediente 56/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 56/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Director de Seguridad Pública de la Comandancia Regional de Jiquilpan, Michoacán
- José Manuel Hernández Vargas
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese únicamente para que obre como legalmente corresponda el oficio número 169-bis, con firma electrónica, suscrito por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto número 81/20199 (57/2019-E), deducido del juicio de amparo 56/2019 por el que se le encomendó que en auxilio de las labores de este juzgado, ordenara a quien correspondiera, a efecto de que se cerciorara de la presencia del incomunicado JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ VARGAS, en las instalaciones de las autoridades responsables, así como en los centros de detención o reclusión en que pudiera ser localizado, o bien, en cualquier lugar donde se le informara su paradero, a fin de llevar a cabo la ratificación de la demanda promovida a su favor por ANA ALICIA NUÑEZ SEGURA, así como para que diera fe si el quejoso ha tenido comunicación con algún familiar, persona de su confianza o defensor, así como su edad, estado físico exterior que presente, toda vez que en proveído de veintiséis de enero de dos mil diecinueve, se proveyó lo conducente. CÚMPLASE.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veintiséis de enero de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Vista la demanda de amparo promovida por ANA ALICIA NÚÑEZ SEGURA, a favor de JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ VARGAS, contra actos del Director de Seguridad Pública de la Comandancia Regional de Jiquilpan, Michoacán y otra autoridad, de la que se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma, por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto se actualiza el primero de los supuestos en cita, en virtud de que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir en: "De la señalada como Ordenadora reclamo: La violación al artículo 22 constitucional y los tratados internacionales que sobre tortura el Estado Mexicano ha establecido, consistentes en actos DE TORTURA, INCOMUNICACIÓN Y SUSTRACCIÓN DE OBJETOS PROPIEDAD de mi esposo, actos que reitero, se están cometiendo en estos momentos en contra de mi esposo. la ejecutora reclamo: La ejecución de los actos de TORTURA, INCOMUNICACIÓN Y SUSTRACCIÓN DE OBJETOS PROPIEDAD de mi esposo, actos que reitero, se están cometiendo en estos momentos.". Así las cosas, se estima competente para conocer de la demanda en trato, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Uruapan, dado que los actos que se reclaman se está ejecutando en la Comandancia Regional de Jiquilpan, Michoacán, por conducto de las autoridades responsables, pues así lo manifiesta la promovente del amparo, además de que en ese lugar tienen su residencia las autoridades responsables, es decir, los efectos y consecuencias de los actos reclamados tienen su ejecución material en dicha localidad, no así en esta ciudad. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Y la tesis, visible en la página 73, Tomo 217-228, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado.". Por tanto, como esa localidad, no se encuentra comprendida entre aquellas en las que este juzgado Federal ejerce jurisdicción territorial, sino en una de las que lo hacen los juzgados de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán, según lo previene el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con fundamento en los artículos 45 y 48 de la Ley de la materia, este juzgado declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito y la plantea al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con sede Uruapan, a quien se ordena remitir el original de la demanda de garantías con sus anexos, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito, con el objeto de que la envíe a quien por razón de turno corresponda avocarse a su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en los artículos 48, 125 y 126, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE SUSPENDEN DE OFICIO Y DE PLANO, la incomunicación, tortura y malos tratos de que puede ser objeto el quejoso JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ VARGAS, así como los demás actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, que afecten la integridad personal del quejoso e incluso su vida, debiendo obedecer esta orden bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Lo anterior comuníquese sin demora a las autoridades responsables por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento; por lo que se requiere a las autoridades responsables para que de inmediato, dentro de un plazo que no exceda de veinticuatro horas siguientes al momento en que queden notificadas del presente acuerdo, conforme al artículo 22, última parte del párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, informen a este juzgado sobre las medidas que hayan tomado a efecto de dar cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano, apercibidas que de no hacerlo así, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, por la responsabilidad en que incurran, pues la violación a este mandato implica la comisión del delito previsto en el numeral 262, fracción III, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaren una falsedad o negaren la verdad en todo o en parte, serán sancionados en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Asimismo, la autoridad responsable deberá remitir copia certificada de las constancias que justifiquen la detención del quejoso, en el lugar donde se encuentra recluido. Lo antes determinado, es sin perjuicio de que permanezca el quejoso en el lugar en que se encuentre a disposición de la autoridad judicial o ministerial, para el único y exclusivo efecto de la continuación del procedimiento que en su caso se le esté instruyendo, toda vez que el mismo es de orden público; o bien, de que en su caso, sea puesto en libertad por la autoridad correspondiente si así procediere. Por otra parte, en términos de lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, no ha lugar a proveer sobre la suspensión del diverso acto reclamado consistente en la sustracción de objetos de propiedad del quejoso, sin orden judicial, en virtud a que el citado acto que reclama no se ubica en alguno de los supuestos que establece el citado precepto legal. Ahora bien, toda vez que la promovente de la demanda manifiesta que el quejoso se encuentra en la Comandancia Regional de Jiquilpan, Michoacán; con fundamento en los artículos 28 de la Ley de la materia, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por su numeral 2°, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda se cerciore de la presencia del incomunicado, en las instalaciones de las autoridades responsables y, en caso de no encontrarlo ahí, en cualquiera de los centros de detención o reclusión en que pueda ser localizado, o bien, en cualquier lugar en donde se le informe de su paradero, siempre y cuando se encuentre dentro de su jurisdicción territorial, y lo requiera para que manifieste si ratifica o no la demanda de garantías presentada a su favor por ANA ALICIA NÚÑEZ SEGURA; asimismo, ordene a las autoridades responsables que mantienen al agraviado para que permitan el acceso al Actuario correspondiente a fin de que se lleve a cabo la ratificación de la demanda presentada a su favor, la cual sustancialmente dice: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- En cuanto ordenadora. El Director de Seguridad Pública de la Comandancia regional de Jiquilpan, Michoacán, con domicilio bien conocido en la Ciudad de Morelia; Michoacán. En cuanto ejecutora. El Ciudadano Director de la Policía preventiva Estatal, dependiente de aquella, quienes a través de elementos a su mando en este preciso momento están ejecutando los actos DE TORTURA, INCOMUNICACIÓN Y SUSTRACCIÓN DE OBJETOS PROPIEDAD de mi esposo, actos que reitero, se están cometiendo en estos momentos en contra de mi esposo. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. De la señalada como Ordenadora reclamo: La violación al artículo 22 constitucional y los tratados internacionales que sobre tortura el Estado Mexicano ha establecido, consistentes en actos DE TORTURA, INCOMUNICACIÓN Y SUSTRACCIÓN DE OBJETOS PROPIEDAD de mi esposo, actos que reitero, se están cometiendo en estos momentos en contra de mi esposo. la ejecutora reclamo: La ejecución de los actos de TORTURA, INCOMUNICACIÓN Y SUSTRACCIÓN DE OBJETOS PROPIEDAD de mi esposo, actos que reitero, se están cometiendo en estos momentos. V.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O QUE SIRVAN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, son los siguientes. HECHOS: Único.- Desconociendo las razones, motivos o fundamentos en que se basen las responsables, el día de hoy a las 12:30 horas aproximadamente mi esposo se encontraba trabajando en el negocio el cual es una tienda de accesorios y negocio de comida 24 horas Sobre la carretera nacional Venustiano Carranza - Sahuayo, negocio propiedad de mi papá, ubicado en el Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, cuando llegaron elementos de la Policía Michoacán, pertenecientes a la comandancia de Jiquilpan, Michoacán, y se llevaron a mi esposo sin orden judicial alguna, además de que se llevaron objetos del negocio, como perfumes, televisores, estéreos y accesorios de camión, por lo cual se lo llevaron, con la intención de TORTURARLO, INCOMUNICARLO Y SUSTRAER OBJETOS DE SU PROPIEDAD, como lo cite en líneas anteriores, además de que al preguntar personalmente en la Dirección de Seguridad Pública, me niegan que este detenido ahí y por lo cual lo tienen incomunicado actos que reitero, se están cometiendo en estos momentos en contra de mi esposo, razón por la que en forma urgente solicito incluso se constituya el personal de este H. Tribunal Federal a la brevedad posible en la comandancia regional de Jiquilpan, con domicilio bien conocido, y se suspenda de plano el acto motivo de la presente demanda de garantías.". Cabe destacar que el Actuario adscrito al órgano auxiliar de referencia deberán requerir al quejoso para que en el acto de la diligencia o dentro de los tres días siguientes al de la notificación del presente proveído, manifieste por sí o a través de su representante si ratifica o no la demanda de garantías que se promueve, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo en vigor, quedando sin efecto las providencias que se hubieren dictado; asimismo, el referido funcionario judicial deberá dar fe en dicha diligencia si el quejoso ha tenido comunicación con algún familiar, persona de su confianza o defensor, así como de su edad, estado físico exterior que presente, levantando acta pormenorizada al respecto, además deberá indagar específicamente ante qué autoridad se encuentra a disposición, debiendo hacer del conocimiento de la autoridad a cuya custodia se encuentre, en caso de no haber sido señalada como responsable, los términos bajo los cuales fue concedida la suspensión de oficio y de plano en el presente asunto y levantar constancia de lo anterior. De igual forma, se solicita al Juez exhortado que comisione a quien corresponda para que realice la entrega de los oficios 1507 y 1508, dirigidos a las autoridades responsables "DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA COMANDANCIA REGIONAL DE JIQUILPAN, MICHOACÁN" y "DIRECTOR DE LA POLICÍA PREVENTIVA ESTATAL DEPENDIENTE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA COMANDANCIA REGIONAL DE JIQUILPAN, MICHOACÁN.", a través de los cuales se les notifica el presente auto, así como la medida cautelar decretada, para lo cual se deberá practicar acta pormenorizada y remitirla a este juzgado, junto con los acuses de recibo respectivos. En la inteligencia de que para el envío y devolución de las comunicaciones oficiales dirigidas a los jueces de distrito, deberá hacerse uso del Sistema Integral para el Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, sin que sea necesario que la autoridad exhortada acuse recibo, toda vez que éste es generado automáticamente por el referido sistema. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida Solidaridad, número 909, esquina con calle Río Mayo, colonia Ventura Puente, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a JUAN CARLOS CORRAL LEMUS, BEIMAR FERNANDO BOLAÑOS ESQUIVEL y SALVADOR MONTES GARCÍA, quienes gozarán de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que se encontró el dato inherente a las cédulas profesionales números 7066094, 7578263 y 4574712, que acredita a los referidos autorizados como licenciados en derecho, no así a JOSÉ MAURICIO JACINTO RÍOS y CLAUDIA ELIZABETH CARRILLO MADRIGAL, en tanto acredite estar legalmente facultados para ejercer la citada profesión. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe en relación a la suspensión de oficio y de plano vía fax o correo electrónico, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la demanda de amparo promovida por ANA ALICIA NÚÑEZ SEGURA, a favor de JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ VARGAS, contra actos del Director de Seguridad Pública de la Comandancia Regional de Jiquilpan, Michoacán y otra autoridad, de la que se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma, por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto se actualiza el primero de los supuestos en cita, en virtud de que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir en: "De la señalada como Ordenadora reclamo: La violación al artículo 22 constitucional y los tratados internacionales que sobre tortura el Estado Mexicano ha establecido, consistentes en actos DE TORTURA, INCOMUNICACIÓN Y SUSTRACCIÓN DE OBJETOS PROPIEDAD de mi esposo, actos que reitero, se están cometiendo en estos momentos en contra de mi esposo. la ejecutora reclamo: La ejecución de los actos de TORTURA, INCOMUNICACIÓN Y SUSTRACCIÓN DE OBJETOS PROPIEDAD de mi esposo, actos que reitero, se están cometiendo en estos momentos.". Así las cosas, se estima competente para conocer de la demanda en trato, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Uruapan, dado que los actos que se reclaman se está ejecutando en la Comandancia Regional de Jiquilpan, Michoacán, por conducto de las autoridades responsables, pues así lo manifiesta la promovente del amparo, además de que en ese lugar tienen su residencia las autoridades responsables, es decir, los efectos y consecuencias de los actos reclamados tienen su ejecución material en dicha localidad, no así en esta ciudad. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Y la tesis, visible en la página 73, Tomo 217-228, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado.". Por tanto, como esa localidad, no se encuentra comprendida entre aquellas en las que este juzgado Federal ejerce jurisdicción territorial, sino en una de las que lo hacen los juzgados de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán, según lo previene el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con fundamento en los artículos 45 y 48 de la Ley de la materia, este juzgado declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito y la plantea al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con sede Uruapan, a quien se ordena remitir el original de la demanda de garantías con sus anexos, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito, con el objeto de que la envíe a quien por razón de turno corresponda avocarse a su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en los artículos 48, 125 y 126, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE SUSPENDEN DE OFICIO Y DE PLANO, la incomunicación, tortura y malos tratos de que puede ser objeto el quejoso JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ VARGAS, así como los demás actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, que afecten la integridad personal del quejoso e incluso su vida, debiendo obedecer esta orden bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Lo anterior comuníquese sin demora a las autoridades responsables por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento; por lo que se requiere a las autoridades responsables para que de inmediato, dentro de un plazo que no exceda de veinticuatro horas siguientes al momento en que queden notificadas del presente acuerdo, conforme al artículo 22, última parte del párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, informen a este juzgado sobre las medidas que hayan tomado a efecto de dar cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano, apercibidas que de no hacerlo así, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, por la responsabilidad en que incurran, pues la violación a este mandato implica la comisión del delito previsto en el numeral 262, fracción III, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaren una falsedad o negaren la verdad en todo o en parte, serán sancionados en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Asimismo, la autoridad responsable deberá remitir copia certificada de las constancias que justifiquen la detención del quejoso, en el lugar donde se encuentra recluido. Lo antes determinado, es sin perjuicio de que permanezca el quejoso en el lugar en que se encuentre a disposición de la autoridad judicial o ministerial, para el único y exclusivo efecto de la continuación del procedimiento que en su caso se le esté instruyendo, toda vez que el mismo es de orden público; o bien, de que en su caso, sea puesto en libertad por la autoridad correspondiente si así procediere. Por otra parte, en términos de lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, no ha lugar a proveer sobre la suspensión del diverso acto reclamado consistente en la sustracción de objetos de propiedad del quejoso, sin orden judicial, en virtud a que el citado acto que reclama no se ubica en alguno de los supuestos que establece el citado precepto legal. Ahora bien, toda vez que la promovente de la demanda manifiesta que el quejoso se encuentra en la Comandancia Regional de Jiquilpan, Michoacán; con fundamento en los artículos 28 de la Ley de la materia, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por su numeral 2°, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda se cerciore de la presencia del incomunicado, en las instalaciones de las autoridades responsables y, en caso de no encontrarlo ahí, en cualquiera de los centros de detención o reclusión en que pueda ser localizado, o bien, en cualquier lugar en donde se le informe de su paradero, siempre y cuando se encuentre dentro de su jurisdicción territorial, y lo requiera para que manifieste si ratifica o no la demanda de garantías presentada a su favor por ANA ALICIA NÚÑEZ SEGURA; asimismo, ordene a las autoridades responsables que mantienen al agraviado para que permitan el acceso al Actuario correspondiente a fin de que se lleve a cabo la ratificación de la demanda presentada a su favor, la cual sustancialmente dice: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- En cuanto ordenadora. El Director de Seguridad Pública de la Comandancia regional de Jiquilpan, Michoacán, con domicilio bien conocido en la Ciudad de Morelia; Michoacán. En cuanto ejecutora. El Ciudadano Director de la Policía preventiva Estatal, dependiente de aquella, quienes a través de elementos a su mando en este preciso momento están ejecutando los actos DE TORTURA, INCOMUNICACIÓN Y SUSTRACCIÓN DE OBJETOS PROPIEDAD de mi esposo, actos que reitero, se están cometiendo en estos momentos en contra de mi esposo. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. De la señalada como Ordenadora reclamo: La violación al artículo 22 constitucional y los tratados internacionales que sobre tortura el Estado Mexicano ha establecido, consistentes en actos DE TORTURA, INCOMUNICACIÓN Y SUSTRACCIÓN DE OBJETOS PROPIEDAD de mi esposo, actos que reitero, se están cometiendo en estos momentos en contra de mi esposo. la ejecutora reclamo: La ejecución de los actos de TORTURA, INCOMUNICACIÓN Y SUSTRACCIÓN DE OBJETOS PROPIEDAD de mi esposo, actos que reitero, se están cometiendo en estos momentos. V.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O QUE SIRVAN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, son los siguientes. HECHOS: Único.- Desconociendo las razones, motivos o fundamentos en que se basen las responsables, el día de hoy a las 12:30 horas aproximadamente mi esposo se encontraba trabajando en el negocio el cual es una tienda de accesorios y negocio de comida 24 horas Sobre la carretera nacional Venustiano Carranza - Sahuayo, negocio propiedad de mi papá, ubicado en el Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, cuando llegaron elementos de la Policía Michoacán, pertenecientes a la comandancia de Jiquilpan, Michoacán, y se llevaron a mi esposo sin orden judicial alguna, además de que se llevaron objetos del negocio, como perfumes, televisores, estéreos y accesorios de camión, por lo cual se lo llevaron, con la intención de TORTURARLO, INCOMUNICARLO Y SUSTRAER OBJETOS DE SU PROPIEDAD, como lo cite en líneas anteriores, además de que al preguntar personalmente en la Dirección de Seguridad Pública, me niegan que este detenido ahí y por lo cual lo tienen incomunicado actos que reitero, se están cometiendo en estos momentos en contra de mi esposo, razón por la que en forma urgente solicito incluso se constituya el personal de este H. Tribunal Federal a la brevedad posible en la comandancia regional de Jiquilpan, con domicilio bien conocido, y se suspenda de plano el acto motivo de la presente demanda de garantías.". Cabe destacar que el Actuario adscrito al órgano auxiliar de referencia deberán requerir al quejoso para que en el acto de la diligencia o dentro de los tres días siguientes al de la notificación del presente proveído, manifieste por sí o a través de su representante si ratifica o no la demanda de garantías que se promueve, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo en vigor, quedando sin efecto las providencias que se hubieren dictado; asimismo, el referido funcionario judicial deberá dar fe en dicha diligencia si el quejoso ha tenido comunicación con algún familiar, persona de su confianza o defensor, así como de su edad, estado físico exterior que presente, levantando acta pormenorizada al respecto, además deberá indagar específicamente ante qué autoridad se encuentra a disposición, debiendo hacer del conocimiento de la autoridad a cuya custodia se encuentre, en caso de no haber sido señalada como responsable, los términos bajo los cuales fue concedida la suspensión de oficio y de plano en el presente asunto y levantar constancia de lo anterior. De igual forma, se solicita al Juez exhortado que comisione a quien corresponda para que realice la entrega de los oficios 1507 y 1508, dirigidos a las autoridades responsables "DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA COMANDANCIA REGIONAL DE JIQUILPAN, MICHOACÁN" y "DIRECTOR DE LA POLICÍA PREVENTIVA ESTATAL DEPENDIENTE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA COMANDANCIA REGIONAL DE JIQUILPAN, MICHOACÁN.", a través de los cuales se les notifica el presente auto, así como la medida cautelar decretada, para lo cual se deberá practicar acta pormenorizada y remitirla a este juzgado, junto con los acuses de recibo respectivos. En la inteligencia de que para el envío y devolución de las comunicaciones oficiales dirigidas a los jueces de distrito, deberá hacerse uso del Sistema Integral para el Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, sin que sea necesario que la autoridad exhortada acuse recibo, toda vez que éste es generado automáticamente por el referido sistema. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida Solidaridad, número 909, esquina con calle Río Mayo, colonia Ventura Puente, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a JUAN CARLOS CORRAL LEMUS, BEIMAR FERNANDO BOLAÑOS ESQUIVEL y SALVADOR MONTES GARCÍA, quienes gozarán de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que se encontró el dato inherente a las cédulas profesionales números 7066094, 7578263 y 4574712, que acredita a los referidos autorizados como licenciados en derecho, no así a JOSÉ MAURICIO JACINTO RÍOS y CLAUDIA ELIZABETH CARRILLO MADRIGAL, en tanto acredite estar legalmente facultados para ejercer la citada profesión. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe en relación a la suspensión de oficio y de plano vía fax o correo electrónico, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: MORELIA, MICHOACÁN, VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la demanda de amparo promovida por ANA ALICIA NÚÑEZ SEGURA, a favor de JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ VARGAS, contra actos del Director de Seguridad Pública de la Comandancia Regional de Jiquilpan, Michoacán y otra autoridad, de la que se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma, por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto se actualiza el primero de los supuestos en cita, en virtud de que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir en: "De la señalada como Ordenadora reclamo: La violación al artículo 22 constitucional y los tratados internacionales que sobre tortura el Estado Mexicano ha establecido, consistentes en actos DE TORTURA, INCOMUNICACIÓN Y SUSTRACCIÓN DE OBJETOS PROPIEDAD de mi esposo, actos que reitero, se están cometiendo en estos momentos en contra de mi esposo. la ejecutora reclamo: La ejecución de los actos de TORTURA, INCOMUNICACIÓN Y SUSTRACCIÓN DE OBJETOS PROPIEDAD de mi esposo, actos que reitero, se están cometiendo en estos momentos.". Así las cosas, se estima competente para conocer de la demanda en trato, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Uruapan, dado que los actos que se reclaman se está ejecutando en la Comandancia Regional de Jiquilpan, Michoacán, por conducto de las autoridades responsables, pues así lo manifiesta la promovente del amparo, además de que en ese lugar tienen su residencia las autoridades responsables, es decir, los efectos y consecuencias de los actos reclamados tienen su ejecución material en dicha localidad, no así en esta ciudad. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Y la tesis, visible en la página 73, Tomo 217-228, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado.". Por tanto, como esa localidad, no se encuentra comprendida entre aquellas en las que este juzgado Federal ejerce jurisdicción territorial, sino en una de las que lo hacen los juzgados de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán, según lo previene el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con fundamento en los artículos 45 y 48 de la Ley de la materia, este juzgado declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito y la plantea al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con sede Uruapan, a quien se ordena remitir el original de la demanda de garantías con sus anexos, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito, con el objeto de que la envíe a quien por razón de turno corresponda avocarse a su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en los artículos 48, 125 y 126, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE SUSPENDEN DE OFICIO Y DE PLANO, la incomunicación, tortura y malos tratos de que puede ser objeto el quejoso JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ VARGAS, así como los demás actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, que afecten la integridad personal del quejoso e incluso su vida, debiendo obedecer esta orden bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Lo anterior comuníquese sin demora a las autoridades responsables por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento; por lo que se requiere a las autoridades responsables para que de inmediato, dentro de un plazo que no exceda de veinticuatro horas siguientes al momento en que queden notificadas del presente acuerdo, conforme al artículo 22, última parte del párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, informen a este juzgado sobre las medidas que hayan tomado a efecto de dar cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano, apercibidas que de no hacerlo así, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, por la responsabilidad en que incurran, pues la violación a este mandato implica la comisión del delito previsto en el numeral 262, fracción III, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaren una falsedad o negaren la verdad en todo o en parte, serán sancionados en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Asimismo, la autoridad responsable deberá remitir copia certificada de las constancias que justifiquen la detención del quejoso, en el lugar donde se encuentra recluido. Lo antes determinado, es sin perjuicio de que permanezca el quejoso en el lugar en que se encuentre a disposición de la autoridad judicial o ministerial, para el único y exclusivo efecto de la continuación del procedimiento que en su caso se le esté instruyendo, toda vez que el mismo es de orden público; o bien, de que en su caso, sea puesto en libertad por la autoridad correspondiente si así procediere. Por otra parte, en términos de lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, no ha lugar a proveer sobre la suspensión del diverso acto reclamado consistente en la sustracción de objetos de propiedad del quejoso, sin orden judicial, en virtud a que el citado acto que reclama no se ubica en alguno de los supuestos que establece el citado precepto legal. Ahora bien, toda vez que la promovente de la demanda manifiesta que el quejoso se encuentra en la Comandancia Regional de Jiquilpan, Michoacán; con fundamento en los artículos 28 de la Ley de la materia, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por su numeral 2°, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda se cerciore de la presencia del incomunicado, en las instalaciones de las autoridades responsables y, en caso de no encontrarlo ahí, en cualquiera de los centros de detención o reclusión en que pueda ser localizado, o bien, en cualquier lugar en donde se le informe de su paradero, siempre y cuando se encuentre dentro de su jurisdicción territorial, y lo requiera para que manifieste si ratifica o no la demanda de garantías presentada a su favor por ANA ALICIA NÚÑEZ SEGURA; asimismo, ordene a las autoridades responsables que mantienen al agraviado para que permitan el acceso al Actuario correspondiente a fin de que se lleve a cabo la ratificación de la demanda presentada a su favor, la cual sustancialmente dice: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- En cuanto ordenadora. El Director de Seguridad Pública de la Comandancia regional de Jiquilpan, Michoacán, con domicilio bien conocido en la Ciudad de Morelia; Michoacán. En cuanto ejecutora. El Ciudadano Director de la Policía preventiva Estatal, dependiente de aquella, quienes a través de elementos a su mando en este preciso momento están ejecutando los actos DE TORTURA, INCOMUNICACIÓN Y SUSTRACCIÓN DE OBJETOS PROPIEDAD de mi esposo, actos que reitero, se están cometiendo en estos momentos en contra de mi esposo. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. De la señalada como Ordenadora reclamo: La violación al artículo 22 constitucional y los tratados internacionales que sobre tortura el Estado Mexicano ha establecido, consistentes en actos DE TORTURA, INCOMUNICACIÓN Y SUSTRACCIÓN DE OBJETOS PROPIEDAD de mi esposo, actos que reitero, se están cometiendo en estos momentos en contra de mi esposo. la ejecutora reclamo: La ejecución de los actos de TORTURA, INCOMUNICACIÓN Y SUSTRACCIÓN DE OBJETOS PROPIEDAD de mi esposo, actos que reitero, se están cometiendo en estos momentos. V.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O QUE SIRVAN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, son los siguientes. HECHOS: Único.- Desconociendo las razones, motivos o fundamentos en que se basen las responsables, el día de hoy a las 12:30 horas aproximadamente mi esposo se encontraba trabajando en el negocio el cual es una tienda de accesorios y negocio de comida 24 horas Sobre la carretera nacional Venustiano Carranza - Sahuayo, negocio propiedad de mi papá, ubicado en el Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, cuando llegaron elementos de la Policía Michoacán, pertenecientes a la comandancia de Jiquilpan, Michoacán, y se llevaron a mi esposo sin orden judicial alguna, además de que se llevaron objetos del negocio, como perfumes, televisores, estéreos y accesorios de camión, por lo cual se lo llevaron, con la intención de TORTURARLO, INCOMUNICARLO Y SUSTRAER OBJETOS DE SU PROPIEDAD, como lo cite en líneas anteriores, además de que al preguntar personalmente en la Dirección de Seguridad Pública, me niegan que este detenido ahí y por lo cual lo tienen incomunicado actos que reitero, se están cometiendo en estos momentos en contra de mi esposo, razón por la que en forma urgente solicito incluso se constituya el personal de este H. Tribunal Federal a la brevedad posible en la comandancia regional de Jiquilpan, con domicilio bien conocido, y se suspenda de plano el acto motivo de la presente demanda de garantías.". Cabe destacar que el Actuario adscrito al órgano auxiliar de referencia deberán requerir al quejoso para que en el acto de la diligencia o dentro de los tres días siguientes al de la notificación del presente proveído, manifieste por sí o a través de su representante si ratifica o no la demanda de garantías que se promueve, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo en vigor, quedando sin efecto las providencias que se hubieren dictado; asimismo, el referido funcionario judicial deberá dar fe en dicha diligencia si el quejoso ha tenido comunicación con algún familiar, persona de su confianza o defensor, así como de su edad, estado físico exterior que presente, levantando acta pormenorizada al respecto, además deberá indagar específicamente ante qué autoridad se encuentra a disposición, debiendo hacer del conocimiento de la autoridad a cuya custodia se encuentre, en caso de no haber sido señalada como responsable, los términos bajo los cuales fue concedida la suspensión de oficio y de plano en el presente asunto y levantar constancia de lo anterior. De igual forma, se solicita al Juez exhortado que comisione a quien corresponda para que realice la entrega de los oficios 1507 y 1508, dirigidos a las autoridades responsables "DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA COMANDANCIA REGIONAL DE JIQUILPAN, MICHOACÁN" y "DIRECTOR DE LA POLICÍA PREVENTIVA ESTATAL DEPENDIENTE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA COMANDANCIA REGIONAL DE JIQUILPAN, MICHOACÁN.", a través de los cuales se les notifica el presente auto, así como la medida cautelar decretada, para lo cual se deberá practicar acta pormenorizada y remitirla a este juzgado, junto con los acuses de recibo respectivos. En la inteligencia de que para el envío y devolución de las comunicaciones oficiales dirigidas a los jueces de distrito, deberá hacerse uso del Sistema Integral para el Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, sin que sea necesario que la autoridad exhortada acuse recibo, toda vez que éste es generado automáticamente por el referido sistema. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida Solidaridad, número 909, esquina con calle Río Mayo, colonia Ventura Puente, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a JUAN CARLOS CORRAL LEMUS, BEIMAR FERNANDO BOLAÑOS ESQUIVEL y SALVADOR MONTES GARCÍA, quienes gozarán de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que se encontró el dato inherente a las cédulas profesionales números 7066094, 7578263 y 4574712, que acredita a los referidos autorizados como licenciados en derecho, no así a JOSÉ MAURICIO JACINTO RÍOS y CLAUDIA ELIZABETH CARRILLO MADRIGAL, en tanto acredite estar legalmente facultados para ejercer la citada profesión. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe en relación a la suspensión de oficio y de plano vía fax o correo electrónico, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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