José Manuel Guerrero Rascón
Expediente 381/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 08/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Manuel Guerrero Rascón
Actuaciones
- Principal
... Agréguese el oficio 3686, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo número I-293/2019-1, formado con motivo de la demanda promovida por JOSÉ MANUEL GUERRERO RASCÓN, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por el acto que hace consistir en: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTARIDAD SE RECLAME. 1. Al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, reclamo: El oficio de fecho 23 de febrero del año 2019, suscrito por el Titular del Poder Ejecutivo y remitido al Congreso del Estado de Michoacán, donde envía la terna para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, misma que fue puesta a consideración del Pleno del Congreso del Estado donde fue designado el C. Adrián López Solís, por inobservar dicha comunicación las "Directrices sobre la función de los Fiscales" documento adoptado en el octavo Congreso de la (sic) Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, celebrado en La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 1990, que origina la posterior designación del Fiscal General del Estado. Por proponer el titular del ejecutivo estatal, en su terna al C. Adrián López Solís, omitiendo que dicha persona no cumple los requisitos a que alude el artículo 101 Constitucional local, así como por no estar debidamente fundada ni motivada su propuesta, respecto de los criterios de selección que observó para tal efecto, lo que vulnera mis derechos humanos, pues inobserva lo dispuesto por los artículos 1, 116 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con intima vinculación con el ordinal 101 de la Constitución Local, entre otras disposiciones aplicables. La orden de publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, del decreto 124 del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, donde se elige de la terna enviada por el titular del ejecutivo, al C. Adrián López Solís como Fiscal General del Estado, publicado el 24 de febrero de 2019 con numero 92 bis, omitiendo que dicha persona no cumple los requisitos a que alude el artículo 101 Constitucional local. Por inobservar tal publicación las "Directrices sobre la función de los Fiscales" adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, celebrado en La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 1990. Por publicar la designación del Pleno del Congreso del Estado del Fiscal General del Estado, omitiendo que el C. Adrián López Solís, no cumple los requisitos a que alude el artículo 101 Constitucional local, así como por no estar debidamente fundada ni motivada su propuesta, respecto de los criterios de selección que observó para tal efecto, lo que vulnera mis derechos humanos, pues inobserva lo dispuesto por los artículo 1 y 116 Constitucionales, entre otras disposiciones aplicables. 2. A la Septuagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo reclamo: a. El acuerdo de 22 de febrero de 2019, mediante el cual se proponen los nombres de diez aspirantes a la Fiscalía General del Estado, mismo que es enviado al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, para que elija una terna de estos diez aspirantes. Por inobservar dicho acuerdo las "Directrices sobre la función de los Fiscales" adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes directrices sobra (sic) la función de los fiscales, documento adoptado en el octavo Congreso de la (sic) Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, celebrado en La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 1990. Por inobservar en dicho acuerdo lo dispuesto por los artículo (sic) 1 y 116 Constitucionales, entre otras disposiciones aplicables, por haber sido emitido sin fundamento ni motivación respecto de los criterios de selección y elegibilidad de dichas personas, que vulnera mis derechos humanos. b. El emitir decreto de 24 de febrero de 2019, enviado al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, en el que se elige al C. Adrián López Solís como Fiscal General del Estado de Michoacán, por un periodo de nueve años, contados a partir de la toma de protesta y hasta el 24 de febrero del 2028, omitiendo que dicha persona no cumple los requisitos a que alude el artículo 101 Constitucional local. Por inobservar dicho acuerdo las "Directrices sobre la función de los Fiscales" adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes directrices sobra la función de los fiscales, documento adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, celebrado en La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 1990. Por inobservar en dicho acuerdo lo dispuesto por los artículo 1 y 116 Constitucionales, entre otras disposiciones aplicables, por haber sido emitido sin fundamento ni motivación respecto de los criterios de selección y elegibilidad de dichas personas, que vulnera mis derechos humanos. 3. Al Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, al Presidente de la Comisión de Justicia del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y al Presidente de la Comisión de Gobernación del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, les reclamo: a. El permitir que el C. Adrián López Solís, en carácter de Diputado local, es decir, como autoridad (pues fungía en ese momento como diputado local, integrante y coordinador, por cierto, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática) participara en las comparecencias de los aspirantes al cargo de Fiscal General del estado, de fecha 18 de febrero del año en curso, aún y cuando dicha persona tenía tal carácter (aspirante) dentro del propio proceso ante aludido, lo que de suyo vulnera el principio de separación de poderes y las garantías mínimas del debido proceso. Por inobservar dicho acuerdo las "Directrices sobre la función de los Fiscales" adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes directrices sobra la función de los fiscales, documento adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, celebrado en La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 1990. Por inobservar en el procedimiento para la designación del Fiscal general Estatal, omitiendo que dicha persona no cumple los requisitos a que alude el artículo 101 Constitucional local, así como lo dispuesto en los artículos 1, 39 y 116 Constitucionales, vulnerando los principios de separación de poderes, por tener previo a su designación, un doble carácter, en cuanto autoridad (diputado) y aspirante dentro del proceso de selección para Fiscal General del Estado, que de suyo le otorga una ventaja indebida con relación a los demás aspirantes, pues es juez y parte, violenta el principio de separación de poderes y las garantías mínimas del debido proceso, vulnerando mis derechos humanos." Lo anterior en razón a que declaró su incompetencia por razón de turno para conocer de la demanda de garantías, promovida por el citado quejoso, dado que el acto que se reclama en dicha demanda, tiene relación estrecha con el diverso juicio de amparo 275/2018, del índice de este Juzgado, toda vez que medularmente, también en dicho juicio de amparo el acto reclamado se hizo consistir en el procedimiento de elección del Fiscal General del Estado, de conformidad con el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y dado que efectivamente existe una estrecha relación del citado juicio de amparo del índice de este órgano jurisdiccional, de los cuales este juzgado conoció con anterioridad; por tanto, este Juzgado SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO y continúa con el trámite del mismo; acúsese recibo. Regístrese el presente asunto en el libro de gobierno con el número 371/2019 y dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le confiere la Ley. Sin que sea el caso admitir la demanda, porque ya fue admitida con fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, ni requerir a las autoridades responsables su informe de ley, toda vez que el mismo ya solicitado por el juzgado declinante. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que, con conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado a ADRIÁN LÓPEZ SOLÍS, con domicilio en ubicado en Periférico Independencia, número 5000, en esta ciudad; por tanto, se comisiona al Actuario de esta adscripción, para que emplace a juicio al tercero interesado de referencia, haciéndole saber la hora y fecha que se señaló para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Infórmese a la autoridad responsable que no deberá acusar recibo de los oficios que reciba provenientes de este juzgado, sino sólo de aquéllos en los que expresamente se le requiera para que lo haga. Por otro lado, mediante oficio solicítese al encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, realice la compensación correspondiente del turno de demandas respecto de este Juzgado para fines estadísticos. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en calle Santos Degollado número 637, altos de la Colonia Nueva Chapultepec, en esta ciudad, y únicamente para oír y recibir notificaciones a JULIO CÉSAR REYES CALDERÓN, hasta en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, atento a que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de los peticionarios de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables (incluso tratándose de asuntos en materia penal, pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que la autoridad responsable no exista con la denominación que indica en su demanda, o aquélla sea imprecisa sin mayor trámite, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá el juicio únicamente con la existente, salvo prueba en contrario o que el quejoso o la propia autoridad corrija la denominación de la autoridad responsable, hasta antes de la audiencia respectiva, toda vez que corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; lo anterior a efecto de hacer garante el derecho del quejoso a una administración de justicia pronta y expedita tutelado en el artículo 17 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.6o.P.14 K (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2608, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE. La actuación del Juez de amparo de declarar la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables y suspender toda comunicación con éstas es legal, si previo a decretarla medió requerimiento anterior, en el que se apercibió al quejoso para que en caso de que las autoridades responsables no existieran con la denominación que señaló en su demanda o fuera imprecisa, sin mayor trámite se tendrían como inexistentes, pues el quejoso debía especificar su denominación correcta, después de señalarse ese apercibimiento, y no tener una actitud omisa para con el proceso de amparo, de no verificar la denominación exacta de las autoridades responsables; de manera que no corresponde al Juez recurrido, el dar vista y requerir al quejoso nuevamente para que señalara la denominación cierta de las autoridades. Aunado a que no existe precepto legal que prevea que, admitida la demanda de amparo y efectuado el apercibimiento respectivo, el Juez Federal deba realizar otro requerimiento a efecto de que se aclare su verdadera denominación". Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, el actuario de este juzgado hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad que se señala como responsable y a la autoridad que en su caso le revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígase a la autoridad responsable que si desea rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx...
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