José Manuel García Hernández

Expediente 253/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
253/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
12/04/2021

Partes del expediente

  • José Manuel García Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, SE DECLARA FIRME dicho proveído, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el original del incidente de suspensión. Ahora bien, tomando en consideración que el juicio de amparo en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido, dado que por auto emitido el once de marzo de dos mil veintiuno, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de Depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Notifíquese

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio 2470, signado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que tanto en los registros de la carpeta administrativa, así como en los audios y videos que obran en el Centro de Justicia Penal Federal, se advierte que el cinco de febrero de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de procedimiento abreviado, en la que se impuso a Gilberto García Fuentes y Omar Misael Moreno Sánchez, la pena de dos años, tres meses de prisión, mientras que a********, la pena de dos años, siete meses, quince días de prisión; asimismo, a cada uno de los sentenciados una multa de treinta y ocho unidades de medida y actualización. Asimismo, que dicho fallo causó ejecutoria y en la audiencia en comento, ********, fueron asistidos por el Defensor Público Federal *****. De igual forma, adjunta un disco óptico que contiene copia auténtica que contiene los registros de audio y video de la citada audiencia de procedimiento abreviado. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, nueve de marzo de dos mil veinte y recibido por Oficialía de este órgano jurisdiccional el diez siguiente, ********, por conducto de su Defensor Público Federal ********, promovieron el presente juicio de amparo indirecto en contra del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con carácter de Juez de Control, a quien le reclaman el siguiente acto: "IV.- ACTO RECLAMADO: PRIMERO. De la autoridad responsable, la resolución de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, dictado por el Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito así Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, licenciado *********, en funciones de juez de control, en el que resolvió dictar auto de vinculación en contra*********, por los hechos que la ley señala como delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el 11 inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y además por lo que ve José Manuel García Hernández, como delito de portación de cartuchos, previsto y sancionado en el artículo 83, Quat, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos." En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." La interpretación del mencionado dispositivo, muestra que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, el precepto citado es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda constitucional, se produzca un cambio de situación jurídica, es decir, cuando las circunstancias procesales en que se encuentre el quejoso cambien de un estado a otro de manera tal que no pueda decidirse sobre la situación procesal anterior sin afectar el nuevo estado de cosas imperante. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, debe concurrir que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo en forma de juicio; que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; que no pueda decidirse sobre la Constitucionalidad del acto combatido sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; que haya autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio Constitucional y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis número 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En este contexto, en la especie, el acto reclamado en el presente asunto se hace consistir en el auto de vinculación a proceso dictado el dieciocho de febrero de dos mil veinte, en contra de los quejosos José Manuel García Hernández, Omar Misael Moreno Sánchez y Gilberto García Fuentes, dentro de la causa penal 173/2018, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, por el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área Nacional, y además por lo que ve al citado quejoso José Manuel García Hernández, como delito de portación de cartuchos para armas de fuego de usos exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional. Así, del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa aparece que el acto reclamado originariamente (auto de vinculación a proceso) ha sido sustituido por uno diverso (resolución dictada derivada del procedimiento abreviado), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica en la parte quejosa. En efecto, de las constancias que obran en autos se tiene que si bien es cierto el dieciocho de febrero de dos mil veinte, el Juez responsable dictó auto de vinculación a procesos a los aquí quejosos en el controvertido de origen, no menos cierto es que del disco versátil digital -DVD- que remite la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, se advierte que el cinco de febrero de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de procedimiento abreviado, que los quejosos eligieron como una terminación anticipada del procedimiento, en la que se impuso a *******, la pena de dos años, tres meses de prisión, mientras que a José Manuel García Hernández, la pena de dos años, siete meses, quince días de prisión; asimismo, a cada uno de los sentenciados una multa de treinta y ocho unidades de medida y actualización De ahí que, dentro de la causa penal 173/2018, instruida en contra de *******, los hoy quejosos, se acogieron a la forma de terminación anticipada del proceso, consistente en procedimiento abreviado, en donde se les dictó fallo condenatorio el cual ha causado ejecutoria, lo cual se verifica con el audio y video de la audiencia en cita, documental la cual cuenta con pleno valor probatorio con fundamento en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoriamente a la Ley de Amparo, según su numeral 2°. Atento a lo anterior, es importante y necesario recordar que por situación jurídica se entiende el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen las diversas circunstancias jurídicas, siendo una de estas la restricción de libertad en cualesquiera de sus formas, esto es detención, aprehensión, vinculación a proceso y pena. Ahora bien, de lo anterior se desprende que el cinco de febrero de dos mil veintiuno, se celebró audiencia de procedimiento abreviado, en la que se emitió fallo condenatorio; por tanto, es evidente que la emisión de la resolución respectiva trajo como consecuencia un cambio de situación jurídica, que provoca que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas, en virtud de que a través de este medio, ya no es factible estudiar o decidir respecto al acto por esta vía se duele, sin que se afecte la nueva situación jurídica de la parte quejosa, esto con independencia de que subsistan o no las violaciones a que hicieron referencia en su escrito de petición de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número III.2o.P.150 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la página 2675, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019590, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla." Así como la tesis número XXIII.9 P (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la página 2377, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013779, de rubro y texto: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI SE RECLAMA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ASÍ COMO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA Y DE AUTOS SE ADVIERTE QUE, SIN LLEGAR A LA ETAPA INTERMEDIA, SE EMITIÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA, EN VIRTUD DE QUE EL ACUSADO SE SUJETÓ AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ELLO ORIGINA QUE AQUÉLLAS QUEDEN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS, Y ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si bien es verdad que cuando en amparo indirecto se reclama una violación procesal al contenido de los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que la autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponde al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente, también lo es que cuando se reclaman el auto de vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva y de autos se advierte que el acusado se sujetó al procedimiento abreviado a que se refieren los artículos 183, 185, 201 y 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitado por la representación social, renunciando expresa y voluntariamente a la interposición de los recursos que establece dicho código, lo que originó que sin llegarse a la etapa intermedia, concluido el debate en la misma audiencia se dictara la sentencia respectiva, esa circunstancia origina que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas y, ante tal panorama, que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 citado, lo que trae como consecuencia que deba sobreseerse en el juicio con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la propia ley". En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia Constitucional el presente juicio de amparo por operar de manera notoria, plena e indubitable el cambio de situación jurídica del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional (trece horas con treinta minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno). Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha once de marzo de dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, once de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio 2470, signado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que tanto en los registros de la carpeta administrativa, así como en los audios y videos que obran en el Centro de Justicia Penal Federal, se advierte que el cinco de febrero de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de procedimiento abreviado, en la que se impuso a Gilberto García Fuentes y Omar Misael Moreno Sánchez, la pena de dos años, tres meses de prisión, mientras que a********, la pena de dos años, siete meses, quince días de prisión; asimismo, a cada uno de los sentenciados una multa de treinta y ocho unidades de medida y actualización. Asimismo, que dicho fallo causó ejecutoria y en la audiencia en comento, ********, fueron asistidos por el Defensor Público Federal *****. De igual forma, adjunta un disco óptico que contiene copia auténtica que contiene los registros de audio y video de la citada audiencia de procedimiento abreviado. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, nueve de marzo de dos mil veinte y recibido por Oficialía de este órgano jurisdiccional el diez siguiente, ********, por conducto de su Defensor Público Federal ********, promovieron el presente juicio de amparo indirecto en contra del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con carácter de Juez de Control, a quien le reclaman el siguiente acto: "IV.- ACTO RECLAMADO: PRIMERO. De la autoridad responsable, la resolución de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, dictado por el Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito así Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, licenciado *********, en funciones de juez de control, en el que resolvió dictar auto de vinculación en contra*********, por los hechos que la ley señala como delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el 11 inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y además por lo que ve José Manuel García Hernández, como delito de portación de cartuchos, previsto y sancionado en el artículo 83, Quat, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos." En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." La interpretación del mencionado dispositivo, muestra que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, el precepto citado es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda constitucional, se produzca un cambio de situación jurídica, es decir, cuando las circunstancias procesales en que se encuentre el quejoso cambien de un estado a otro de manera tal que no pueda decidirse sobre la situación procesal anterior sin afectar el nuevo estado de cosas imperante. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, debe concurrir que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo en forma de juicio; que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; que no pueda decidirse sobre la Constitucionalidad del acto combatido sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; que haya autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio Constitucional y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis número 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En este contexto, en la especie, el acto reclamado en el presente asunto se hace consistir en el auto de vinculación a proceso dictado el dieciocho de febrero de dos mil veinte, en contra de los quejosos José Manuel García Hernández, Omar Misael Moreno Sánchez y Gilberto García Fuentes, dentro de la causa penal 173/2018, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, por el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área Nacional, y además por lo que ve al citado quejoso José Manuel García Hernández, como delito de portación de cartuchos para armas de fuego de usos exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional. Así, del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa aparece que el acto reclamado originariamente (auto de vinculación a proceso) ha sido sustituido por uno diverso (resolución dictada derivada del procedimiento abreviado), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica en la parte quejosa. En efecto, de las constancias que obran en autos se tiene que si bien es cierto el dieciocho de febrero de dos mil veinte, el Juez responsable dictó auto de vinculación a procesos a los aquí quejosos en el controvertido de origen, no menos cierto es que del disco versátil digital -DVD- que remite la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, se advierte que el cinco de febrero de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de procedimiento abreviado, que los quejosos eligieron como una terminación anticipada del procedimiento, en la que se impuso a *******, la pena de dos años, tres meses de prisión, mientras que a José Manuel García Hernández, la pena de dos años, siete meses, quince días de prisión; asimismo, a cada uno de los sentenciados una multa de treinta y ocho unidades de medida y actualización De ahí que, dentro de la causa penal 173/2018, instruida en contra de *******, los hoy quejosos, se acogieron a la forma de terminación anticipada del proceso, consistente en procedimiento abreviado, en donde se les dictó fallo condenatorio el cual ha causado ejecutoria, lo cual se verifica con el audio y video de la audiencia en cita, documental la cual cuenta con pleno valor probatorio con fundamento en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoriamente a la Ley de Amparo, según su numeral 2°. Atento a lo anterior, es importante y necesario recordar que por situación jurídica se entiende el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen las diversas circunstancias jurídicas, siendo una de estas la restricción de libertad en cualesquiera de sus formas, esto es detención, aprehensión, vinculación a proceso y pena. Ahora bien, de lo anterior se desprende que el cinco de febrero de dos mil veintiuno, se celebró audiencia de procedimiento abreviado, en la que se emitió fallo condenatorio; por tanto, es evidente que la emisión de la resolución respectiva trajo como consecuencia un cambio de situación jurídica, que provoca que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas, en virtud de que a través de este medio, ya no es factible estudiar o decidir respecto al acto por esta vía se duele, sin que se afecte la nueva situación jurídica de la parte quejosa, esto con independencia de que subsistan o no las violaciones a que hicieron referencia en su escrito de petición de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número III.2o.P.150 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la página 2675, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019590, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla." Así como la tesis número XXIII.9 P (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la página 2377, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013779, de rubro y texto: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI SE RECLAMA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ASÍ COMO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA Y DE AUTOS SE ADVIERTE QUE, SIN LLEGAR A LA ETAPA INTERMEDIA, SE EMITIÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA, EN VIRTUD DE QUE EL ACUSADO SE SUJETÓ AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ELLO ORIGINA QUE AQUÉLLAS QUEDEN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS, Y ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si bien es verdad que cuando en amparo indirecto se reclama una violación procesal al contenido de los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que la autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponde al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente, también lo es que cuando se reclaman el auto de vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva y de autos se advierte que el acusado se sujetó al procedimiento abreviado a que se refieren los artículos 183, 185, 201 y 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitado por la representación social, renunciando expresa y voluntariamente a la interposición de los recursos que establece dicho código, lo que originó que sin llegarse a la etapa intermedia, concluido el debate en la misma audiencia se dictara la sentencia respectiva, esa circunstancia origina que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas y, ante tal panorama, que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 citado, lo que trae como consecuencia que deba sobreseerse en el juicio con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la propia ley". En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia Constitucional el presente juicio de amparo por operar de manera notoria, plena e indubitable el cambio de situación jurídica del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional (trece horas con treinta minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno). Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio 2112/2021, signado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dos de marzo de dos mil veintiuno, informa que en la audiencia inicial de veinticuatro de enero de dos mil veintiuno, el Defensor Público Federal Francisco González Pérez, fue el que aceptó y protestó el cargo como defensor de ., lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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