José Manuel González Pérez
Expediente 1243/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1243/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Manuel González Pérez
Actuaciones
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y tomando en consideración que mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el presente juicio de amparo; en consecuencia, déjese a disposición del quejoso ********************, los billetes de depósito número ********************, respectivamente, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C, y por el Banco del Bienestar respectivamente, valioso por la cantidad de $******************** M.N.), mismos que se exhibieron para que surtiera efectos la suspensión provisional como definitiva que le fue concedida en auto de siete de mayo e interlocutorias de veinticuatro de mayo y ocho de junio, todos de dos mil veintiuno, respectivamente, por un plazo de dos años contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, ya que resulta innecesario seguir conservándolo en depósito y a disposición de este Juzgado; apercibido que en caso de no acudir a su recepción dentro de la temporalidad indicada, se declarará de oficio la prescripción de los detallados títulos nominativos, ordenándose su envío a la Tesorería de la Federación para que su importe sea ingresado a favor del erario federal, en términos del artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Por otra parte, agréguese el escrito signado por ********************, apoderada la parte quejosa, como lo solicita, con fundamento en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición de su numeral 2°, hágase la devolución del documento que indica, previa identificación y copia certificada que de ellos de deje en autos, autorizando a las personas que indica. Por otro lado, en atención a la manifestación que hace en el sentido de que se le haga entrega de los billetes de depósito número ********************, respectivamente, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C, y por el Banco del Bienestar, respectivamente, valiosos por la cantidad de $******************** M.N.), mismos que se exhibieron para que surtiera efectos la suspensión provisional como definitiva que fue concedida al quejoso en auto de siete de mayo e interlocutorias de veinticuatro de mayo y ocho de junio, todos de dos mil veintiuno, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden, asimismo del poder exhibido, se advierte que el quejoso manifiesta que le sean endosados los billetes a favor de sus apoderados, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora por lo que respecta, a la autorización para recoger los citados billetes, a las personas que menciona en su escrito de cuenta, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad su solicitud, toda vez que en líneas que anteceden solamente le serán endosados los billetes de depósito de referencia a los apoderados de la parte quejosa, o en su caso, al quejoso. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ...; en tales condiciones, se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 12********************3/2023-III. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con la fracción V, interpretada en sentido contrario, del artículo 107 de la referida Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: ". ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte". Asimismo, el 107, fracción III, inciso b), constitucional, establece: "ARTÍCULO. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine esta ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." En efecto, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Numerales transcritos que al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo constitucional, contra actos dictados dentro de juicio, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado: ".ACTO RECLAMADO.- ACTO RECLAMADO.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE RECLAMO VIOLENTAR MI DERECHO FUNDAMENTAL QUE TENGO A UN PROCESO SIN DILACIONES Y A OBTENER ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, AL SER OMISA EN DECLARAR CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y EMITIR EL PROYECTO Y LAUDO QUE EN DERECHO PROCEDA..". En el caso concreto, el citado acto reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que dicho acto no afecta de manera directa derechos sustantivos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 607, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Así como la jurisprudencia número 613, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 11******************** de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Ahora bien, la parte promovente en su demanda de amparo, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el diez de julio de dos mil veintitrés, la junta responsable emitió un acuerdo en el que se concedió término común para formular alegatos y pronunciarse sobre el desahogo de pruebas, en el juicio laboral 9********************9/2019 y su acumulado ****************************************7/2020, del índice de la Junta responsable. De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional, respecto del acto aquí reclamado, no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la dilación procesal consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente, sólo constituyen meras transgresiones a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no son de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, porque no se afectan los derechos sustantivos del agraviado. Es así, porque en el caso particular el solicitante de la acción constitucional se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro del procedimiento del juicio laboral de origen, sin embargo, el acto reclamado por aquél no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo (falta de dictar el laudo). Es así, porque la afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el impetrante es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción prevista para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Máxime que la parte promovente, en su demanda de amparo manifestó, bajo protesta de decir verdad, que la autoridad responsable ha sido omisa en dictar el laudo, no obstante, que en acuerdo de diez de julio del año en curso, la junta responsable concedió el término para formular alegatos, y pronunciarse respecto del desahogo de las pruebas, por lo que la autoridad responsable ha sido omisa en dictar el laudo a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Sin embargo, la junta responsable cuenta con un término de treinta y tres días para emitir el laudo respectivo, pues el mismo inició el catorce de julio de dos mil veintitrés y concluyó el doce de septiembre de dos mil veintitrés, descontándose sábados y domingos por ser inhábiles y excluyendo el primer periodo vacacional de la autoridad señalada como responsable del año en curso, por lo que, el diecinueve de septiembre dos mil veintitrés, en que se presentó la demanda de amparo, aún no transcurrían cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del día siguiente en que feneció el término para emitir el laudo, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones aun las de carácter personal en calle ********************, número ********************, interior ********************, colonia ********************, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a ... ********************y********************, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la ley de amparo, por ser la materia del presente juicio de naturaleza laboral y ser la parte trabajadora quien acude a esta instancia. En atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese personalmente.
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