José Manuel Gutiérrez Hernández
Expediente 1079/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1079/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Manuel Gutiérrez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, EL AUTO/RESOLUCIÓN DE DIEZ DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1079/2023, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN ESTE ESTADO, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FARCCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. --- Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y anexos, signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, a través del cual en alcance a su informe justificado, remite el proveído de dieciocho de octubre del año en curso por el cual se regulariza el procedimiento en el juicio laboral ordinario 453/2018 para el único efecto de señalar día y hora para el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente juicio de derechos se advierte que deviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.. La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese contexto, es preciso señalar que, en esta instancia constitucional, el acto reclamado consiste en la omisión de emitir auto de admisión de pruebas dentro del juicio laboral ordinario 453/2018; sin embargo, sus efectos han cesado, como enseguida se verá. En efecto; en primer término es necesario señalar que de las constancias que anexó a su informe justificado la Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, se advierte que en fecha veintinueve de septiembre del año en curso, la autoridad responsable emitió auto de admisión de pruebas. Documentales que gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Así, la omisión de la que se dolía la quejosa ha quedado subsanada con el auto de veintinueve de septiembre del año en curso emitido por la autoridad responsable Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas. Entonces, la posible afectación causada a la parte quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haber emitido auto de admisión de pruebas. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con cincuenta minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.....-----
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y anexos, signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, a través del cual en alcance a su informe justificado, remite el proveído de dieciocho de octubre del año en curso por el cual se regulariza el procedimiento en el juicio laboral ordinario 453/2018 para el único efecto de señalar día y hora para el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente juicio de derechos se advierte que deviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.. La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese contexto, es preciso señalar que, en esta instancia constitucional, el acto reclamado consiste en la omisión de emitir auto de admisión de pruebas dentro del juicio laboral ordinario 453/2018; sin embargo, sus efectos han cesado, como enseguida se verá. En efecto; en primer término es necesario señalar que de las constancias que anexó a su informe justificado la Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, se advierte que en fecha veintinueve de septiembre del año en curso, la autoridad responsable emitió auto de admisión de pruebas. Documentales que gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Así, la omisión de la que se dolía la quejosa ha quedado subsanada con el auto de veintinueve de septiembre del año en curso emitido por la autoridad responsable Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas. Entonces, la posible afectación causada a la parte quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haber emitido auto de admisión de pruebas. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con cincuenta minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.....
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Zacatecas, Zacatecas, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, la licenciada Idalia Yazmin Flores Mireles, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas certifica que: Que se encontraba fijada para las diez horas con cincuenta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, la audiencia constitucional en el presente asunto; no obstante, mediante CIRCULAR 28/2023, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como avisos de veintidós y veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, emitidos por el Magistrado Gelacio Villalobos Ovalle Coordinador de Magistrados del Vigésimo Tercer Circuito y por el Juez Daniel Iduarte Ledesma Coordinador de Jueces de este mismo Circuito y del Centro Auxiliar de la Novena Región, fueron declarados como días inhábiles del diecinueve al veintinueve del mismo mes y año; lo que se asienta para debida constancia. Doy fe En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción con folio 17236. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, se aprecia que se encontraban señaladas las diez horas con cincuenta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. No obstante, mediante CIRCULAR 28/2023, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como avisos de veintidós y veinticinco de octubre de dos mil veintitrés emitidos por el Magistrado Gelacio Villalobos Ovalle Coordinador de Magistrados del Vigésimo Tercer Circuito y por el Juez Daniel Iduarte Ledesma Coordinador de Jueces de este mismo Circuito y del Centro Auxiliar de la Novena Región, informaron que fueron declarados como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre del año en curso y, posteriormente del veinticinco al veintinueve del mismo mes y año, por lo que no corrieron términos ni plazos procesales, debido al paro total de labores realizado por los trabajadores sindicalizados de los órganos jurisdiccionales, en defensa de sus derechos laborales. Por tanto, hágase saber a las partes que queda sin efecto la hora y fecha mencionada para la celebración de la audiencia constitucional, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Finalmente visto el escrito de cuenta signando por el perito de la parte quejosa ********************, mediante el cual rinde su dictamen pericial en relación a la ampliación del cuestionario realizado por la autoridad responsable Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Zacatecas. Por lo anterior, requiérase al experto antes mencionado, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS hábiles legalmente computados, comparezca ante este juzgado a ratificar dicho dictamen, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al perito ******************** por conducto de ésta. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del seis de noviembre de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, EL AUTO/RESOLUCIÓN DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1079/2023, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN ESTE ESTADO, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FARCCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. --- Visto el estado de los autos, se aprecia que se encontraban señaladas las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. No obstante, mediante CIRCULAR 28/2023, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como avisos de veintidós y veinticinco de octubre de dos mil veintitrés emitidos por el Magistrado Gelacio Villalobos Ovalle Coordinador de Magistrados del Vigésimo Tercer Circuito y por el Juez Daniel Iduarte Ledesma Coordinador de Jueces de este mismo Circuito y del Centro Auxiliar de la Novena Región, informaron que fueron declarados como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre del año en curso y, posteriormente del veinticinco al veintinueve del mismo mes y año, por lo que no corrieron términos ni plazos procesales, debido al paro total de labores realizado por los trabajadores sindicalizados de los órganos jurisdiccionales, en defensa de sus derechos laborales. Por su parte, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas en auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Por tanto, hágase saber a las partes que queda sin efecto la hora y fecha mencionada para la celebración de la audiencia constitucional, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.....-----
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