José Manuel Martínez Gutiérrez
Expediente 754/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 754/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Manuel Martínez Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
En veintiocho de junio de dos mil dieciséis, el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del diecisiete al veintitrés de junio del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de catorce de los corrientes, dentro del juicio de amparo 754/2014-7.- DOY FE. En la misma fecha el licenciado Faustino Rodríguez Flores, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de catorce de junio de dos mil dieciséis, que desechó la demanda de amparo promovida por José Miguel Falcón Borrego, quien se ostenta como representante legal de José Manuel Martínez Gutiérrez; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la Ley de la materia, en relación con los diversos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 240 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza.- DOY FE. Ángeles
- Principal
En dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Juez con un escrito registrado con el número de folio 11474.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Agréguese al sumario para que obre como corresponda el escrito de cuenta firmado por José Miguel Falcón Borrego, quien se ostenta representante legal de José Manuel Martínez Gutiérrez; en atención a su contenido, por carecer de objeto su retención, previo cotejo y copia certificada que se deje en su sustitución, devuélvase al promovente los documentos originales que adjuntó a su escrito de demanda, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. Ángeles
- Principal
En catorce de junio de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Faustino Rodríguez Flores, doy cuenta a la Juez con el escrito y anexos registrado con el número de folio 11245.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de junio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por José Miguel Falcón Borrego, quien se ostenta representante legal de José Manuel Martínez Gutiérrez, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil del distrito judicial de la capital, los que considera violatorios en su perjuicio de las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 754/2016-7, que por su orden le corresponde y, en atención a su contenido, este Juez de Distrito emite el siguiente pronunciamiento. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, en lo conducente se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado y que son: 1. En principio, se tramitó ante el Juzgado Segundo en Materia Civil del distrito judicial de la capital, el juicio civil ordinario de nulidad de juicio concluido y acción real reinvindicatoria 1237/2008. 2. Que por resolución de treinta y uno de agosto de dos mil doce, se determinó que José Manuel Martínez Gutiérrez es el legítimo propietario del bien inmueble ubicado en Avenida Insurgentes número ciento sesenta y siete (167) y se condenó a la sucesión a bienes de Javier Acuña a la reinvindicación y entrega del aludido bien inmueble con sus accesorios y mejoras a favor del primero de los mencionados; determinación que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, el veinticinco de octubre de dos mil trece. 3. Inconforme la parte demandada promovió amparo directo en contra de la resolución de veinticinco de octubre de dos mil trece, por lo que el Tribunal Colegiado de este circuito, por ejecutoria de nueve de mayo de dos mil catorce, negó el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, por auto de veintiséis de enero de dos mil quince, la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, declaró que había causado ejecutoria la sentencia dictada en segunda instancia y declaró firme la de primer grado. 4. Por auto de nueve de marzo de dos mil quince, el Juez Segundo en Materia Civil del distrito judicial de la capital, requirió a la parte demandada para que dentro del término de diez días cumpliera voluntariamente con la sentencia. 5. En contra de dicha determinación, la parte demandada promovió amparo indirecto ante este Juzgado Federal el cual fue registrado bajo el número 376/2015 y, por resolución de cinco de agosto de dos mil quince, decretó el sobreseimiento del aludido juicio de amparo en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción IV de la Ley de Amparo; determinación que fue confirmada por la Superioridad, el diez de septiembre de dos mil quince. 6. Por lo que el Juez Segundo del Ramo Civil del distrito judicial de la capital ordenó la ejecución forzosa, la cual tuvo verificativo el trece de mayo de dos mil dieciséis, dando posesión a José Manuel Martínez Gutiérrez del bien inmueble controvertido. 7. Al no estar conforme con la ejecución forzosa, María Soledad Espinoza López, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Javier Acuña, interpuso recurso de queja, por lo que el Juzgado Segundo en Materia Civil del distrito judicial de la capital, no obstante que declaró infundado el aludido recurso, por interlocutoria de siete de junio de dos mil dieciséis, ordenó corregir y practicar de nueva cuenta la diligencia de ejecución llevada a cabo el trece de mayo de dos mil dieciséis levantada por los licenciados Verónica Ramírez Domínguez y Jesús Márquez Sandoval, en su calidad de Actuarios adscritos a la Central de Notificadores y Actuarios del distrito judicial de la capital, señalando para ello las diez horas del quince de junio de dos mil dieciséis, a efecto de que tuviera verificativo de nueva cuenta el acto procesal en que habrá de ejecutarse la sentencia definitiva y se entregará a la parte actora, única y exclusivamente, la superficie de seiscientos ochenta y nueve punto treinta metros cuadrados, que corresponden al inmueble materia de la litis; precisando, además, que hasta en tanto no se realice de nueva cuenta la diligencia de ejecución, las cosas debían permanecer en las condiciones que prevalecían. Las anteriores aseveraciones las narró la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, y resulta procedente valorarlo en términos de lo dispuesto por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente. Se cita por aplicable, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." En atención a lo anterior, la suscrita considera procedente desechar de plano la demanda de amparo; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." Como punto de partida, debemos precisar que el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Argumentos que tiene sustento en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ULTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione otra interpretación diferente". Ahora bien, el acto reclamado a juicio del que esto resuelve no constituye la última resolución, pues se trata de una determinación intermedia, que tiene como finalidad entregar la superficie correcta que corresponde al inmueble materia de la litis; además, el promovente tiene la calidad de actor en el juicio de origen, por tanto, es de indicarse que no puede ser considerado como tercero extraño al procedimiento, que pudiera llevar a conclusión diversa y, ante ello, no opera la excepción para los terceros ajenos a juicio. Luego, es de indicarse que el acto aludido, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en la etapa de ejecución de ese procedimiento, pues no se está en presencia de aquél proveído en el que la autoridad apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino se trata de una determinación que tiene por objeto cumplimentar de manera correcta la sentencia que constituye la verdad legal e incontrovertible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA.- La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Aunado a lo anterior, es de indicarse que el acto reclamado, de ningún modo reúne las características de una resolución firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como pudiera ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes; por lo que, no puede ser impugnada de forma inmediata a través del juicio de amparo, sino que tendrá que hacerse valer como violación procesal en la demanda de amparo que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.- De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." En tales condiciones, debe concluirse que en la especie, como el acto reclamado no se encuentra en los comprendidos por la fracción IV segundo párrafo del transcrito artículo 107 de la Ley de Amparo, deberá reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución en la etapa de ejecución, que en el caso sería el auto en que el Juez de primera instancia tenga por cumplida la sentencia, o bien, declare la imposibilidad material para darle cumplimiento, momento en el que podrá considerarse que se dictó la última resolución en el procedimiento de ejecución y, por ende, la idónea para acudir a la instancia constitucional. En consecuencia, en la especie se hace presente la causa de improcedencia a contrario sensu prevista por la fracción IV, del artículo 107 de la Legislación en consulta, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA de amparo promovida por José Miguel Falcón Borrego, quien se ostenta representante legal de José Manuel Martínez Gutiérrez. Apoya esta conclusión, la tesis I.13o.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de dos mil uno, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones en Avenida Insurgentes número ciento treinta y uno (131), zona centro de esta ciudad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Faustino Rodríguez Flores. Doy Fe.
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