José Manuel Guerrero Reyes

Expediente 980/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
980/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/08/2022

Partes del expediente

  • José Manuel Guerrero Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    El diecisiete de agosto de dos mil veintidós, Diana Jaimes Villanueva, secretaria de Juzgado certifica: a) Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó de plano la demanda de derechos, trascurrió del ocho al doce de agosto de dos mil veintidós. b) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja a que refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Por otro lado, toda vez que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se ponen a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que los recoja, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, los mismos serán destruidos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  2. Principal

    7488 treinta de marzo de dos mil veintidós CUENTA. El veintinueve de julio de dos mil veintidós, se da cuenta con: La demanda de amparo promovida por José Manuel Guerrero Reyes y anexos, registrada bajo el folio 14538. Que Karla Guadalupe Hernández y Luis Carlos Hernández Tinoco, no tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de julio de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Manuel Guerrero Reyes, contra actos del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 980/2022 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con los numerales 102, apartado B, y 103 de la Constitución Federal, en razón a que la recomendación reclamada proviene de un procedimiento constitucional autónomo, no jurisdiccional, ni vinculante y, por tanto, el juicio de amparo es improcedente. Es así porque, conforme al marco jurídico señalado, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que así los disponga la Constitución o la propia ley. En ese sentido, el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal, prevé que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampararán el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Por su parte, el artículo 103 de la Constitución del país, establece que el juicio de amparo puede promoverse en contra de normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales vinculantes para México. Asimismo, el artículo 107 constitucional dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica. Lo anterior, revela que el régimen constitucional mexicano reconoce distintos mecanismos para la protección de los derechos humanos. Esto es, el señalado artículo 102 constitucional, establece un medio no jurisdiccional de protección de derechos humanos (como lo es el trámite de los asuntos ante la Comisión de Derechos Humanos) el cual no puede someterse a control de regularidad constitucional a través de un mecanismo jurisdiccional de protección constitucional - como lo es el juicio de amparo regulado-. En torno a lo que establece el artículo 102, apartado B, de la Constitución, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 49/2009, estableció que dicho dispositivo consagra en favor de los gobernados, el derecho a que un organismo autónomo, diferente de los tribunales judiciales, determine si ciertos hechos o actos constituyen violaciones de derechos humanos por parte de autoridades; que contempla una garantía instrumental o adjetiva, con el fin de que los gobernados tengan acceso a medios de defensa de derechos humanos distintos de los jurisdiccionales; asimismo, prevé la existencia de órganos de defensa de los derechos humanos, lo cual se debe entender en función de su labor primordial, que es precisamente la de proporcionar a los individuos procedimientos para la defensa de sus derechos; defensa que se materializa a través del trámite de los procedimientos en contra de actos u omisiones administrativas que la Constitución le encomienda; finalmente, señaló que el sistema no jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a través de las comisiones de derechos humanos, obedecen a una lógica propia, donde las recomendaciones que se llegan a emitir con motivo de una queja, no son vinculantes. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1066/2015, precisó que no resultaba factible a través de la vía de amparo estudiar la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, es decir, en los procedimientos que por determinación constitucional expresa también tienen la función de restaurar el orden normativo de la Constitución frente a actos y normas que la hayan transgredido, entre las cuales se encuentran las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque la posibilidad de analizar vía juicio de amparo la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, se contrapondría al principio de complementariedad al que debe responder la defensa de la Constitución. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión 742/2015 determinó que no son impugnables vía amparo los procedimientos tramitados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la presunta violación de derechos fundamentales, incluyendo la omisión que deba recaer en su trámite que pueden culminar con la emisión de una recomendación, con un acuerdo de no responsabilidad ya que en esos supuestos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 102, apartado B, de la Constitución, porque no es factible estudiar la validez de las resoluciones emitidas en el resto de las garantías constitucionales, es decir, en los procedimientos que por determinación constitucional expresa también tenían la función de restaurar el orden normativo de nuestra constitución frente a actos y normas que la hayan transgredido, como lo es el juicio de amparo previsto en el artículo 103 constitucional. Lo anterior, conlleva a establecer que los procedimientos comprendidos en el artículo 102, apartado B, de la Constitución no pueden ser sometidos a un diverso análisis constitucional como lo es el juicio de amparo, en razón de que ambas vías atienden a la protección de los derechos humanos. En el caso, el quejoso señaló como acto reclamado la recomendación que se le formuló en el expediente 44/2022, dentro del procedimiento CDHEZ/400/2021 ante la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Zacatecas, así como la determinación de ocho de julio de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra de dicha recomendación; sin embargo, se observa que los actos reclamados, nacen de las facultades constitucionales y legales concedidas a la citada Comisión responsable, en cuanto se refieren a un procedimiento de protección de derechos fundamentales, tramitado por un organismo constitucional autónomo y formalmente no jurisdiccional; ello, dado que el quejoso lo que pretende es que se analice si el procedimiento y lo resuelto en la recomendación impugnada fueron conforme a derecho. Así, resulta improcedente el presente juicio de amparo al no ser combatibles mediante el juicio de amparo los procedimientos tramitados ante la Comisión de los Derechos Humanos. Además, respecto de dichos actos reclamados, el juicio de amparo también resulta improcedente, en términos de los artículos 107, constitucional, fracción I, y 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6o de la Ley de Amparo, porque no le causan afectación al promovente. Conforme a dichas disposiciones, el juicio de amparo únicamente lo puede promover la parte a quien le perjudique, por sí o por su representante. Lo que a su vez, implica que el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación actual y definitiva a la esfera jurídica del quejoso. Ahora bien, el perjuicio real y directo es la base para la tramitación y protección del juicio de amparo; tal y como lo señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 205-216, tercera parte, página127 Séptima Época, con registro digital 237233 y rubro: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO." Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Ahora bien, en el caso la recomendación reclamada no le causa perjuicio al impetrante, ya que de conformidad con el artículo 53 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la recomendación no tiene carácter vinculatorio o imperativo para quien se dirigió; porque la misma puede o no ser aceptada o cumplida. Esto es, lo determinado en la recomendación reclamada de ninguna forma obliga a emitir sanción, pues incluso puede ser el caso que decida no aceptar o cumplir con la mencionada determinación, por lo cual de momento, no afecta su esfera jurídica. En ese sentido, la recomendación por sí misma, no produce una afectación real y directa a la esfera jurídica del quejoso, es decir, no le ocasiona un perjuicio actual, real y directo, pues no se atenta contra algún derecho del promovente, por lo cual no afecta su esfera jurídica. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia invocadas, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia a Karla Guadalupe Hernández y Luis Carlos Hernández Tinoco toda vez que no tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; además, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan García Trejo secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del Titular, licenciado Rodolfo García Camacho, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y autorizado por el oficio CCJ/ST/2327/2022 de trece de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Diana Jaimes Villanueva, Secretaria que autoriza y da fe. Nes

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: ...Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de julio de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Manuel Guerrero Reyes, contra actos del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 980/2022 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con los numerales 102, apartado B, y 103 de la Constitución Federal, en razón a que la recomendación reclamada proviene de un procedimiento constitucional autónomo, no jurisdiccional, ni vinculante y, por tanto, el juicio de amparo es improcedente. Es así porque, conforme al marco jurídico señalado, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que así los disponga la Constitución o la propia ley. En ese sentido, el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal, prevé que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampararán el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Por su parte, el artículo 103 de la Constitución del país, establece que el juicio de amparo puede promoverse en contra de normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales vinculantes para México. Asimismo, el artículo 107 constitucional dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica. Lo anterior, revela que el régimen constitucional mexicano reconoce distintos mecanismos para la protección de los derechos humanos. Esto es, el señalado artículo 102 constitucional, establece un medio no jurisdiccional de protección de derechos humanos (como lo es el trámite de los asuntos ante la Comisión de Derechos Humanos) el cual no puede someterse a control de regularidad constitucional a través de un mecanismo jurisdiccional de protección constitucional - como lo es el juicio de amparo regulado-. En torno a lo que establece el artículo 102, apartado B, de la Constitución, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 49/2009, estableció que dicho dispositivo consagra en favor de los gobernados, el derecho a que un organismo autónomo, diferente de los tribunales judiciales, determine si ciertos hechos o actos constituyen violaciones de derechos humanos por parte de autoridades; que contempla una garantía instrumental o adjetiva, con el fin de que los gobernados tengan acceso a medios de defensa de derechos humanos distintos de los jurisdiccionales; asimismo, prevé la existencia de órganos de defensa de los derechos humanos, lo cual se debe entender en función de su labor primordial, que es precisamente la de proporcionar a los individuos procedimientos para la defensa de sus derechos; defensa que se materializa a través del trámite de los procedimientos en contra de actos u omisiones administrativas que la Constitución le encomienda; finalmente, señaló que el sistema no jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a través de las comisiones de derechos humanos, obedecen a una lógica propia, donde las recomendaciones que se llegan a emitir con motivo de una queja, no son vinculantes. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1066/2015, precisó que no resultaba factible a través de la vía de amparo estudiar la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, es decir, en los procedimientos que por determinación constitucional expresa también tienen la función de restaurar el orden normativo de la Constitución frente a actos y normas que la hayan transgredido, entre las cuales se encuentran las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque la posibilidad de analizar vía juicio de amparo la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, se contrapondría al principio de complementariedad al que debe responder la defensa de la Constitución. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión 742/2015 determinó que no son impugnables vía amparo los procedimientos tramitados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la presunta violación de derechos fundamentales, incluyendo la omisión que deba recaer en su trámite que pueden culminar con la emisión de una recomendación, con un acuerdo de no responsabilidad ya que en esos supuestos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 102, apartado B, de la Constitución, porque no es factible estudiar la validez de las resoluciones emitidas en el resto de las garantías constitucionales, es decir, en los procedimientos que por determinación constitucional expresa también tenían la función de restaurar el orden normativo de nuestra constitución frente a actos y normas que la hayan transgredido, como lo es el juicio de amparo previsto en el artículo 103 constitucional. Lo anterior, conlleva a establecer que los procedimientos comprendidos en el artículo 102, apartado B, de la Constitución no pueden ser sometidos a un diverso análisis constitucional como lo es el juicio de amparo, en razón de que ambas vías atienden a la protección de los derechos humanos. En el caso, el quejoso señaló como acto reclamado la recomendación que se le formuló en el expediente 44/2022, dentro del procedimiento CDHEZ/400/2021 ante la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Zacatecas, así como la determinación de ocho de julio de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra de dicha recomendación; sin embargo, se observa que los actos reclamados, nacen de las facultades constitucionales y legales concedidas a la citada Comisión responsable, en cuanto se refieren a un procedimiento de protección de derechos fundamentales, tramitado por un organismo constitucional autónomo y formalmente no jurisdiccional; ello, dado que el quejoso lo que pretende es que se analice si el procedimiento y lo resuelto en la recomendación impugnada fueron conforme a derecho. Así, resulta improcedente el presente juicio de amparo al no ser combatibles mediante el juicio de amparo los procedimientos tramitados ante la Comisión de los Derechos Humanos. Además, respecto de dichos actos reclamados, el juicio de amparo también resulta improcedente, en términos de los artículos 107, constitucional, fracción I, y 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6o de la Ley de Amparo, porque no le causan afectación al promovente. Conforme a dichas disposiciones, el juicio de amparo únicamente lo puede promover la parte a quien le perjudique, por sí o por su representante. Lo que a su vez, implica que el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación actual y definitiva a la esfera jurídica del quejoso. Ahora bien, el perjuicio real y directo es la base para la tramitación y protección del juicio de amparo; tal y como lo señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 205-216, tercera parte, página127 Séptima Época, con registro digital 237233 y rubro: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO." Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Ahora bien, en el caso la recomendación reclamada no le causa perjuicio al impetrante, ya que de conformidad con el artículo 53 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la recomendación no tiene carácter vinculatorio o imperativo para quien se dirigió; porque la misma puede o no ser aceptada o cumplida. Esto es, lo determinado en la recomendación reclamada de ninguna forma obliga a emitir sanción, pues incluso puede ser el caso que decida no aceptar o cumplir con la mencionada determinación, por lo cual de momento, no afecta su esfera jurídica. En ese sentido, la recomendación por sí misma, no produce una afectación real y directa a la esfera jurídica del quejoso, es decir, no le ocasiona un perjuicio actual, real y directo, pues no se atenta contra algún derecho del promovente, por lo cual no afecta su esfera jurídica. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia invocadas, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia a Karla Guadalupe Hernández y Luis Carlos Hernández Tinoco toda vez que no tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; además, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. Notifíquese personalmente....

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