José Manuel González Flores

Expediente 586/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
586/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
16/06/2016

Partes del expediente

  • José Manuel González Flores

Actuaciones

  1. Principal

    En dieciséis de junio de dos mil dieciséis, el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, dentro del juicio de amparo número 586/2016-7.- DOY FE. En la misma fecha, el Secretario Faustino Rodríguez Flores, doy cuenta a la Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra el auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. En atención a lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. Lalo°

  2. Principal

    En nueve de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, da cuenta al Secretario en funciones de Juez, con un oficio; y un anexo certificado con número de registro 9026, así como con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la circunstancia que se encuentran señaladas las nueve horas con veinticinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional. Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas; con el contenido del mismo, dese vista a las demás partes para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, en atención al requerimiento que le fue señalado en el auto admisorio, en relación al artículo 64 de la Ley de Amparo; remite copia certificada del proveído pronunciado el veintiséis de abril de dos mil dieciséis emitido dentro del juicio laboral 52/2015, del cual el quejoso combate en esta instancia la omisión de pronunciarse sobre la procedencia de diversos medios de convicción. Ahora bien, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto al acto del que se duele el justiciable, consistente en la omisión en que ha incurrido la autoridad responsable, esto es, dictar el proveído respectivo sobre la procedencia o no de los medios ofertados en el juicio de origen y en el cual el aquí quejoso ostenta el carácter de actor, ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. En el caso que nos ocupa, de las constancias de cuenta, consistentes en copia certificada del proveído de veintiséis de abril del presente año, determinado en los autos del expediente 52/2015, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, respecto del juicio laboral, promovido por José Manuel González Flores, contra el Ayuntamiento de General Enrique Estrada Zacatecas, -a las que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades-, se advierte que la omisión de pronunciarse sobre los medios de prueba ofertados por el ahora quejoso, ha sido colmada por la autoridad responsable, al haber emitido el proveído de veintiséis de abril de la anualidad que transcurre, a través del cual admitió como medios de convicción de la parte actora (quejoso), los siguientes: Documental, consistente en el original del gafete expedido a José Manuel González Flores. Testimonial a cargo de Daniel Arroyo López, Luis Gerardo Rodríguez Flores y Joaquín Flores Sandate, personas a quienes la parte oferente se compromete a presentar. Instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana. En relación a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, pues ya se dictó el proveído correspondiente en el juicio natural; en esa medida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De tal guisa, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63 fracción V de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. No es obstáculo para el sentido de la presente resolución, el contenido de la tesis de jurisprudencia 205/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página seiscientos cinco del tomo XXIX de enero de dos mil nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA."; pues la hipótesis a que hace mención, versa respecto a violaciones del artículo 8° constitucional relativas al derecho de petición; siendo que, en el juicio que nos ocupa, el quejoso argumentó violación a la garantía contenida en el numeral 17, que impacta en el retardo de la impartición de justicia, originada por la omisión de la responsable en dictar el proveído correspondiente a la procedencia o no de los medios de convicción ofertados en el juicio laboral de origen 52/2015. En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario SOBRESEER en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se dejan sin efecto las nueve horas con veinticinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad señalada como responsable y parte tercero interesada y personalmente a la parte quejosa, conforme a lo establecido en el artículo 26 en la fracción I, inciso F), de la Ley de Amparo. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, Secretario que autoriza y da fe. Dey/Lalo__ Sise_

  3. Principal

    En veinte de abril de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Juez con un escrito registrado bajo el número 7771 y copias que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el escrito de cuenta signado por JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ FLORES, por el cual da cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de catorce de abril del presente año; en atención a su contenido se provee lo siguiente: Con fundamento en los artículos 112, 115, 116, y 117 de la Ley de Amparo vigente, se admite la presente demanda de garantías; por tanto, a la autoridad responsable pídasele su informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación del presente proveído, asimismo, debe señalarse que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto o la improcedencia del juicio acompañando en su caso, copia certificada de las constancias que haya tomado en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, o de no serle posible, manifieste el impedimento legal que tenga para remitirlas. Ahora bien, dado que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, en términos del artículo 17 de la Carta Magna, se apercibe a la autoridad responsable que si alguna de las constancias que remita en apoyo a su informe, está incompleta o ilegible, total o parcialmente, lo rinde sin remitir las constancias necesarias para apoyarlo o no manifiesta el impedimento legal que tuviese para tal efecto, se estará a las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117, de la Ley de la Materia. Es aplicable a lo anterior: "INFORME JUSTIFICADO. PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO LAS COPIAS QUE SE ACOMPAÑAN SON ILEGIBLES. Si algunas de las constancias que remitió la autoridad responsable al Juez de Distrito como justificación de su informe son ilegibles, y éstas son esenciales para la resolución del asunto, es obligación del juzgador requerir nuevamente el envío de esas constancias, a fin de estar en aptitud de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pues es indispensable que el órgano de control constitucional tenga a su alcance los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada. La omisión de esta obligación por parte del Juez de amparo trae consigo una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, por lo que se debe ordenar la reposición del procedimiento en términos de la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo.". Asimismo, hágase saber a la parte quejosa y a la autoridad responsable que si cesan los efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, deben manifestarlo así, apercibidos que de no cumplir con esa obligación se les impondrá una multa de TREINTA DÍAS de salario mínimo general en la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 251, en relación con el numeral 64, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo. Se apercibe a la responsable que de hacer caso omiso al presente requerimiento en el plazo concedido para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 260 fracción II de la Ley de Amparo; medida de apremio que se justifica tomando en consideración que es el segundo requerimiento. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Con fundamento en el numeral 29, de la Ley de Amparo, notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Adscripción, el trámite del presente asunto por medio de lista, quedando a su disposición copia de la demanda en la Secretaría de este Juzgado. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Para evitar dilaciones innecesarias respecto de la imposibilidad que pudiese tener el Actuario Judicial para llevar a cabo las notificaciones personales que se susciten dentro del presente procedimiento, con fundamento en el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se le habilitan días y/u horas inhábiles para que realice las notificaciones que fueren necesarias, sin necesidad de acuerdo respectivo, previa constancia actuarial, en que se acredite que se asistió en días y horas inhábiles. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento de General Enrique Estrada, Zacatecas; en tal virtud, mediante oficio que derive de este proveído, emplácese a la mencionada autoridad, enviándole para tal efecto copia simple de la demanda de garantías. No se tramita incidente de suspensión por no ser su deseo hacerlo. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que de igual manera incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. Lalo°

  4. Principal

    El catorce de abril de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Faustino Rodríguez Flores, doy cuenta a la Juez con la demanda promovida por JJOSÉ MANUEL GONZÁLEZ FLORES, con cinco copias que se adjuntan, registrada con el número 7404.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de abril de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo que promueve J JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ FLORES; que estima violatorios en perjuicio de las garantías que consagran el artículo 14 Constitucionales. Fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 586/2016-7; y en atención a su contenido, se emite el siguiente pronunciamiento. Los artículos 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo vigente a la letra establecen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;". [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; [ . ]." Ahora, del contenido de la demanda de cuenta presentada por JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ FLORES, específicamente del segundo de sus puntos petitorios, manifiesta lo siguiente: ". SEGUNDO. Prevenir a las Responsables para que rindan sus informes Previos y Justificado en términos de ley. Sin embargo, del desarrollo integral de su demanda de garantías, no realiza capítulo respectivo de incidente de suspensión. En tal virtud, con apoyo en el precepto legal invocado, se determina requerir al promovente para que dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, además de exhibir copias suficientes para cada una de las partes de su escrito aclaratorio, precise si solicita se tramite el incidente de suspensión respectivo en el presente juicio de garantías, y en caso afirmativo deberá exhibir dos copias de la demanda para integrar los cuadernillos correspondientes. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a la prevención apuntada, se proveerá sobre la admisión de la demanda sin tramitar la medida suspensiva. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado LUIS ALBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, quien cuenta con cédula profesional número 4263309, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a José Guadalupe Mojarro Sánchez y Yesica Yazmín Longoria Márquez, por no acreditar contar con ese requisito; y para los mismos efectos a Edgar Francisco González Romo y Eduardo Hernández Gómez, a quienes designo para ese fin en su demanda; de igual manera, se tiene por señalado como domicilio para tal efecto, el ubicado en Calle Andador Cuarzo 202, Esquina con calle Plata, Colonia Fovissste, en esta ciudad. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo vigente, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. Lalo

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