José Manuel Dueñas Reyes
Expediente 81/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 81/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Manuel Dueñas Reyes
Actuaciones
- Principal
En doce de febrero de dos mil dieciséis, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, --------------------------------------------------------- C E R T I F I C O:------------------------Que el término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, para interponer el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el veinticinco de enero del año en curso, dentro del juicio de amparo en que se actúa, transcurrió del día tres al diez de febrero de la presente anualidad.- Doy fe. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en Funciones de Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de cinco días señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo en vigor, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el veinticinco de enero de dos mil dieciséis, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por JOSÉ MANUEL DUEÑAS REYES; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se desechó la demanda de amparo con que se formó el mismo; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico, ni es de relevancia documental que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el Primer Párrafo del Punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, remítase el presente expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En razón de que el indicado proveído no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en Funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Alan.
- Principal
En veinticinco de enero de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho del Juzgado con la demanda de amparo registrada con el número 1428 y copias que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de enero de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo que promueve JOSÉ MANUEL DUEÑAS REYES, contra actos de la Procuradora General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 81/2016 que por su orden la corresponde. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que el motivo manifiesto se da cuando la causa de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que el motivo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable en la Novena Época, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". En el escrito de demanda, la parte quejosa señaló bajo protesta de decir verdad, como acto reclamado la ilegal declaración que le fue tomada al quejoso ante el Agente del Ministerio Público, sin presencia de un abogado que lo asistiera y la ilegal integración de la carpeta de investigación respectiva. Se cita por aplicable, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Ahora bien, se procede a la fijación precisa del acto reclamado, en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo y con apoyo en la Tesis P VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página doscientos cincuenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, abril de dos mil cuatro, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente, se invoca la Jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, foja treinta y dos, que es del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral del escrito inicial de demanda, se advierte que sustancialmente la parte quejosa promueve el presente juicio constitucional en contra de la Procuradora General de Justicia del Estado, los Agentes del Ministerio Público Números Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco y Seis Adscritos a la Unidad Especializada en Investigación Mixta de la capital, y otra autoridad, por el acto reclamado consistente en la incorrecta integración de la carpeta de investigación respectiva. Ante ello, debe decirse que el presente juicio de amparo resulta improcedente, en atención a que, la averiguación previa, no constituye un acto que pueda lesionar los derechos fundamentales del quejoso, toda vez, en primer término dicha diligencia es de orden público, actuación que no afecta la esfera jurídica del peticionario de amparo. Aunado a ello, la integración de la indagatoria no causa daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el artículo 21 constitucional, que en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos al gobernado. En ese orden, quien esto resuelve, estima que los actos reclamados relativos a la incorrecta integración de la carpeta de investigación respectiva, con motivo de la declaración que le fue tomada, no son susceptibles de impugnarse a través del presente juicio de garantías, conforme la causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, de este ordenamiento legal. Es aplicable al respecto la Jurisprudencia 564, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la Octava Época, publicada en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federal 1917-2000, que es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." Así como la tesis que puede ser localizada en la 9a. Época; de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XX, visible en la página trescientos cincuenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de diciembre de dos mil cuatro, que establece: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Así, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, de este ordenamiento legal, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de mérito, en lo tocante a los actos reclamados relativos a la incorrecta integración de la carpeta de investigación. Se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones, con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Raúl Enrique Domínguez Pérez (4677822), quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a la licenciada Maricruz Pérez Torres, por no contar con ese requisito; y como domicilio para tal fin el ubicado en Calle del Oro número 114, Colonia Sierra de Álica de esta ciudad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm
- Principal
En veintiocho de enero de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con un oficio registrado con el número 1660.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta que remite la Presidenta de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, con sede en esta ciudad, por el que respecto al requerimiento que le fue hecho mediante proveído de veinte de enero actual, para que diera cumplimiento a la sentencia protectora, solicita se le dé una prórroga para dejar sin efectos el decreto 472, toda vez que se debe llevar a cabo el proceso legislativo correspondiente, existiendo por el momento imposibilidad jurídica al encontrarse en receso el Pleno, solicitando una prórroga para acatar el fallo protector para una vez que se reanude el período ordinario de sesiones correspondiente; y en atención a su contenido, como lo solicita la autoridad de mérito, se le concede una prórroga hasta el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, en la inteligencia de que en caso de existir alguna sesión extraordinaria, deberá dar cabal cumplimiento a la ejecutoria protectora de garantías. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Olivia
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