José Manuel Cerda Mata y Otros.
Expediente 715/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 715/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 10/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Manuel Cerda Mata
- José Manuel Cerda Mata y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por los quejosos **********; en atención a su contenido, dígasele a los promoventes que no ha lugar a acodar de conformidad su petición, toda vez que este órgano jurisdiccional no ordenó las inscripciones que señala en su ocurso. Por otro lado, respecto a las copias que solicita deben estarse a lo acordado en proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho en el que se ordenó la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite, sin embargo, hágase de su conocimiento que el servicio de fotocopiado es ajeno a este órgano jurisdiccional, y el mismo se encuentra suspendido dada la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Notifíquese en lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto dictado el cuatro de marzo del año en curso (foja 163), en donde se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de depuración. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEIDO DE FECHA CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que el término de veinte días que se otorgó a la parte quejosa en proveído de veintitrés de enero del año en curso (foja 149), para que recogiera los edictos, pagara su publicación y exhibiera las publicaciones relativas, a fin de emplazar a la tercero interesada *******, o bien, demostrara su incapacidad económica para tal efecto, transcurrió sin que lo hiciera. Al respecto, es necesario precisar que los quejosos ******* y *******, promovió juicio de amparo en contra de los actos y autoridades siguientes: a) Del Juzgado Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - Todo lo actuado en el Juicio Especial Hipotecario *******, seguido en contra de los quejosos. b) Del Oficial Notificador Ministro Ejecutor, adscrito a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial Bravos, con residencia esta ciudad: - El emplazamiento al Juicio Especial Hipotecario *******. c) del Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - La inscripción de la escritura pública número ******* (5227), volumen *******(87), del protocolo abierto ordinario del Notario Público número ******* en ejercicio para el Distrito Judicial Bravos, en la que se pudiera formalizar la protocolización de la adjudicación del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. Lo anterior, ostentándose terceros extraños por equiparación al juicio natural. Ahora bien, en este juicio de amparo le asiste el carácter de tercero interesada, entre otros a *******, pues es la parte actora en el juicio natural, del que derivan los actos reclamados, por lo que a fin de emplazarla al presente juicio, el seis de diciembre de dos mil dieciocho (foja 97), al ser admitido a trámite el presente asunto, se comisionó a la Actuaria Judicial adscrita a que se constituyera en el domicilio proporcionado por la quejosa en su escrito de demanda. Sin embargo, la Actuaria en constancia de once de diciembre de dos mil dieciocho (foja 109), indicó que no le fue posible llevar a cabo el emplazamiento encomendado, pues en ninguno de los locales que conformaban la propiedad comercial, se encontraba la tercero interesada. Por lo anterior, en auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho (foja 111), se requirió a los quejosos para que proporcionaran un domicilio en el que pudiera ser llevado a cabo el multicitado emplazamiento, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procedería a realizar una investigación de un domicilio para tal efecto. Luego, en virtud de que la parte quejosa fue omisa en atender el requerimiento descrito, en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho (foja 120), se le hizo efectivo el apercibimiento decretado y se giró oficio a Teléfonos de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Registro Público de la Propiedad, Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Administrador Local Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Chihuahua "2", Vocal Estatal del Registro Federal de Electores, con residencia en esta ciudad, esta última, para que por su conducto solicitara a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, residente en la Ciudad de México y Gerente de Servicios al Cliente de la Coordinación Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, residente en la Ciudad de México, a fin de que informaran si en sus bases de datos contaban con algún domicilio a nombre de la tercero interesada, para llevar a cabo su emplazamiento; sin embargo, no se tuvo éxito. En consecuencia, mediante auto de veintitrés de enero presente anualidad (foja 149), se ordenó el emplazamiento a la tercero interesada *******, a través de edictos que deberían publicarse tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación en la República Mexicana, por lo que se requirió a los quejosos para que en el término de veinte días, computados legalmente, comparecieran a este Juzgado a recoger los edictos, pagar su publicación y exhibir las publicaciones relativas, o bien, demostraran la incapacidad económica que tuvieran para hacerlo, de lo cual quedaron debidamente enterados el veintinueve de enero del año en curso (foja 152 y 154); sin embargo, no comparecieron ante este Juzgado para tales efectos. Por lo tanto, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia por contradicción de tesis 64/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 211, del Tomo XVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2002, materia común, Novena Época y número de registro 186587, que dice: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Es menester indicar que no se actualiza el supuesto de excepción que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la tesis 108/2010, derivada de la solicitud de modificación de la citada jurisprudencia 64/2002, criterio que se encuentra publicado en la página 416, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2010, materia común, Novena Época y número de registro 164074, que es del tenor literal siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Lo que antecede se afirma, pues como ya se indicó, en auto de veintitrés de enero del año que transcurre (foja 149), además de indicarle a la quejosa que contaba con un término de veinte días, computados legalmente, para recoger los edictos, pagar su publicación y exhibir las publicaciones relativas, también se le precisó que dentro de ese plazo podía demostrar la incapacidad económica que tuviera para ello, sin que lo hiciera. En esas condiciones, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la indicada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia por contradicción de tesis 64/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo procedente es, de acuerdo con la fracción II del artículo 63, de la propia Ley, sobreseer en este juicio de amparo fuera de audiencia. En apoyo a lo anterior, se cita, por identidad de razones, la jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época y número de registro 184572, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, se ordena dejar sin efecto la hora y fecha señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEIDO DE FECHA CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que el término de veinte días que se otorgó a la parte quejosa en proveído de veintitrés de enero del año en curso (foja 149), para que recogiera los edictos, pagara su publicación y exhibiera las publicaciones relativas, a fin de emplazar a la tercero interesada *******, o bien, demostrara su incapacidad económica para tal efecto, transcurrió sin que lo hiciera. Al respecto, es necesario precisar que los quejosos ******* y *******, promovió juicio de amparo en contra de los actos y autoridades siguientes: a) Del Juzgado Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - Todo lo actuado en el Juicio Especial Hipotecario *******, seguido en contra de los quejosos. b) Del Oficial Notificador Ministro Ejecutor, adscrito a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial Bravos, con residencia esta ciudad: - El emplazamiento al Juicio Especial Hipotecario *******. c) del Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - La inscripción de la escritura pública número ******* (5227), volumen *******(87), del protocolo abierto ordinario del Notario Público número ******* en ejercicio para el Distrito Judicial Bravos, en la que se pudiera formalizar la protocolización de la adjudicación del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. Lo anterior, ostentándose terceros extraños por equiparación al juicio natural. Ahora bien, en este juicio de amparo le asiste el carácter de tercero interesada, entre otros a *******, pues es la parte actora en el juicio natural, del que derivan los actos reclamados, por lo que a fin de emplazarla al presente juicio, el seis de diciembre de dos mil dieciocho (foja 97), al ser admitido a trámite el presente asunto, se comisionó a la Actuaria Judicial adscrita a que se constituyera en el domicilio proporcionado por la quejosa en su escrito de demanda. Sin embargo, la Actuaria en constancia de once de diciembre de dos mil dieciocho (foja 109), indicó que no le fue posible llevar a cabo el emplazamiento encomendado, pues en ninguno de los locales que conformaban la propiedad comercial, se encontraba la tercero interesada. Por lo anterior, en auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho (foja 111), se requirió a los quejosos para que proporcionaran un domicilio en el que pudiera ser llevado a cabo el multicitado emplazamiento, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procedería a realizar una investigación de un domicilio para tal efecto. Luego, en virtud de que la parte quejosa fue omisa en atender el requerimiento descrito, en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho (foja 120), se le hizo efectivo el apercibimiento decretado y se giró oficio a Teléfonos de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Registro Público de la Propiedad, Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Administrador Local Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Chihuahua "2", Vocal Estatal del Registro Federal de Electores, con residencia en esta ciudad, esta última, para que por su conducto solicitara a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, residente en la Ciudad de México y Gerente de Servicios al Cliente de la Coordinación Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, residente en la Ciudad de México, a fin de que informaran si en sus bases de datos contaban con algún domicilio a nombre de la tercero interesada, para llevar a cabo su emplazamiento; sin embargo, no se tuvo éxito. En consecuencia, mediante auto de veintitrés de enero presente anualidad (foja 149), se ordenó el emplazamiento a la tercero interesada *******, a través de edictos que deberían publicarse tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación en la República Mexicana, por lo que se requirió a los quejosos para que en el término de veinte días, computados legalmente, comparecieran a este Juzgado a recoger los edictos, pagar su publicación y exhibir las publicaciones relativas, o bien, demostraran la incapacidad económica que tuvieran para hacerlo, de lo cual quedaron debidamente enterados el veintinueve de enero del año en curso (foja 152 y 154); sin embargo, no comparecieron ante este Juzgado para tales efectos. Por lo tanto, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia por contradicción de tesis 64/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 211, del Tomo XVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2002, materia común, Novena Época y número de registro 186587, que dice: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Es menester indicar que no se actualiza el supuesto de excepción que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la tesis 108/2010, derivada de la solicitud de modificación de la citada jurisprudencia 64/2002, criterio que se encuentra publicado en la página 416, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2010, materia común, Novena Época y número de registro 164074, que es del tenor literal siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Lo que antecede se afirma, pues como ya se indicó, en auto de veintitrés de enero del año que transcurre (foja 149), además de indicarle a la quejosa que contaba con un término de veinte días, computados legalmente, para recoger los edictos, pagar su publicación y exhibir las publicaciones relativas, también se le precisó que dentro de ese plazo podía demostrar la incapacidad económica que tuviera para ello, sin que lo hiciera. En esas condiciones, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la indicada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia por contradicción de tesis 64/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo procedente es, de acuerdo con la fracción II del artículo 63, de la propia Ley, sobreseer en este juicio de amparo fuera de audiencia. En apoyo a lo anterior, se cita, por identidad de razones, la jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época y número de registro 184572, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, se ordena dejar sin efecto la hora y fecha señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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