José Manuel Arras Nuñez

Expediente 478/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
478/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
26/07/2016

Partes del expediente

  • José Manuel Arras Nuñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego, según lo dispuesto por el primer párrafo de la fracción III del numeral antes invocado del Acuerdo General Conjunto en cita, en cuanto al original del incidente de suspensión por haberse concedido la medida cautelar solicitada es susceptible de depuración. Transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ******* Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil dieciséis y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el, licenciado *******, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 478/2016-I, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el tres de junio del año en curso *** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Fiscal General de Justicia, Director General de la Policía cuya denominación correcta es Departamento Jurídico de la Policía Estatal Única, Coordinador del Distrito Judicial Galeana, Zona Norte, denominación correcta de los señalados como Jefe y Agente del Ministerio Público adscritos al Departamento de Averiguaciones Previas, Juez Provisional de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos autoridad que quedo encargada de los asuntos que se llevaban en los Juzgados Primero y Segundo de lo Penal, según acuerdo de primero de marzo de dos mil trece, dictado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Comandante de la Policía Ministerial y/o Estatal, Agente de la Policía Ministerial y/o Estatal, ambos con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Director y Agente de Seguridad Pública Municipal, con residencia en San Buenaventura, Chihuahua, a quienes les reclamó la orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de seis de junio pasado, se abrió el incidente de suspensión, se solicitó su informe previo a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se difirió y se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. El Director y agentes de Seguridad Pública Municipal, con residencia en Buenaventura, Chihuahua, al rendir su informe previo negaron la existencia de los actos que se le atribuyen, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a acreditar la existencia de los mismos, por lo que, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó respecto de tales autoridades. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la tesis de Jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Ahora, el Comandante de la Policía Ministerial y/o Estatal, Agente de la Policía Ministerial y/o Estatal, ambos con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua fueron omisos en rendir el informe previo que se les solicitó, a pesar de encontrarse debidamente notificados de los oficios 13101/2016 y 13102/2016 de seis de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se les requirió, como se advierte de los acuses postales que corren agregados a foja cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco de autos. Ahora, el artículo 142, de la Ley de Amparo, establece que cuando la autoridad responsable no rinda su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado, para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. En la especie, debido a que las autoridades ordenadoras negaron el acto reclamado y que el Comandante de la Policía Ministerial y/o Estatal y Agente de la Policía Ministerial y/o Estatal, ambos con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, son autoridades ejecutoras, puede inferirse que no es cierto el acto reclamado a dichas autoridades. Sustenta lo anterior, por mayoría de razón, la tesis con número de registro 350316, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Localizada en el Tomo LXXXIV del Semanario Judicial de la Federación en su página 2430, que textualmente dice: AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME DE LAS. Aunque la autoridad ejecutora no haya rendido informe justificado, no es posible presumir, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, que el acto que de ella se reclama sea cierto, si se niega por la autoridad ordenadora la existencia del mismo, pues la ejecución de lo inexistente resulta imposible. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva que solicitó *** contra los actos y autoridad que quedaron precisados en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de julio de dos mil dieciséis. Visto para resolver el juicio de amparo *******, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de junio de dos mil dieciséis, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal de los actos reclamados al Fiscal General de Justicia, Director General de la Policía cuya denominación correcta es Departamento Jurídico de la Policía Estatal Única, Coordinador del Distrito Judicial Galeana, Zona Norte, denominación correcta de los señalados como Jefe y Agente del Ministerio Público adscritos al Departamento de Averiguaciones Previas, Juez Provisional de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos autoridad que quedo encargada de los asuntos que se llevaban en los Juzgados Primero y Segundo de lo Penal, según acuerdo de primero de marzo de dos mil trece, dictado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Comandante de la Policía Ministerial y/o Estatal, Agente de la Policía Ministerial y/o Estatal, ambos con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Director y Agente de Seguridad Pública Municipal, con residencia en San Buenaventura, Chihuahua, a quienes les reclamó la orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de seis de junio de dos mil dieciséis, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente con el número *******, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35 de la Ley de Amparo en vigor y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia: La orden de aprehensión, así como su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Departamento Jurídico de la Policía Estatal Única, Coordinador del Distrito Judicial Galeana, Zona Norte, Juez Provisional de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Galeana, Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado en sustitución del Fiscal General y Director de Seguridad Pública por sí y en representación de los Agentes de Seguridad Pública al rendir sus informes manifestaron que no son ciertos los actos de que se duele el quejoso. Aunado a lo anterior, la parte quejosa, no aportó pruebas para desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria, que textualmente establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Negativa que se hace extensiva respecto a los actos reclamados al Comandante y Agentes dela Policía Ministerial y/o Estatal, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, pues si bien no rindieron su informe justificado, a pesar de que fueron debidamente notificados, según constancia que existe en autos (fojas 37 y 38); en el caso, dicha omisión no conlleva a presumir cierto los actos que se le reclaman, en los términos del párrafo tercero, del artículo 117 de la Ley de Amparo, en atención a que el Juez Provisional de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Galeana, negó haber emitido la orden de aprehensión que se les reclama y, por ende, no es factible que las autoridades omisas, ejecuten una orden inexistente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por *******, contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, primero de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe previo del Director de Seguridad Pública Municipal por sí y en representación de los Agentes de Seguridad Pública en San Buenaventura, Chihuahua, con su contenido dese vista a las partes para que estén en posibilidad de objetar su contenido, tal como lo dispone el artículo 140 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con el numeral 144 de la legislación en cita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*eam

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