José Manuel Barraza García

Expediente 717/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
717/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • José Manuel Barraza García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que, el catorce de noviembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se decretó el sobreseimiento en este juicio de amparo, por las razones ahí expuestas. Causa ejecutoria la sentencia Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia referida en el párrafo que antecede, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es DESTRUIBLE una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto todos los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Por otro lado, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional y definitiva, el incidente de suspensión original es DEPURABLE, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con la fracción I, inciso a), del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20 del citado Acuerdo General. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 717/2022, ello, en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el contenido del oficio SEADS/698/2022 de veintiséis de octubre del presente año, se advierte que la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 717/2022-VI. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El quince de agosto de dos mil veintidós, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y turnada el mismo día a este juzgado, la demanda promovida por *******. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona Norte y Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, la demanda de amparo se registró con el número 717/2022-VI y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Asimismo, mediante proveído trece de septiembre de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa, a fin de que dentro del término de quince días, manifestara si era su deseo o no, ampliar la demanda de amparo respecto al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos; sin que la parte quejosa, se pronunciara al respecto. Igualmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama la orden de detención, citación, presentación, y aprehensión, así como su correspondiente ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negó categóricamente los actos que le atribuye el accionante del amparo. Asimismo, la Agente del Ministerio Público adscrita la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, al rendir informe justificado, negó la existencia de las órdenes de detención, citación y presentación reclamadas por el quejoso. Lo anterior, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tales negativas, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo respecto a los actos reclamados a dichas autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO.- Existencia de los actos reclamados. La Agente del Ministerio Público adscrita la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, al rendir informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión girada en contra del quejoso; adicionado que el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en la causa penal *******, libró el referido mandamiento en contra del quejoso, por el delito de *******. Las constancias remitidas por la autoridad responsable, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO.- Improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En el caso, la suscrita advierte que debe sobresee en el juicio de amparo contra el acto reclamado consistente en la orden de aprensión dictada en contra del quejoso, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en la causa penal *******, por el delito de violación; toda vez que se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con la fracción III del numeral 108 y fracción II del numeral 5°, todos de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados a contrario sensu, que establecen lo siguiente: " 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." De los preceptos transcritos, se desprende que el juicio es improcedente cuando el quejoso en su demanda de derechos fundamentales no señala a la autoridad responsable que haya emitido, ordenado, ejecutado o trate de ejecutar el acto reclamado, pues, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de su actuar, porque no se le ha llamado al juicio y, por ende, no puede ser vencida en él. Ahora, como se precisó, del análisis integral del escrito inicial de demanda, se desprende que la parte promovente reclama entre otros actos, la orden de aprehensión dictada en su contra. Sin embargo, como se precisó mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos; sin que la parte quejosa realizara manifestación alguna al respecto. Por tanto, no es jurídicamente factible examinar la constitucionalidad del acto reclamado en esta instancia, consistente en la referida orden de captura. Ello, porque proceder en esos términos se dejaría al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en completo estado de indefensión, al no darle la oportunidad de defender la legalidad de su actuación, precisamente, al no habérsele llamado al presente juicio. Entonces, dado que el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, no tiene el carácter de autoridad responsable en el presente asunto, es claro que se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con la fracción III del numeral 108 y fracción II del numeral 5°, todos de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados a contrario sensu y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto de dicha autoridad, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o. J/44, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página sesenta y siete, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número setenta y cuatro, febrero de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, registro 213345, que señala: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal. De igual forma, en lo conducente apoya las consideraciones anteriores, la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento trece, tomo IV, enero de mil novecientos noventa y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 194684, de contenido siguiente (énfasis añadido): DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 717/2022, promovido por *******, en términos de los considerandos tercero y quinto de la presente determinación. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que para esta data se encuentra señalada la audiencia constitucional relativa al presente asunto. Sin embargo, mediante proveído trece de septiembre de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa, a fin de que dentro del término de quince días, manifestara si era su deseo o no, ampliar la demanda de amparo respecto al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos. Por tanto, toda vez que se encuentra trascurriendo el termino concedido para tal efecto, se difiere la referida audiencia y para su verificativo se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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