José Manuel Díaz Olivo

Expediente 564/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 45 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
564/2017
Año
2017
Actuaciones
45
Última actuación
20/02/2019

Partes del expediente

  • José Manuel Díaz Olivo
  • Secretario de Gobernación

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados en el presente asunto, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, por lo que deberán conservarse. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de enero de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 564/2017-III. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el trece de junio del año en curso, ******* en representación de *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de plano de los actos reclamados al Secretario de Gobernación, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Coordinador General de Prevención y Readaptación Social, Coordinador General de Centros Federales, Director General de Ejecución de Sanciones, Director Operativo en Centros Federales, Subdirector de Ejecución de Sanciones a Extranjeros, Indígenas y CEFERESOS, Subdirector de Seguimientos Normativos a Centros Federales, Director del Archivo Nacional de Sentenciados y Estadísticas, Comisionado Nacional de Seguridad, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Comisionado General, Director General de Asuntos Jurídicos, ambos de la Policía Federal, Procurador General de la República, Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 3 "Noroeste", Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", Directora General del Centro de Readaptación Social Número 6 "Sureste", Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 7 "Nor-Noroeste", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-poniente", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 9 "Norte", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 10 "Norte-Noreste", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 CPS Hermosillo, Sonora, Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-Guanajuato", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS-Durango", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-Chiapas", Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17, Apatzingán, Michoacán, Fiscal General del Estado de Chihuahua, Fiscal de Distrito de la Zona Norte, Presidente y Secretario Técnico de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, Director General de Política y Desarrollo Penitenciario de la Secretaría de Gobernación, Director de Área Adscrito a la Dirección General de Ejecución de Sanciones y Director General de la Coordinación de Centros Federales, ambos dependientes del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y Encargada del Despacho de la Jefatura del Complejo Penitenciario Islas Marías, en sus denominaciones correctas, a quienes les reclamó la orden de traslado y su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 16, primer párrafo, 18, segundo párrafo, 21, párrafo tercero y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de trece de junio de este año, la demanda de amparo se registró con el número 564/2017-III; en proveído de quince de junio siguiente, toda vez que el directamente quejoso *******, mediante constancia de trece de junio de dos mil diecisiete, levantada por la Actuaria de la adscripción, manifestó no estar incomunicado, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo, del artículo 15 de la Ley de Amparo, se tuvo por no presentada la demanda únicamente referente a dicho acto; y se admitió a trámite respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional el siete de noviembre de dos mil diecisiete y se dictó sentencia en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo. En contra de tal determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, quien en proveído de doce de abril de dos mil dieciocho, lo radicó bajo el amparo en revisión 123/2018, y en sesión de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, determinó revocar la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que se requiriera a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Director de Área de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve, "Norte", donde se encuentra recluido, de apellido "*******", hecho lo cual se continuara con la secuela procesal correspondiente y en su oportunidad se dictara la sentencia en el juicio de amparo. En cumplimiento a tal resolución por auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se repuso el procedimiento, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y se requirió al quejoso para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto del Director de Área de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número 9, "Norte", donde se encuentra recluido, de apellido "*******"; quien manifestó en diligencia actuarial de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, que sí era su deseo ampliar su demanda en contra de dicha autoridad, por lo que en auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se le tuvo ampliando la demanda en contra de tal autoridad, a quien se solicitó su informe justificado. Mediante oficio recibido en este juzgado el cuatro de enero del presente año, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", informó a este juzgado que la autoridad señalada por el quejoso como Director de Área de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número 9, "Norte", donde se encuentra recluido, de apellido "*******" no existe dentro de la estructura orgánica de ese Centro Federal de Readaptación Social, con lo cual se le dio vista al quejoso en proveído de siete de este mes y año, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibido que de no hacerlo, se tendría por inexistente a la autoridad mencionada. Toda vez que transcurrió el plazo que se le dio al quejoso, sin que realizara manifestación alguna, por acuerdo de quince de enero de este año, se tuvo por inexistente a la referida autoridad y la audiencia constitucional se llevó al tenor del acta que antecede, la cual concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama la orden de traslado y su ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Secretario de Gobernación, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Coordinador General de Prevención y Readaptación Social, Coordinador General de Centros Federales, Director General de Ejecución de Sanciones, Director Operativo en Centros Federales, Subdirector de Ejecución de Sanciones a Extranjeros, Indígenas y CEFERESOS, Subdirector de Seguimientos Normativos a Centros Federales, Director del Archivo Nacional de Sentenciados y Estadísticas Penitenciarias, Comisionado Nacional de Seguridad, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Comisionado General, Director General de Asuntos Jurídicos, ambos de la Policía Federal, Procurador General de la República, Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 3 "Noroeste", Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", Directora General del Centro de Readaptación Social Número 6 "Sureste", Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 7 "Nor-Noroeste", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-poniente", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 9 "Norte", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-Guanajuato", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS-Durango", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-Chiapas", Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17, Apatzingán, Michoacán, Fiscal General del Estado de Chihuahua, Fiscal de Distrito de la Zona Norte y Encargada del Despacho de la Jefatura del Complejo Penitenciario Islas Marías, en sus denominaciones correctas, al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa; por lo que debe tenerse por inexistente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por lo que respecta a los actos reclamados al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 CPS Hermosillo, Sonora, Director de Área Adscrito a la Dirección General de Ejecución de Sanciones y Director General de la Coordinación de Centros Federales, ambos dependientes del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, si bien tales autoridades no rindieron su informe justificado, no obstante que les fuera oportunamente requerido, como se advierte a fojas 167, 356 y 357 del presente juicio; en el caso, dicha omisión no conlleva a presumir ciertos los actos que se les atribuyen, en los términos del párrafo tercero, del artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a quien conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracción III, del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, es a quien corresponde autorizar el ingreso y egresos de internos a los centros federales, y en el caso, negó haber emitido la orden de traslado que se reclama, por ende, no es factible que las autoridades omisas, ejecuten una orden inexistente. Por lo anterior, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 564/2017-III, promovido por *******. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le formuló en proveído de siete de enero de dos mil diecinueve. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes citado, por lo que se tiene por inexistente a la autoridad que el quejoso señaló como "Director de Área de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte" de apellido Guzmán, residente en esta ciudad", por lo que se ordena suspender comunicación con la referida autoridad, de conformidad con los artículos 5, 108, fracción III, de la Ley de Amparo y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J.111/2008, con número de registro 167784, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 52, del Tomo XXIX, de la Novena Época, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, se encuentra transcurriendo la vista de tres días que se otorgó a la parte quejosa en auto de siete de los actuales, para que manifeste lo que su interés legal convenga respecto de la inexistencia de la autoridad responsable "Director de Área de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte" de apellido *******, residente en esta ciudad", por lo tanto, existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional. Consecuentemente, a fin de dar margen a que se cumplimente lo anterior procede diferir la audiencia constitucional prevista para esta data y para su verificativo se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del treinta de enero de dos mil diecinueve. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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