José Luis Vite Galvan

Expediente 1150/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1150/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • José Luis Vite Galvan

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Con fundamento en lo establecido por los artículos 27, fracción I, inciso c) y el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo Vigente, se notifica por lista de acuerdo a la parte quejosa el proveído siguiente: Xalapa, Veracruz, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por José Luis Vite Galván, contra el acto que reclama al Encargado de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1150/2019-IV-A. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro : DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, toda vez que el suscrito se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página un mil novecientos diez, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En este orden de ideas, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO Del contenido de la demanda de amparo, se advierte que se reclama el oficio 1.4.2868/2019 de veintisiete de noviembre del año en curso, signado por Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales delos Trabajadores del Estado, a través del cual da contestación a su escrito de petición presentado el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en relación al pago de su pensión 1481716. Al respecto, debe decirse que en el caso se actualiza una causa notoria, manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo indirecto, como se verá enseguida: El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". El artículo antes transcrito establece el principio de definitividad, el cual consiste que antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa está obligada a agotar las instancias ordinarias, siempre y cuando en éstas sea posible la suspensión de los efectos del acto reclamado con los mismos alcances que se obtienen en el juicio constitucional y sin exigir mayores requisitos que para tal efecto son requeridos en la Ley de Amparo ni plazo mayor que el señalado para el otorgamiento de la suspensión provisional. Además, prevé como excepciones al principio de definitividad, cuando el acto reclamado carece de fundamentación; cuando la parte quejosa reclama violaciones directas a la Constitución; o el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, pues sólo en tales casos, no procede agotar las instancias ordinarias, antes de acudir al juicio de amparo. En lo que interesa, debe decirse que la excepción al principio de definitividad consistente en que en la demanda sólo sean alegadas violaciones directas a la Constitución, encuentra justificación en el hecho de que las violaciones directas a la Constitución General no tendrían la misma eficacia si fueran planteadas ante las autoridades ordinarias, pues éstas no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuyo conocimiento, en forma primordial, sólo compete al Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, cuando en la demanda de amparo se acompañan a los planteamientos que contienen la transgresión directa a la Constitución, cuestiones de legalidad, esta excepción, pierde eficacia, porque sí es factible para el accionante obtener la modificación, anulación o revocación de la resolución combatida, a través del recurso común, sin duda su conocimiento corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria. De manera que, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultaría, en consecuencia, innecesario que se estudien aquellas violaciones que se estiman directas a la Constitución. Sostener lo contrario, propiciaría el abuso del juicio de Amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que se regula en el artículo 61, fracción XX, de Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Norma Fundamental, para hacer procedente el juicio de amparo obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Una vez explicado lo anterior, debe decirse que, el acto reclamado en ampliación, consistente en el oficio 1.4.2868/2019 de veintisiete de noviembre del año en curso, signado por Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales delos Trabajadores del Estado, a través del cual da contestación a su escrito de petición presentado el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en relación al pago de su pensión 1481716; es susceptible de impugnarse a través del juicio de nulidad, en términos de lo dispuesto en el artículo 3º, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil dieciséis), mismo que a continuación se transcribe, en la parte que interesa: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) V. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;" El precepto legal transcrito establece que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene competencia para conocer de las resoluciones definitivas, actos administrativos o procedimientos que concluyan un procedimiento administrativo, una instancia o resuelvan un expediente en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que se dicten en materia de pensiones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como sucede en el presente asunto. Cabe indicar que, la definitividad de las resoluciones o actos es concluyente para la procedencia del juicio de nulidad, no radica en la inimpugnabilidad absoluta del acto o resolución, pues uno de los casos que torna definitiva la decisión es la opcionalidad del recurso administrativo. No obstante -sobre el particular-, la Segunda Sala de la Suprema Corte ha considerado que resulta contrario a derecho determinar el alcance de lo que es una "resolución definitiva" para efectos del juicio contencioso solamente con base en la expresión del texto normativo, y para lograr una adecuada intelección del concepto se estima necesario tener presente lo siguiente: La definitividad para efectos del juicio contencioso, además de ponderar la atacabilidad de la resolución administrativa a través de recursos ordinarios en sede administrativa, necesariamente debe considerar la naturaleza de tal resolución, la cual, debe constituir el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa. Al respecto, se debe decir que dicho producto final o última voluntad, suele expresarse de dos formas: a) Como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o b) Como manifestación aislada que por su naturaleza y características no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de la Administración Pública. En virtud de lo expuesto, se puede colegir que las resoluciones definitivas son las que culminan un procedimiento administrativo, por tanto, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse "resoluciones definitivas", en atención a que éstos sólo pueden serlo los fallos con los que concluya dicho procedimiento excluyéndose a las actuaciones instrumentales que conforman el procedimiento administrativo, entendido como el conjunto de actos realizados conforme a determinadas normas, que tienen unidad entre sí y buscan una finalidad que para este caso es precisamente la producción de la resolución administrativa definitiva cuyo objeto consiste -a su vez- en crear efectos jurídicos. Lo expuesto puede apreciarse de la tesis 2ª.X/2003, que establece. "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 'RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS'. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan 'resoluciones definitivas', y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de 'resoluciones definitivas' las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados." En ese contexto, consta que el ente asegurador, en su carácter de órgano autónomo emitió la respuesta a la petición correspondiente en relación al pago de su pensión. En consecuencia, en el presente caso se actualiza el supuesto de improcedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, toda vez que en contra del oficio reclamado, procede el juicio de nulidad, en términos del artículo 3º, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil dieciséis). Es importante subrayar que en el presente caso no se advierte alguna excepción al principio de definitividad, las cuales son las siguientes: a) Los actos afecten a personas extrañas al procedimiento administrativo natural; b) Se trate de actos dentro del juicio que se estimen de imposible reparación; c) La ley ordinaria no contemple la suspensión o exija mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, ni plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional; d) Cuando se trate de actos donde únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución federal, como lo es, que el acto carezca de fundamentación, (aún y cuando esta se señale por la autoridad responsable en el informe justificado). Las excepciones de referencia se relatan en la tesis 2a. LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO"; misma que si bien es basada en la Ley de Amparo vigente hasta el tres de abril de dos mil trece, se estima aplicable en el caso, en cuanto no controvierte el sentido de la legislación en vigor, según lo permite el transitorio Sexto de la norma citada en segundo término. Por consiguiente, se estima que el quejoso no agotó previamente el principio de definitividad, sin que se advierta que se encuentre en alguna causa de excepción a dicho principio, porque no se advierte que la parte quejosa se ostente como tercera extraña al procedimiento del cual emana la resolución impugnada; por otra parte, es un hecho notorio que adicionalmente a las violaciones directas a la Constitución Federal que planteo el quejoso, también hizo valer simultáneamente violaciones indirectas, en contra de la fundamentación y motivación del oficio reclamado, esto al señalar que: "(.) Ahora bien, y tomando en consideración que con carácter de Jusrisprudencia ha establecido nuestro Máximo Tribunal, señala: UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). NO PUEDE APLICARSE PARA DETERMINAR LA CUOTA DIARIA O LA LIMITANTE DE PAGO DE UNA PENSIÓN, POR TRATARSE DE PRESTACIONES DE NATURALEZA LABORAL REGIDAS POR EL SALARIO MÍNIMO.la autoridad responsable transgrede mi derecho de seguridad jurídica pues niega el pago de las cantidades correctas calculadas en base del salario mínimo diario a las que tengo derecho por así haber sido autorizada previamente al asignarme una pensión jubilatoria, sin que exista motivo legal para ello." Lo transcrito, hace patente que el quejoso alude a la inobservancia a cuestiones de legalidad, pues aduce que la autoridad responsable niega el pago de cantidades correcta, en base a la jurisprudencia emitida por el máximo tribunal del país; lo que evidencia que hace valer planteamientos de legalidad. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 103/2011, de rubro y texto : "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. La aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un caso concreto por las autoridades jurisdiccionales representa una cuestión de mera legalidad, aun cuando el criterio contenido en ella se refiera a temas de inconstitucionalidad de leyes o de interpretación directa de preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad jurisdiccional correspondiente no hace un nuevo estudio constitucional, sino que se limita a acatar el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, que la vincula a aplicar el criterio jurisprudencial correspondiente al supuesto que juzga". Por otra parte, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no impone mayores requisitos ni plazos para conceder la suspensión del acto impugnado que los establecidos en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo; por consiguiente, el quejoso al pretender la modificación, anulación o revocación del acto que atribuye a las autoridades responsables, estaba obligada a agotar el principio previsto en los artículos 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX de la Ley de Amparo, previo a la promoción del juicio de amparo. Lo anterior se sustenta en las tesis: 2a./J. 27/2016 (10a.), sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tesis 2a /J 19/2015, registro 2008807, de rubros: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" y "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTICULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que el parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante el fedatario correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones con las restricciones que impone el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Victor Hugo Chimal Ruiz, José Antonio Galván Martinez y Pascuala García Luna, por así haberlo solicitado el quejoso. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Blanca Ofelia Prieto Vega, secretaria que autoriza y da fe.

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