José Luis Olivas Salgado

Expediente 884/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
884/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • José Luis Olivas Salgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable una vez que se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó y por la otra se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, de conformidad con lo establecido en el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******, de la cual, por cuestión de turno conoció este juzgado el mismo día. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Subsecretario de representación del Gobierno del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez y/o Representante de Gobierno del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, a quien reclamó: [.] IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad señalada como responsable misma que por la literalidad y temporalidad que la Carta Magna y sus Legislaciones establecen con características de evidente connotación de obligatoriedad en su doble aspecto y calidad de ordenadora y ejecutora se le reclama la violación y omisión de dar cabal y oportuna respuesta en tiempo y forma a pesar del tiempo transcurrido a y/o emitir por escrito los(el) acuerdo(s) con la oportunidad jurídica que establece la norma invocada y trasgredida acto reclamado contenido y plasmado en el escrito de acuse original fechado y sellado de recibido el día 07 de septiembre del 2022 presentado ante la autoridad señalada como responsable en este escrito inicial de demanda de garantías escrito de petición fundado y motivado dentro de su ámbito competencial de las atribuciones que la citada Carta Magna me otorga con derechos y obligaciones de conformidad con el artículo 5to. fracción II párrafo segundo de la Ley Protectora de Garantías por lo que al considerarse de primordial importancia me permito tengo como si a la letra ambos se transcribieren al presente ocurso esto por economía procesal que a la fecha no ha sido acordado mucho menos notificado respuesta alguna al suscrito cuya primordial connotación lo es la fuente de financiamiento gastos e inversiones de dinero y/o fondos públicos que según ha trascendido mediáticamente de inicio es del orden de: ----$******* *******) en donde existe un temor ciudadano mayoritario de que este sea dilapidado despilfarrado desviado o mal invertido gastado y/o utilizado en la adquisición directa sin subasta pública de bienes y servicios para la construcción y equiparamiento el proyecto gubernamental ya que es del estudiado y explorado del Derecho Público Mexicano que el destino de inversión y aplicación del gasto y dinero públicos deben de ser destinados a satisfacer el bienestar público es decir su aplicación es para el consumo y beneficio social. [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derecho vulnerado el contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Ampliación de la demanda. En proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso desahogando la vista que se le formulo el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, por lo que, se admitió parcialmente la ampliación de demanda, ello únicamente respecto a las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, todas con sede en esa ciudad capital, a quienes reclamó: [.] IV.- ACTO RECLAMADO.- De las autoridades señaladas como responsables la flagrante violación al artículo 8vo. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el 7mo. De la Constitución Política del Estado de Chihuahua derivado del ilegal y violatorio de garantías y derechos humanos en el Acuerdo de Clasificación ******* emitido por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de chihuahua de fecha 25 de marzo del 2022 con el carácter de "reservado" mediante el cual ilícita e ilegalmente se confirma por las hoy responsables recurrentes la clasificación como información de carácter reservado la referente a los procedimientos de adquisiciones de los insumos y tecnología necesarios para el desarrollo implementación y funcionamiento de la "*******" así como de aquellos que den cuenta de sus características técnicas especificaciones de funcionamiento y detalles de la tecnología utilizada en su operación sin que este argumento sea válido mucho menos procedente alegar como asidero legal apelando a lo establecido en el artículo 124 fracciones I, IV, y XII, relativos a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Chihuahua pues la información financiera origen y de gasto de dinero público solicitada y requerida formalmente no compromete de ninguna forma ni manera a la seguridad pública de la ciudadanía chihuahuense y juarense mismas que por la literalidad y temporalidad que la Carta Magna y sus Legislaciones establecen con características de evidente connotación de obligatoriedad en su doble aspecto y calidad de ordenadoras y ejecutoras se les reclama la violación y omisión de acordar y notificar por escrito a su obligación institucional de dar cabal u oportuna respuesta que no cumplen con la formalidad y seriedad de proporcionar la información solicitada en los escritos que se presentan como prueba ante este Órgano Federal de Control Constitucional y/o emitir por escrito el (los) acuerdo (s) y notificación (es) personales y/o electrónicas de la Ley con la oportunidad jurídica que establece la norma invocada y transgredida. [.] Atento a lo anterior, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. CUARTO. Recurso de revisión. Inconforme con dicha determinación el quejoso interpuso recurso de revisión, respecto al cual se proveyó en auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, por lo que, se ordenó la remisión del juicio al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en esta ciudad, en turno. Del recurso en cuestión tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en esta ciudad, órgano pluripersonal que en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en los autos del amparo en revisión civil *******, desechó el recurso de revisión interpuesto por el quejoso *******. QUINTO. Adscripción de nueva titular. Mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar a la totalidad de las partes en este juicio, el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. De tal determinación, tuvieron conocimiento la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, el Subsecretario de representación del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez la Secretaría de Coordinación de Gabinete del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el veinticinco del citado mes y año, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, ambos con sede en esa ciudad capital, el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, así como la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, el trece de enero de dos mil veintitrés, sin que hayan efectuado manifestación alguna al respecto. SEXTO. Continuación del trámite de la demanda de amparo. Atento a lo determinado por el Tribunal de Alzada, el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se levantó el suspenso decretado en auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, y se fijó nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferida tuvo verificativo de acuerdo al acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de dar respuesta en tiempo y forma por escrito, respecto al ocurso de acuse original fechado y sellado de recibido el siete de septiembre de dos mil veintidós, presentado ante el Subsecretario de representación del Gobierno del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez y/o Representante de Gobierno del Estado de Chihuahua, en esta ciudad. El Acuerdo de Clasificación *******, emitido por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, con el carácter de reservada. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente de los que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado respecto de la ampliación de la demanda, el Subsecretario de representación del Gobierno del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez y/o Representante de Gobierno del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, negó categóricamente el acto atribuido por la parte quejosa, sin que ésta haya aportado medio de convicción efectivo alguno a fin de desvirtuarlo. En virtud de lo anterior, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo respecto del acto reclamado a tal autoridad responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.). IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.). CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Jefe de Departamento de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Dirección de Derechos Humanos, Antisoborno, Transparencia y Rendición de Cuentas, Subsecretaría de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en la ciudad de Chihuahua, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado por el quejoso consistente en la emisión del Acuerdo de Clasificación *******, por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, con el carácter de reservada, con lo que se tiene por acreditada la existencia del mismo. Por su parte, el Subsecretario de representación del Gobierno del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez y/o Representante de Gobierno del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, en su informe justificado, negó el acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a la petición formulada por el quejoso, el siete de septiembre de dos mil veintidós, sin embargo, del contenido de su informe se desprende que el cuatro de octubre del mismo año, dio contestación la cual fue notificada al quejoso en la misma data; por ende, al momento de la presentación de la demanda, esto es, el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, existía la omisión reclamada en el presente juicio, por lo que, debe tenerse por cierto el acto precisado con antelación. Misma consideración de hacerse respecto a las diversas autoridades Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, todas con sede en esa ciudad capital, toda vez que fueron omisas en rendir sus respectivos informes justificados, no obstante que fueron debidamente requeridas para ello, tal y como se desprende de los acuses de notificación que obran a fojas 214 y 168 del sumario, en consecuencia, se tienen por ciertos los actos atribuidos por el quejoso, ello de conformidad con lo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada de las constancias anexas al informe justificado rendido por el Subsecretario de representación del Gobierno del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez y/o Representante de Gobierno del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, y que al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben examinar las causas de improcedencia, ya sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, antes de abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, la que suscribe estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Igualmente, resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Con el propósito de fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, derivado de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, cuyo objeto es reparar la violación a esos derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, tanto el legislador ordinario ha establecido, como la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación han interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En suma, se infiere que el juicio de control constitucional se torna improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario del amparo, de modo que ya no puede producir efecto alguno. En la especie, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, *******, promovió la acción de amparo contra actos del Subsecretario de representación del Gobierno del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez y/o Representante de Gobierno del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, de quien reclamó la omisión de dar contestación a su escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintidós. Ahora, de las constancias enviadas por la responsable, se advierte que por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintidós, el Recaudador de Rentas en esta ciudad, dio contestación al escrito presentado por el quejoso. Así, de lo informado por la autoridad responsable resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que respecto a ese acto cesaron los efectos, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, ello en virtud de que a la fecha de presentar la demanda de amparo esto es el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, sí existía una omisión por parte de la autoridad, la cual dejo de existir al momento de que el Subsecretario de representación del Gobierno del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez y/o Representante de Gobierno del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, emitió los oficios ******* y ******* de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dando contestación al escrito presentado por garante, el cual fue notificado en la misma data. Por lo que, resulta evidente que ya no es posible resolver respecto de ese acto, debido a que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se estima actualizada la causa de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y por lo tanto, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, y se sobresee respecto a la omisión de dar contestación al escrito presentado por el quejoso el siete de septiembre de dos mil veintidós, en este asunto. SEXTO. Conceptos de violación. No habrán de reproducirse los conceptos de violación, al no ser una exigencia legal su transcripción, tal como lo estima la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de título: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación. Es infundado el motivo de disenso en la ampliación de demanda. El quejoso refiere que las autoridades responsables dejaron de acordar emitir y/o notificar personalmente o vía electrónica en el domicilio proporcionado, dejándolo en estado de indefensión para interponer los medios de convicción idóneos para acreditar la necesidad de la medida en contra del ordenamiento que en esta vía reclama. Precisado lo anterior, esta juzgadora considera que, no le asiste razón a la parte quejosa, en relación a su argumento, ello dado que de las constancias que obran en autos se advierte que los oficios ******* y ******* de cuatro de octubre de dos mil veintidós, signados por el Subsecretario de representación de Gobierno del Estado, en esta ciudad, fueron entregados en dicha data, a *******., quien manifestó ser la esposa del quejoso, aunado a que en proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se le dio vista con el informes justificado y anexos, enviados por la citada autoridad responsable, lo que motivo la ampliación de su demanda. Ahora bien, respecto del ordenamiento que refiere el cual consiste en el Acuerdo de Clasificación *******, emitido por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, y, dado que manifiesta que la información que solicitó no compromete la seguridad pública de la ciudadanía, por lo que, no debió negarse los documentos solicitados. Es necesario establecer que el citado acuerdo, fue confirmado como información de carácter reservado dado los procedimientos de adquisiciones de los insumos y tecnología necesarios para el desarrollo, implementación y funcionamiento de la "*******", así como de aquellos que den cuenta de sus características técnicas, especificaciones de funcionamiento y detalles de la tecnología utilizada en su operación. El quejoso en su escrito de ampliación precisa que solicitó la siguiente documentación: Copia simple y/o certificada del proyecto ejecutivo de diseño y construcción del proyecto de construcción relacionada a la denominada "*******", en esta ciudad. Copia simple y/o certificada del(os) supuestos contrato(s) y/o convenios de donación de terrenos y afectación de vía pública pertenecientes a este municipio de Juárez, Distrito Bravos donde supuestamente se construirá el proyecto de construcción relacionado a la denominada "*******", en esta ciudad. Copia simple y/o certificada de la corrida financiera según ya autorizada por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua y sancionada por el H. Congreso del Estado de Chihuahua para la asignación y disposición de la partida presupuestal supuestamente aprobada del orden de los: ----------------------------------------------------------$******* (*******) supuestamente para llevar a cabo el proyecto de construcción relacionada a la denominada "*******", en esta ciudad. Se me informe y proporcione el nombre comercial así como la razón social domicilio nombre del propietario y/o representante legal así como la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la(s) empresa(s) contratista(s) y/o constructora(s) que supuestamente será(n) la(s) encargada(s) de la ejecución operación y construcción del proyecto relacionado a la denominada "*******", en esta ciudad. Copia simple y/o certificada de la respectiva corrida financiera y de la documentación soporte en materia de contabilidad relacionada con todas y cada una de las operaciones financieras en relación a la aplicación futura de los: $******* (*******) supuestamente para llevar a cabo el proyecto de construcción relacionada a la denominada "*******", en esta ciudad. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, en las Disposiciones Generales de la Clasificación y Desclasificación de la Información Reservada establece en los artículos 109 al 111, lo siguiente: ARTÍCULO 109. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la información en su poder se encuentra dentro de los supuestos de reserva o confidencialidad a que se refiere el presente Título. Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. Los titulares de las áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información. ARTÍCULO 110. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva, corresponderá a los Sujetos Obligados. ARTÍCULO 111. Todo acuerdo de clasificación de la información, deberá señalar las razones, motivos o circunstancias que llevaron al Sujeto Obligado a elaborar dicho acuerdo, además justificar el plazo de reserva y, en su caso, de la ampliación del mismo. En todo caso, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar la prueba de daño. De dichos preceptos, se desprende que en el caso que nos ocupa la Secretaría de Seguridad Pública determinó que los procedimientos de adquisición de insumos y tecnologías necesarios para el desarrollo, implementación y funcionamiento de la "*******", -incluyendo la construcción del edificio- así como de aquella información que dé cuenta de sus características técnicas, especificaciones de funcionamiento y detalles de la tecnología utilizada en su operación es de carácter reservado, ello conforme al Acuerdo de Clasificación *******, emitido por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública, de veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior, dado que encuadra en las hipótesis de clasificación contempladas en el artículo 124, fracciones I, IV y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, pues se consideró que si llegara a difundirse se pondría en riesgo la vida de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública encargados de su operación, asimismo, se contravendrían diversas disposiciones legales que limitan la difusión de la información requerida en perjuicio de las atribuciones y funciones que, constitucional y legalmente tiene encomendada la Secretaría de Seguridad Pública. A fin de corroborar lo precisado en el párrafo que antecede, el artículo 124, fracciones I, IV y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, establece: ARTÍCULO 124. Podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación: Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. XII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. En consecuencia, no le asiste la razón al quejoso, en virtud de que el Acuerdo de Clasificación *******, emitido por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública, de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se encuentra debidamente fundado y motivado, pues, de proporcionarle la documentación que solicita, y, contrario a lo que argumenta, se comprometería la seguridad pública de los funcionarios a cargo del proyecto "*******". Por lo que, una vez revisado el Acuerdo de Clasificación *******, emitido por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública, de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se considera que está debidamente fundado y motivado, ya que se expresaron los motivos y ordenamientos legales que se tomó como base para ello. Resulta aplicable la jurisprudencia número 204, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 166, del Apéndice 200 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Séptima Época, Materia Común, (registro digital: 917738), de rubro y texto siguientes: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Consideraciones similares informa la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, que resolvió la Contradicción de Tesis 133/2004-PS, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 162, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, Materia Común, (registro: 176546), que dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En mérito de lo expuesto, al resultar infundados los conceptos de violación examinados, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso respecto del Acuerdo de Clasificación *******, emitido por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dado que los conceptos de violación resultaron infundados. En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, fracción XXI, 74 y 75, de la Ley de Amparo, así como 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, contra la autoridad y acto precisado en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el considerando quinto. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo promovido por *******, contra las autoridades y actos precisados en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica a la partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Testimonio de la revisión Agréguese a los autos el oficio *******, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito con sede en esta ciudad, por medio del cual remite el auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, del que se advierte que causo estado el diverso de nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el que desechó el recurso de revisión interpuesto por *******, en contra de la determinación dictada el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, por este órgano jurisdiccional, en el amparo en revisión 47/2023 de su índice. Atento lo anterior, acúsese recibo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y levántese el suspenso decretado en auto de dos de febrero de dos mil veintitrés. Escrito del quejoso Ahora, se procede a proveer respecto de la promoción presentada en este juzgado el seis de diciembre de dos mil veintidós, durante la revisión del juicio: En atención al signado por el quejoso *******; atento a lo que solicita, dígasele que se autoriza la devolución de los documentos que indica, así como para recibirlos a la persona que precisa en su ocurso, previa firma de recibidos se deje en autos. Audiencia constitucional Ahora, a fin de dar margen a lo anterior, se señalan las nueve horas con diez minutos del veintiocho de abril de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica a las partes, personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables; así como al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito con sede en esta ciudad. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICECiudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Testimonio de la revisión Agréguese a los autos el oficio *******, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito con sede en esta ciudad, por medio del cual remite el auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, del que se advierte que causo estado el diverso de nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el que desechó el recurso de revisión interpuesto por *******, en contra de la determinación dictada el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, por este órgano jurisdiccional, en el amparo en revisión 47/2023 de su índice. Atento lo anterior, acúsese recibo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y levántese el suspenso decretado en auto de dos de febrero de dos mil veintitrés. Escrito del quejoso Ahora, se procede a proveer respecto de la promoción presentada en este juzgado el seis de diciembre de dos mil veintidós, durante la revisión del juicio: En atención al signado por el quejoso *******; atento a lo que solicita, dígasele que se autoriza la devolución de los documentos que indica, así como para recibirlos a la persona que precisa en su ocurso, previa firma de recibidos se deje en autos. Audiencia constitucional Ahora, a fin de dar margen a lo anterior, se señalan las nueve horas con diez minutos del veintiocho de abril de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica a las partes, personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables; así como al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito con sede en esta ciudad. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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