José Luis Montes y Otros.
Expediente 443/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 443/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Luis Montes y Otros.
- José Luis Montes
- Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en el presente juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso e) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, contra el auto de dieciséis de agosto del año en curso, en el cual le fue desechada la prueba testimonial, ofrecida por la parte quejosa, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de estado de autos de los cuales se advierte que el doce de junio del año en curso, se tuvo a la parte quejosa ampliando en tiempo y forma la demanda de amparo, únicamente respecto a las autoridades señaladas como Actuarios y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, licenciados ** y no respecto de las demás autoridades responsables, en razón de que los actos que les reclama ya fueron señalados en su escrito inicial de demanda; por tanto, córrase traslado con el escrito de ampliación de demanda al tercero interesado Titular de la Subdelegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Ciudad, Juárez, Chihuahua. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las diez horas con cuarenta minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto, el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la parte tercera interesada. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la audiencia constitucional; sin embargo, la que suscribe no se está en aptitud legal de llevarla a cabo. Lo anterior es así, puesto que, en auto de auto de dieciséis de agosto del año en curso, se desechó la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, el cual le fue notificado el veintitrés de agosto del presente año. Ahora, a fin de que transcurra el término legal para que la parte quejosa esté en posibilidad de inconformarse con dicho auto, se difiere dicha audiencia constitucional, que habría de celebrarse en esta data y se fijan para su desahogo las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el autorizado de los quejosos, mediante el cual se le tiene ofreciendo las siguientes pruebas, consistentes en: I.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en Certificado de Existencia de Gravamen expedido por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Notariado del Estado de Chihuahua, con la presente probanza se acredita la legitimidad de la quejosa para la interposición del presente Juicio de Amparo, el cual ya obra en autos. II.- DECLARACIÓN TESTIMONIAL A CARGO: a) *******, quien tiene su domicilio en *******, en esta ciudad. b) *******, quien tiene su domicilio en *******, en esta ciudad. c) *******, quien tiene su domicilio en *******, en esta ciudad. III.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que favorezca a los intereses de la quejosa. IV.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a los intereses de la quejosa. Al respecto, resulta preciso aclarar que la documental que menciona se encuentra agregada en copia simple. En seguida, en cuanto a las pruebas ofertadas, es oportuno establecer que de los cardinales 119 y 124 de la ley reglamentaria, se desprende lo siguiente: I. En el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional y las que fueren contra la moral o contra derecho. II. Las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, a excepción de la documental, que puede presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella y la tenga como recibida durante tal audiencia. III. En el caso de las pruebas testimonial, pericial e inspección judicial, para su debida preparación, deben anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, exhibiendo el interrogatorio y el cuestionario para el desahogo de las dos primeras, y precisando los puntos sobre los que deberá versar la última. A su vez, los numerales 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el artículo 75 de la ley de la materia, para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier prueba que esté reconocida por la ley y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos. Por lo que hace a la documental, la misma se tuvo por admitida y desahogada en el auto de admisión de la demanda, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ésta en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Ahora bien, por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la quejosa consistentes en: II.- DECLARACIÓN TESTIMONIAL A CARGO: a) *******, quien tiene su domicilio en *******, en esta ciudad. b) *******, quien tiene su domicilio en *******, en esta ciudad. c) *******, quien tiene su domicilio en *******, en esta ciudad. Resulta evidente que el ofrecimiento de tales pruebas es extemporáneo. Ello es así, pues la quejosa promovió demanda de amparo el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, misma que se admitió al día siguiente hábil y se señaló como fecha de celebración de la audiencia constitucional el cinco de junio de dos mil veintitrés; misma que se difirió en virtud para emplazar al Titular de la Subdelegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que si las mencionadas pruebas no se ofrecieron con la anticipación exigida por el citado precepto 119 de la ley de la materia, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho. No obstante, estableció que si los medios de prueba que requieren desahogo posterior, referidos en el citado artículo, guardan relación con constancias de las que la parte oferente no tenía conocimiento, por ejemplo, deducidas de los informes con justificación, sí podrán ofrecerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, cinco días antes de la fecha determinada para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el determinado para la misma ni el del ofrecimiento. De manera que, al haberse ofrecido tales medios de convicción en escrito presentado el quince de agosto del año en curso, es inconcuso que las pruebas de referencia, son extemporáneas en virtud de que ha transcurrido en exceso el plazo de cinco días hábiles para su ofrecimiento, tomando como indicador la fecha de la segunda audiencia constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, página: 53, que establece lo siguiente: PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUES DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal. En consecuencia, al resultar extemporáneos los medios de convicción de referencia, lo que procede es desecharlos con apoyo en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónicamente. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE DIECISEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICECiudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el autorizado de los quejosos, mediante el cual se le tiene ofreciendo las siguientes pruebas, consistentes en: I.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en Certificado de Existencia de Gravamen expedido por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Notariado del Estado de Chihuahua, con la presente probanza se acredita la legitimidad de la quejosa para la interposición del presente Juicio de Amparo, el cual ya obra en autos. II.- DECLARACIÓN TESTIMONIAL A CARGO: a) *******, quien tiene su domicilio en *******, en esta ciudad. b) *******, quien tiene su domicilio en *******, en esta ciudad. c) *******, quien tiene su domicilio en *******, en esta ciudad. III.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que favorezca a los intereses de la quejosa. IV.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a los intereses de la quejosa. Al respecto, resulta preciso aclarar que la documental que menciona se encuentra agregada en copia simple. En seguida, en cuanto a las pruebas ofertadas, es oportuno establecer que de los cardinales 119 y 124 de la ley reglamentaria, se desprende lo siguiente: I. En el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional y las que fueren contra la moral o contra derecho. II. Las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, a excepción de la documental, que puede presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella y la tenga como recibida durante tal audiencia. III. En el caso de las pruebas testimonial, pericial e inspección judicial, para su debida preparación, deben anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, exhibiendo el interrogatorio y el cuestionario para el desahogo de las dos primeras, y precisando los puntos sobre los que deberá versar la última. A su vez, los numerales 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el artículo 75 de la ley de la materia, para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier prueba que esté reconocida por la ley y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos. Por lo que hace a la documental, la misma se tuvo por admitida y desahogada en el auto de admisión de la demanda, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ésta en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Ahora bien, por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la quejosa consistentes en: II.- DECLARACIÓN TESTIMONIAL A CARGO: a) *******, quien tiene su domicilio en *******, en esta ciudad. b) *******, quien tiene su domicilio en *******, en esta ciudad. c) *******, quien tiene su domicilio en *******, en esta ciudad. Resulta evidente que el ofrecimiento de tales pruebas es extemporáneo. Ello es así, pues la quejosa promovió demanda de amparo el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, misma que se admitió al día siguiente hábil y se señaló como fecha de celebración de la audiencia constitucional el cinco de junio de dos mil veintitrés; misma que se difirió en virtud para emplazar al Titular de la Subdelegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que si las mencionadas pruebas no se ofrecieron con la anticipación exigida por el citado precepto 119 de la ley de la materia, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho. No obstante, estableció que si los medios de prueba que requieren desahogo posterior, referidos en el citado artículo, guardan relación con constancias de las que la parte oferente no tenía conocimiento, por ejemplo, deducidas de los informes con justificación, sí podrán ofrecerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, cinco días antes de la fecha determinada para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el determinado para la misma ni el del ofrecimiento. De manera que, al haberse ofrecido tales medios de convicción en escrito presentado el quince de agosto del año en curso, es inconcuso que las pruebas de referencia, son extemporáneas en virtud de que ha transcurrido en exceso el plazo de cinco días hábiles para su ofrecimiento, tomando como indicador la fecha de la segunda audiencia constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, página: 53, que establece lo siguiente: PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUES DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal. En consecuencia, al resultar extemporáneos los medios de convicción de referencia, lo que procede es desecharlos con apoyo en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónicamente. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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