José Luis Olivas Salgado

Expediente 286/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
286/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
05/07/2023

Partes del expediente

  • José Luis Olivas Salgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de julio de dos mil veintitrés. Informa Agréguese a los autos el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el tres de julio de dos mil veintitrés, dicho Tribunal de Alzada, tuvo por recibido el diverso oficio con el que le fueron remitidos los autos originales del juicio de amparo 286/2023, así como el escrito de expresión de agravios del recurso de revisión interpuesto por la delegada del Secretario de la Presidencia Municipal y del Ayuntamiento del Municipio de Juárez. Asimismo, comunica que se admitió a trámite el referido medio de impugnación, habiéndose registrado bajo el consecutivo 238/2023. Lo anterior, se asienta en términos del artículo 219, del Código federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Se envía revisión Vista la certificación que antecede, se advierte que obran en autos las constancias de notificación realizadas a las partes, tanto de la sentencia dictada el treinta y uno de mayo del año en curso, como del recurso de revisión que se tuvo por interpuesto el dieciséis de los actuales, por la delegada del Secretario de la Presidencia Municipal y del Ayuntamiento del Municipio de Juárez. Por tanto, al encontrarse debidamente integrado el recurso aludido, remítanse al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, los autos y el oficio original de expresión de agravios, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer; en términos del artículo 89 de la Ley de Amparo. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Interpone recurso de revisión Agréguese a los autos el oficio presentado por la delegada del Secretario de la Presidencia Municipal y del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de mayo del año en curso, en autos del juicio de amparo 286/2023. Se da trámite Se tiene por interpuesto el recurso de referencia. Distribúyanse entre las partes, las copias restantes del ocurso, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 de la citada Ley de Amparo. Además, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, los autos originales de este juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios de la recurrente, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer. Notifíquese por lista electrónica, personalmente al agente del Ministerio Público adscrito y a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 286/2023-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el seis de marzo de dos mil veintitrés, turnado a este juzgado el mismo día, *******, promovió demanda de amparo en contra del Secretario del Ayuntamiento de Juárez, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión a trámite de la demanda. En auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Cuarto. Vista para ampliar demanda y efectivo apercibimiento. En auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, en los siguientes términos: (.) Entonces, ya que combatir la respuesta de la autoridad responsable, sí se puede efectuar a través de una ampliación de demanda, se le da vista personal, con el informe con justificación en comento, para que en un plazo de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo, con relación a la respuesta referida; en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, este asunto se continuará tramitando conforme a la demanda inicial. Lo previo, de conformidad con el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo y en observancia a la jurisprudencia por contradicción de criterios (antes, contradicción de tesis) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 224, del Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2006, Novena Época y número de registro 174107, que dice: DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla. (.) Sin que se haya recibido promoción alguna al respecto. En esa medida, en acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes citado y se ordenó la continuación del presente juicio, en los términos indicados en el ocurso de amparo. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: I. Del Coordinador de Administración y Control de Proyectos, Secretario del Ayuntamiento y Tesorera, todos del Municipio de Juárez, residentes en esta ciudad: La omisión de responder al escrito de petición que les formuló, por separado, presentado en esas dependencias el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. II. Director General de Obras Públicas y de la Directora General de Desarrollo Urbano, ambos del Municipio de Juárez, residentes en esta ciudad: La omisión de responder al escrito de petición que les formuló, por separado, presentado en esas dependencias el veinte de febrero de dos mil veintitrés. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Director General de Obras Públicas (foja 34), Coordinador de Administración y Control de Proyectos (foja 57), Secretario del Ayuntamiento (foja 63), Tesorera (foja 70) y Directora General de Desarrollo Urbano (foja 80), todos del Municipio de Juárez, residentes en esta ciudad (y en sus denominaciones correctas), al emitir sus informes justificados, negaron los actos que les fueron reclamados. Empero, respecto de la primera autoridad de referencia, se desprende que, aunque emitió el tres de marzo del año en curso, respuesta a la petición que le formuló la aquí parte quejosa, misma que le notificó el seis de los mismos -lo que acreditó con las constancias pertinentes, debidamente certificadas-; se presume que al momento de la presentación de la demanda de amparo que originó este asunto, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el seis de marzo de dos mil veintitrés, a las diez horas con diecisiete minutos, la omisión existía. Lo anterior, pues aunque emitió la respuesta y la notificó de forma personal el seis de marzo de dos mil veintitrés, al aquí quejoso, tal como se desprende de la firma autógrafa que estampó éste al momento de su recepción; de la notificación relativa, no se desprende que se haya asentado la hora de su notificación. De modo que, se tiene por existente la omisión que fue atribuida al Director General de Obras Públicas del Municipio de Juárez, al momento de la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio biinstancial constitucional. Después, respecto de las restantes responsables, se colige que la omisión combatida es verídica, ya que a la fecha no obra respuesta en torno a la petición que les fue formulada por la aquí parte accionante del amparo; por lo que, se desvirtúan las negativas vertidas por dichas autoridades y se tienen por ciertos los actos omisivos aquí reclamados. Es importante precisar que no es inadvertido para este órgano constitucional que la Directora General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez, efectuó en su informe justificado diversas alegaciones en torno a los puntos respecto a los cuales, solicitó copia certificada la aquí parte quejosa en su escrito de petición; pues ello sólo evidencia que no abstrajo el acto que le reclamó ésta, es decir, la omisión de responder a ese ocurso, que le presentó desde el veinte de febrero de dos mil veintitrés. Además, se insiste, a esta fecha no obran constancias que acrediten la emisión de respuesta por parte de dicha autoridad a tal escrito de petición, ni mucho menos su notificación a la aquí parte quejosa. Cuarto. Actualización de una hipótesis de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En este sentido, respecto de la omisión reclamada en este juicio constitucional al Director General de Obras Públicas del Municipio de Juárez, se actualiza de forma manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos, es oportuno citar el contenido del artículo 71 de la Ley de Amparo, en que se establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De lo anterior, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto -omisivo- reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto -omisivo- reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, cabe señalar que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa. En el caso, la parte quejosa reclama del Director General de Obras Públicas del Municipio de Juárez, la omisión de responder al escrito de petición que le formuló el veinte de febrero de dos mil veintitrés. Luego, una vez que la responsable ya había rendido su informe con justificación, en auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa a efecto de, de ser su deseo, ampliara su demanda de amparo con relación a la respuesta respectiva con que acompañó aquélla su informe. Bajo ese contexto, dado que la parte accionante del amparo conoció la respuesta dada a su petición con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo y, no obstante que fue prevenida para ello, optó por no ampliar su demanda respecto de la misma; es dable concluir que han cesado los efectos de la omisión reclamada a dicha responsable y que, debido a ello, ha sido eliminada permanentemente la afectación generada por ésta a la esfera jurídica de la parte quejosa. De ahí que las cosas han regresado al estado que guardaban antes de la violación reclamada, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional, pues se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental que estimó violado, consiguiéndose así la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la vulneración nunca se hubiera realizado; trayendo consigo la actualización de la hipótesis de improcedencia ya aludida. Resulta aplicable la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del contenido siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesados los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfrutara del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Asimismo, tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado por la parte quejosa a la autoridad en comento, concorde a lo prescrito en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, del ordenamiento legal en cita. Quinto. Procedencia. Toda vez que en el presente juicio de amparo no se alegan causas de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna otra, se procede al análisis del único concepto de violación expresado por la parte quejosa, el cual no se transcribirá en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Sexto. Examen constitucional de las omisiones (restantes) reclamadas. Sentado lo anterior, la parte quejosa, esencialmente aduce que se vulneró en su perjuicio el derecho de petición previsto en el artículo 8º Constitucional. El concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, es fundado, como se demostrará a continuación. Para ello, en primer término, es preciso invocar el contenido del artículo constitucional en comento, que es del texto siguiente: Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Dicho numeral establece, de inicio, el derecho de los gobernados a formular peticiones a los funcionarios estatales (por escrito y de manera pacífica y respetuosa); además, determina enseguida las particularidades que debe contener la respuesta de la autoridad, a la petición. Además, para que el derecho de petición consagrado en el imperativo constitucional analizado sea atendible en la vía de amparo, tiene como presupuesto que aquélla se realice al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir, en una relación de supra a subordinación; de conformidad con la jurisprudencia P./J. 42/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD". Así, los elementos que debe comprender la respuesta que dé la autoridad peticionada -de acuerdo a tal prerrogativa fundamental- son medularmente las siguientes: Debe ser formulada en un término breve; esto es, el estrictamente necesario para su estudio y acuerdo. Al respecto, si bien no se ha fijado un término único y genérico para responder y que se considere como "breve", éste se deberá entender como el que racionalmente se requiera para estudiar adecuadamente la petición formulada y acordarla, conforme a su complejidad, las circunstancias específicas del caso y las cargas de trabajo que sopese la autoridad. Debe ser congruente con la petición instada; esto es, la respuesta debe abarcar todos y cada uno de los aspectos planteados en el ocurso de petición y debe ser acorde a lo solicitado. La respuesta debe ser notificada al solicitante, ya sea en el domicilio físico que haya señalado para tales efectos, o bien, vía electrónica, sólo en caso de que el gobernado haya dispuesto un correo electrónico o medio virtual alterno para ello. Esto último, siempre que el oficio de respuesta a la petición cuente con firma autógrafa o electrónica de la autoridad que la emita, pues debe distinguirse entre las formalidades que deben revestir los actos para su validez y las formas autorizadas para comunicarlos. La autoridad tiene plena libertad para resolver la petición planteada, en el sentido que estime pertinente conforme a derecho; es decir, la petición no lo constriñe a pronunciarse en sentido positivo con lo instado. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia J/27, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 2167, del Tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2011, Novena Época, que dice: DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa. Asimismo, se sustenta en la tesis XVII.2o.P.A.1 CS (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 1674, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2020, Décima Época, del contenido: DERECHO DE PETICIÓN. CONCEPTO DE "BREVE TÉRMINO" PARA EFECTOS DE LA RESPUESTA QUE DEBE DARSE AL PARTICULAR QUE LO EJERCIÓ. El artículo 8o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades la obligación de dar respuesta en "breve término" a la solicitud formulada por un particular; sin embargo, ese concepto no ha sido acotado por el Constituyente, por lo que no es posible fijar un plazo único y genérico para que las autoridades den respuesta a la solicitud que se les plantea en ejercicio del derecho de petición. En esa tesitura, por "breve término" debe entenderse el periodo racional y justificado para estudiar y acordar la petición, conforme a su complejidad, las circunstancias específicas del caso y las cargas de trabajo de la autoridad. En el caso, las hipótesis indicadas en los puntos que anteceden, no se encuentran colmados -tal como lo afirma la parte quejosa en su único concepto de violación- por la sencilla razón de que no existe prueba alguna que permita afirmar que el Coordinador de Administración y Control de Proyectos, Secretario del Ayuntamiento, Tesorera y Directora General de Desarrollo Urbano, todos del Municipio de Juárez, residentes en esta ciudad (en sus denominaciones correctas), han dado respuesta a lo instado, ni mucho menos que se la hayan notificado, precisamente ante su inexistencia. En efecto, desde el diecisiete y veinte de febrero de dos mil veintitrés, fechas en que fueron presentados los escritos de petición por la parte gobernada, ahora accionante del amparo, a las citadas responsables (a las primeras tres autoridades en cita, en la inicial fecha, y a la última, el veinte de febrero del año en curso); al día de la emisión de esta sentencia, esto es, el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, han transcurrido más de tres meses desde que la aquí parte quejosa formuló las peticiones de que se trata. Las peticiones, en esencia, instan copia certificada de diversas constancias relacionadas con la construcción de la obra pública del Municipio de Juárez denominada Proyecto de Rehabilitación del Puente Carlos Villarreal. De manera que, atendiendo a la naturaleza de la solicitud de que se trata, este Órgano Constitucional estima que existió tiempo más que suficiente para que las autoridades responsables en cita, emitieran las respuestas a las peticiones formuladas y las hicieran del conocimiento de la parte promovente, pues en tal petición no les insta la rendición de un informe pormenorizado que implique una cuestión compleja de resolver o responder, sino, simplemente, que le sean brindadas las copias que solicita. Ello implica una transgresión a la esfera jurídica de la parte quejosa, pues, como se dijo, la petición presentada por escrito a las autoridades en cita, en el caso, servidores públicos en ejercicio de sus funciones, requiere de una respuesta también por escrito y en breve término, cuyo conocimiento debe verificarse, desde luego, a través del procedimiento de notificación respectivo; sin que se advierta que, en el caso, se haya efectuado así. Apoya lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia 129, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, visible en el Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, página 88, registro 391019, que estatuye lo siguiente: PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Por lo tanto, es evidente que la falta de contestación a los citados escritos, es violatoria al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -que consagra el derecho de petición, mismo que es el sustento de gran parte de las relaciones jurídicas entre gobernante y gobernado, pues constituye el mecanismo por el cual los particulares realizan toda clase de trámites frente a las autoridades y ponen en movimiento a la maquinaria Estatal- pues es el derecho que todo ciudadano tiene para dirigirse a la autoridad con la certeza de que recibirá una respuesta por escrito a la solicitud que formula. Además de que esa prerrogativa no se limita únicamente a la facultad de pedir algo a la autoridad, sino que el derecho público subjetivo que consagra, es el de recibir una respuesta. Por ende, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto, al dictar un acuerdo respecto de la solicitud que se le haya elevado -por escrito- independientemente del sentido y términos en que esté concebido; y, enseguida, al hacer tal determinación del conocimiento del solicitante; elementos que son inmanentes. Tiene aplicación al caso, la tesis número 126 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es consultable en la página 86 del Tomo III, Parte SCJN, publicada en el Apéndice de 1995, Sexta Época, del rubro y tenor literal siguiente. PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE PROBAR QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por la quejosa, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de probar un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación. Así, al no haber dado respuesta a las peticiones que fueron presentadas por la ahora parte accionante del amparo, no cabe duda que su derecho fundamental consagrado en el artículo 8° de la Constitución Federal, fue conflagrado. Ante lo anterior, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el el Coordinador de Administración y Control de Proyectos, Secretario del Ayuntamiento, Tesorera y Directora General de Desarrollo Urbano, todos del Municipio de Juárez, residentes en esta ciudad: 1. Den respuesta a la petición -que por separado, a cada uno- les formuló la aquí parte quejosa. 2. La emitan por escrito. 3. La misma, deberá ser congruente con lo solicitado. 4. La haga del conocimiento de la parte quejosa en el domicilio que señaló en su escrito de petición, dentro del término de tres días a partir de la emisión de la respuesta. 5. Ello, con libertad de pronunciarse con relación a lo solicitado, en el sentido que estime conveniente conforme a derecho; es decir, en el cúmulo de sus facultades legales. Ilustra lo anterior, la tesis 3a. XXXIV/92, octava época, sustentada por la (entonces) Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril de 1992, página 81, registro 206849, que dispone lo siguiente: PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten. Resta decir que no es óbice para este Juzgado Federal que las responsables en cita, al rendir sus informes justificados, hayan aducido que cuentan con cuatro meses para emitir sus respuestas, atendiendo a la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Febrero de 1994, página 390, del contenido: PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses. Lo anterior, por las razones que han sido esgrimidas a lo largo de este considerando; además, de que tal criterio aislado, fue emitido por Alzada de Circuito Judicial diverso al en que se encuentra este órgano jurisdiccional, de modo que, si bien es un criterio orientador, su aplicación no es obligatoria. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Luis Olivas Salgado, en contra la autoridad y acto reclamado precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, en contra de las restantes autoridades que señaló en este juicio como responsables, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia, para los efectos precisados en el mismo, in fine. Notifíquese 1) mediante oficio a las responsables 2) así como por lista electrónica a las demás partes, al haberse emitido esta sentencia en su propia fecha. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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