José Luis Oseguera Reyes

Expediente 255/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
255/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • José Luis Oseguera Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que conste únicamente como antecedente, el escrito signado por el autorizado del quejoso, mediante el cual solicita se continúe con el curso del presente juicio de amparo y se notifique por lista a la tercero interesada *******, por las razones que expone; al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, pues el nueve de abril del actual, fue emitida la sentencia correspondiente, misma que quedó firme en auto de veintiocho del mismo mes y año, momento en el cual se envió al archivo este asunto. Lo previo, de conformidad con el numeral 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión en contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, expediente principal es susceptible de destrucción, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte¸ al haberse sobreseído este juicio de amparo. Mientras que, el original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General en cita. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el expediente principal y depurar el original del cuadernillo incidental, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. De igual manera, según lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General Conjunto en cita, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Una vez cumplido el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del citado artículo, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dicho incidente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para que consten únicamente como antecedente, el escrito y anexos presentados por el autorizado del quejoso, mediante los cuales exhibe los edictos ordenados el dos de marzo del año en curso, toda vez que desde el nueve de abril de dos mil veintiuno fue emitida la sentencia correspondiente, en la que se determinó sobreseer este asunto precisamente por la falta de presentación, en tiempo, de tales publicaciones. Lo previo, de conformidad con el numeral 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de abril de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 255/2020-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiséis de junio de dos mil veinte, turnado a este juzgado en la misma fecha, *******, promovió demanda de amparo en contra de la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, de quien reclamó lo siguiente: IV. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como ordenadoras, reclamo la posible orden de aprehensión (.) y que pueda ser ejecutada por las autoridades señaladas como responsables ejecutoras (.). Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veintiséis de junio de dos mil veinte, al recibirse la demanda de amparo, se dijo que a pesar de haberse recibido ésta por vía electrónica SISE, sin la firma electrónica del quejoso, en atención a lo afirmado por éste, con relación a la probable afectación de su libertad, y de la ponderación de los derechos humanos en juego, se determinó admitirla a trámite, a efecto de no poner en riesgo la salud del quejoso ni la de los funcionarios judiciales de este órgano, debido a la emergencia sanitaria que aún persiste. Asimismo, en tal acuerdo, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron hora y fecha para la audiencia constitucional. Al respecto, en auto de siete de agosto de dos mil veinte, se tuvo por ratificada la demanda y se continuó con la secuela procesal. Quinto. Ampliación de la demanda. Mediante auto de trece de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la ampliación de demanda (por virtud de la cual el quejoso desahogó la vista que se le formuló en auto de veintiuno de julio de tal anualidad), respecto de los conceptos de violación enderezados en contra de la orden de aprehensión combatida, que resultó ser cierta, tal como lo informó la Jueza responsable en su informe con justificación inicial. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: De la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos: - La orden de aprehensión decretada en su contra el veintiséis de abril de dos mil veinte, en la causa penal *******. Del Coordinador y el Subcoordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, adscrito a la Unidad Especializada en cumplimentación de Órdenes de Aprehensión y del Fiscal de Distrito Zona Norte, todos con sede en esta ciudad: La ejecución de tal mandato. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Coordinador y el Subcoordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte; Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, adscrito a la Unidad Especializada en cumplimentación de Órdenes de Aprehensión; Fiscal de Distrito Zona Norte; y a la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en sus denominaciones correctas, con sede en esta ciudad, pues así lo aceptaron al rendir sus informes justificados. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo anterior se corrobora de las constancias que remitió la Juez responsable anexas a su informe con justificación, de las que se desprende que, efectivamente, el veintiséis de abril de dos mil veinte, en la causa penal *******, libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, por los hechos señalados en la ley como constitutivos del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 123, 127, 136, fracción II, inciso d), en relación con los artículos 19 y 75, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de *******. Tales constancias, poseen valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es la propia Jueza responsable. Ante lo anterior, resulta innegable la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables. Cuarto. Sobreseimiento. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgado considera que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decreto (.) En efecto, el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa en proveído de dos de marzo de dos mil veintiuno, por el que se le requirió para que a) recogiera los edictos para emplazar a la tercero interesada, *******, b) los entregara para su publicación y c) que acreditara ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); o bien, aludiera a su incapacidad económica para tal efecto, feneció sin que lo hiciera. Tal periodo, transcurrió del cinco de marzo al siete de abril de la presente anualidad, sin incluir en dicho cómputo los días seis, siete, trece, catorce, quince, veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho, así como treinta y uno de marzo, uno, dos, tres y cuatro de abril, de dos mil veintiuno, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; pues se notificó a la parte quejosa, por conducto de uno de sus autorizados en amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, licenciado *******, desde el tres de marzo de dos mil veintiuno. Al respecto -como ya se indicó- el quejoso, *******, promovió juicio de amparo contra actos de la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, y otras autoridades, de quienes reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. Mandamiento de captura que resultó cierto, pues la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, así lo refirió, informando a este juzgado, que en la causa penal *******, se libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 123, 127, 136, fracción II, inciso d), en relación con los artículos 19 y 75, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de *******. Asimismo, luego de que se acreditara que la víctima perdió la vida, la Jueza responsable informó que reconoció en dicha causa penal el carácter de ofendida a su esposa, de nombre *******; de manera que, se le dio en este juicio, la calidad de tercero interesada, en auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte. Así, en el aludido acuerdo, emitido en el cuadernillo de sigilo respectivo, se ordenó su emplazamiento en el domicilio informado por tal responsable, sin que se lograra la diligencia encomendada, tal como asentó la actuaria adscrita en constancia de treinta de octubre de dos mil veinte, pues la fedataria refirió que no localizó dentro de la numeración de tal calle, el dígito correspondiente al domicilio que fue informado para localizar a tal persona. Enseguida -luego de que se requiriera a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público que conoció de la causa penal en comento, a efecto de que remitieran, en caso de contar con ello, diverso domicilio para buscar el emplazamiento de la persona de referencia, sin éxito- en acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se inició investigación en diversas dependencias, con la finalidad de obtener tal información. Después de contar con todos y cada uno de los informes instados con motivo de tal investigación, esto es, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Teléfonos de México, Registro Público de la Propiedad, Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Comisión Federal de Electricidad, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Chihuahua "2" y Vocal Estatal del Registro Nacional de Electores, con residencia en esta ciudad, así como del Secretario Técnico Normativo del Instituto Nacional Electoral, con sede en la Ciudad de México; en auto de doce de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó girar exhorto (vía interconexión) al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, con residencia en Tijuana, a efecto de que, en auxilio de las labores de este juzgado, emplazara a la persona en comento en el domicilio que en dicha localidad, informaron el Secretario Técnico Normativo del Instituto Nacional Electoral, con sede en la Ciudad de México y el Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, con sede en esta ciudad, que podía ser localizada. Después, en auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, al recibirse sin diligenciar tal comunicación oficial, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada a través de edictos que deberían publicarse tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación en la República Mexicana; por lo que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días, computados legalmente, a) los recogiera, b) los entregara para su publicación, y c) acreditara ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos), o bien, señalara la incapacidad económica que tuviera, en su caso, para tal efecto; sin que lo hubiera efectuado. Ello, pues el aludido auto se le notificó por conducto de uno de sus autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, licenciado *******, desde el tres de marzo de dos mil veintiuno; quien compareció a las instalaciones de este juzgado federal a recoger tales edictos, el doce de marzo de dos mil veintiuno, plasmando su firma autógrafa al momento de la recepción, constancia en la que también obra la firma autógrafa de la Secretaria judicial adscrita a este órgano, licenciada *******, al otorgárselos; asimismo, los edictos le fueron enviados al correo electrónico que propuso, en la propia fecha de recepción, por haberlo solicitado así, tal como se asentó en constancia de referencia. Sin embargo, dentro de tal periodo no únicamente se debía recogerlos -tal como se explicitó en acuerdo de dos de marzo de dos mil veintiuno- sino que, además, la parte quejosa debía entregarlos para su publicación y acreditar ello ante este órgano jurisdiccional (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). Por lo tanto, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, para robustecer lo anterior, se invoca la jurisprudencia por contradicción de tesis 64/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 211, del Tomo XVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2002, materia común, Novena Época y número de registro 186587, que dice: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Es menester indicar que no se actualiza el supuesto de excepción que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la tesis 108/2010, derivada de la solicitud de modificación de la citada jurisprudencia 64/2002, criterio que se encuentra publicado en la página 416, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2010, materia común, Novena Época y número de registro 164074, y que fue invocado en el acuerdo de dos de marzo de dos mil veintiuno; criterio que es del tenor literal siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Además, en el referido acuerdo de dos de marzo de dos mil veintiuno, también se invocó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 84/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 266, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época y número de registro 161091, del contenido: EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo. La observancia de esta formalidad en el juicio de amparo directo en materia penal promovido por el enjuiciado cumple con el objetivo de otorgar a la víctima u ofendido del delito, con derecho a recibir la reparación del daño, la oportunidad de ser escuchado respecto del interés que tiene en la subsistencia del acto reclamado. Ahora bien, en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero perjudicado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivada de la privación de su libertad personal como consecuencia de la sentencia condenatoria que reclama o de sus condiciones personales, basta que se exprese esta condición de insolvencia económica para que, en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proceda a ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Ello, pues la parte quejosa no manifestó, dentro del aludido periodo de veinte días, que tuviera imposibilidad económica para sufragar tales edictos; tan es así, que, como ya se refirió, uno de sus autorizados sí los recogió, pero no acreditó, dentro de tal término, haber efectuado las restantes pautas que debía realizar, detalladas en auto de dos de marzo de dos mil veintiuno. Asimismo, no es óbice para dictar la presente determinación, que el asunto de que se trata verse sobre actos reclamados, en materia penal, pues, se itera, con sustento en los criterios de referencia -ambos invocados en el auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, donde se ordenó el emplazamiento por edictos de la tercero interesada- se refirió al quejoso que bastaba con que manifestara, de ser el caso, su incapacidad económica para ello, para ordenar su publicación a costa del Consejo de la Judicatura Federal; sin que lo hiciera. En esas condiciones, con sustento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente asunto. En apoyo a lo anterior, se cita, por identidad de razones, la jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época y número de registro 184572, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio promovido por *******, en contra de la autoridad que señaló en este juicio como responsable, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano