José Luis Gerardo Villalobos Ramírez

Expediente 737/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
737/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/08/2022

Partes del expediente

  • José Luis Gerardo Villalobos Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Firmeza del auto de desechamiento Vista la certificación que antecede y en razón de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo intentada; con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicha resolución causó estado. Orden de archivo En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Clasificación En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, una vez que transcurran y contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    Recepción y registro de la demanda Vista la demanda signada por ************ , contra actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en esta ciudad. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el entendido de que se encuentra registrado con número 737/2022-6. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juzgado de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la parte quejosa reclama de la Sala Regional Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la resolución interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja interpuesto contra el cumplimiento efectuado por la autoridad demandada a la sentencia definitiva pronunciada en el juicio de nulidad ************ Asimismo, bajo protesta de decir verdad, indicó que el dos de junio del año en curso, fue notificado de la resolución que pretende combatir, manifestación que adquiere eficacia probatoria en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese panorama, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda constitucional, en virtud de actualizarse un motivo de improcedencia que torna innecesaria su admisión. Los citados artículos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución." Del numeral 61, fracción XVI, se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, contra aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. Asimismo, de la intelección de los artículos transcritos se deriva que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueve dentro del plazo genérico de quince días, salvo que se trate de uno de los casos de excepción; los cuales, atendiendo a la naturaleza de los actos aquí reclamados y los antecedentes que los motivaron, ninguno se actualiza en el presente juicio de amparo. Por lo que ve al citado artículo 18, establece tres supuestos a partir de los cuales comenzará a transcurrir el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, esto es, se contará desde el día siguiente: a) Al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo impugnado, de conformidad con la ley procesal que lo rige. b) Al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado, o su ejecución; o c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el caso, como se anunció, la parte quejosa reclama resolución interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, la cual, bajo protesta de decir verdad, señaló que le fue notificada el dos de junio de dos mil veintidós. Lo que antecede, revela que la parte quejosa debió sujetarse al plazo genérico que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda, esto es, al de quince días, contados a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación, atendiendo a la materia de reclamo. Ahora, de la demanda de amparo se observa que el impetrante del amparo omitió precisar de qué forma le fue notificada la resolución reclamada, esto es, si la notificación se realizó de forma personal o mediante boletín jurisdiccional. No obstante, de conformidad con el artículo, 65, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contenciosos Administrativo,1 los plazos transcurrieron, en su caso, de la siguiente manera: ? Si se notificó personalmente el dos de junio de dos mil veintidós; surtió efectos al día siguiente, es decir, el tres de junio posterior. Por ende, el plazo de quince días del que disponía para promover su demanda constitucional transcurrió del seis al veinticuatro de junio de dos mil veintidós, con exclusión de los días 1 "ARTÍCULO 65. [.] La notificación surtirá sus efectos al tercer día hábil siguiente a aquél en que se haya realizado la publicación en el Boletín Jurisdiccional o al día hábil siguiente a aquél en que las partes sean notificadas personalmente en las instalaciones designadas por el Tribunal, cuando así proceda, en términos de lo establecido por el artículo 67 de esta Ley." once, doce, dieciocho y diecinueve de junio de la presente anualidad, por ser inhábiles. ? Si se notificó mediante Boletín Jurisdiccional en data dos de junio de dos mil veintidós; surtió efectos, al tercer día hábil siguiente a aquél en que se realizó la publicación, es decir, el siete de junio pasado. Por ende, el plazo de quince días con que contó para promover su demanda constitucional transcurrió del ocho al veintiocho de junio de dos mil veintidós, con exclusión de los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio de la presente anualidad, por ser inhábiles. Bajo tal panorama, se estima que el término de quince días para la presentación del amparo contra el acto reclamado, es notoriamente extemporáneo, pues feneció en exceso, aún cuando se le haya notificado personalmente o a través del Boletín Jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación21, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." De igual forma, apoya la anterior determinación, por las consideraciones que ahí expone, la tesis XIII.P.A.38 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito3, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. Conforme a la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO.", si se trata de la orden de aprehensión emitida en cumplimiento de una ejecutoria de amparo y tomando en consideración que dicha determinación no se la notificará la autoridad responsable al quejoso, por existir una restricción legal expresa, el cómputo del plazo para presentar una nueva demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe por el cual la autoridad responsable remite el nuevo acto en cumplimiento de la ejecutoria, y ordena dar vista al quejoso, salvo que se acredite plenamente, que antes de la notificación , éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso, el cómputo comienza a partir del día siguiente a ese conocimiento. Una interpretación en sentido contrario, implicaría desconocer la notificación de la nueva orden de aprehensión emitida en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo que traería como consecuencia alterar el artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento los plazos establecidos por el legislador." Entonces, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Celaya, Guanajuato hasta el catorce de julio de dos mil veintidós, como se evidencia del sello de recepción correspondiente (foja 2), es inconcuso que resulta extemporánea su presentación; por tanto, se considera que fue tácitamente consentida la resolución impugnada en este asunto constitucional. En consecuencia, se estima actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deriva de relacionar el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; lo que conduce a decretar el desechamiento de plano de plano la demanda de mérito. Domicilio y autorizados Por otra parte, se tiene como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en calle ************, número ************ en esta ciudad y como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tienen inscrita su cédula profesional federal en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a ************, en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal citado, dado que sus cédulas profesionales no se encuentran inscritas ante dicho sistema. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

  3. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de dieciocho de julio de dos mil veintidós, que a la letra dice:Recepción y registro de la demanda Vista la demanda signada por ************ , contra actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en esta ciudad. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el entendido de que se encuentra registrado con número 737/2022-6. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juzgado de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la parte quejosa reclama de la Sala Regional Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la resolución interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja interpuesto contra el cumplimiento efectuado por la autoridad demandada a la sentencia definitiva pronunciada en el juicio de nulidad ************ Asimismo, bajo protesta de decir verdad, indicó que el dos de junio del año en curso, fue notificado de la resolución que pretende combatir, manifestación que adquiere eficacia probatoria en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese panorama, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda constitucional, en virtud de actualizarse un motivo de improcedencia que torna innecesaria su admisión. Los citados artículos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución." Del numeral 61, fracción XVI, se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, contra aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. Asimismo, de la intelección de los artículos transcritos se deriva que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueve dentro del plazo genérico de quince días, salvo que se trate de uno de los casos de excepción; los cuales, atendiendo a la naturaleza de los actos aquí reclamados y los antecedentes que los motivaron, ninguno se actualiza en el presente juicio de amparo. Por lo que ve al citado artículo 18, establece tres supuestos a partir de los cuales comenzará a transcurrir el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, esto es, se contará desde el día siguiente: a) Al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo impugnado, de conformidad con la ley procesal que lo rige. b) Al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado, o su ejecución; o c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el caso, como se anunció, la parte quejosa reclama resolución interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, la cual, bajo protesta de decir verdad, señaló que le fue notificada el dos de junio de dos mil veintidós. Lo que antecede, revela que la parte quejosa debió sujetarse al plazo genérico que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda, esto es, al de quince días, contados a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación, atendiendo a la materia de reclamo. Ahora, de la demanda de amparo se observa que el impetrante del amparo omitió precisar de qué forma le fue notificada la resolución reclamada, esto es, si la notificación se realizó de forma personal o mediante boletín jurisdiccional. No obstante, de conformidad con el artículo, 65, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contenciosos Administrativo,1 los plazos transcurrieron, en su caso, de la siguiente manera: ? Si se notificó personalmente el dos de junio de dos mil veintidós; surtió efectos al día siguiente, es decir, el tres de junio posterior. Por ende, el plazo de quince días del que disponía para promover su demanda constitucional transcurrió del seis al veinticuatro de junio de dos mil veintidós, con exclusión de los días 1 "ARTÍCULO 65. [.] La notificación surtirá sus efectos al tercer día hábil siguiente a aquél en que se haya realizado la publicación en el Boletín Jurisdiccional o al día hábil siguiente a aquél en que las partes sean notificadas personalmente en las instalaciones designadas por el Tribunal, cuando así proceda, en términos de lo establecido por el artículo 67 de esta Ley." once, doce, dieciocho y diecinueve de junio de la presente anualidad, por ser inhábiles. ? Si se notificó mediante Boletín Jurisdiccional en data dos de junio de dos mil veintidós; surtió efectos, al tercer día hábil siguiente a aquél en que se realizó la publicación, es decir, el siete de junio pasado. Por ende, el plazo de quince días con que contó para promover su demanda constitucional transcurrió del ocho al veintiocho de junio de dos mil veintidós, con exclusión de los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio de la presente anualidad, por ser inhábiles. Bajo tal panorama, se estima que el término de quince días para la presentación del amparo contra el acto reclamado, es notoriamente extemporáneo, pues feneció en exceso, aún cuando se le haya notificado personalmente o a través del Boletín Jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación21, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." De igual forma, apoya la anterior determinación, por las consideraciones que ahí expone, la tesis XIII.P.A.38 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito3, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. Conforme a la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO.", si se trata de la orden de aprehensión emitida en cumplimiento de una ejecutoria de amparo y tomando en consideración que dicha determinación no se la notificará la autoridad responsable al quejoso, por existir una restricción legal expresa, el cómputo del plazo para presentar una nueva demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe por el cual la autoridad responsable remite el nuevo acto en cumplimiento de la ejecutoria, y ordena dar vista al quejoso, salvo que se acredite plenamente, que antes de la notificación , éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso, el cómputo comienza a partir del día siguiente a ese conocimiento. Una interpretación en sentido contrario, implicaría desconocer la notificación de la nueva orden de aprehensión emitida en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo que traería como consecuencia alterar el artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento los plazos establecidos por el legislador." Entonces, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Celaya, Guanajuato hasta el catorce de julio de dos mil veintidós, como se evidencia del sello de recepción correspondiente (foja 2), es inconcuso que resulta extemporánea su presentación; por tanto, se considera que fue tácitamente consentida la resolución impugnada en este asunto constitucional. En consecuencia, se estima actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deriva de relacionar el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; lo que conduce a decretar el desechamiento de plano de plano la demanda de mérito. Domicilio y autorizados Por otra parte, se tiene como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en calle ************, número ************ en esta ciudad y como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tienen inscrita su cédula profesional federal en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a ************, en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal citado, dado que sus cédulas profesionales no se encuentran inscritas ante dicho sistema. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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