José Luis García Fernández

Expediente 276/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
276/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
08/03/2021

Partes del expediente

  • José Luis García Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese al sumario el oficio que suscribe la encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado, sede Celaya, base Apaseo el Grande, mediante el cual informa que notificó al agente del Ministerio Público que intervino en la carpeta de investigación de donde deriva el acto reclamado, el proveído por el que se ordenó el archivo del juicio de amparo en que se actúa.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, que negó el amparo y protección de la justicia federal, no fue recurrida dentro del término legal establecido para ello; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b) respectivamente, de la disposición administrativa en cita, tanto el original del incidente de suspensión relativo, como el presente expediente son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el expediente principal se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, mientras que en el incidente de suspensión se concedieron las medidas cautelares provisional y definitiva, de lo que deberá conservarse la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto y el presente proveído, así como las determinaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar en el incidente de suspensión respectivo, en su caso, de su violación o incumplimiento. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Al resultar innecesario retener la prueba documental que el juez responsable remitió como sustento de su informe justificado, un disco versátil digital (D.V.D), allegado por el juez responsable, se ordena la devolución de esa documental; en el entendido que es innecesario requerir el acuse de recibo respectivo al juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Apaseo El Grande. En otro orden de ideas, glósese al sumario únicamente para que obre como corresponda, el ocurso que suscribe ****, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por virtud del cual solicita se declare firme la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa y que deje de surtir efectos la suspensión otorgada, a fin de que la causa penal de origen prosiga con la secuela procedimental; ello, en atención a lo acordado en la presente determinación.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 276/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil veinte (foja 7 cuaderno principal) ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Celaya, Guanajuato, **********, por conducto de su defensor particular **********, solicitó la protección de la justicia federal en contra de los actos de la autoridad que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO. A).- LA RESOLUCIÓN QUE NEGÓ DECLARAR LA ILICITUD Y NULIDAD DEL ACTO PROCESAL CONSISTENTE EN EL REGISTRO DEL ACTA DE LA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE "RECONOCIMIENTO DE PERSONA". B).- LA DECLARACIÓN DE LA SUPUESTA "CONVALIDACIÓN" Y "SANEAMIENTO DEL SUPUESTO VICIO FORMAL" EN LA PRÁCTICA DE ESA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN (RECONOCIMIENTO DE PERSONA). C).- EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, DICTADO EN LA AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN, VINCULACIÓN, MEDIDAS CAUTELARES Y PLAZO DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN, CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DE 2020, EN CONTRA DEL INCULPADO AQUÍ QUEJOSO JOSÉ LUIS GARCÍA FERNÁNDEZ, POR LA PROBABILIDAD DE SU INTERVENCIÓN A TÍTULO DE AUTOR, EN LOS HECHOS QUE LA LEY PENAL CONTEMPLA COMO LOS DELITOS DE ROBO CALIFICADO, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 191, FRACCIÓN II, ART. 194 FRACCIÓN I Y VI DEL CODIGO PENAL, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD AGRAVADA, ART 169 CÓDIGO PENAL AMBOS DELITOS EN AGRAVIO DE **********, Y POR EL DELITO DE ROBO DE GANADO, ARTÍCULO 194, LETRA "A", DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO, EN AGRAVIO DEL C. **********, DENTRO DE LA CAUSA PENAL 1P0419-312, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DE CONTROL DE ORALIDAD EN LA TERCERA REGIÓN CON SEDE EN ESTA CIUDAD. D).- INCLUYENDO POR CONSECUENCIA, LA MEDIDA CAUTELAR PERSONAL, CONSISTENTE EN LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA POR CUYO EFECTO, MI DEFENSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, EN EL CERESO DE ESTA CIUDAD." "III.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: C. JUEZ DE CONTROL PENAL DE ORALIDAD DE LA TERCERA REGIÓN, CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GTO. CON DOMICILIO EN CALLE FLOR DE NOCHEBUENA, NÚMERO 301, PREDIO RÚSTICO "LA SOLEDAD" DE ESTA CIUDAD." Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Turno de demanda. Por razón de turno, la demanda fue remitida al Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; dicho órgano de control constitucional la registró en su índice bajo el número 186/2020-IV, asimismo, por auto de trece de marzo de dos mil veinte, determinó que la competencia administrativa, por conocimiento previo, se surtía a favor de este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, por lo cual ordenó su remisión mediante oficio 4527/2020 (fojas 24 a 29 vuelta). TERCERO. Trámite del juicio. El secretario de guardia de este Juzgado de Distrito, en data dieciséis de julio de dos mil veinte, recibió el oficio 4527/2020 con anexo consistente en el mencionado expediente judicial proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato (foja 1). Por auto de veintiuno de julio de dos mil veinte (fojas 40 a 43), esta potestad se avocó al conocimiento del asunto y ordenó su registro con el número de amparo indirecto 276/2020-V; asimismo, admitió a trámite la demanda de mérito; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional y ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada -Ministerio Público que participó en los actos reclamados-. De igual forma, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La competencia territorial se surte, pues los actos reclamados son el auto de vinculación a proceso, y otros, en contra del quejoso, en un procedimiento penal que se sigue ante el Juzgado de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con base en Apaseo, el Grande, sede Celaya, lugares en donde ejerce jurisdicción este Tribunal. Es aplicable por analogía y en su parte conducente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO." SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: a) El auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso en la subyacente causa 1P0419-312, el dieciocho de febrero de dos mil veinte, por aparecer como probable responsable de los hechos que la ley señala como delitos de robo calificado, contemplado en el artículo 191, fracción II, con relación al 194, fracciones I, VI, y con los diversos 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, en agravio de **********; robo de ganado, previsto por el artículo 194-a, en relación con los numerales 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, en agravio de **********; y de privación de la libertad, previsto por el artículo 169, con relación al 172, fracciones I y IV, 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, en agravio de **********; todos los artículos de Código Penal para el Estado de Guanajuato. Destaca que la parte quejosa también señaló como acto reclamado destacado la determinación del juez responsable a través de la cual, en vez de declarar la nulidad de actos procesales, como lo solicitó la defensa del agraviado, determinó que fueron convalidados por las partes. b) Como consecuencia de lo anterior, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Actos reclamados a la siguiente autoridad: 1. Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base en Apaseo el Grande, Guanajuato. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman al juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 51 y 52 de autos). Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con la constancia que acompañó el juez responsable a su informe justificado, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia donde se dictaron los actos reclamados y los archivos digitales con los que cuenta la causa penal; a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la ley y por tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD), consideradas como una prueba documental pública lato sensu. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias procesales allegadas al sumario, son: 1. El once de febrero de dos mil veinte comenzó la audiencia inicial en la causa penal subyacente 1P0419-312; el juez del conocimiento primario concedió el uso de la voz a la fiscal quien formuló imputación al imputado José Luis García Fernández. 2. Luego de la imputación formulada, el juez responsable preguntó a la defensa que si necesitaba alguna aclaración, a lo que manifestó que ninguna; asimismo le informó al indiciado que en ese momento tenía la oportunidad de dar contestación a la imputación que se le realizó, y que tiene derecho a declarar o no hacerlo, a lo que manifestó que no era su deseo declarar, ello en ejercicio de su derecho constitucional. 3. Después la fiscal solicitó permiso para pedir la vinculación del imputado, a lo que hubo anuencia por parte del juez; por lo que el agente del Ministerio Público procedió a solicitar la vinculación a proceso del imputado por su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos de robo calificado, contemplado en el artículo 191, fracción II, con relación al 194, fracciones I, VI, y con los diversos 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal para el estado de Guanajuato, en agravio de **********; robo de ganado, previsto por el artículo 194-a, en relación con los numerales 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, todos de la codificación sustantiva penal invocada, en agravio de **********; y de privación de la libertad, previsto por el artículo 169, con relación al 172, fracciones I y IV, 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, del mismo código penal, en agravio de Luis Fernando Domínguez Rogel. Destaca que el cuadro fáctico, en esencia, se hizo consistir en lo siguiente: El día cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, alrededor de las dieciocho horas con treinta minutos, el ofendido **********, transitaba en compañía de su primo **********, a bordo de un vehículo de motor, marca Mercedes Benz, tipo torton, color blanco, con un remolque consistente en una jaula roja, número de serie **********; número de motor **********, con placas de circulación **********, del estado de Guerrero; que en la jaula transportaban ciento veintiséis animales porcinos, con peso aproximado de cada mamífero de ciento quince kilogramos; raza Terminal rosa, de entre cinco y seis meses de edad; animales propiedad de **********. Que el transporte se realizaba de la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato hacia el Estado de México, sobre la carretera Celaya-Querétaro. Que detuvieron la marcha a la altura de la gasolinera "Las Brujas", ubicada en la comunidad "Tenango el Muerto", municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, para verificar el estado de los porcinos. Que ********** se encontraba en la jaula revisando a los animales, cuando el aquí quejoso gritó "bájense hijos de su chingada madre" y al voltear **********, se percató que el sujeto que había gritado, de aproximadamente cuarenta años de edad; de un metro con sesenta y cinco centímetros y robusto; lo apuntaba con un arma de fuego, tipo ametralladora corta de color negro; de igual forma, se percató José Luis García Fernández iba acompañado de otros dos sujetos -quienes hasta este momento no se encuentran identificados-, llevando consigo cada uno, un arma de fuego tipo ametralladora corta, color negro. Que el ofendido se bajó de la jaula por miedo a que lo fueran a herir y estos sujetos lo subieron a un vehículo de motor, marca Chevrolet, color azul, tipo "sub", cuatro puertas y lo colocaron en la tercera fila de asientos, indicándole que se agachara; asimismo, subieron a su primo ********** en la fila de en medio del vehículo. Que el activo le preguntó a ********** si el torton contaba con GPS a lo que le contestó que no; que se subió al vehículo en el asiento de en medio y golpeó al citado ********** en el estómago; asimismo, le preguntó que si traía dinero y le indicó que sí, que estaba dentro de su cartera; le sacó la cartera en la que llevaba siete mil pesos, los que le había dado ********** para viáticos; dinero que se apoderó **********. Que una vez que le regresó la cartera sin el dinero, emprendieron la huida, para posteriormente bajarlos en un camino de terracería, sin saber su ubicación dado que los traían agachados en el vehículo; que comenzaron a caminar hasta llegar a una tienda de conveniencia "Oxxo", donde fueron auxiliados. Los datos de prueba en que se sustentó el cuadro fáctico son: Entrevista y denuncia a cargo de **********; Entrevista y denuncia a cargo de **********, quien acreditó la propiedad del vehículo de motor marca **********, tipo torton, modelo 1991, adjuntado para tal efecto copia de la factura ********** de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho con un endoso a su favor; de igual forma, refirió ser propietario de los porcinos objeto del delito. Reporte de robo ante la fiscalía del estado, bajo el número de folio de autorización **********. Acuerdo de aseguramiento del vehículo de motor materia del robo. Avance de investigación de siete de noviembre de dos mil diecinueve 1713/AIC/2019, suscrito por la elemento de la Agencia de Investigación Criminal **********, en el que mencionó que con motivo de los hechos denunciados, tuvo conocimiento de una persona del género masculino detenido en la ciudad de Celaya, Guanajuato, en siete de noviembre de dos mil diecinueve, quien fue puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público bajo el número de carpeta de investigación **********, con motivo de la ejecución de la orden de cateo efectuado en el domicilio ubicado en Parque Acuático "**********", sito en Rincón de Tamayo Canoas, segundo retorno de Ignacio Camargo ciento veintidós, en Villa del Rocío de Celaya, Guanajuato; que el detenido es **********, de cuarenta y cuatro años de edad, con domicilio en calle Retorno Ignacio Camargo número ciento veintidós, zona Centro de Celaya, Guanajuato; que a dicho sujeto le fueron asegurados ocho vehículos de motor, entre los que se encontraba el vehículo de motor propiedad de **********. Registro con fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en el que interviene el elemento de la Agencia de Investigación Criminal **********, para la ministración de personas a efecto de practicar la técnica de investigación de reconocimiento de personas, con características físicas similares a la media filiación del imputado ahora quejoso. Registro relativo a la notificación sobre la técnica de investigación de reconocimiento al hoy quejoso, practicada el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, a las trece horas con cuarenta minutos, en el que se dio lectura de sus derechos y se le informó el derecho a nombrar defensor. Registro del acta de reconocimiento de personas de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, a las dieciocho horas con cincuenta minutos, en la barandilla de "Cepol Norte" de esta ciudad; suscrita por el agente del Ministerio Público que conoció de la carpeta de investigación, en la que se asentó que se estableció en la fila del reconocimiento como número uno a **********; número dos a **********; número tres **********; también se asentó que no existió oposición de la defensora de que dichas personas participaran en la técnica de investigación aludida; que se ubicó a ********** en el número tres, de izquierda a derecha y una vez que fueron puestos a las vista del ofendido **********, reconoció al número tres de izquierda a derecha, por las entradas, estatura y el cabello ondulado como aquel sujeto que lo bajó del vehículo; acta que fue firmada por todos los que intervinieron, incluyendo a la defensora del imputado. Informe relativo al valor comercial de los ciento veintiséis porcinos, realizado por el perito **********, bajo el número 2654/1/2019, en el que concluyó que se trata de ganado menor y que el valor comercial asciende a cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos pesos. 4. Posterior a la solicitud de vinculación a proceso formulada por la fiscal, el juez responsable le hizo del conocimiento al imputado del derecho que tiene de que su situación jurídica se resuelva en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o incluso dentro de ciento cuarenta y cuatro horas en caso de solicitar la prórroga del plazo constitucional, por lo que pidió lo consultara con su abogado. Tanto el defensor como el imputado manifestaron que se resolviera en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, a fin de aportar datos de prueba; a lo que el juez, con base a tal petición, acordó favorable. 5. El dieciocho de febrero de dos mil veinte se continuó con la audiencia inicial donde la defensa solicitó la nulidad de diversos actos procedimentales, virtud a que, en su parecer, son ilícitos y violatorios de derechos fundamentales. Los actos tildados de nulos son: i) El registro con data ocho de noviembre de dos mil diecinueve, relativo a la intervención del agente de Investigación Criminal **********, respecto la ministración de identidades de personas para la técnica de reconocimiento de persona; ii) El registro con fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, concerniente a la notificación -al imputado-, sobre la práctica de una técnica de investigación, lectura de derechos, requerimiento y designación de defensores particulares; y iii) El registro relativo al acta de reconocimiento de persona, con fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve. 6. El dieciocho de febrero de dos mil veinte continuó la audiencia de imputación, en la que tras el debate entre las partes procesales, el juez del conocimiento primario determinó que no ha lugar declarar la nulidad de los actos procedimentales cuestionados por la defensa; antes bien, determinó que fueron convalidados por las partes en razón de que solo se discutieron deficiencias formales y que no se alegaron oportunamente. Seguidamente, se dictó en contra del quejoso **********, vinculación a proceso por su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos de robo calificado, contemplado en el artículo 191, fracción II, con relación al 194, fracciones I, VI, y con los diversos 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto; robo de ganado, previsto por el artículo 194-a, en relación con los numerales 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto; y de privación de la libertad, previsto por el artículo 169, con relación al 172, fracciones I y IV, 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto; todos los preceptos legales del Código Penal para el Estado de Guanajuato. 7. Como consecuencia de la vinculación a proceso, también se dictó en contra del imputado hoy quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación son infundados. En el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor del quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del imputado en la causa penal 1P0419-312 del índice del Juzgado de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con base en Apaseo, el Grande, sede Celaya, donde se dictó auto de vinculación a proceso. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que las determinaciones asumidas por el juez responsable se encuentran ajustadas a Derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiarán las determinaciones reclamadas a la luz de las consideraciones debatidas por la parte agraviada, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que las determinaciones reclamadas violen algún derecho humano del peticionario de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficioso sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician a la parte quejosa, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos del quejoso, en las determinaciones debatidas, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Precisado lo anterior, en sus conceptos de violación la parte quejosa esgrime, en esencia y en atención a la causa de pedir, que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 14, 16, 20 apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente: Que es desacertado lo expuesto en la resolución reclamada porque los actos procedimentales sobre los que solicitó su nulidad constituyen datos de prueba ilícitos que debieron ser declarados nulos, excluidos y no tomados en consideración al momento de resolver lo relativo a la vinculación del proceso. Refiere que el ministerio público al momento de llevar a cabo la técnica de investigación relativa al reconocimiento de persona -en la que fue reconocido el imputado por la víctima-, incumplió con el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues únicamente se dejó registro por escrito de la ocurrido en ese acto, empero, no se ocupó del hecho de que hayan quedado debidamente identificadas las personas que participaron en tal actuación; ello con con el fin de tener seguridad y certeza jurídica de que en ese acto se haya aportado la referencia descrita. Que era imprescindible que el ministerio público, hubiera dejado en sus actuaciones identificación personal de las personas que intervinieron en la diligencia de reconocimiento de persona, al ser un requisito sine qua non que debió colmarse. Lo anterior, para salvaguardar el derecho fundamental del debido proceso y legalidad, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución, pues a partir de ahí, se ejercerá el derecho a contradecir. Aduce que no se tiene certeza de que el ministerio público haya realizado el reconocimiento de persona con participación de la víctima del delito, en virtud de que al ser una técnica de investigación, debía cumplir con ciertos requisitos esenciales para que sus actuaciones sean ajustadas al procedimiento formal establecido por la ley. Que al no haber cumplido con las exigencias legales contempladas en el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los actos preparativos a la técnica de investigación relativa al reconocimiento de persona, deben considerarse como datos prueba ilegales, al no cumplir con las formalidades de la ley procesal, pues conllevó a una vulneración de derechos fundamentales. Por lo que, en términos del artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deben declararse nulos y que no pueden ser saneados, ni convalidados; que se transgreden los derechos fundamentales de debido, proceso, legalidad, seguridad y certeza jurídica del imputado. Además, señala que la responsable no debió tomar en cuenta la información obtenida en el reconocimiento de persona, pues el artículo 20, apartado A, fracción IX, del artículo 20 Constitucional, establece que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, lo cual es recogido en el primer párrafo del artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Citó como apoyo, la jurisprudencia 1a./J.139/2011, de rubro: "PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES". De ahí que considere que los datos de prueba relativos a la preparación y reconocimiento de persona deben ser excluidos. Por lo que, estima que no es procedente sostener de forma razonada ni en grado de suposición, que el imputado José Luis García Fernández participó en los hechos narrados en el cuadro fáctico narrado por la fiscalía. Los planteamientos a análisis son infundados. El artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: (.). IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y." De lo anterior se desprende, que la Carta Magna consagra como principio general, que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, la cual es conocida, como prueba ilícita. Por su parte, los artículos 217, 263, 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 217. Registro de los actos de investigación El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. Cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados". "Artículo 263. Licitud probatoria Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece este Código". "Artículo 264. Nulidad de la prueba Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal deberá pronunciarse al respecto". De los preceptos transcritos, en lo que aquí interesa, se desprende lo siguiente: 1. Que el ministerio público deberá dejar registro de todas las actuaciones que se realice, y, que cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación. 2. Que los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece el código. 3. Que se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. En ese orden, cabe señalar que entre los datos de prueba cabe distinguir los denominados ilícitos, de aquellos otros imperfectos. Los primeros, en forma genérica, como los obtenidos o incorporados al proceso en transgresión a derechos fundamentales (vida, integridad, libertad, inviolabilidad del domicilio, defensa), según lo dispuesto en los artículos 20 Constitucional y 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cambio, los segundos serán aquellos que irregularmente se practicaron, al haber omitido una formalidad procesal que les es propia, según lo prevé el diverso 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, dada su distinta naturaleza, igualmente producen efectos diversos, pues mientras la prueba ilícita da lugar a aplicar el principio de exclusión, la prueba imperfecta deja de cumplir con la finalidad de las formas, que es dotar de certeza y seguridad jurídica a los actos procesales, en consecuencia, carece de una exigencia para otorgarle valor, pero resulta susceptible de ser perfeccionada en una etapa posterior, o en su caso, en una reposición del procedimiento. En efecto, se considera que la irregularidad en el desahogo de una prueba por no cumplir con las formalidades de la ley procesal, no determina su inutilizabilidad, siempre que dicha anomalía no conlleve a su vez una vulneración de derechos o garantías constitucionales (lo que la convertiría en prueba ilícita); por tanto, se admite la posibilidad de convalidación o subsanación (ofrecer dicha prueba nuevamente durante el proceso cumpliendo las formalidades de ley), salvo que, como ya se dijo, la irregularidad conlleve la violación de derechos o garantías del imputado. En cuanto a la ilicitud de la prueba (que no es lo mismo que su ilegalidad), existe como regla de exclusión, la prohibición de admisión y de valoración de las pruebas obtenidas, directa o indirectamente con vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas (detención ilegal, tortura, violación a la intimidad del domicilio, etcétera). En este caso, a diferencia de los supuestos de pruebas irregulares, la prueba ilícita no admite convalidación o subsanación. Tiene ilustrativa aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 62/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DICTAMEN PERICIAL OFICIAL. EL EMITIDO PERO NO RATIFICADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PREVIA, CONSTITUYE PRUEBA IMPERFECTA, NO ILÍCITA, PARA EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el criterio sustentado en las tesis aisladas números 1a. LXIV/2015 (10a.) y 1a. XXXIV/2016 (10a.), (1) respectivamente, en cuanto a que el artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales que exime al perito oficial de ratificar sus dictámenes viola el principio de igualdad procesal; sin embargo, al constituir prueba imperfecta, no ilícita, es susceptible de ser ratificado a través de la reposición del procedimiento, en su caso. En efecto, la diligencia de ratificación de dictamen pericial oficial a que se refiere dicho precepto, está referida a la etapa de juicio y no a la de averiguación previa; pero ello no significa que los dictámenes rendidos en la etapa de investigación ante el Ministerio Público no puedan ser ratificados ante el juzgador para ser perfeccionados como prueba de cargo válida. Bajo ese entendimiento y tratándose del dictado del auto de formal prisión, de conformidad con el artículo 19 constitucional, aplicable al sistema procesal mixto, basta que la etapa de averiguación previa arroje "datos bastantes" para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del acusado para el dictado del auto de formal prisión, lo que implica que el estándar de valoración probatoria por parte del juzgador es menor al que se encuentra obligado para dictar la sentencia definitiva; de ahí que no se requieran, en un primer momento, elementos probatorios perfectos para sustentar el auto de término constitucional. Consecuentemente, el dictamen pericial oficial no ratificado aportado en la etapa de averiguación previa debe ser valorado como dato-indicio en dicha resolución; por lo que no constituye prueba ilícita, toda vez que deberá ser ratificado en la etapa de instrucción del juicio penal para ser perfeccionado, a efecto de que pueda otorgársele valor probatorio pleno en la sentencia definitiva". Así como, las siguientes tesis aisladas: "PRUEBA ILÍCITA Y PRUEBA CON DEFICIENCIA FORMAL O IRREGULAR. SUS DIFERENCIAS. La irregularidad en el desahogo de una prueba por no cumplir con las formalidades de la ley procesal, no determina necesariamente su carácter de inutilizable, al no impedir su potencial reiteración o corrección futura, siempre que dicha anomalía meramente formal no conlleve, a su vez, una vulneración sustancial de derechos o prerrogativas constitucionales (lo que la convertiría en prueba ilícita); por tanto, en este caso, se admite la posibilidad de convalidación, perfeccionamiento o repetición (por ejemplo, ofrecer dicha prueba nuevamente durante el proceso, ratificada o justificada cumpliendo las formalidades de ley), salvo que, la irregularidad conlleve la violación de derechos o garantías del imputado. En cambio, en cuanto a la ilicitud de la prueba (que no es lo mismo que su simple deficiencia formal o irregularidad), existe como regla de exclusión, la prohibición de admisión y de valoración de las pruebas obtenidas, directa o indirectamente con vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas (detención ilegal, tortura, violación a la intimidad del domicilio, etcétera). En este caso, a diferencia de los supuestos de pruebas obtenidas irregularmente, exclusivamente desde una perspectiva formal subsanable, la prueba ilícita no admite convalidación. Además, su exclusión alcanza no sólo a la prueba obtenida directamente con vulneración de un derecho fundamental, sino también a las posteriores pruebas cuya obtención deriva de la considerada ilícita, salvo las excepciones legal y jurisprudencialmente previstas; esto es, lo que se conoce como la doctrina de "los frutos del árbol envenenado", clasificación en la que no encuadran las pruebas señaladas como irregulares por haber sido inicialmente obtenidas e incorporadas a la causa penal sin ajustarse al procedimiento formal establecido en la ley, pero perfeccionadas o reiteradas por no haber sido calificadas de ilícitas (con violación de derechos fundamentales)". "PRUEBA ILÍCITA Y PRUEBA IMPERFECTA. SUS DIFERENCIAS. Entre las pruebas cabe distinguir las denominadas ilícitas, de aquellas otras imperfectas, consideradas las primeras, genéricamente, como las obtenidas o incorporadas al proceso penal en transgresión a los derechos fundamentales, a saber: la vida, integridad, libertad, inviolabilidad del domicilio y defensa, a diferencia de las que se practicaron irregularmente, al haber omitido una formalidad procesal que les es propia. Dada su distinta naturaleza, igualmente producen efectos diversos, pues mientras la prueba ilícita da lugar a aplicar el principio de exclusión, la imperfecta deja de cumplir con la finalidad de las formas, que es dotar de certeza y seguridad jurídica a los actos procesales; en consecuencia, carece de una exigencia para otorgarle valor, pero es susceptible de ser perfeccionada en una potencial reposición. Luego, sin descuidar el posible efecto que sobre otras actuaciones ejerza la prueba imperfecta, también debe diferenciarse de las evidencias condicionadas por una prueba ilícita, pues así como la que le da origen, resultan contaminadas y, en consecuencia, habrán de anularse. Hipótesis que no se actualiza, por ejemplo, cuando el dictado de la orden de aprehensión se sustenta, entre otras pruebas, en las declaraciones de las víctimas y en una diligencia de reconocimiento de una persona por medio de una fotografía practicada por segunda vez, en virtud de haberse concedido anteriormente para efectos el amparo, que consideró imperfecta la primera diligencia, pues cumplida la ejecutoria, el nuevo acto reclamado se emite como si el nulificado no hubiera existido, es decir, sin considerar la prueba imperfectamente practicada y se erige sobre pruebas enteramente desligadas de las que fundamentaron el primigenio; en consecuencia, las recabadas para identificar a uno de los partícipes del delito no deben excluirse sin el correspondiente análisis. De lo que habrá de concluirse la inoperancia de la regla de exclusión en la prueba imperfecta, cuya práctica irregular tampoco trasciende de manera sustantiva al contenido de las declaraciones de las víctimas, lo que determina la inaplicación de la teoría de los frutos de actos viciados. Consecuentemente, el juzgador deberá atender al principio de contradicción, confrontando esas evidencias con el resto del material de cargo, en resguardo del derecho del quejoso de que se ponderen con el aportado con fines de descargo, considerando que es suficiente que la etapa arroje datos bastantes, por exigirse un nivel de valoración menor al que se encuentra obligado para dictar sentencia definitiva". Ahora bien, de la audiencia de vinculación a proceso, se desprende que la defensa del hoy quejoso solicitó la nulidad de los siguientes actos procedimentales: a) El registro con data ocho de noviembre de dos mil diecinueve, relativo a la intervención del agente de Investigación Criminal José Eduardo Soto Andrade, respecto la ministración del nombre de personas a efecto de practicar la técnica de reconocimiento de personas, con características físicas similares a la media filiación del imputado ahora quejoso. Ahí se mencionó que las personas seleccionadas para tal ejercicio fueron Mario Torres García, Enrique Ayala González y José Ramírez Rocha. El defensor consideró que en tal registro se mencionó el nombre o identidad de las personas, pero que se omitió identificar tanto al elemento de la corporación policiaca como a quienes participarían en la técnica de investigación denominada reconocimiento de personas, habida cuenta que no se dejó constancia de su identificación; que el referido elemento tampoco estampó su firma. b) El registro con fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, concerniente a la notificación -al imputado-, sobre la práctica de la técnica de investigación en comento, lectura de derechos, requerimiento y designación de defensor. Con relación a este acto procedimental el defensor alegó que es ilegible; y, c) El registro relativo al acta de reconocimiento de personas, con fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en la barandilla de "Cepol Norte" de esta ciudad, donde se estableció que en la fila de reconocidos participaron, además del imputado, Juan Carlos Vázquez Rodríguez, Enrique Ayala González y José Ramírez Rocha. También se mencionó que fue presente la licenciada Juana Ivonne García Almanza, designada como defensora particular por el imputado. Que una vez que fueron puestos a las vista del ofendido Luis Fernando Domínguez Rogel, reconoció al imputado por las entradas, estatura y el cabello ondulado, como uno de los sujetos que participó en los hechos objeto de investigación en la carpeta de origen; acta que fue firmada por todos los que intervinieron, incluyendo a la defensora del imputado. Con relación a este registro el defensor discutió que se omitió agregar o mencionar con qué se tuvo por identificados a cada uno de los participantes en la técnica de investigación. Que no obra dato ni constancia de que haya estado presente la defensora particular licenciada Juana Ivonne García Almanza. Que en el primer registro cuestionado se mencionó que el elemento de la Agencia de Investigación Criminal proporcionó el nombre de tres personas para participar en la fila de reconocidos; pero de esos tres nombre solo dos son coincidentes con los asentados en el registro del acta relativa al reconocimiento de persona. Por tanto, que debía declararse la nulidad de los tres reseñados actos procedimentales. Argumentó, en esencia, que conforme al numeral 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tanto el Ministerio Público como la Policía deben dejar registro de todas sus actuaciones en especial alguna técnica de investigación e inclusive establece que utilizando cualquier medio para tal efecto. Que el llevar el registro tiene tres efectos cualitativos que dotan de legalidad y certeza a los actos a fin de que se puedan constatar que la información sea completa, íntegra y exacta; lo que en la especie no se cumplió. Por su parte, en la propia audiencia de imputación, en uso de la voz, la ministerio público adujo que carecía de sustento jurídico lo alegado por el defensor; con relación al primero de los registros cuya nulidad solicitó la defensa del imputado, mencionó que es innecesario que obre constancia de identificación del agente de Investigación Criminal José Eduardo Soto Andrade, porque pertenece a la institución que investiga el hecho; además, que obra la firma de la fiscal investigadora. Con relación al segundo de los documentos tildados de nulos por el defensor, la agente del Ministerio Público expresó que sí es legible, incluso refirió lo que se asentó como expresión del imputado, en el sentido de que este señaló que tenía como abogados particulares a José Antonio Ortega y a Juana Ivonne García Almanza. Con relación al tercer registro cuestionado relativo a la técnica de investigación de reconocimiento de personas, la fiscal argumentó que sí están identificados porque obran los nombres, domicilios y características físicas de los que participaron en la fila de reconocidos; asimismo, obra el nombre y domicilio de la defensora particular a quien conoce porque sabe que desde hace algunos años se desempeña como abogada en asuntos en los que participa esa fiscalía; incluso la fiscal mencionó un registro cédula profesional perteneciente a esa profesionista. Además, que obra la firma de todos los que intervinieron en el desahogo de la técnica de investigación en comento. Luego del debate, el juez de control consideró lo siguiente: -Que por la información recibida en la audiencia de imputación podía colegir que el imputado designó como defensora particular a **********; que esta abogada estuvo presente en el desahogo de la técnica de investigación concerniente al reconocimiento de personas, solo que no se asentó la forma ni el medio con qué se identificó. -Que el hecho de que en la fila de reconocidos haya participado, además del imputado, una persona distinta a las tres que inicialmente se habían designado acorde a la información que proporcionó el elemento de Investigación Criminal José Eduardo Soto Andrade a la fiscal investigadora, constituye una irregularidad que no trasciende al resultado. -Que no se discutió que el conocente fuera persona distinta a la víctima; tampoco que las personas que conformaron la fila de reconocibles, no coincidían en características físicas con el imputado. -Que los vicios o defectos que atribuye el defensor a los actos procedimentales cuya nulidad solicita, son netamente formales; que además la defensora particular en su momento omitió formular oposición por alguna irregularidad, por tanto, que tales actos se deben tener por convalidados por las partes; habida cuenta que los vicios destacados dan lugar a un dato de prueba irregular pero no ilícito porque no se obtuvieron con infracción de derechos humanos del imputado. -Aunado a que la ilicitud de una prueba no es lo mismo, que su deficiencia formal. -Existe como regla de exclusión, la prohibición de valoración de pruebas obtenidas directa o indirectamente de violación a derechos fundamentales, la cual no admite convalidación. -Asimismo, se debe atender al deber de lealtad y buena fe que le asiste al Ministerio Público, con lo cual se debe considerar que fue la víctima ********** quien hizo reconocimiento cuestionado. Determinación que se estima apegada a derecho, por los motivos siguientes: En efecto, no asiste razón a la parte quejosa pues el hecho de que el fiscal investigador incumpla con el requisito que prevé el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en dejar un registro en el que se recabe la identificación de todos los que intervienen en cada acto de investigación -como ocurrió en la especie-, constituye un dato de prueba imperfecto, no ilícito. Ello es así, porque los datos de prueba cuya nulidad demandó el defensor particular fueron recabados sin transgredir algún derecho fundamental del imputado hoy quejoso, como lo es la vida, integridad, libertad, inviolabilidad del domicilio, defensa. Solo que el fiscal investigador, al momento de recabarlos, omitió dar cumplimiento a lo que prevé el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, recabar su identificación. Por tanto, se considera que esa omisión no da a lugar a calificar el dato de prueba de ilícito, sino de imperfecto. De ahí que, al ser un dato de prueba imperfecto, el mismo no es inutilizable, por admitir convalidación en términos de lo establecido por el artículo 100 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como acertadamente lo ponderó el juez de la causa. Por lo que, los datos de prueba en mención, son susceptibles de ser analizados por la juez de control. Cuanto más, que en la etapa en que se encuentra la causa penal de donde derivó la vinculación a proceso, no se necesita prueba formalizada. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016 determinó lo siguiente: -Que el nuevo sistema de justicia penal cambia las exigencias para la legal apertura del periodo de investigación, ya que no exige la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado; ahora, el auto de vinculación a proceso solo exige contar con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el hecho, por el cual se seguirá la investigación, evitando la presentación de pruebas formalizadas durante la primera etapa de investigación del procedimiento, buscando con ello que se mantenga la objetividad e imparcialidad dentro de la etapa de investigación. -Destacó que la diferencia entre la conformación del artículo 19 constitucional antes y después de la reforma (de dos mil ocho) estriba en que, en el anterior sistema resultaba necesario "acreditar" el cuerpo del delito y la probable responsabilidad para que una persona pudiera ser sometida a un proceso penal. En contraposición, en el nuevo sistema, para vincular a una persona y someterlo a una investigación formalizada, se debe "establecer", a partir de los datos referidos por el Ministerio Público (de acuerdo con el Código Nacional serán datos de prueba) que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. -Señaló que anteriormente, para el dictado del auto de formal prisión se requería el "acreditamiento" del cuerpo del delito, ello implicaba, por un lado identificar el ilícito o ilícitos (desde luego precisando los elementos típicos que la conforman) por los que se seguiría el proceso, así como su plena acreditación. En cambio, en el nuevo sistema, la disposición constitucional contempla un ejercicio distinto, a partir del cual se deberá "establecer", a partir de los datos, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito. -Precisó que en el sistema penal acusatorio oral, se busca un sistema de justicia de corte garantista, que fomente, entre otras cosas, el acceso a la justicia penal de los imputados, quienes durante las distintas fases del procedimiento deberán ser considerados como inocentes, hasta que se dicte sentencia firme en su contra; así, para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. -Lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación, se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí, -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De la anterior ejecutoria, derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". Por tanto, es evidente que la técnica de investigación relativa al reconocimiento de persona en la que la víctima reconoció al imputado como uno de los copartícipes de los hechos investigados, al igual que los actos tildados de nulos por el defensor del imputado, sí son susceptibles de ser tomados en cuenta por el juez de control, pues si bien constituyen datos de prueba imperfectos, fueron convalidados y por tanto con eficacia probatoria para la fase procesal en que se encuentra el asunto de origen; máxima que en la etapa en la que se dictó el acto reclamado, no es necesario que el Ministerio Público aporte pruebas formalizadas. Además, como acertadamente lo sostuvo el juez responsable, la certeza de que tanto el ofendido como los demás intervinientes que se mencionan en el registro del acta de reconocimiento de personas, son quienes participaron en esa diligencia y no otras, se garantiza con el principio de lealtad procesal que rige la actuación del Ministerio Público, conforme a lo establecido en el artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ciertamente, del referido precepto legal 128, se obtiene que la representación social está obligada a obrar con absoluta lealtad para con el imputado y su defensor durante todas las etapas del procedimiento. La regla de conducta procesal en cita, implica que todas las actuaciones del Ministerio Público gozan de esa presunción de lealtad, salvo la existencia de datos que objetivamente anulen o hagan dudar de tal presunción. Luego, si de las constancias del sumario natural no se advierte dato alguno que razonablemente permita dudar de la lealtad con que debe conducirse la fiscalía en las actuaciones de la investigación, entonces es inconcuso que con base en dicho principio -lealtad y buena fe-, el juez debe otorgar, tal como lo hizo en el acto reclamado, credibilidad y certeza a lo actuado por la fiscalía en los términos que esta lo expone. De ahí que resulte infundado el motivo de disenso sobre el tema en trato. Tanto más que la entonces defensora particular del imputado -profesionista que asistió al hoy quejoso en el desahogo de la técnica de investigación relativa al reconocimiento de personas-, fue omisa en expresar alguna inconformidad con relación a la identidad del ofendido reconocente, o algún otro sujeto integrante de la fila de reconocidos; circunstancia que en sí, lleva a concluir que la defensa implícitamente reconoció la lealtad en el actuar de la representación social respecto a la identidad de los participantes en dicha diligencia. En ese orden, no asiste razón a la parte quejosa, cuando aduce que no es procedente sostener de forma razonada ni en grado de suposición, que el imputado José Luis García Fernández ha participado en los hechos que la fiscalía le atribuye. Ello es así, pues como acertadamente lo ponderó el juez responsable, los datos de prueba que incorporó el Ministerio Público, permiten establecer que existe la probabilidad que el imputado ********** cometió los hechos que la ley señala como delitos de robo calificado, contemplado en el artículo 191, fracción II, con relación al 194, fracciones I, VI, y con los diversos 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, en agravio de **********; robo de ganado, previsto por el artículo 194-a, en relación con los numerales 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, en agravio de **********; y de privación de la libertad, previsto por el artículo 169, con relación al 172, fracciones I y IV, 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, en agravio de **********; todos los artículos de Código Penal para el Estado de Guanajuato. Lo anterior encuentra sustento con la entrevista por parte del ofendido **********, quien narró las circunstancias y mecánica de los hechos ocurridos el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, alrededor de las dieciocho horas con treinta minutos, sobre la carretea Celaya-Querétaro, a la altura de la gasolinera "Las Brujas", ubicada en la comunidad "Tenango el Muerto", municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, cuando tres sujetos armados -con armas de fuego tipo ametralladoras cortas-, lo desapoderaron del dinero que llevaba consigo, del vehículo de motor torton, de los animales porcinos que transportaba hacia el Estado de México y lo privaron de la su libertad. Además, en tal entrevista señaló la media filiación de uno de sus agresores, una de las cuales coincide con la del imputado, a quien reconoció en la técnica de investigación correspondiente. Lo que precede, se enlaza de manera circunstancial con la diversa entrevista y denuncia del a cargo de **********, quien mencionó ser propietario tanto del vehículo de motor marca **********, tipo torton, modelo 1991, como de los porcinos objeto del robo; así como con el reporte de robo presentado ante la fiscalía del estado, bajo el número de folio de autorización **********. Lo que se adminicula con el avance de investigación 1713/AIC/2019, suscrito por la elemento de la Agencia de Investigación Criminal **********, en el que mencionó que con motivo de los hechos denunciados, tuvo conocimiento de una persona del género masculino detenido en la ciudad de Celaya, Guanajuato, quien fue puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público bajo el número de carpeta de investigación 116792/2019, con motivo de la ejecución una orden de cateo ejecutada en el domicilio conocido como Parque Acuático "**********", sito en Rincón de Tamayo Canoas, segundo retorno de Ignacio Camargo ciento veintidós, en Villa del Rocío de Celaya, Guanajuato; que el detenido es **********; que a dicho sujeto le fueron asegurados ocho vehículos de motor, entre otros, el reportado como robado por **********. Lo que se corrobora con el dato de prueba relativo a la técnica de investigación de reconocimiento de persona de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en la que **********, señaló y reconoció al hoy quejoso como uno de los participantes en los hechos que son materia de investigación en la carpeta de origen. De ahí que este juzgador considera legal la resolución del juez de control, pues como se expuso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, determinó que para el dictado de la vinculación al proceso, solo es necesario que obren datos de prueba que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la posibilidad de que el imputado lo cometió, asimismo, destacó que se entenderá que obran datos para establecer lo anterior, cuando existan indicios razonables que así lo permitan suponerlo. Luego, si en el caso el juez de control ponderó que los datos de prueba de la fiscalía constituyen indicios razonables que permiten suponer que el hoy quejoso cometió los ilícitos imputados, es evidente que su actuar es apegado a derecho y a las formalidades previstas para el dictado de un auto de vinculación a proceso, pues este juzgador considera que el juez de control se ajustó a los principios que rigen el debido proceso legal, esto es a los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además, no se alteraron los hechos fácticos presentados por la fiscalía, no existe infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. Ello es así, pues como se precisó en líneas que anteceden, en la etapa inicial del procedimiento penal únicamente se requiere que existan datos de prueba que permitan suponer que existe la probabilidad que el imputado cometió el hecho que la ley señala como delito. En sustento de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1ª. J/ 28/2020, de rubro y texto: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia". También es aplicable la tesis I.7o.P.83 P (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 986, libro 44, julio de 2017, tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino basta con que el Juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio; luego, si "la oralidad" constituye el instrumento que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, es incuestionable que los juzgadores deben dirimir verbalmente los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en la audiencia respectiva, fundada y motivadamente, el sentido de sus resoluciones, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la videograbación en la que se registra el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto aludido; de ahí que si éste se reclama en el juicio de amparo indirecto, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; por consiguiente, el ejercicio de ponderación corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato de prueba idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación; no así al órgano de control constitucional, toda vez que el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado." De ahí que no asista razón al quejoso cuando refiere, que se violentó en su perjuicio el debido proceso, habida cuenta que se han respetado a cabalidad las formalidades del procedimiento. A efecto de justificar tal postura, es preciso señalar que el artículo 14 de la carta magna, en su párrafo segundo dice: "Artículo 14. . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Del citado numeral se desprende el derecho fundamental a un debido proceso, el cual, hasta el momento del dictado de la resolución reclamada ha sido acatado, pues de acuerdo con las constancias que integran el presente juicio constitucional, tal como se ha expuesto, se advierte que en la audiencia inicial de formulación de imputación se hizo del conocimiento del imputado la investigación que la fiscalía sigue en su contra. Una vez formulada la imputación, se le dio la oportunidad de declarar al imputado; posteriormente, el agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso, para lo cual expuso los datos de prueba con los cuales estimó que se acreditan los hechos que la ley señala como delitos de robo calificado; robo de ganado y privación de la libertad; mientras que la defensa dio contestación a los datos expuestos por el fiscal y pidió que no se tomaran en consideración esos datos y, por ende, la no vinculación a proceso de su defenso. Después de ello, el juez responsable hizo del conocimiento al quejoso del derecho que tiene para que se le resuelva su situación jurídica en mayor tiempo sí tuviere datos de prueba que aportar a la presente causa penal, a lo que a petición del imputado y defensor se amplió el término para recabar datos de prueba por parte del defensor; después continuó la celebración de la audiencia, en la cual la defensa expuso los datos de prueba que recabó, tildó de nulos por ilícitos algunos datos de prueba, se hizo el contradictorio con la representación social y posteriormente, el juez del conocimiento procedió a emitir la resolución correspondiente, en la que determinó que no ha lugar a declarar la nulidad de algunos datos de prueba porque los vicios atribuidos son meramente formales, por tanto, los consideró convalidados; luego dictó auto de vinculación a proceso, en contra del imputado José Luis García Fernández, básicamente al ponderar que los datos expuestos por la fiscal acreditan el hecho que se le imputa así como la probable intervención de este en su comisión. Además, también se reúnen los requisitos previstos tanto en el artículo 19 constitucional, como en el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para emitir un auto de vinculación a proceso, pues se formuló imputación al inculpado, se otorgó a este la oportunidad para declarar; de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprenden, hasta ese momento, datos de prueba que acreditan que se han cometidos los hechos que la ley señala como delitos de robo calificado, contemplado en el artículo 191, fracción II, con relación al 194, fracciones I, VI, y con los diversos 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, en agravio de Luis Fernando Domínguez Rogel; robo de ganado, previsto por el artículo 194-a, en relación con los numerales 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, en agravio de Jesús Guadarrama Ruiz; y de privación de la libertad, previsto por el artículo 169, con relación al 172, fracciones I y IV, 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, en agravio de Luis Fernando Domínguez Rogel; todos los artículos de Código Penal para el Estado de Guanajuato; y existe la probabilidad de que el imputado los cometió, sin que se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En esas condiciones, quien ahora resuelve estima que hasta el momento en que se dictó la resolución reclamada, no existe violación alguna a las formalidades del procedimiento, ya que se respetó en todo momento el derecho fundamental del debido proceso legal que todo individuo tiene, ello con la finalidad de ser oído públicamente, con justicia por un tribunal previamente establecido y con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos, garantizando su adecuada defensa tal como lo prevé el citado artículo 14 constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". En otro aspecto, la parte quejosa reclama en forma destacada la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Tal determinación es ajustada a Derecho. Es así porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 constitucional vigente, procede esa medida cautelar y la autoridad judicial debe imponerla de manera oficiosa, en los casos en que se vincule a proceso por algún delito cometido con medios violentos como armas y explosivos, entre otros ilícitos. El derecho humano fundamental de la libertad personal de un sujeto válidamente se restringe cuando se trate de alguno de los delitos citados por la disposición constitucional en consulta; por tanto, con base en dicho numeral se justifica la aplicación de la medida cautelar consistente en prisión preventiva, por parte de la autoridad judicial, sin que medie petición alguna al respecto. De ahí que en el caso se justifique que sin abrir debate, la autoridad judicial responsable de oficio impusiera al peticionario de amparo la prisión preventiva oficiosa, pues ciertamente no podía optar por una medida cautelar diversa, ya que al agraviado se le vinculó a proceso por su probable participación en los hechos que se le imputan, considerados como constitutivos de los delitos de robo calificado, contemplado en el artículo 191, fracción II, con relación al 194, fracciones I, VI, y con los diversos 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto; robo de ganado, previsto por el artículo 194-a, en relación con los numerales 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto; y de privación de la libertad, previsto por el artículo 169, con relación al 172, fracciones I y IV, 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto; todos los artículos de Código Penal para el Estado de Guanajuato. Ilícitos sobre los que procede la prisión preventiva oficiosa, en tanto que se trata de injustos cometidos con medios violentos -armas de fuego-, tal como lo prevé el numeral 19 constitucional. Cabe destacar que para imponer la prisión preventiva al quejoso de manera oficiosa no debe tomarse en consideración el objeto o la finalidad de la medida cautelar, ni tampoco se requiere que esté plenamente probado el hecho delictivo, ya que en el sistema acusatorio basta con que estos se acrediten de manera preliminar, solo con los datos de prueba que al efecto expongan las partes. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita, en contra de los actos reclamados. SEXTO. Notificación. En términos del artículo 11, fracción I del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, al clasificarse el presente asunto como urgente, notifíquese personalmente esta sentencia de inmediato. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a **********, en contra de los actos reclamados al juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base en Apaseo el Grande, Guanajuato, precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el penúltimo considerando.

  4. Principal

    Por recibido el escrito que firma Pedro Ordoñez Jamaica, en su carácter de defensor particular del quejoso José Luis García Fernández; en el cual solicita que el presente asunto sea resuelto en la prontitud posible. En atención a su contenido, dígasele que en términos del ACUERDO GENERAL 13/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19, tan pronto lo permitan las labores de este juzgado federal, se dictará la resolución que en derecho proceda. Fórmese cuadernillo provisional para glosar el presente acuerdo junto con la promoción y anexo de cuenta, para que, en el momento procesal oportuno, sin ulterior acuerdo, sean agregados al juicio de amparo 276/2020.

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