José Luis García Núñez
Expediente 135/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 135/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 20/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Alberto Bravo García
- José Luis García Núñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Causa ejecutoria Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de trece de septiembre del año en curso, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento y por otra se negó el amparo en el presente juicio, no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las autoridades responsables para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer y negar la protección constitucional en el presente juicio; por tanto, la resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis XI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 432, tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187396, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO RELATIVO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LO AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL. De lo dispuesto en los artículos 5o., 83, último párrafo, 87, primer párrafo, y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el recurso de revisión sólo puede interponerse por la parte a quien causa perjuicio la resolución que se recurre. En tal sentido, al ser los recursos medios de impugnación que puede ejercer la persona agraviada por una resolución para poder obtener su modificación o revocación, se concluye que la legitimación para impugnar las resoluciones y excitar la función jurisdiccional de una nueva instancia, deriva no solo de la calidad de parte que se ha tenido en el juicio de amparo, sino, además, de que la resolución combatida le cause un agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicio. Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) de la disposición administrativa en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se sobreseyó y se negó la protección de la justicia federal solicitada, debiéndose conservar la demanda, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, la determinación relativa al otorgamiento de la suspensión de plano y el presente proveído que ordena el archivo del asunto como concluido. Sin glosarse incidente dado que no fue tramitado. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales por no haberse exhibido por las partes.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA Celaya, Guanajuato, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 135/2021 del índice de este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, promovido por ************* a favor de ************, en contra de actos del juez Tercero de Control y de juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con sede en Tlaxcala, Tlaxcala y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido por el secretario de guardia el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno (fojas 1 a 5), ************* a favor de *************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del juez Tercero de Control y de juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con sede en Tlaxcala, Tlaxcala y otras autoridades, que hizo consistir en: "V.- ACTO RECLAMADO: De las autoridades señaladas como ORDENADORAS reclamo LA SEGREGACIÓN, TRASLADO A OTRO CENTRO PENINTENCIARIO Y LA SUPUESTA ORDEN DE APREHENSIÓN GIRADA EN CONTRA DEL QUEJOSO *********** Y DE LAS EJECUTORAS LA MATERIALIZACIÓN QUE PRETENDEN HACER DE LOS ACTOS RECLAMADOS." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 6, 7, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, esta potestad registró la demanda con el número 135/2021; concedió la suspensión de plano por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en la segregación o incomunicación (fojas 6 a 9). Mediante diligencia de notificación de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al directo quejoso **************, ratificando la demando, pero únicamente por los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y la orden de traslado a otro centro penitenciario (foja 199). TERCERO. Por auto de diecisiete de marzo del presente año, esta potestad, en virtud de lo manifestado por el directo quejoso, tuvo por no presentada la demanda de amparo en relación a los actos consistentes en la incomunicación y segregación, dejando sin efectos las medidas decretadas; por otra parte, desechó la demanda respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado, únicamente se admitió a trámite en relación a la orden de aprehensión; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; se tuvo con el carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público que intervino en el proceso penal del cual deriva el acto reclamado; así como a las víctimas ***********, de quienes se ordenó su emplazamiento, por conducto de la responsable, lo cual así hizo (fojas 213 y 214); y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Por auto de siete de abril de dos mil veintiuno, se tuvo como autoridad inexistente a la que se denominó como "fiscal de la Fiscalía de Mandamientos y Cumplimientos Judiciales en Tlaxcala", suspendiéndose toda comunicación con la misma (foja 158). Finalmente, la audiencia constitucional dio inicio al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/20131 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues la resolución reclamada puede tener ejecución material en esta ciudad, lugar donde se encuentra interno el directo quejoso; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como actos reclamados: 1. La resolución de veinticinco de abril de dos mil veinte, dictada dentro de la causa penal *********** del índice del Juzgado Tercero de Control y de juicio 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con sede en Tlaxcala, Tlaxcala, en la que decreta orden de aprehensión en contra del quejoso por el hecho que la ley señala como robo calificado, previsto y sancionado en los artículos 321, 323, fracción III, 328, fracciones I y III, y 329 fracción VI del Código Penal para el Estado Libre y Soberado de Tlaxcala. 2. La ejecución de la resolución reclamada. Las autoridades señaladas como responsables son: 1. Juez Tercero de Control y de juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con sede en Tlaxcala, Tlaxcala. 2. Director del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato. 3. Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Celaya. 4. Juez de Control y de Juicio Oral del Sistema Procesal Penal Acusatorio en Atizaco, Tlaxcala. 5. Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sede en la Ciudad de México. 6. inspector general encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, con sede en Tlaxcala. 7. Procurador General de Justicia en el Estado de Tlaxcala. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato (foja 33) y el juez Séptimo de Control y de Juicio Oral, del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en representación de los jueces de control y de Juicio Oral del Sistema Procesal Penal Acusatorio en Atizaco, Tlaxcala (foja 34), al rendir sus respectivos informes en relación a la suspensión de plano decretada, negaron los actos reclamados, incluyendo la orden de aprehensión impugnada. Por su parte, el director de lo contencioso de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, en representación de la presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado (fojas 185 a 187), negó la orden de aprehensión reclamada. Sin que la parte quejosa desvirtuara tales negativas. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, por inexistencia del acto reclamado a tales autoridades señaladas como responsables. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, materia común, correspondiente a la Sexta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La juez Tercero de Control y de juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con sede en Tlaxcala, Tlaxcala (foja 50); el inspector general encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala (foja 130); el procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 161); y el director del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato (fojas 192 y 193), al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les reclama, en el ámbito de su competencia; en consecuencia, deben tenerse por cierto tales actos, pues las manifestaciones de las autoridades responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que acompañaron la responsable jueza Tercero de Control y de juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con sede en Tlaxcala, Tlaxcala a su informe justificado, relativa a la copia autentica de la causa penal *********** de las que se advierte la resolución reclamada; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y tratarse de constancias relativas a un juicio penal tramitado ante autoridad jurisdiccional. QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias exhibidas por las autoridades responsables, se desprende: 1. Mediante oficio 54/2020 de veinticuatro de abril de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público adscrita al departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, solicitó por escrito al juez de Control y de Juicio Oral en Turno del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer Tlaxcala, Tlaxcala, girara la correspondiente orden de aprehensión en contra del quejoso, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 321, 322, 323, fracción III, 328 fracciones I y III, y 329, fracción VI, en relación con los numerales 14, 16, fracción I, 17 fracción I, 18, párrafo primero, y 21 fracción III, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala (fojas 134 vuelta a 145). 2. En fecha veinticinco de abril de dos mil veinte, se tuvo por recibida tal petición de orden de aprehensión, la cual se registró bajo el número **********, y en esa misma fecha el juez Tercero de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer de Tlaxcala, Tlaxcala, libró la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, por el hecho que la ley prevé como delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 321, 323, fracción III, 328 fracciones I y III, y 329, fracción VI, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala (fojas 146 a 157). La resolución anterior y su ejecución, constituyen los actos reclamados en el presente juicio de amparo. Toda vez que no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia y al no haberse formulado por las partes, se procede al estudio del fondo del asunto. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación, sin que este juzgador federal advierta deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En el presente asunto opera la suplencia de la queja a favor del quejoso, con base en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del indiciado en la causa penal ********** del Juzgado Tercero de Control y de juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con sede en Tlaxcala, Tlaxcala. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación emitida por el Juzgado responsable se encuentra ajustada a Derecho, como más adelante se expondrá. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo3, la suplencia de la 3 "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: . deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. (.)". obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano del quejoso. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.)4, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Así como la tesis 8o.1P (10a.)5, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. ATENTO AL ARTÍCULO 79, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2016, ES INNECESARIO EXPRESAR EN LA SENTENCIA EL ESTUDIO OFICIOSO DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO, LA RESPONSABILIDAD PENAL, LA NO EXISTENCIA DE EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD O LA GRADUACIÓN DE LA PENA, SI ELLO NO REPORTA NINGÚN BENEFICIO AL QUEJOSO. El precepto mencionado establece que la suplencia de la queja deficiente se expresará en las sentencias cuando el 4 Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 44, julio de 2017, tomo I, página 263. 5 Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 44, julio de 2017, tomo II, página 1068. estudio oficioso respectivo derive de un beneficio. Ahora bien, la interpretación de la porción normativa en cuestión denota la intención del legislador de detener la añeja práctica que realizaban los tribunales de amparo, los cuales se sustituían a las facultades de las autoridades judiciales ordinarias, analizando directamente cuestiones relativas a la acreditación de los elementos del cuerpo del delito, la responsabilidad penal, la no existencia de excluyentes de responsabilidad o la graduación de las penas, aun cuando ello no implicara algún beneficio para el quejoso. Entonces, si a pesar del estudio oficioso que involucra la suplencia de la queja, éste no se traducirá en ningún beneficio a favor del quejoso, no existe obligación del tribunal de amparo de expresar textualmente ese análisis en la sentencia respectiva." Cabe precisar que en el presente amparo no se realizará el estudio de los conceptos de violación expuestos en contra de la orden de traslado, en virtud de que en relación a tal acto se desechó la demanda de amparo. Ahora bien, en esencia, en los conceptos de violación se aduce, en esencia, que se viola en perjuicio del quejoso las garantías reconocidas en los artículos 1, 14, 16, 18, 21 y 22 constitucionales. Conceptos de violación que es infundado. En primer lugar, debe decirse que la resolución reclamada, a consideración del suscrito, no es violatoria de los artículos constitucionales citados, pues no existe violación al procedimiento en la emisión de la orden de aprehensión sujeto a estudio, y para lo cual, es necesario remitirnos a lo que prevén los artículos 141 párrafos primero al cuarto, 142 y 1436, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 6 "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o El primero de los citados artículos prevé que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, y el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: a) Citatorio al imputado para la audiencia inicial; b) Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna; y, c) Orden de aprehensión, cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela. Lo que permite concluir que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto. Por su parte, el artículo 142 ya precisado, establece la forma en que está autorizado por ley solicitar la orden de aprehensión por parte de la fiscalía, esto es: a) Por cualquier medio que garantice su autenticidad; y, b) Audiencia privada ante el juez de control. Y por cuanto hace al artículo 143 del ordenamiento de la materia, prevé la forma en que el juez de control deberá resolver la solicitud de orden de aprehensión hecha por la representación social, la cual atenderá a las condiciones legales que preceda a dicha solicitud, e incluso, la forma en que se realice dicha solicitud, es decir: En audiencia, si es peticionada dentro de la misma; o, Por medios informáticos o escrito, si es por esa vía, y en caso de ser uno diverso al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. En el caso concreto se puede observar que el Ministerio Público optó por solicitar por escrito la orden de aprehensión respectiva, bajo el argumento de necesidad de cautela, dada la pena máxima del delito, la cantidad robada, el modo tendiente a delinquir (por contar con antecedentes penales), que cuenta con domicilio fuera del estado de Tlaxcala, lo cual le facilita sustraerse de la acción de la justicia, por no tener arraigo dentro del territorio del citado estado, motivos que consideró suficientes para la solicitud de aprehensión de mérito. Sin que sea óbice el hecho de que dicha solicitud la haya hecho por escrito, pues como quedó precisado líneas precedentes, los artículos 141, fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén que las solicitudes, entre otras, de órdenes de aprehensión deben resolverse por el juez de control con la debida secrecía, ya sea en audiencia privada, con el uso de sistemas informáticos o por cualquier medio que garantice su autenticidad (por escrito) sin que para su dictado deba mediar la participación del interesado (audiencia oral), según puede inferirse de dichos preceptos. De ahí que si el juez responsable ordenó la aprehensión del imputado en forma escrita, ante la necesidad de cautela previamente expuesta por la fiscalía, bajo presupuestos esenciales, como era la pena que prevé el delito de robo calificado que se le imputa, que no tiene arraigo en el estado de Tlaxcala, siendo que cuenta con un domicilio en la Ciudad de México, a los antecedentes penales que tiene pendientes y a la prisión preventiva oficiosa que se le impondría, no transgrede los principios de oralidad e inmediación que rigen al sistema penal acusatorio, al estar justificada aquella, en sus propios términos; máxime que para la emisión de una orden de aprehensión es innecesario que exista cita previa u orden de comparecencia, si la necesidad de cautela, como aquí se demuestra, está justificada. Orienta lo anterior, la tesis XXXII.2 P (10a.), sostenida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, consultable en la página 2409, del libro 59, octubre de 2018, tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA DECRETADA POR EL JUEZ DE CONTROL POR EL SISTEMA INFORMÁTICO, NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE ORALIDAD E INMEDIACIÓN QUE LO RIGEN, SI EXISTE NECESIDAD JUSTIFICADA DE CAUTELA.- Los principios de oralidad e inmediación que rigen el sistema procesal penal acusatorio y oral, contenidos en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan que todas las audiencias serán orales y deberán desarrollarse en presencia del órgano jurisdiccional y de las partes que deban intervenir en ellas, sin posibilidad de delegar a diversa persona la admisión, desahogo o valoración de pruebas, y la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Por su parte, los artículos 141, fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén que las solicitudes, entre otras, de órdenes de aprehensión deben resolverse por el Juez de Control con la debida secrecía, inclusive, con el uso de sistemas informáticos, sin que para su dictado deba mediar la participación del interesado (audiencia oral), según puede inferirse de dichos preceptos. Por tanto, si el Juez de Control ordena la aprehensión del imputado por cualquier medio que garantice su autenticidad, como puede ser el sistema informático, cuando existe necesidad justificada de cautela por haber evidencia de la posibilidad de que se evada a la acción de la justicia, no transgrede los principios citados, pues acorde con el marco legal aludido, es innecesario, que en esos casos, exista cita previa u orden de comparecencia". Así como las diversas tesis números XXVII.3o.79 P (10a.) de febrero de dos mil diecinueve7 y I.6o.P.86 P (10a.) de septiembre de dos mil diecisiete8, emitidas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, respectivamente, con rubros y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. CASO EN QUE SE JUSTIFICA LA NECESIDAD DE CAUTELA PARA SU EMISIÓN, AL EXISTIR LA POSIBILIDAD DE QUE EL INCULPADO SE EVADA DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, ANTE LO ELEVADO DEL MONTO DE LA CONDENA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO.- Cuando la pena pública de la reparación del daño constituye una cantidad exorbitante, es legal estimar que se generaría una actitud negativa en el ánimo del sujeto activo, es decir, que se abstuviera de comparecer voluntariamente para someterse a proceso ante el órgano jurisdiccional y, de esa forma, sustraerse de la acción de la justicia, por lo que se justifica la emisión de una orden de aprehensión. Esto, porque la posible condena de dicha pena al imputado 7 Registro 2019170, Tesis XXVII.3o.79 P (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, tomo II, Décima Época, página: 3140. 8 Registro: 2015204, Tesis I.6o.P.86 P (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 46, septiembre de 2017, tomo III, Décima Época, página: 1943. permite considerar que el exorbitante monto de la reparación del daño, así como el hecho de que aquél haya viajado al extranjero y cuente con pasaporte vigente, a pesar de tener un domicilio habitual fijo, son razonamientos suficientes para justificar que existe la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia y, por ello, es necesario dictar la orden de aprehensión, al actualizarse la hipótesis contenida en la fracción III del artículo 141, en relación con el diverso numeral 168, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales." "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia." Ahora, la determinación reclamada tampoco es violatoria del artículo 16 constitucional. Sobre el particular, debe destacarse que para el libramiento de una orden de aprehensión debe atenderse al contenido del artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al contenido del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales; ya citado, tales disposiciones prevén los siguientes requisitos: I. Que sea emitida por autoridad competente; II. Que la haya solicitado el Ministerio Público; III. Que preceda denuncia o querella; IV. Que obren datos en la carpeta de investigación que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; V. Que exista la probabilidad de que el imputado cometió ese hecho o participó en su comisión; y, VI. Que el Ministerio Público justifique la necesidad de cautela. Del análisis de la orden de aprehensión reclamada, se advierte que tal mandamiento, sí cumple con tales requisitos toda vez que previo a su dictado, el juez de control responsable precisó haber recibido el oficio de la fiscalía en donde solicitaba que se librara orden de aprehensión contra el quejoso. Ello pues en el oficio 54/20209, de veinticuatro de abril de dos mil veinte, la fiscalía realizó la solicitud de orden de aprehensión en la cual hizo una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentados en forma precisa en los registros correspondientes y expuso las razones por las que consideró que se actualizaron las exigencias señaladas en el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como se advierte de la constancia que anexó la autoridad responsable en su informe justificado y que obra agregada en autos; con ello se estima cumplido el requisito referente al pronunciamiento del Ministerio Público sobre la existencia de datos que establezcan la comisión de hechos constitutivos de delito y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. Conforme a lo anterior, se estima que fue correcta la consideración establecida por el juez responsable en el sentido de que el estándar demostrativo requerido para ese momento procesal resulta mínimo, pues sólo se busca establecer indicios de los cuales de manera razonable se puedan suponer, la existencia de un hecho que la ley prevé como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por otra parte, el juez responsable consideró que la existencia de denuncia o querella se satisface con el escrito de denuncia que presentaron las víctimas *************** y **************, quienes hicieron del conocimiento los hechos ilícitos, consistentes en que fueron desapoderados por dos personas con armas de fuego de la cantidad de veinte mil pesos en efectivo y de un teléfono celular de la marca Huawei, modelo Y9, plus, color azul, todo lo que fue atribuido a la parte aquí quejosa. Hechos que fueron ubicados en el ilícito de robo calificado en términos de los artículos 321, 322, 323, fracción III, 328 fracciones I, III y 329, fracción VI del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual, se sanciona con pena privativa de libertad acorde a lo establecido en los citados numerales, los cuales prevén lo siguiente: "Artículo 321. Comete el delito de robo el que sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena." "Artículo 322. Se tendrá por consumado el robo desde el momento en que el sujeto activo tiene en su poder la cosa, aun cuando después la abandone o lo desapoderen de ella." "Artículo 323. A quien cometa el delito de robo, se le impondrán las siguientes sanciones: . III. De dos a seis años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta y dos días de salario, cuando el valor de lo robado exceda de noventa pero no de seiscientas veces el salario mínimo; (.)" "Artículo 328. Las sanciones señaladas en el artículo 323 de este código se aumentarán de tres a diez años de prisión y multa de doscientos dieciséis a setecientos veinte días de salario, cuando el robo se cometa: I. Con violencia contra la víctima o persona distinta que se halle en compañía de ella o cuando el sujeto activo la ejerza después de consumado el robo para proporcionarse la fuga o defender lo robado o mediante la portación o el uso de armas; (.) III. Cuando se cometa, estando la víctima en un vehículo particular o de transporte público; .". "Artículo 329. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis días de salario, en los siguientes casos: (.) IV. Cuando lo cometan los trabajadores encargados de empresas o establecimientos comerciales en los lugares en que presten sus servicios al público o en los bienes de los huéspedes o clientes; .". De igual forma, la existencia de un hecho ilícito quedó demostrado con los datos de prueba que expuso la fiscalía en el oficio de mérito y que el juez de control responsable dejó precisados en la orden de aprehensión reclamada que en el caso son: 1. La denuncia formulada por los agraviados *************** y **************, quienes manifestaron, en esencia, que el tres de enero de dos mil veinte, aproximadamente a las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos se encontraban en la plaza comercial denominada Diamante, del municipio de Chiautempan, Tlaxcala, a bordo de una camioneta de la marca Nissan, tipo X-trail, buscando donde estacionarse, la primera como copiloto y el segundo como piloto, haciendo mención que cincuenta minutos antes habían acudido al banco Banamex, que se encuentra en el centro comercial denominado Office Depot, ubicado en la comunidad de Ocotlán, Tlaxcala, lugar donde ***************, realizó un retiro en efectivo por la cantidad de veinte mil pesos, en billetes de cien pesos, los cuales guardó en su bolso; por lo que ya en el estacionamiento de la plaza comercial, descendió la primera de las declarantes y al dar unos pasos por la parte trasera de la camioneta citada, se le acercó una persona del sexo masculino, y de una mariconera que traía sacó un arma de fuego, tipo escuadra, quien le dijo que le entregara todo el dinero que acababa de retirar del banco, por lo que por temor, aventó la bolsa al suelo, en la que se encontraban, entre otras cosas, los veinte mil pesos, la cual recogió el sujeto descrito, y vio como una segunda persona del sexo masculino se acercó con su novio ***********, por lo que corrió hacia un bar denominada la casa del coyote, donde observó que los dos sujetos traían un arma de fuego, así como que fue despojado de su teléfono celular, para darse a la fuga los sujetos rumbo a bodega Aurrera, llevándose la bolsa de mano y el teléfono celular; siendo que personas del lugar les comentaron que afuera esperaba a dichos sujetos un carro pequeño. 2. Informes en materia de audio y video, números de llamado 003/2020, 023/2020 y 019/2020, de fechas diez de enero, cuatro de marzo y veintitrés de marzo, todos de dos mil veinte, en los cuales se observó la camioneta de los ofendidos, la cual era seguida por dos vehículos, los cuales se describen al igual que a los tripulantes de tales vehículos de motor. 3. Informe en materia de criminalística de campo 001/2020 de tres de enero de dos mil veinte, en el cual se describe el lugar de los hechos. 4. Dictamen en materia de retrato hablado, número de llamado 03 de veintidós de enero de dos mil veinte, en el cual se emiten retratos con las características específicas de tres personas del sexo masculino. 5. Entrevistas a cargo de *************** y **************, quienes dieron cuenta de la preexistencia y falta posterior de un teléfono celular de la marca Huawei, Y9 plus, color azul. 6. Informe de policía de investigación con número de oficio P.I. 243/2020 de veintitrés de abril de dos mil veinte, en el que, entre otras cosas, se describe la obtención de videos y su embalaje, los cuales fueron analizados en los dictámenes correspondientes de audio y video. 7. Dictamen en materia de retrato hablado, con número de llamado 30, de veinticuatro de abril de dos mil veinte, en la que se recaban cuatro fotografías y el rostro del aquí quejoso, de características similares. 8. Acto de investigación de identificación por fotografía, por parte de los ofendidos, en el cual al ponerle a la vista cinco fotografías, reconoció a uno de ellos como la persona que los despojó de sus pertenencias el tres de enero de dos mil veinte. De dichos datos de prueba, previa valoración, el juez de control concluyó que resultaban idóneos, pertinente y suficientes para tener por justificado el hecho que la ley señala como delito de robo, pues existió una acción de apoderamiento, la cual recayó sobre objetos que tienen el carácter de cosa mueble (la cantidad de veinte mil pesos y un teléfono celular), propiedad de las víctimas denunciantes, por lo que resultan ajenos a la persona que tiene el carácter de activo; aunado a que tal apoderamiento se llevó a cabo sin el consentimiento de las víctimas **************** y **************. También refirió el juez que de acuerdo al monto de lo robado que asciende a la cantidad de veinte mil pesos en efectivo se actualiza el parámetro previsto en el artículo 323, fracción III, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Asimismo, refirió que también, hasta ese momento, se acreditaban las agravantes previstas en los artículos 328, fracciones I y III, así como 329, fracción VI, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que prevén: "Artículo 328. Las sanciones señaladas en el artículo 323 de este código se aumentarán de tres a diez años de prisión y multa de doscientos dieciséis a setecientos veinte días de salario, cuando el robo se cometa: I. Con violencia contra la víctima o persona distinta que se halle en compañía de ella o cuando el sujeto activo la ejerza después de consumado el robo para proporcionarse la fuga o defender lo robado o mediante la portación o el uso de armas; (.) III. Cuando se cometa, estando la víctima en un vehículo particular o de transporte público; .". "Artículo 329. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis días de salario, en los siguientes casos: (.) IV. Cuando lo cometan los trabajadores encargados de empresas o establecimientos comerciales en los lugares en que presten sus servicios al público o en los bienes de los huéspedes o clientes; .". Lo anterior, porque la realización del hecho fue mediante la utilización de violencia, pues fue utilizada un arma de fuego a efecto de despojar a las víctimas de la cantidad de veinte mil pesos en efectivo y un teléfono celular; también esta acreditado que cuando ello ocurrió la víctima *********, se encontraba aún en el interior del vehículo, cuando se ejecutó el hecho delictivo; por último, en relación a la fracción VI del artículo 329, del citado código, se encuentra actualizada pues participaron dos sujetos en la comisión del hecho delictivo que nos ocupa. De lo hasta aquí expuesto, se estima, que fue correcto el proceder del juez responsable, en determinar que con los datos de pruebas existentes se encuentra debidamente acreditada la comisión del hecho que la ley señala como delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 321, 323, fracción III, 328 fracciones I, III y 329, fracción VI del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. De ahí que los datos de prueba expuestos por el fiscal investigador y que el juez responsable precisó en el mandamiento de captura, se advierte que el quejoso (también imputado), probablemente, en compañía de otro sujeto, despojó a las víctimas de la cantidad de veinte mil pesos en efectivo y un teléfono celular, sin el consentimiento de aquéllos, haciendo uso de armas de fuego, de ahí que sea dable considerar, como lo estableció la responsable, que existen datos de prueba suficientes para considerar que se ha producido un evento que la ley señala como constitutivo del delito de robo calificado y además que existen elementos para establecer que el aquí quejoso probablemente participó en su comisión. De ahí que el requisito exigido para librar una orden de aprehensión consistente en que existan datos que acrediten la existencia de un hecho ilícito que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se encuentran colmados y por ende, la orden de aprehensión reclamada sí está fundada y motivada acorde a los requisitos establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales y en los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene aplicación al caso la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito10, de rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. La significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva." No escapa de este estudio, que en la resolución reclamada se omitió precisar la calidad en que participó el sujeto activo en la comisión del hecho delictivo que nos ocupa; sin embargo, se considera, que tal omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, pues el fiscal, al solicitar la orden de aprehensión, refirió que el grado de 10 Tesis: XV.3o.3 P (10a.) publicada en la página 2320, del libro 39, febrero de 2017, tomo III, Materia Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. participación del activo lo fue a título de coautor material, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, fracción III del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en razón de ser la persona que lo cometió de forma conjunta con otro autor (foja 135); de ahí que no se le deja en estado de indefensión. Máxime que se insiste, en la emisión del acto reclamado sí se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, aunado a que sí se fundó y motivó la causa del procedimiento, puesto que los diversos datos de prueba citados por el fiscal que solicitó la orden de aprehensión, sí otorgan verosimilitud a los hechos expuestos, y a partir de esos datos es factible suponer razonablemente que se cometió el hecho que la ley señala como el delito de robo calificado cometido en agravio de ************** y ****************, así como que probablemente el indiciado ************** participó en su comisión, en la medida que este órgano jurisdiccional no vislumbra irregularidad en los mismos y, en cambio, sí advierte verificables los enunciados que integran la hipótesis del Ministerio Público con la información que proporcionó en la solicitud de la orden de aprehensión. Además, como se precisó anteriormente, el juez acertadamente precisó que la necesidad de cautela que establece el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para hacer comparecer al inculpado a través de una orden de aprehensión, para que le sea formulada la imputación, se encuentra justificada, entre otros motivos, por la posible pena de prisión, así como el monto a que pudiera ser condenado para la reparación del daño; a que tiene domicilio fuera del Estado de Tlaxcala, lo que le permite sustraerse a la acción de la justicia; y que tiene otras indagatorias pendientes, lo cual hace que el imputado no se presente voluntariamente. En ese contexto, se evidencia que en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera jurídicamente correcto, hasta este momento, que se girara la orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de robo calificado y, por ende, sí se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento hasta este momento. Máxime, que, de una correcta y sana crítica de los datos de prueba anteriormente relacionados, observando las reglas de la lógica y la valoración de aquellos elementos (en lo individual y global), que han servido de basamento, llevan a establecer, que son suficientes, hasta este momento, para determinar la existencia del hecho delictivo que nos ocupa, e incluso, la probable participación del aquí quejoso en su comisión. En las relacionadas condiciones, al resultar infundados los argumentos que el quejoso expone como concepto de violación, lo procedente es negar la protección de la justicia federal solicitada. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama, al no impugnarse por vicios propios, de acuerdo, por las razones que informa, la jurisprudencia 91, sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación11, cuyo texto es como sigue: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también 11 Quinta Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, página 68. negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******************, en contra de los actos de las autoridades que se precisaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a ******************, en contra de los actos de las autoridades que se precisaron en el considerando segundo de este fallo, por lo motivos expuestos en el considerando último de esta resolución.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el pasado diecisiete de mayo del año en curso se ordenó notificar de manera personal al peticionario de amparo los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, debiéndose correr traslado con los mismos, para que se imponga de su contenido; sin que de la constancia de notificación practicada se hubiere asentado tal circunstancia, como se advierte de lo siguiente: ". procedí a dar lectura integra a la resolución o proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en autos del juicio de amparo al rubro identificado, la que se puso a la vista del interesado mediante proyección durante la videoconferencia y fue remitida vía correo electrónica al referido centro de reclusión, a fin de correr traslado a la parte quejosa, quedado debidamente enterado de la determinación de referencia, a lo que manifestaron que se da por bien y debidamente notificado .". En consecuencia, a fin de dar cabal cumplimiento con lo ordenado se comisiona al actuario judicial a fin de que notifique al quejoso en los términos indicados en el proveído de diecisiete de mayo del presente año. Por lo anterior, no es posible celebrar la audiencia constitucional programada para esta fecha, por lo que se difiere y se fijan las dieciséis horas con diez minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno, para su celebración.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que remite el delegado del Ministerio Público, adscrito a la Agencia del Ministerio Público Investigadora 26, Especializada en Exhortos y Colaboraciones Regional "C", con sede en esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de diecisiete del mes y año en curso e informa que no dejó a disposición del juez Tercero de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer de Tlaxcala, al quejoso ******, por los motivos que informa; de lo anterior este órgano jurisdiccional queda enterado.
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