José Luis Gomez Pozos

Expediente 386/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
386/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
19/05/2016

Partes del expediente

  • José Luis Gomez Pozos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de nueve de los corrientes en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por **************, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por la Coordinadora de Actuarios del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 148/2016 del índice de este tribunal, que se envió para notificar al quejoso el proveído de veintisiete de abril del año en curso; agréguese sin mayor proveído toda vez que el dos de los corrientes, la actuaria de la adscripción notificó el citado auto al autorizado del quejoso; dese de baja y háganse las anotaciones respectivas en el libro de Comunicaciones correspondiente. Acúsese recibo.

  3. Principal

    Por recibido el escrito de cuenta, suscrito por *************; téngasele por hechas las manifestaciones que vierte, con las que da cumplimiento al requerimiento que se le formuló el veintisiete de abril del año en curso; en consecuencia, se provee: A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior transcripción, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causal de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, este juzgado federal estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: 1. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, 3. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En la especie, el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en la resolución de nueve de marzo de dos mil dieciséis, pronunciada por el Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad, en la causa penal 146/2008 y su acumulado 118/2008, mediante la cual se niega la devolución de la garantía que en su momento exhibiera el quejoso para garantizar las obligaciones procesales del inculpado *************. Ahora, del análisis integral del escrito de cuenta se advierte que el quejoso señaló para recibir notificaciones los estrados del Juzgado Primero Penal de Partido en esta ciudad, tal como lo manifiesta en el escrito de mérito en el punto tres, a la letra: "en la promoción de solicitud de la fianza afecta, señale como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados del Juzgado Primero Penal de Partido.". Asimismo, de las constancias remitidas por el Juez Primero Penal de Partido en esta ciudad, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte que por medio de lista fijada en los estrados del Juzgado a su cargo, se notificó al quejoso la resolución que ahora combate, a las nueve horas del diez de marzo de dos mil dieciséis. En esas condiciones, si la demanda que nos ocupa fue presentada el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, y turnada a este Juzgado Federal en la misma fecha, como se advierte del sello de recibo estampado en el escrito de demanda [F. 3], debe decirse que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, con el 17 de la Ley reglamentaria, tocante a que el quejoso tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que le fue notificado el acto que reclama, y al no haberlo hecho así, su demanda resulta extemporánea. En tal virtud, el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del día siguiente en que se le notificó la resolución que constituye el acto reclamado -acorde a lo dispuesto por el artículo 65 del Código de Procedimientos Penales para esta entidad federativa-, debiendo contarse los quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis para concluir el uno de abril del año en curso, excluyendo los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de marzo pasado, por ser inhábiles. De ahí que si la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla el citado numeral que se transcribió en líneas precedentes, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), Décima Época, Registro 2009174, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 38, del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA." En consecuencia, es de concluirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Con fundamento, además, en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido por el Juez Primero Penal de Partido en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento con el requerimiento formulado en auto de veintisiete de abril pasado, y remite las constancias con el objeto de acreditar su dicho, las que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite como documental y se tienen por desahogada dada su naturaleza; luego, este tribunal se reserva proveer lo conducente hasta en tanto la parte quejosa de cumplimiento al proveído acudido.

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