José Luis Estrada Almaraz
Expediente 232/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 232/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 29/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Luis Estrada Almaraz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Agréguese a los autos el acuse remitido vía electrónica, proveniente del Juzgado de Oralidad en Materia Penal en Silao, Guanajuato, con el que acusa recibo del propio 6330/2021, con el que se le notificó el proveído de veinticuatro de junio del presente año.
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Asimismo, en atención al sentido de la sentencia resulta innecesario hacer el cómputo para el resto de las partes, toda vez que en la misma se decretó el sobreseimiento; por tanto, dicha resolución no les causa perjuicio. Archivo y valoración del expediente Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento a los artículos 21, inciso a) y 18, fracción I, inciso a) de la disposición administrativa en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, mientras que el original del incidente de suspensión de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el principal se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo y se concedió a la parte quejosa la medida cautelar provisional, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.
- Principal
Audiencia constitucional En Celaya, Guanajuato, a las trece horas con diez minutos del cuatro de junio de dos mil veintiuno, día y hora programados para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo número 232/2021, encontrándose presente en audiencia pública el maestro en derecho Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, asistido del licenciado Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario que autoriza y da fe, la declara abierta, sin comparecencia de las partes, ni persona alguna que las represente legalmente. Se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Acto continuo, el secretario certifica: que la presente audiencia se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal por parte del titular, por lo que la firma se realizará de forma digital. ? Relación de constancias. Enseguida, el secretario hace relación de las constancias existentes en autos, destacando por su importancia las siguientes: ? Demanda inicial formulada por José Luis Estrada Almaraz; ? Auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, por el que se admitió a trámite la demanda; ? Los Informes justificados rendidos por las autoridades responsables; y, ? Acuerdo de once de mayo del presente año, por el que se suspendió toda comunicación con las autoridades que el agraviado denominó como: "Jefe, director, encargado y/o comandante de Grupo de la Policía Ministerial del Estado", en la distintas sedes de Celaya, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Cortázar, Comonfort, Salamanca, Salvatierra, Silao, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, León y San José Iturbide, todos del estado de Guanajuato; así como el "DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN Y/O REINSERCIÓN SOCIAL, RESIDENTE EN OCAMPO, GUANAJUATO" y "JUEZ DE CONTROL DE ORALIDAD PENAL RESIDENTE EN APASEO EL ALTO, GUANAJUATO", al resultar inexistentes. A lo anterior, el juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias existentes en actuaciones y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. ? Período probatorio. A continuación, se abre el período probatorio, en que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció; con lo que se cierra este periodo. ? Etapa de alegatos. Seguidamente se abre la etapa de alegatos, en la que se hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que el juez determina: con apoyo en el numeral 124 de la ley de la materia, se tiene por omisas a las partes en cuanto a la formulación de alegatos; con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por concluida esta fase de la audiencia, levantándose acta para constancia. A continuación se procede a dictar la resolución que corresponda. Sentencia definitiva Vistos los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 232/2021-1, promovido por José Luis Estrada Almaraz; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito acordado el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, ***** por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos juez de oralidad en Materia Penal de Celaya, Guanajuato y otras autoridades, que hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS La privación de la libertad, órdenes de detención, aprehensión, presentación, retención y/o aseguramiento girada en su contra, así como su ejecución (.)". Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, esta potestad registró la demanda de amparo con el número 232/2021-1, la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a las responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. Autoridades inexistentes. Mediante proveído de once de mayo del presente año, se suspendió toda comunicación con las autoridades que el agraviado denominó como: "Jefe, director, encargado y/o comandante de Grupo de la Policía Ministerial del Estado", en la distintas sedes de Celaya, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Cortázar, Comonfort, Salamanca, Salvatierra, Silao, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, León y San José Iturbide, todos del estado de Guanajuato; así como el "DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN Y/O REINSERCIÓN SOCIAL, RESIDENTE EN OCAMPO, GUANAJUATO" y "JUEZ DE CONTROL DE ORALIDAD PENAL RESIDENTE EN APASEO EL ALTO, GUANAJUATO", al resultar inexistentes, por lo que la presente resolución no se ocupará de tales autoridades; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/20131 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues el acto reclamado puede tener ejecución en esta ciudad; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro "ACTOS 1Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como actos reclamados: ? La privación de la libertad, órdenes de detención, aprehensión, presentación, retención y/o aseguramiento girada en su contra, así como su ejecución. Las autoridades responsables, en su denominación correcta, son: 1. Juez de Control en materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato con sede en Celaya; 2. Juez de Control en materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato; 3. Juez de Control de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, actuando en la Base Cortazar; 4. Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Primera Región en el Estado, Base en Comonfort; 5. Juez de Control de la sede Salamanca del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato; 6. Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, Sede y Base Salvatierra; 7. Jueza de Control actuando en la base de Silao de la Victoria, del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región; 8. Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región del Estado de Guanajuato, actuando en la Sede de San Miguel de Allende, Guanajuato; 9. Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral, en Dolores Hidalgo, C.I.N., Guanajuato; 10. Juez de Control de la sede y base Guanajuato del Juzgado Penal de Oralidad de la Primera Región del Estado de Guanajuato; 11. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, actuando en la Sede Irapuato; 12. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Cuarta Región en el estado de Guanajuato, con sede en León; 13. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Primera Región del estado de Guanajuato, con base en San José Iturbide. 14. Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Guanajuato; y, 15. Encargado del despacho de la Dirección del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables: 1. Juez de Control en materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato con sede en Celaya; 2. Juez de Control en materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato; 3. Juez de Control de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, actuando en la Base Cortazar; 4. Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Primera Región en el Estado, Base en Comonfort; 5. Juez de Control de la sede Salamanca del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato; 6. Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, Sede y Base Salvatierra; 7. Jueza de Control actuando en la base de Silao de la Victoria, del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región; 8. Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región del Estado de Guanajuato, actuando en la Sede de San Miguel de Allende, Guanajuato; 9. Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral, en Dolores Hidalgo, C.I.N., Guanajuato; 10. Juez de Control de la sede y base Guanajuato del Juzgado Penal de Oralidad la Primera Región del Estado de Guanajuato; 11. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, actuando en la Sede Irapuato; 12. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Cuarta Región en el estado de Guanajuato, con sede en León; 13. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Primera Región del estado de Guanajuato, con base en San José Iturbide. 14. Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Guanajuato; y, 15. Encargado del despacho de la Dirección del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato. Al rendir su respectivo informe negaron la existencia de los actos reclamados, sin que el quejoso desvirtuara con medio de convicción alguno dicha negativa. Por tanto, si la parte peticionaria de la tutela federal no ofreció prueba para desvirtuar la negativa de las autoridades de que se trata, es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. Por su parte, el Director del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato, al rendir su informe justificado, aceptó parcialmente pues al efecto manifestó: "La parte quejosa reclama de esta Autoridad, los siguientes actos: A) La privación de la libertad fuera de procedimiento que se trata de ejecutar en su contra, ya que no existe mandamiento por autoridad competente. Al respecto esta autoridad manifiesta que dicho acto NO ES CIERTO B) La orden de detención, aprehensión, presentación, retención y/o aseguramiento girada en su contra. Al respecto esta autoridad manifiesta que dicho acto ES CIERTO" Sin embargo, en el caso no opera la certeza del acto reclamado, dado que la citada autoridad responsable únicamente manifestó que es cierto el acto consistente en la orden de detención, aprehensión, presentación, retención y/o aseguramiento, sin que especificara que autoridad dictó esos actos, ni de que causa penal derivaron los mismos, aunado a que las autoridades responsables ordenadoras negaron los actos reclamados y en autos no existe prueba fehaciente que demuestre la existencia de dichos actos. Cuanto más, que la autoridad responsable manifestó que el quejoso egresó del centro penitenciario el día veintitrés de abril de dos mil veintiuno. En ese sentido, es evidente la inexistencia de los actos reclamados, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. Aunado a lo anterior, la naturaleza de tal autoridad es ejecutora y las ordenadoras negaron los actos reclamados; de ahí que no exista orden para ejecutar. En consecuencia, como la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni de autos se advierte la existencia de la orden de aprehensión o detención que se les atribuyen; procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Es aplicable a este caso, la tesis de jurisprudencia 2843, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 5094, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado se resuelve: 3 Sexta Época del Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, página 305. 4 Séptima Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 335. ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, en contra de los actos de las autoridades responsables que se precisaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese; efectúense las anotaciones de rigor en el libro y sistema correspondientes.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que entre el veinte de los actuales, en que se notificó por lista el auto por el que se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable jueza de Control actuando en la base de Silao de la Victoria, Guanajuato, del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del estado, y la fecha en la que se actúa, programada para la celebración de la audiencia constitucional, no median los ocho días que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional, y en su lugar se fija para su celebración las trece horas con diez minutos del cuatro de junio de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, materia común, página 5, que es del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN EN OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICANO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".
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