Jose Luis Cerda Moncada
Expediente 489/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Luis Cerda Moncada
Actuaciones
- Principal
Recepción del escrito. Vista la demanda de amparo presentada por ******, en contra de actos del juez de Oralidad Familiar de Salvatierra, Guanajuato y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 y 4, constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, con el registro número 489/2021-IV. Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierten dos causales de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, se desprenden los siguientes antecedentes, narrados bajo protesta de decir verdad: 1. El veintidós de junio de dos mil veintiuno (notificado al quejoso el veintitrés siguiente) se dictó un acuerdo en el expediente ******* del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de Salvatierra, Guanajuato, mediante el cual se admitió a trámite la demanda en reconvención de desconocimiento de paternidad respecto de una menor de edad, interpuesta por ******, en contra del aquí quejoso ******; auto en el que, además, se designó una tutora interina. Este es el primer acto reclamado. 2. Mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictado en el mencionado expediente del orden familiar, se aprobó la designación de la tutora interina de la menor de edad. Este es el segundo acto reclamado. De lo anterior se colige: ? Que el primer acto controvertido fue notificado al aquí quejoso el día veintitrés de junio de dos mil veintiuno. ? Que el aquí quejoso es parte demandada en reconvención en dicho procedimiento. ? Que el juicio de origen se encuentra en trámite. Análisis del primer acto reclamado. En ese sentido, por lo que hace al acto consistente en la determinación de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictada en el expediente ***** del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de Salvatierra, Guanajuato, se advierte que se actualiza de forma notoria e indudable la causal de improcedencia relacionada con la extemporaneidad en la presentación de la demanda. Se explica: La causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV1 , en relación con el 17 de la Ley de Amparo, tocante a que el quejoso tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que tuviera conocimiento del acto que reclama, permite obtener el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda. Ahora bien, del estudio del acto reclamado en comento, así como de la narrativa de hechos que constituyen sus antecedentes, proporcionados bajo protesta de decir verdad por el promovente, se advierte que fue notificado del auto de mérito el día veintitrés de junio de dos mil veintiuno, por lo que los quince días transcurrieron del veinticinco siguiente al quince de los actuales. 1 ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Entonces, si la demanda que nos ocupa fue presentada hasta el veinte de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad -como se aprecia del sello de recepción plasmado en la primera hoja del escrito de demanda- debe decirse que fue presentada fuera del plazo de quince días a que alude la regla descrita. Además, no se está en presencia de alguna de las excepciones que contempla el artículo 17 de la Ley de Amparo. De ahí que resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Análisis del segundo acto reclamado. Sin perjuicio de ello, es decir, aun presentada en tiempo la demanda respecto del acto citado anteriormente, de cualquier manera, tanto esa conducta como la que enseguida se analiza, consistente en el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente ***** del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de Salvatierra, Guanajuato, en el que se aprobó la designación de la tutora interina de la menor de edad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. Así mismo, debe precisarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: a) Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; b) Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; c) Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; d) De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y e) Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: i. Producir una afectación material a derechos sustantivos, tal como lo prevé la norma. Esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si la parte afectada obtiene una sentencia favorable. Se insiste, de los antecedentes del acto reclamado en estudio (el segundo de los mencionados en el apartado relativo) se desprende que el juicio familiar de origen, en el cual se dictaron sendos autos de admisión de demanda y aprobación de tutora, se encuentra en trámite. En tal virtud, el acto reclamado no es uno cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos consagrados en la ley fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que con ello únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales vinculados con la tramitación del juicio instado por la contraparte del aquí quejoso y, que pueden restituirse si la parte peticionaria del amparo obtiene una resolución favorable a sus intereses en ese controvertido; lo cual implicaría que dicha violación no haya trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica; y, en caso contrario, podría hacerlo valer como una violación procesal en amparo directo, contra la sentencia que eventualmente se dicte en ese juicio de primera instancia. De lo expuesto, se deriva un elemento toral para considerar que los actos impugnados no son susceptibles de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque no se trata de una violación que cause a la parte quejosa un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, en los términos requeridos por la Ley de Amparo. Esto se considera así, atendiendo a que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deberá formularlos a través de los conceptos de violación que se expresen en la demanda de amparo directo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia que resuelva el juicio de origen, lo que quiere decir que, el acto aquí tildado de inconstitucional, no puede reclamarse en forma autónoma; razonamiento anterior que cobra fuerza, si se tiene en cuenta que es hasta el dictado de la sentencia se conocerá si las infracciones trascendieron o no, afectando las pretensiones de la parte quejosa, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la resolución del juicio natural es favorable a quien alega haber sufrido menoscabo en sus derechos, no tendrá legitimación para acudir al juicio de amparo; en consecuencia, al reclamar únicamente violaciones procesales, como en la especie acontece, el juicio de amparo deviene improcedente. De ahí que, por cuanto a ambos actos controvertidos; dado que fueron emitidos dentro de un procedimiento y que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. Consecuentemente, se desecha de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones procedentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el ubicado ****** esta ciudad. Así mismo, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, *****, **** y ******, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); sin perjuicio que de acreditar tales extremos, se le autorice en los términos amplios a que alude el mencionado precepto legal. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones Se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa respecto del proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno, que a la letra dice: Recepción del escrito. Vista la demanda de amparo presentada por ******, en contra de actos del juez de Oralidad Familiar de Salvatierra, Guanajuato y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 y 4, constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, con el registro número 489/2021-IV. Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierten dos causales de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, se desprenden los siguientes antecedentes, narrados bajo protesta de decir verdad: 1. El veintidós de junio de dos mil veintiuno (notificado al quejoso el veintitrés siguiente) se dictó un acuerdo en el expediente ******* del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de Salvatierra, Guanajuato, mediante el cual se admitió a trámite la demanda en reconvención de desconocimiento de paternidad respecto de una menor de edad, interpuesta por ******, en contra del aquí quejoso ******; auto en el que, además, se designó una tutora interina. Este es el primer acto reclamado. 2. Mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictado en el mencionado expediente del orden familiar, se aprobó la designación de la tutora interina de la menor de edad. Este es el segundo acto reclamado. De lo anterior se colige: ? Que el primer acto controvertido fue notificado al aquí quejoso el día veintitrés de junio de dos mil veintiuno. ? Que el aquí quejoso es parte demandada en reconvención en dicho procedimiento. ? Que el juicio de origen se encuentra en trámite. Análisis del primer acto reclamado. En ese sentido, por lo que hace al acto consistente en la determinación de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictada en el expediente ***** del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de Salvatierra, Guanajuato, se advierte que se actualiza de forma notoria e indudable la causal de improcedencia relacionada con la extemporaneidad en la presentación de la demanda. Se explica: La causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV1 , en relación con el 17 de la Ley de Amparo, tocante a que el quejoso tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que tuviera conocimiento del acto que reclama, permite obtener el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda. Ahora bien, del estudio del acto reclamado en comento, así como de la narrativa de hechos que constituyen sus antecedentes, proporcionados bajo protesta de decir verdad por el promovente, se advierte que fue notificado del auto de mérito el día veintitrés de junio de dos mil veintiuno, por lo que los quince días transcurrieron del veinticinco siguiente al quince de los actuales. 1 ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Entonces, si la demanda que nos ocupa fue presentada hasta el veinte de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad -como se aprecia del sello de recepción plasmado en la primera hoja del escrito de demanda- debe decirse que fue presentada fuera del plazo de quince días a que alude la regla descrita. Además, no se está en presencia de alguna de las excepciones que contempla el artículo 17 de la Ley de Amparo. De ahí que resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Análisis del segundo acto reclamado. Sin perjuicio de ello, es decir, aun presentada en tiempo la demanda respecto del acto citado anteriormente, de cualquier manera, tanto esa conducta como la que enseguida se analiza, consistente en el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente ***** del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de Salvatierra, Guanajuato, en el que se aprobó la designación de la tutora interina de la menor de edad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. Así mismo, debe precisarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: a) Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; b) Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; c) Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; d) De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y e) Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: i. Producir una afectación material a derechos sustantivos, tal como lo prevé la norma. Esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si la parte afectada obtiene una sentencia favorable. Se insiste, de los antecedentes del acto reclamado en estudio (el segundo de los mencionados en el apartado relativo) se desprende que el juicio familiar de origen, en el cual se dictaron sendos autos de admisión de demanda y aprobación de tutora, se encuentra en trámite. En tal virtud, el acto reclamado no es uno cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos consagrados en la ley fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que con ello únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales vinculados con la tramitación del juicio instado por la contraparte del aquí quejoso y, que pueden restituirse si la parte peticionaria del amparo obtiene una resolución favorable a sus intereses en ese controvertido; lo cual implicaría que dicha violación no haya trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica; y, en caso contrario, podría hacerlo valer como una violación procesal en amparo directo, contra la sentencia que eventualmente se dicte en ese juicio de primera instancia. De lo expuesto, se deriva un elemento toral para considerar que los actos impugnados no son susceptibles de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque no se trata de una violación que cause a la parte quejosa un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, en los términos requeridos por la Ley de Amparo. Esto se considera así, atendiendo a que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deberá formularlos a través de los conceptos de violación que se expresen en la demanda de amparo directo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia que resuelva el juicio de origen, lo que quiere decir que, el acto aquí tildado de inconstitucional, no puede reclamarse en forma autónoma; razonamiento anterior que cobra fuerza, si se tiene en cuenta que es hasta el dictado de la sentencia se conocerá si las infracciones trascendieron o no, afectando las pretensiones de la parte quejosa, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la resolución del juicio natural es favorable a quien alega haber sufrido menoscabo en sus derechos, no tendrá legitimación para acudir al juicio de amparo; en consecuencia, al reclamar únicamente violaciones procesales, como en la especie acontece, el juicio de amparo deviene improcedente. De ahí que, por cuanto a ambos actos controvertidos; dado que fueron emitidos dentro de un procedimiento y que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. Consecuentemente, se desecha de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones procedentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el ubicado ****** esta ciudad. Así mismo, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, *****, **** y ******, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); sin perjuicio que de acreditar tales extremos, se le autorice en los términos amplios a que alude el mencionado precepto legal. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones Se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- José Luis Carmona García228/2023
- José Luis Carmona García899/2023
- José Luis Castro López955/2018
- José Luis Castro López985/2018
- José Luis Cazares Juárez277/2020
- José Luis Cerda Moncada433/2021
- Jose Luis Chavez Niño608/2016
- José Luis Chávez Rivera40/2016
- José Luis Chávez Zavala561/2014
- Jose Luis Dominguez Murillo674/2020
- José Luis Estdrada Rodríguez471/2022
- José Luis Estrada Almaraz232/2021