Jose Luis Dominguez Murillo

Expediente 674/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
674/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
09/12/2021

Partes del expediente

  • Jose Luis Dominguez Murillo
  • Asesor jurídico federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de uno de diciembre pasado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable; haciendo uso de ese derecho mediante su escrito con registro 10445, en el que señaló literalmente "[.] me pronuncio sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada por Usted en el sentido de que mi autorizante encuentra su pretensión satisfecha [.]". Atento a lo anterior y a los elementos que obran en el expediente, de oficio, se procede a analizar si la sentencia se encuentra o no cumplida. Mediante sentencia de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en lo que interesa para efectos de este proveído, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, para el efecto de que la autoridad responsable, jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en esta ciudad: "[.] dentro del término de tres días siguientes al de la notificación del auto que declare ejecutoriada esta sentencia: 1 Sin contar los días 4 y 5 de diciembre por ser inhábiles. o Deje insubsistente el oficio número *******************, de fecha once de diciembre de dos mil veinte, dirigido al quejoso ****************; y, o En su lugar emita otra determinación en la que, absteniéndose de atribuir la carga al accionante de la tutela federal de obtener previamente una sentencia judicial que ordene la devolución de los descuentos realizados "indebidamente", con libertad de decisión, dé contestación completa, fundada y motivadamente a su petición ingresada el veintisiete de febrero de dos mil veinte. Respuesta en la que, de ser procedente, deberá devolver al quejoso en una sola exhibición las retenciones que se le hubieran efectuado "indebidamente" por el crédito "irregular" de que se trata. [.]" El veinticinco de noviembre siguiente, causó ejecutoria la anterior determinación y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia de amparo. Así, mediante la misiva registrada con el número 10260, la jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado de Guanajuato, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia del oficio número DAPE/001425/2021 de catorce de noviembre pasado, en el que: 1. Dejo sin efectos el diverso **************** de fecha once de diciembre de dos mil veinte; 2. En su lugar, esencialmente, determinó con libertad de decisión, en contestación a la petición del quejoso ingresada el veintisiete de febrero de dos mil veinte, que resultaba procedente la devolución de los descuentos respectivos en una sola exhibición; y, 3. Finalmente, precisó que se realizaron las adecuaciones en el Sistema de Prestaciones Económicas, Sistema Integral de Crédito, a efecto de dejar inexistente los descuentos "irregulares". Lo que se adminicula con la manifestación de la autorizada del quejoso (en su escrito con registro 10445), en el sentido de que éste acudió ante las oficinas de la Delegación del ISSSTE y se le reintegró el numerario relativo, por lo que, adujo, su pretensión se encuentra satisfecha. Por tanto, si la protección federal se otorgó para esos efectos, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso ni defecto, en términos del numeral 196 de la ley de la materia. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional; por lo que deberá conservarse, en su caso, la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido. Devolución de documentos. Toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para, previa cita que obtenga, que dentro del término de noventa días naturales, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente, de conformidad con el aludido precepto. En la inteligencia de que, para poder ingresar a este órgano jurisdiccional, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) en un horario de doce treinta horas a dieciséis treinta horas en días hábiles.

  2. Principal

    Por recibido el escrito electrónico de la autorizada de la parte quejosa, en el que señala: "Que visto el contenido de las constancias exhibidas por la responsable y en referencia al oficio DAPE/1425/2021, mismo que me fue notificado en fecha catorce de noviembre del año en curso, se hizo del conocimiento del C. José Luis Dominguez Murillo su contenido, por lo que informo a Usted, que el ahora quejoso se presentó en la oficinas de la Delegación del ISSSTE a efecto de que le fuera entregado el numerario descrito en el oficio, por lo que una vez corroborado que el mismo fue recibido y en atención a la vista otorgada en auto de fecha primero de diciembre, me pronuncio sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada por Usted en el sentido de que mi autorizante encuentra su pretensión satisfecha, agradeciendo la diligencia y profesionalismo de ese H. Juzgado en el trámite del presente asunto, solicitando se tenga por cumplida la sentencia protectora de amparo." Atento a ello, esta potestad se reserva proveer lo conducente al cumplimento del fallo protector, hasta en tanto transcurra el plazo de tres días concedido en el proveído de uno de los actuales.

  3. Principal

    Por recibido el oficio suscrito por la autoridad responsable jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, a través del cual adjunta copia de las constancias con la que señalada cumplir con el fallo protector dictado en este asunto. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia de lo recibido, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en la inteligencia que de ser omisos, este juzgado dictará resolución en que se declare si el fallo protector se encuentra o no cumplido con lo allegado.

  4. Principal

    Audiencia constitucional En Celaya, Guanajuato, a las trece horas con cincuenta y tres minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo número 674/2020, promovido por **********************; en audiencia pública Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, en funciones de juez, de conformidad con los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado a través de oficio CCJ/ST/2678/2021 de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de julio de dos mil veintiuno, quien actúa con Israel Rodríguez Barajas, secretario que autoriza y da fe, la declara abierta de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin comparecencia de las partes, ni persona alguna que las represente legalmente. Se pone en relieve que ninguna de las partes solicitó que esta audiencia se verificara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma; asimismo, el secretario certifica que se celebra mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que la firma se realizará de forma digital. Relación de constancias. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias existentes en autos, a saber: o Escrito inicial de demanda de ***********************; o Proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, por el que se admitió a trámite la demanda y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; o Informe de ley rendido por la responsable; o Proveído de diecisiete de diciembre inmediato anterior, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; o Acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en el que, atento a lo resuelto por el tribunal de alzada, se reingresó a trámite el presente asunto y se dio vista a la parte quejosa para que señalara si era su deseo ampliar su demanda de amparo; o Escrito de ampliación de demanda; o Auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, en el que se admitió a trámite la ampliación de demanda y se requirió el informe justificado respectivo; e, o Informe justificado de la autoridad responsable respecto a la ampliación de demanda. A lo que se acuerda: téngase por hecha la relación de constancias relevantes de autos y por rendidos los informes. Periodo probatorio. Seguidamente, se abre la etapa de pruebas, en la que el secretario da cuenta con las documentales ofertadas por la parte quejosa (en su escrito de demanda) y por la responsable al rendir sus informes justificados. A lo que se acuerda: con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales de que se trata ante su especial naturaleza; asimismo, se tiene por precluido el derecho de las restantes partes para ofertarlas. Con lo anterior se cierra la presente etapa. Etapa de alegatos. Enseguida se abre la de alegatos, en la que el secretario hace constar que ninguna de las partes los esgrimió. A lo que se acuerda: se tiene por precluido el derecho de las partes para formularlos y se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por concluida esta fase de la audiencia, levantándose la presente acta para constancia, y quedan los autos vistos para emitir la resolución correspondiente en los siguientes términos: Sentencia definitiva. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 674/2020; y, Resultando. Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el treinta de noviembre de dos mil veinte, ante la ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Celaya, Guanajuato, y el día siguiente en este Juzgado Octavo el mismo día (por razón de turno), *********************, demandó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad que a continuación se cita: Autoridad responsable: "[.] Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio conocido en esta Ciudad (sic) de Celaya, Guanajuato." Acto reclamado: "[.] La violación a mi derecho de petición, consagrado (sic) en el artículo 8° Constitucional (sic) [.]" Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio. Mediante proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo; formó para tal efecto el expediente ****************; otorgó la intervención que legalmente corresponde a la representación social de la federación adscrita; solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Recibido el informe de ley, esta potestad sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; empero, por diverso auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se reingresó a trámite el presente asunto, se señaló nueva fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional y se dio vista a la parte quejosa para que señalara si era su deseo ampliar su demanda de amparo. Por ocurso recibido el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa amplió su demanda de amparo por el siguiente acto atribuido a la jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en esta ciudad: "[.] El oficio identificado como **************** de fecha once de diciembre de dos mil veinte [.]" Ampliación de demanda que fue admitida en auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, y en el que se requirió el informe justificado respectivo. Finalmente, la audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, 107, y relativos de la Ley de Amparo; 48 y concernientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo General 3/20131, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el primero de los actos reclamados es de carácter omisivo y el segundo fue emitido por una autoridad con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, en donde esta potestad tiene jurisdicción territorial. 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: 1. La omisión del delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en esta ciudad, a través de la jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, de dar respuesta a la petición realizada por el quejoso el veintisiete de febrero de dos mil veinte, en la que solicitó, entre otras cosas, la devolución del numerario que le fue descontado de su salario "indebidamente"; y, 2. El oficio número **********************, de fecha once de diciembre de dos mil veinte, a través del cual la jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en esta ciudad, señaló dar respuesta a la petición citada en el punto que precede en sentido negativo. Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados pues así lo señaló la jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en esta ciudad al rendir los informes justificados respectivos3. Lo anterior se patentiza con la documental allegada con el primero de los informes de ley; probanza que tiene el pleno valor probatorio que le confieren los artículos 129, 197, 202 y 217 del 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. 3 Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, número de registro 1002815, del Apéndice de 2011, tomo II. Procesal constitucional 1. Común primera parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, página 830, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles4, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. Del análisis de las constancias allegadas al sumario, se desprenden como antecedentes relevantes del acto reclamado, los siguientes: I. Por escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veinte, ante la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en esta ciudad, el quejoso ********************** solicitó toralmente la devolución de los descuentos salariales retenidos "indebidamente" y otras prestaciones. II. Mediante la misiva número *************** de fecha once de diciembre de dos mil veinte, la jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en esta ciudad, dio contestación en sentido negativo a la petición realizada por el quejoso, al señalar toralmente que únicamente procedería la devolución de las retenciones "indebidas" cuando exista sentencia favorable emitida por una autoridad judicial a su favor. Quinto. Causales de sobreseimiento. Con base en el artículo 62 de la ley de la materia, al ser cuestión de orden público y estudio preferente, se aborda el análisis de las causas de improcedencia. I. Así, respecto al primer acto reclamado, consistente en la omisión de dar respuesta a la petición realizada el veintisiete de febrero de dos mil veinte, a consideración de quien aquí resuelve en comunión con lo argüido por la responsable en el primer informe justificado, se actualiza la causal de 4 Esto, con base en la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De conformidad con la disposición legal transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/993, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5, cuyo contenido es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que 5 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, página 38. las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así, en la especie, el quejoso reclama la falta de respuesta al escrito presentado veintisiete de febrero de dos mil veinte, ante el Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Guanajuato, con sede en esta ciudad, a través de la cual solicitó la devolución de diversos descuentos y otras cuestiones. Al respecto, debe señalarse que dicha omisión ha quedado subsanada, pues la autoridad responsable emitió respuesta a la solicitud formulada por el peticionario del amparo y se la notificó a través de su autorizada. Efectivamente, la autoridad responsable, al rendir su respectivo informe justificado allegó copia certificada del oficio ****************** de once de diciembre de dos mil veinte y la constancia de notificación practicada el dieciséis siguiente a la autorizada del quejoso, respecto de esa misiva. De lo anterior se obtiene que han cesado los efectos del acto reclamado que se analiza, pues ya se emitió una respuesta a la petición de la quejosa y se le hizo de su conocimiento. Cierto, la conducta omisiva de la autoridad responsable que motivó el presente juicio de amparo, cesó al haber pronunciado la contestación al escrito que planteó la quejosa y haciéndola de su conocimiento a través de la diligencia de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, cumpliéndose así las dos obligaciones previstas en el artículo 8º constitucional que toda autoridad a quien le sea formulada una petición debe cumplir, es decir, dar respuesta a lo solicitado y darlo a conocer al gobernado. En tal sentido, el acto impugnado ya no agravia a la quejosa, habiéndose restituido las cosas al estado que guardaban con anterioridad a la violación, produciéndose el resultado que asigna a una sentencia protectora el artículo 77 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo únicamente por cuanto al acto omisivo reclamado6. II. En otro contexto, por cuanto al diverso acto reclamado7, la responsable al rendir el segundo de sus informes justificados argumenta que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, al señalar que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad previo al juicio de amparo. Argumento que se considera infundado dado que la quejosa no se encontraba obligada a agotar los medios ordinarios de defensa previo a ocurrir a esta instancia constitucional, en virtud de que el presente juicio se originó por violación al derecho de petición, y durante la sustanciación del mismo, se emitió la respuesta respectiva, por lo que válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que el quejoso considere le causa el nuevo acto, las cuales deben analizarse como integrantes de la litis constitucional bajo los principios de concentración y economía procesal, previstos en el artículo 17 6 En apoyo de la anterior determinación se invoca la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, página 210, Tomo VII, febrero de 1998, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 196820, cuyo rubro y texto establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". 7 Misiva número ******************* de fecha once de diciembre de dos mil veinte de la Constitución Federal, por lo que no le era exigible agotar primeramente los recursos ordinarios. Es aplicable la jurisprudencia de contradicción de tesis con registro digital IUS 2021401, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO. Si en el juicio de amparo promovido originalmente por violación al derecho de petición la autoridad responsable emite respuesta durante su trámite y el quejoso opta por ampliar su demanda, derivado de la vista que el juzgador de amparo le dio con el informe con justificación, es innecesario agotar el principio de definitividad respecto de dicha respuesta, pues válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que el quejoso considere le causa el nuevo acto, las cuales deben analizarse como integrantes de la litis constitucional bajo los principios de concentración y economía procesal, previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal. Este criterio halla su racionalidad en que, al tratarse de una ampliación de la demanda, el acto en contra del cual se extiende la acción de amparo era desconocido por el quejoso cuando promovió el juicio constitucional, máxime que la respuesta de la autoridad surge durante su trámite y tuvo conocimiento de ella con motivo de la exhibición del informe con justificación. De ahí que obligar a que se agote el principio de definitividad redundaría en un retardo injustificado en la impartición de justicia, porque el juzgador federal ya cuenta con los elementos necesarios para verificar la regularidad constitucional del nuevo acto reclamado; sin que lo anterior implique que el tribunal de amparo se encuentre impedido para decretar el sobreseimiento con base en la existencia de alguna otra causal de improcedencia del juicio distinta a la de no agotar el principio de definitividad, máxime cuando el estudio sobre la procedencia de la acción de amparo es de orden público." III. Finalmente, toda vez que este órgano jurisdiccional no advierte que opere alguna diversa causal de improcedencia del juicio de amparo, ni las partes invocan causal diversa, se analizará el fondo del asunto. Sexto. Estudio de fondo. Son esencialmente fundados los conceptos de violación, aunque suplidos en su deficiencia conforme al numeral 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso ocurre en su calidad de trabajador. En los mencionados conceptos de inconformidad, en síntesis, la parte quejosa sostiene que se violan en su perjuicio los derechos humanos reconocidos en los numerales 14 y 16 de la Carta Fundamental, en tanto que la autoridad responsable indebidamente señaló que no procedía la devolución de los descuentos "irregulares" a su salario, respecto de un préstamo que él no solicitó ni recibió. Al respecto, la autoridad responsable al emitir el oficio materia de reclamo, señaló que no procedía realiza la devolución de los descuentos, ni la eliminación del marcaje de préstamo irregular y dejar el estado de cuenta en ceros; ello, al señalar: - Que se interpuso por parte de la unidad jurídica de esa dependencia, una denuncia por delito de fraude, la cual se registró con el número ***********************, la que indicó se encuentra en estado de "consulta de reserva". - Que para estar en condiciones de realizar la devolución de los descuentos y demás prestaciones, se requiere "obligatoriamente" cumplir con el acuerdo 40.1309.2007 de la Junta Directiva, al señalar que hasta en tanto no exista una sentencia por parte de la autoridad judicial, le serán devueltos los descuentos "indebidos". Así, como se anticipó, los conceptos de violación suplidos en su deficiencia son fundados, y por ende, procede conceder al quejoso la protección constitucional que solicita. Para respaldar esa postura, es preciso señalar que el juicio de amparo es un medio de protección del orden constitucional contra todo acto de autoridad que agravie a cualquier gobernado, así pues, la teleología que persigue es la de proteger y preservar el régimen constitucional; jurídicamente, la acción constitucional de amparo no es un derecho de acción procesal ordinaria penal, civil, laboral o administrativa, sino que es puramente constitucional, nace directamente de la Constitución, en abstracto de sus artículos 103 y 107. Es decir, la acción constitucional va encaminada a controlar el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos fundamentales y no la ley común; no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales comunes, sino que va dirigida a hacer respetar la Ley Suprema cuando la autoridad ha rebasado sus límites. Con el juicio de amparo los Tribunales de la Federación, al conocer de los respectivos casos, amplían su esfera de competencia hasta el grado de convertirse en revisores de los actos de todas las autoridades ordinarias, sin que ello implique que puedan sustituirse en funciones propias de estas últimas, sino sólo hasta el límite de analizar las violaciones de procedimiento o de fondo que en su caso ellas hubieran cometido, por lo que propiamente deben estudiar el problema jurídico planteado ante este tipo de autoridades, de acuerdo con las normas que rijan la materia y resulten ser las aplicables en el tiempo y en el espacio, estableciendo así el consiguiente control constitucional previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende, el juicio de amparo, además de ser un medio de impugnación constitucional lato sensu, es también un medio de control de legalidad, esto es, debe analizar la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado en cuanto a la aplicación exacta y puntual de las leyes adjetiva y sustantiva correspondientes por razones de materia, ámbito territorial y tiempo, en relación con los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. En el caso, en el oficio materia de reclamo número *******************, de fecha once de diciembre de dos mil veinte, suscrito por la jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en esta ciudad, por el cual, en respuesta al escrito del quejoso que le fue presentado el veintisiete de febrero del mismo año, se le negó la petición de devolverle las cantidades de dinero que le fueron descontadas de su salario "indebidamente", bajo el argumento de que conforme el acuerdo 40.1309.2007 de la Junta Directiva, es necesario que exista una sentencia de autoridad judicial que así lo determine. Lo anterior, evidencia que con esa determinación administrativa se violentan en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, pues resulta transgresora de los derechos fundamentales del quejoso, el que se condicione la devolución del dinero retenido "indebidamente" con motivo de un crédito irregular, a que al afectado previamente instrumente un juicio y, eventualmente obtenga una sentencia favorable que así lo decida, al ser totalmente desproporcional atribuirle esa carga al trabajador. Lo anterior es así, ya que es al propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a quien le corresponde, primero, hacer las investigaciones internas que le permitan determinar qué personal de su adscripción se encuentra coludido en esas gestiones irregulares, que han concluido con el otorgamiento de préstamos en lo individual a nombre de personas que no los han solicitado, pero que en la práctica son quienes sufren los descuentos de sus salarios y/o pensiones para amortizar tales créditos, y segundo, hacer las denuncias pertinentes ante el Ministerio Público. Efectivamente, se considera desproporcional la pretensión de la autoridad responsable de trasladar la carga al afectado, en tanto que se le obliga a instar las acciones legales necesarias para obtener una sentencia judicial que ordene la restitución del numerario indebidamente retenido, propiciando de este modo el retardo en la solución del asunto, en detrimento de sus derechos fundamentales. En efecto, el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en respetar, proteger, garantizar y, promover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Acorde con lo anterior, para determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de protegerlos. Esa obligación puede caracterizarse como el deber que tienen los órganos del Estado, dentro del margen de sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya sea que provengan de una autoridad o de algún particular y, por ello, debe contarse tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de vulneración del derecho, de forma que se impida la consumación de la violación. En este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible, ya que como la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las personas de las interferencias a sus derechos provenientes de los propios agentes del Estado como de otros particulares, este fin se logra, en principio, mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su cumplimiento y, si esto es insuficiente, mediante las acciones necesarias para impedir la consumación de la violación a los derechos. De ahí que, una vez conocido el riesgo de vulneración a un derecho humano, el Estado incumple su obligación si no realiza acción alguna, sobre todo, porque en el caso de sus propios agentes, está obligado a saber todo lo que hacen. Asimismo, como la finalidad de la indicada obligación del Estado es la realización del derecho fundamental, para ello se requiere la eliminación de restricciones al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos o la facilitación de actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales. En el supuesto que se analiza, la conducta desplegada por la autoridad responsable, que personifica un ente del Estado, deviene violatoria de derechos fundamentales del quejoso ****************, porque a consideración de quien ahora resuelve, deviene desproporcional la pretensión de trasladarle la carga de tramitar un juicio, con todo lo que ello implica en cuestión de gastos y tiempo que habrán de invertirse y, en el que, además, tendrá que obtener sentencia favorable que ordene la restitución del numerario "indebidamente" retenido a virtud de un crédito no solicitado por él, propiciando de este modo el retardo en la solución del asunto, en detrimento de los derechos fundamentales del accionante. Máxime que es al propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a quien le corresponde hacer las investigaciones internas que le permitan identificar a las personas que laboran en esa institución que se encuentran involucradas en el trámite para obtener préstamos bajo ese esquema "irregular" en perjuicio de personas ajenas y, en su caso, hacer las denuncias pertinentes ante el Ministerio Público. Igual criterio asumió el juez Tercero de Distrito en el estado de Guerrero, en el juicio de amparo **************, confirmado en revisión por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Juicio de amparo 674/2020-7 16 Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, dentro del expediente ******************. Conclusión. Consecuentemente, ante la violación de derechos fundamentales en perjuicio de la parte quejosa, impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal se demanda, para el efecto de que la jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en esta ciudad, dentro del término de tres días siguientes al de la notificación del auto que declare ejecutoriada esta sentencia: o Deje insubsistente el oficio número ****************, de fecha once de diciembre de dos mil veinte, dirigido al quejoso ********************; y, o En su lugar emita otra determinación en la que, absteniéndose de atribuir la carga al accionante de la tutela federal de obtener previamente una sentencia judicial que ordene la devolución de los descuentos realizados "indebidamente", con libertad de decisión, dé contestación completa, fundada y motivadamente a su petición ingresada el veintisiete de febrero de dos mil veinte. Respuesta en la que, de ser procedente, deberá devolver al quejoso en una sola exhibición las retenciones que se le hubieran efectuado "indebidamente" por el crédito "irregular" de que se trata. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******************, contra el acto omisivo reclamado a la autoridad responsable, por las razones expuestas en el quinto considerando del presente fallo. Segundo. La justicia federal ampara y protege a ****************** en contra del segundo de los actos reclamados a la autoridad responsable precisados en el considerando segundo; por las razones y para los efectos expuestos en el último considerativo de este fallo. Principal 674/2020. Promoción . El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con el oficio registrado con el número . Conste. Celaya, Guanajuato, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. acuerdo

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano