José Luis Ávila Morales

Expediente 417/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
417/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/12/2018

Partes del expediente

  • José Luis Ávila Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a siete de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (foja 19 y 20), que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por José Luis Ávila Morales, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I, II y III del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el término de cinco días concedido a la parte promovente mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, transcurrió del trece al veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, sin que desahogara la prevención ahí contenida. En efecto, aún de una nueva lectura de la demanda de amparo y de la constancia con firmas autógrafas relativas al acuerdo dictado por la Junta laboral responsable en el expediente laboral 372/2012/JE1-3, no se advierte quienes son las parte actora ni demandada; y si bien es cierto, que de dicha constancia se observa que el aquí promovente de amparo representa a la parte actora, con dicha documental no se acredita que el actor en dicho controvertido sea José Luis Ávila Morales, por lo que no se da cumplimiento como se instó en proveído de ocho de noviembre del presente año, a lo que ordena el artículo 11 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento que contiene el auto de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por José Luis Ávila Morales. Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE FECHA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO AL QUEJOSO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el término de cinco días concedido a la parte promovente mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, transcurrió del trece al veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, sin que desahogara la prevención ahí contenida. En efecto, aún de una nueva lectura de la demanda de amparo y de la constancia con firmas autógrafas relativas al acuerdo dictado por la Junta laboral responsable en el expediente laboral 372/2012/JE1-3, no se advierte quienes son las parte actora ni demandada; y si bien es cierto, que de dicha constancia se observa que el aquí promovente de amparo representa a la parte actora, con dicha documental no se acredita que el actor en dicho controvertido sea José Luis Ávila Morales, por lo que no se da cumplimiento como se instó en proveído de ocho de noviembre del presente año, a lo que ordena el artículo 11 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento que contiene el auto de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por José Luis Ávila Morales. Notifíquese personalmente al promovente.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Maximiano Castillo Balleza quien aduce ser apoderado legal de José Luis Ávila Morales, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 417/2018-I. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, acorde a lo señalado en el numeral 112 de la Ley de Amparo, procédase al análisis del escrito de demanda y resuélvase lo que en derecho proceda. Ahora bien, dado que el arábigo 114, fracciones I, II y III en relación con el diverso artículo 108, fracción III, ambos de la de la ley de la materia, al efecto indican: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:.- I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente;.-. (.) Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." De lo anterior, se obtiene que el órgano jurisdiccional, pueda requerir a la parte quejosa, cuando advierta irregularidades en la demanda de garantías que promueve, a fin de que las subsane. En tal virtud, considerando que el licenciado Maximiano Castillo Balleza, pretende acreditar el carácter de apoderado del quejoso José Luis Ávila Morales, al tenor de la copia con firmas autógrafas que al efecto exhibe del auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho, emitido dentro del juicio laboral número 372/2012/JE1-3 del índice de la Junta responsable con sede en esta ciudad; sin embargo, de la misma no se advierte que cuente con la referida personalidad, pues únicamente se evidencia que dentro del citado juicio, es apoderado jurídico de la parte ahí actora, sin desprenderse que José Luis Ávila Morales, es parte dentro del controvertido laboral. De ahí, que en el caso resulte procedente requerir al promovente del amparo, para que dentro del plazo de cinco días, siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este proveído, exhiba las constancias relativas con que acredite el carácter de apoderado legal del quejoso José Luis Ávila Morales. Tiene aplicación al caso particular, sin oponerse a lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, la Jurisprudencia número P./J.43/86, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 48, del Tomo IV, Julio de 1996, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que éste órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL y PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER, para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". En la inteligencia, de que una vez acreditada la personalidad del promovente, el escrito de aclaración correspondiente deberá de contar con su firma autógrafa, y no puede ser sustituida por aquéllos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional. Tiene aplicación en lo que interesa, sin oponerse a lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, la Jurisprudencia 1a./J. 37/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 68, del Tomo XXXIII, Junio de 2011, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." En la inteligencia, que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se tendrá por no presentada la demanda planteada, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo, del citado numeral 114 de la propia ley. Apoya lo anterior, por identidad de razones y sin oponerse a lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, la Jurisprudencia 495, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página cuatrocientos treinta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA CLARARLA. De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un Juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo." En otro orden de ideas, ténganse al promovente señalando como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Jardín Hidalgo número 113, casi esquina con Pedro Antonio Santos, zona Centro, en esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizado para el único efecto de oír y recibir notificaciones a Carlos Alejandro Bustos Ruíz, en virtud de haberlo así solicitado el promovente. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por el Actuario adscrito a este juzgado, solo en caso de que no le sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese personalmente al promovente.

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