José Luis Barradas Colorado
Expediente 441/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Luis Barradas Colorado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a los terceros interesados y autoridades responsables, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Finalmente, devuélvase a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado consistentes en el duplicado del expediente laboral número 02007/2016/JE1-1, de su índice, en un tomo; solicitando el acuse respectivo. Notifíquese. Lo proveyó y firma Luis Fernando Arreola Villa, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, asistido de Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de trece de febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro de los autos del expediente laboral 02007/2016/JE1-1, donde se desahogaron las pruebas testimoniales a cargo de Blanca Estela Piña Zúñiga, Ciria Edith Gómez Ramírez y Manuel Rosas Rodríguez. Igualmente, con fundamento en el numeral 119, de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la responsable de mérito, las documentales que acompaña, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Luego, visto el estado que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo de que se advierte que el acto que reclama el quejoso José Luis Barradas Colorado es: la omisión de llevar a cabo el desahogo de las testimoniales a cargo de Blanca Estela Piña Zúñiga, Ciria Edith Gómez Ramírez y Manuel Rosas Rodríguez, en el expediente laboral 02007/2016/JE1-1, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario Constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia Constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Conforme a lo dispuesto en el arábigo trascrito, el juicio de amparo deviene improcedente cuando los efectos del acto que se reclama hayan cesado. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado Tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Las consideraciones expuestas tienen como sustento en la ejecutoria que originó la jurisprudencia De lo expuesto, adquiere relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a. Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, b. Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En el particular, se actualiza el supuesto descrito en el inciso b) que antecede, puesto que la citada Junta Local remitió copia certificada del acuerdo de trece de febrero de dos mil dieciocho, de su índice (fojas 50 y 51); constancias a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Así, es evidente que la responsable emitió una determinación que constituyó una situación jurídica que destruyó la diversa que originó la presentación de la demanda de amparo, en la que se reclamó la afectación de los derechos fundamentales del impetrante, habida cuenta que tal actuación tuvo como consecuencia la destrucción del acto tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del citado particular. Esto es, resulta evidente que sí por ésta vía Constitucional el quejoso reclama la omisión del desahogo de la prueba testimonial a cargo de Blanca Estela Piña Zúñiga, Ciria Edith Gómez Ramírez y Manuel Rosas Rodríguez y, la responsable remite a éste Juzgado Federal copia certificada del acuerdo de trece de febrero de dos mil dieciocho, de su índice fojas 50 y 51, en el que se llevó acabo el desahogo de la multicitada prueba, misma que del anexo uno de pruebas se advierte que fue programada por acuerdo de treinta y uno de octubre del año próximo pasado foja 65; dicha circunstancia constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental que consideró violado. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que la Junta responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica del peticionario de garantías, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, deviene inconcuso que debe sobreseerse el presente juicio Constitucional, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En tales condiciones, déjese sin efectos la audiencia Constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA DE HOY. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO Y CITATORIOS.- SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE FECHA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO AL QUEJOSO Y TERCEROS INTERESADOS, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de trece de febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro de los autos del expediente laboral 02007/2016/JE1-1, donde se desahogaron las pruebas testimoniales a cargo de Blanca Estela Piña Zúñiga, Ciria Edith Gómez Ramírez y Manuel Rosas Rodríguez. Igualmente, con fundamento en el numeral 119, de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la responsable de mérito, las documentales que acompaña, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Luego, visto el estado que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo de que se advierte que el acto que reclama el quejoso José Luis Barradas Colorado es: la omisión de llevar a cabo el desahogo de las testimoniales a cargo de Blanca Estela Piña Zúñiga, Ciria Edith Gómez Ramírez y Manuel Rosas Rodríguez, en el expediente laboral 02007/2016/JE1-1, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario Constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia Constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Conforme a lo dispuesto en el arábigo trascrito, el juicio de amparo deviene improcedente cuando los efectos del acto que se reclama hayan cesado. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado Tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Las consideraciones expuestas tienen como sustento en la ejecutoria que originó la jurisprudencia De lo expuesto, adquiere relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a. Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, b. Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En el particular, se actualiza el supuesto descrito en el inciso b) que antecede, puesto que la citada Junta Local remitió copia certificada del acuerdo de trece de febrero de dos mil dieciocho, de su índice (fojas 50 y 51); constancias a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Así, es evidente que la responsable emitió una determinación que constituyó una situación jurídica que destruyó la diversa que originó la presentación de la demanda de amparo, en la que se reclamó la afectación de los derechos fundamentales del impetrante, habida cuenta que tal actuación tuvo como consecuencia la destrucción del acto tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del citado particular. Esto es, resulta evidente que sí por ésta vía Constitucional el quejoso reclama la omisión del desahogo de la prueba testimonial a cargo de Blanca Estela Piña Zúñiga, Ciria Edith Gómez Ramírez y Manuel Rosas Rodríguez y, la responsable remite a éste Juzgado Federal copia certificada del acuerdo de trece de febrero de dos mil dieciocho, de su índice fojas 50 y 51, en el que se llevó acabo el desahogo de la multicitada prueba, misma que del anexo uno de pruebas se advierte que fue programada por acuerdo de treinta y uno de octubre del año próximo pasado foja 65; dicha circunstancia constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental que consideró violado. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que la Junta responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica del peticionario de garantías, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, deviene inconcuso que debe sobreseerse el presente juicio Constitucional, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En tales condiciones, déjese sin efectos la audiencia Constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA DE HOY. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a doce de enero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia respectiva. Ahora bien, la citada autoridad en apoyo a su informe con justificación acompaña duplicado del expediente laboral 02007/2016/JE1-1, de su índice; documentales que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Para mejor manejo del presente expediente, con las aludidas constancias, fórmese el anexo uno respetando folio, sello y rúbrica. Notifíquese. Lo proveyó y firma Luis Fernando Arreola Villa, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, asistido de Verónica Melissa Nava Sanz, Secretaria que autoriza y da fe.VMNS/dvm
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