José Luis Avila Morales
Expediente 30/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 30/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Luis Avila Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el auto de fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Firmeza En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Relevancia El presente asunto, NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino Principal. Concluido el plazo conservación de tres años, como lo estipula el artículo 21 inciso a), del acuerdo en cita, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dentro de los treinta días siguientes. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en la caratula de este expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE) y en el libro de gobierno que corresponda. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Informe justificado. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Prueba documental. Ahora bien, el Presidente en comento, en apoyo a su informe con justificación acompaña diversas constancias; documentales que se tienen por ofrecidas de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. En otro contexto, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que existen elementos probatorios que acreditan la actualización de una causal de improcedencia que jurídicamente permite sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de la celebración de dicha audiencia, siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, de suerte tal que, aun cuando la parte quejosa exhiba mayores pruebas, sea imposible desvirtuar la causa de improcedencia, o aun cuando no se haya dado vista a las partes del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de dicho informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en la justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Del contenido del numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, entre otros casos, cuando por virtud del cambio de situación jurídica que acontezca en el procedimiento del que emana el acto reclamado, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder resolverse el juicio constitucional sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión por parte del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, de llevar a cabo los tramites tendentes para lograr la ejecución del laudo que resolvió el juicio laboral 00372/2012/JE1-3, así como la omisión de ejecutar la orden de arresto librada por el presidente en comento, contra ***(apoderado de la empresa demandada), para lograr con ello que se pusiera a disposición de la parte actora (aquí quejoso) el autobús embargado en el sumario de origen, en ejecución de la resolución laboral en mención. Empero, de las constancias que la autoridad responsable en mención anexó con firmas originales a su informe justificado, se advierte que el dos de febrero de dos mil veintidós, las partes procesales en el controvertido laboral 00372-2012-JE1-3, celebraron un convenio de terminación de la relación laboral entre José Luis Ávila Morales aquí quejoso y Transportes línea del Golfo Valles Tampico, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal José Alfredo Castillo García, el que fue aprobado por el presidente de la junta responsable, ordenando la devolución del automotor embargado y la cancelación de la orden de arresto librada contra el apoderado en mención. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2 párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Al respecto, debe decirse que la celebración del convenio provoca que exista un cambio de situación jurídica, pues al celebrar el quejoso parte actora en el juicio laboral de origen y la moral demandada -aquí tercera interesada-, un convenio, que fue sancionado por la autoridad laboral en comento, y como consecuencia se dejó insubsistente la orden de arresto, y se ordenó dejar a disposición de la empresa demandada los bienes embargados, constituye una nueva situación jurídica, diversa y autónoma, pues originalmente se reclamaba de la responsable una omisión lisa y llana referente a no ordenar diligencias para ejecutar el laudo, así como el arresto decretado. Por ende, no sería jurídicamente posible abordar el estudio de los actos omisivos reclamados originalmente sin trastocar la nueva situación jurídica que prevalece en el controvertido laboral de origen, constituida por nuevos actos que se sustituyen como rectores de la situación jurídica del quejoso, a los inicialmente reclamados. En ese contexto, al existir un cambio de situación jurídica en el juicio laboral 00372-2012-JE1-3 en los términos precisados, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional fijada a las CATORCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y personalmente.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Informe justificado. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Prueba documental. Ahora bien, el Presidente en comento, en apoyo a su informe con justificación acompaña diversas constancias; documentales que se tienen por ofrecidas de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. En otro contexto, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que existen elementos probatorios que acreditan la actualización de una causal de improcedencia que jurídicamente permite sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de la celebración de dicha audiencia, siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, de suerte tal que, aun cuando la parte quejosa exhiba mayores pruebas, sea imposible desvirtuar la causa de improcedencia, o aun cuando no se haya dado vista a las partes del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de dicho informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en la justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Del contenido del numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, entre otros casos, cuando por virtud del cambio de situación jurídica que acontezca en el procedimiento del que emana el acto reclamado, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder resolverse el juicio constitucional sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión por parte del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, de llevar a cabo los tramites tendentes para lograr la ejecución del laudo que resolvió el juicio laboral 00372/2012/JE1-3, así como la omisión de ejecutar la orden de arresto librada por el presidente en comento, contra ***(apoderado de la empresa demandada), para lograr con ello que se pusiera a disposición de la parte actora (aquí quejoso) el autobús embargado en el sumario de origen, en ejecución de la resolución laboral en mención. Empero, de las constancias que la autoridad responsable en mención anexó con firmas originales a su informe justificado, se advierte que el dos de febrero de dos mil veintidós, las partes procesales en el controvertido laboral 00372-2012-JE1-3, celebraron un convenio de terminación de la relación laboral entre José Luis Ávila Morales aquí quejoso y Transportes línea del Golfo Valles Tampico, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal José Alfredo Castillo García, el que fue aprobado por el presidente de la junta responsable, ordenando la devolución del automotor embargado y la cancelación de la orden de arresto librada contra el apoderado en mención. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2 párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Al respecto, debe decirse que la celebración del convenio provoca que exista un cambio de situación jurídica, pues al celebrar el quejoso parte actora en el juicio laboral de origen y la moral demandada -aquí tercera interesada-, un convenio, que fue sancionado por la autoridad laboral en comento, y como consecuencia se dejó insubsistente la orden de arresto, y se ordenó dejar a disposición de la empresa demandada los bienes embargados, constituye una nueva situación jurídica, diversa y autónoma, pues originalmente se reclamaba de la responsable una omisión lisa y llana referente a no ordenar diligencias para ejecutar el laudo, así como el arresto decretado. Por ende, no sería jurídicamente posible abordar el estudio de los actos omisivos reclamados originalmente sin trastocar la nueva situación jurídica que prevalece en el controvertido laboral de origen, constituida por nuevos actos que se sustituyen como rectores de la situación jurídica del quejoso, a los inicialmente reclamados. En ese contexto, al existir un cambio de situación jurídica en el juicio laboral 00372-2012-JE1-3 en los términos precisados, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional fijada a las CATORCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Se recibe razón actuarial. Téngase por recibida la razón actuarial de cuenta, mediante la cual, el fedatario judicial de la adscripción manifiesta la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio 1280/2022, dirigido al Encargado de la Subdirección Zona Huasteca Norte de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, toda vez que señala que esa denominación no existe. Requerimiento a la parte quejosa. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, requiérase a la parte quejosa para que en el término de tres días contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto a dicha imposibilidad; apercibida que de no cumplir, se tendrá por inexistente a la autoridad responsable en cita. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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