José Luis Barradas Colorado
Expediente 204/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Luis Barradas Colorado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a la autoridad responsable y los terceros interesados para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS ****, LA DETERMINACIÓN DE 27 DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, como de los mismos se advierte, que en proveído de veintidós de junio del año en curso, se tuvo rendido el informe justificado de la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su Presidente, en su representación, con sede en esta ciudad, a través del cual informó que el actor José Luis Barradas Colorado, aquí quejoso, se desistió en su perjuicio de la acción, prestaciones reclamadas y de la demanda que dio origen al juicio laboral 2007/2016/JE1-1, del que derivan los actos aquí reclamados, remitiendo copia con firmas autógrafas del desistimiento de veinte de junio de dos mil dieciocho, a fin de acreditar su dicho. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso es el siguiente: "La omisión (sic) emitir el LAUDO respectivo, dentro de los autos del Juicio Laboral No. 2007/2016/JE1-1 y en consecuencia a ello a su incumplimiento de otorgarme Justicia Pronta." En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia constitucional; ello en virtud de que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Dicho precepto legal establece que los controvertidos constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales del quejoso, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado Tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Las consideraciones expuestas tienen como sustento en la ejecutoria que originó la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, página 38, correspondiente a Junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el particular, de la documental aportada por la autoridad responsable anexa al oficio de referencia, se desprende que en fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, la parte actora compareció ante sus instalaciones para efecto de desistirse de la acción y la demanda interpuesta en contra de Distribuidora de Pinturas y Marcas, Sociedad Anónima de Capital Variable; Adán Lárraga Ortega y Eliseo Moreno Hernández, por tanto, la responsable ordenó el archivo del expediente laboral como asunto total y definitivamente concluido; constancia a la que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que la Junta responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica del peticionario de garantías, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que el juicio de amparo solo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico de la parte quejosa, lo cual en el caso no acontece, pues al haberse desistido de la acción y demanda del expediente laboral de origen 2007/2016/JE1-1, queda insubsistente la posibilidad de exigir y hacer valer algún derecho dentro de un nuevo procedimiento, ya que implica la renuncia a los derechos sustantivos dentro del juicio natural. Apoya a las consideraciones expuestas, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 102, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "AMPARO, SOBRESEIMIENTO EN EL, POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA LABORAL. Cuando existiendo pluralidad de actores uno de ellos desiste de las acciones intentadas antes de que se pronuncie en el juicio el laudo correspondiente, y con motivo de tal desistimiento se da por terminado el conflicto laboral con antelación al dictado de dicho laudo, éste no puede ocasionar al desistido perjuicio alguno, ni por tanto afectar sus intereses jurídicos." Asimismo, la diversa tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 209, del Tomo XII, Septiembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA ACCION. IMPOSIBILIDAD DE VOLVER A RECLAMAR LAS MISMAS ACCIONES. Toda vez que el desistimiento de la acción produce la pérdida del derecho que el demandante hace valer en el juicio, ya que al renunciar a la acción se renuncia al derecho, no puede condenarse al quejoso por las acciones de las que el mismo actor ya se desistió durante el juicio laboral. Por lo tanto, si en su diverso juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal a fin de que sea emplazado legalmente uno de los codemandantes, el efecto de dicha protección no puede comprender al trabajador que se desistió expresamente de las acciones intentadas en contra de la parte patronal, máxime que la Junta de conocimiento emitió el acuerdo relativo." Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, deviene incontrovertible que este juicio de garantías debe sobreseerse con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En tales condiciones, déjese sin efectos la hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO). Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, como de los mismos se advierte, que en proveído de veintidós de junio del año en curso, se tuvo rendido el informe justificado de la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su Presidente, en su representación, con sede en esta ciudad, a través del cual informó que el actor José Luis Barradas Colorado, aquí quejoso, se desistió en su perjuicio de la acción, prestaciones reclamadas y de la demanda que dio origen al juicio laboral 2007/2016/JE1-1, del que derivan los actos aquí reclamados, remitiendo copia con firmas autógrafas del desistimiento de veinte de junio de dos mil dieciocho, a fin de acreditar su dicho. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso es el siguiente: "La omisión (sic) emitir el LAUDO respectivo, dentro de los autos del Juicio Laboral No. 2007/2016/JE1-1 y en consecuencia a ello a su incumplimiento de otorgarme Justicia Pronta." En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia constitucional; ello en virtud de que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Dicho precepto legal establece que los controvertidos constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales del quejoso, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado Tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Las consideraciones expuestas tienen como sustento en la ejecutoria que originó la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, página 38, correspondiente a Junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el particular, de la documental aportada por la autoridad responsable anexa al oficio de referencia, se desprende que en fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, la parte actora compareció ante sus instalaciones para efecto de desistirse de la acción y la demanda interpuesta en contra de Distribuidora de Pinturas y Marcas, Sociedad Anónima de Capital Variable; Adán Lárraga Ortega y Eliseo Moreno Hernández, por tanto, la responsable ordenó el archivo del expediente laboral como asunto total y definitivamente concluido; constancia a la que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que la Junta responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica del peticionario de garantías, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que el juicio de amparo solo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico de la parte quejosa, lo cual en el caso no acontece, pues al haberse desistido de la acción y demanda del expediente laboral de origen 2007/2016/JE1-1, queda insubsistente la posibilidad de exigir y hacer valer algún derecho dentro de un nuevo procedimiento, ya que implica la renuncia a los derechos sustantivos dentro del juicio natural. Apoya a las consideraciones expuestas, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 102, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "AMPARO, SOBRESEIMIENTO EN EL, POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA LABORAL. Cuando existiendo pluralidad de actores uno de ellos desiste de las acciones intentadas antes de que se pronuncie en el juicio el laudo correspondiente, y con motivo de tal desistimiento se da por terminado el conflicto laboral con antelación al dictado de dicho laudo, éste no puede ocasionar al desistido perjuicio alguno, ni por tanto afectar sus intereses jurídicos." Asimismo, la diversa tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 209, del Tomo XII, Septiembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA ACCION. IMPOSIBILIDAD DE VOLVER A RECLAMAR LAS MISMAS ACCIONES. Toda vez que el desistimiento de la acción produce la pérdida del derecho que el demandante hace valer en el juicio, ya que al renunciar a la acción se renuncia al derecho, no puede condenarse al quejoso por las acciones de las que el mismo actor ya se desistió durante el juicio laboral. Por lo tanto, si en su diverso juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal a fin de que sea emplazado legalmente uno de los codemandantes, el efecto de dicha protección no puede comprender al trabajador que se desistió expresamente de las acciones intentadas en contra de la parte patronal, máxime que la Junta de conocimiento emitió el acuerdo relativo." Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, deviene incontrovertible que este juicio de garantías debe sobreseerse con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En tales condiciones, déjese sin efectos la hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO). Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidente, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia respectiva. Asimismo, se tiene admitida y desahogada la documental que acompaña la citada responsable, dada su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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