Jose Leobardo Zavala Huitzacua

Expediente 1101/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1101/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
14/12/2022

Partes del expediente

  • Jose Leobardo Zavala Huitzacua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada dentro de la audiencia constitucional celebrada el quince de noviembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en el presente juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia causa ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyanse el juicio y el original del incidente, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad mediante el cual solicita se remita original del escrito de aplicación de demanda promovido por ******************** Atento al anterior, se ordena desglosar el escrito de mérito que obra en el presente juicio de amparo, previa copia certificada que se deje en el mismo, y remítase el original de escrito de ampliación de demanda promovida por el aquí quejoso al juzgado oficiante. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad referida. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del quince de noviembre de dos mil veintidós, el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de juez en términos de los artículos 43 y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del titular contenida en oficio CCJ/ST/5322/2022 de la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y conforme al artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1101/2022, sin la comparecencia de las partes. Ahora bien, con esta fecha se da cuenta al Secretario en funciones de Juez con la promoción registrada con el número 17746, por medio del cual el quejoso José Leobardo Zavala Huitzacua, pretende ampliar la presente demanda de amparo contra el acto reclamado consistente en que no fue llamado al juicio ejecutivo mercantil 1395/2021 del índice del Juzgado Cuarto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, por lo que tiene el temor de que se ejecute la orden de embargo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el inmueble ubicado en la calle Privada Juntas Literarias, número 65, del Fraccionamiento San Mateo, en Morelia, Michoacán. Al respecto, conviene señalar los casos en los que procede la ampliación de la demanda en el amparo indirecto: 1. Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso; 2. Cuando se fundamente o motive el acto reclamado en el informe justificado; y, 3. Cuando el quejoso tenga conocimiento, por cualquier medio, de actos de autoridad vinculados con los reclamados, y pueda recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos establecidos en la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 15/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Tomo XVIII, Julio de 2003, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional.". -Lo resaltado y subrayado es propio de este juzgado-. Por otra parte, en el escrito inicial de demanda la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Juez y la Actuaria adscritos al Juzgado Cuarto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; a quienes reclama, el no haber sido llamado al juicio ejecutivo mercantil 1395/2021 del índice del Juzgado Cuarto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, por lo que tiene el temor de que se ejecute la orden de embargo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el inmueble ubicado en la calle Privada Juntas Literarias, número 65, del Fraccionamiento San Mateo, en Morelia, Michoacán. Por las razones que a continuación se expondrán se desecha la ampliación de demanda intentada por la parte quejosa. Ello resulta de esa manera puesto que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a analizar la procedencia de la ampliación de demanda y establecer previo a verificar si ésta cumple con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, establecer si el acto reclamado es susceptible de control constitucional o debe desecharse. Sustenta lo anterior, la tesis I.1o.P.32K, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, ubicada en el Libro 57, Tomo III, de Agosto de 2018, página 2602, con número de registro 2017726, que a la letra dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. PREVIO A VERIFICAR QUE SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA PARA SU PROCEDENCIA, DEBE ANALIZARSE SI EL NUEVO ACTO RECLAMADO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL PUES, DE NO SER ASÍ, DEBE DESECHARSE DE PLANO. Previo a verificar que se cumplen los requisitos del precepto señalado respecto de la procedencia de la ampliación de la demanda de amparo, es indispensable que el Juez constitucional analice si el nuevo acto reclamado por el que pretende ampliarse la demanda es susceptible de ser contrarrestado o anulado mediante el juicio de amparo, para así justificar su procedencia con base en el artículo 113 de la Ley de Amparo pues, de no ser así, debe desecharla de plano cuando se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara una causal de improcedencia; de lo contrario, admitir el acto por el que pretende ampliarse la demanda y de sustanciarse el procedimiento a partir del hecho de que se reúnen las exigencias del artículo 111 de la ley citada, cuando el juzgador de amparo tiene la certeza y plena convicción de que contra dicho acto improcedente el juicio biinstancial, no llevaría a ningún fin práctico, pues al dictar la sentencia respectiva, arribaría a la misma conclusión que tuvo al momento de tener a la vista el escrito de ampliación de la demanda, a pesar de las probanzas que se hubieran allegado al juicio; por ende, se insiste, debe desecharse de plano la ampliación de la demanda si el acto no es susceptible de control constitucional. Sin que ello atente contra los principios de seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y defensa adecuada, pues no debe perderse de vista que deben seguirse ciertas formalidades en el procedimiento, entre las cuales el legislador previó las causas de improcedencia". En ese tenor, dígase a la parte quejosa que no es posible realizar la ampliación de demanda respecto de las autoridades que ahora señala como responsables, dado que si bien los actos que reclamó en la demanda de amparo y en el ocurso de cuenta, refiere la orden de embargo emitida en su contra, y que tiene el temor de que se ejecute en el inmueble ubicado en calle Privada Juntas Literarias, número 65, del Fraccionamiento San Mateo, Michoacán; lo cierto es que en el presente asunto, se está conociendo esencialmente respecto de la orden de embargo emitida por el Juez Cuarto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; y la posible ejecución por parte de la Actuaria adscrita al mismo, refiriendo en sus conceptos de violación que esta podía provenir del juicio de origen 1395/2021. En otras palabras, el acto que pretende reclamar a las autoridades responsables en la ampliación de demanda, no se vincula de manera indirecta con lo aquí reclamado, ni referente a la autoridad señalada como responsable. Cobra aplicación la tesis I.14o.T.2 K, pronunciada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Libro 56, Tomo II, de julio de 2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2017321, de contenido siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ESTRECHA RELACIÓN", PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de ampliar la demanda contra diversos actos si guardan "estrecha relación" con los inicialmente reclamados. A efecto de precisar el significado de dicha expresión, conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, el verbo "relacionar" tiene como sinónimo "vincular", que significa "atar o fundar algo a otra cosa"; por su parte, la palabra "estrecho" se define como "ajustado", que es lo que está en extremo unido. De lo anterior, se concluye que la expresión "estrecha relación", no es sino otra forma de decir que la suerte de algo está en extremo unida a la de otra cosa, por lo que si se traslada esa definición al requisito establecido en el artículo aludido, puede sostenerse que dos actos tienen "estrecha relación" entre sí, sin que sea limitativo, cuando 1) el segundo en el tiempo es consecuencia, en todo o en parte, del primero; 2) modifica, amplía o restringe los alcances del primero, total o parcialmente; 3) explica los términos del primigeniamente reclamado; 4) permite su subsistencia, aunque fuere sólo en algún aspecto; o, 5) la destrucción de uno, suponga la del otro, en todo o en partes. En todas esas hipótesis, la suerte del acto reclamado en la demanda original está en extremo unida a la del acto o actos por los cuales pretende ampliarse y, permiten determinar, en cada caso, si es factible admitir la ampliación referida". Cobra aplicación la tesis I.11o.C.32 C, pronunciada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Primer Circuito, publicada en el Libro XXIII, Tomo 3, de agosto de 2013, página 1549, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2004151, de contenido siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN MATERIA CIVIL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE SEÑALAN ACTOS QUE NO GUARDAN VINCULACIÓN CON LOS RECLAMADOS INICIALMENTE O NO SON CAUSA EFICIENTE DE LOS MISMOS. La ampliación de demanda, conforme a las reglas establecidas tanto por el Pleno como por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de rubros: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE." y "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN.", procede cuando del informe rendido por la autoridad responsable se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación. Sin embargo, cuando la ampliación de la demanda sea por diversos actos de autoridad, además de los requisitos anteriores, debe existir siempre una relación o vinculación de causa-efecto con los actos reclamados primigenios, o con la causa eficiente de los mismos, es decir, es menester que existan datos objetivos que pongan de manifiesto la vinculación con los actos reclamados primeramente señalados en la demanda de amparo, para que así puedan formar parte de la litis constitucional, ya que, de no existir esa relación, se permitiría toda clase de ampliación respecto de actos que en realidad estarían desvinculados de los reclamados en la demanda de amparo, como sucede, verbigracia, cuando se plantea la ampliación de la demanda de amparo respecto de la escritura o del documento que contiene el contrato de garantía hipotecaria, en el Registro Público de la Propiedad, por su aparente vinculación con el juicio especial hipotecario y su procedimiento de remate, seguido sin la audiencia del peticionario de amparo; empero, en realidad dicha inscripción no está vinculada al juicio hipotecario o al procedimiento de remate, pues la inscripción del referido gravamen nace de la naturaleza inscribible del acto jurídico que le dio origen, pero no a consecuencia del juicio hipotecario reclamado, en cambio, el juicio natural y toda la tramitación se origina, no por la referida inscripción, sino por el incumplimiento de pago atribuido al deudor principal o al garante hipotecario; de ahí que no sea dable ampliar la demanda de amparo para considerar como acto reclamado la citada inscripción del contrato fundatorio, cuando se reclama la violación al derecho fundamental de audiencia en juicio hipotecario". En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la ampliación de demanda pretendida por su manifiesta e indudable improcedencia. Sin embargo, para no dejar en un estado de indefensión ni hacer nugatorio el acceso a la justicia de la parte quejosa, y de acuerdo al criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ordena remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelia, Michoacán, a efecto de que registre y turne como una nueva demanda, el escrito de ampliación de demanda de cuenta. Cobra sustento la jurisprudencia P./J. 7/2020, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Libro 79, Tomo I, página 5, de octubre de 2020, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2022181, de contenido siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla". Por otra parte, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 123 y 124 de la Ley de Amparo actualmente en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio se da cuenta al Secretario en funciones de Juez con las documentales allegadas por las autoridades responsables. El Secretario en funciones de Juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales en comento. Abierto el periodo de alegatos el secretario da cuenta que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el Secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Secretario en funciones de Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O. Primero. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, José Leobardo Zavala Huitzacua, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuyó al Juez y Actuaria del Juzgado Cuarto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, a quienes reclamó, que no fue llamado al juicio ejecutivo mercantil 1395/2021, por lo que tiene el temor de que se ejecute la orden de embargo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el inmueble ubicado en la calle Privada Juntas Literarias, número 65, del Fraccionamineto San Mateo, en Morelia, Michoacán. Segundo. Por auto de trece de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la celebración de audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos que atribuye a las autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, el acto reclamado consiste en que se ejecute la orden de embargo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el inmueble ubicado en la calle Privada Juntas Literarias, número 65, del Fraccionamineto San Mateo, en Morelia, Michoacán. Tercera. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al momento de rendir sus informes justificados manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama, toda vez que el juicio ejecutivo mercantil 1395/2021, se declaró concluido el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, por ello, el siete de junio del citado año se entregó a la parte demandada (quejoso), el pagaré original base de la acción; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades responsables se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Sin que pase desapercibido para este órgano judicial que las autoridades responsables refieren que se llevó a cabo diverso juicio ejecutivo mercantil, promovido por Libertad Servicios Financieros S.A de C.V. S.F.P. en contra de José Leobardo Zavala Huitzacua, y que se registró bajo el número 1252/2017, el cual, el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se decretó la caducidad de la instancia por inactividad procesal. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expresadas en la consideración tercera de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Leobardo Zavala Huitzacua, contra el acto reclamado a las autoridades responsables en las referidas consideraciones. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de juez en términos de los artículos 43 y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del titular contenida en oficio CCJ/ST/5322/2022 de la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y conforme al artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    n Morelia, Michoacán, a las doce horas con diez minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintidós, el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del titular contenida en oficio CCJ/ST/4738/2022 de la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 183, fracción II, de la Declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 1101/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al encargado del despacho con los informes previos registrados con los números 16382, 16384, 16387 y 16388, que rinde el Juez y la Actuaria adscritos al Juzgado Cuarto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. El encargado del despacho acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo téngase por rendido los informes previos antes descritos, los cuales se ordena tomar en consideración al momento de resolver en definitiva este incidente. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. 06/10/23 14:30:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 Leonardo Rojas Barragán El encargado del despacho acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El encargado del despacho acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del encargado del despacho quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S : PRIMERA. La parte quejosa señaló como autoridad responsable al Juez y Actuaria del Juzgado Cuarto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, a quienes reclama, que no fue llamado al juicio ejecutivo mercantil 1395/2021 del índice del Juzgado Cuarto Menor en Materia civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, por lo que tiene el temor de que se ejecute la orden de embargo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el inmueble ubicado en la calle Privada Juntas Literarias, número 65, del Fraccionamineto San Mateo, en Morelia, Michoacán. Segunda. Las autoridades responsables al momento de rendir sus informes justificados manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama, toda vez que el juicio ejecutivo mercantil 1395/2021, se declaró concluido el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, por ello, el siete de junio del citado año se entregó a la parte demandada (quejoso), el pagaré original base de la acción; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. 06/10/23 14:30:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 Leonardo Rojas Barragán Por tanto, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión definitiva del acto reclamado a las autoridades responsables, por falta de materia sobre la cual decretarla. Apoya lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/19, visible en la página ciento treinta y tres del Tomo II, Julio de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, materia común, novena época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.". Sin que pase desapercibido para este órgano judicial que las autoridades responsables refieren que se llevó a cabo diverso juicio ejecutivo mercantil, promovido por Libertad Servicios Financieros S.A de C.V. S.F.P. en contra de José Leobardo Zavala Huitzacua, y que se registró bajo el número 1252/2017, el cual, el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se decretó la caducidad de la instancia por inactividad procesal. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se resuelve: R E S U E L V E: Único. Se niega a José Leobardo Zavala Huitzacua, la suspensión definitiva respecto de las autoridades responsables precisadas en la consideración primera de esta 06/10/23 14:30:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 Leonardo Rojas Barragán interlocutoria, en virtud de lo precisado en las diversas consideraciones segunda. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del titular contenida en oficio CCJ/ST/4738/2022 de la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 183, fracción II, de la Declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe. Monse Razón. En esta fecha se giraron los oficios 20654 y 20655 a las autoridades correspondientes; notificándoles el auto que antecede. Conste

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