José Lázaro Castro Pérez
Expediente 1268/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1268/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Lázaro Castro Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio firmado por la Secretaria de acuerdos de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado por el que se le hizo del conocimiento que el presente expediente causó estado y se ordenó su archivo; asimismo, se le devolvieron las constancias que anexó como apoyo a su informe justificado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de dieciséis de julio del año en curso, por el que se sobreseyó en el sumario en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a las autoridades responsables las documentales que allegaron al presente asunto, mismas que obran en dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito signado por Leticia Flores Flores defensora particular de la parte quejosa, mediante el cual realiza manifestaciones en vía de alegatos. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la ocursante referida. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, se advierte que en proveído de cuatro del mes y año en curso, se envió oficio al Juez de Ejecución Penal región Morelia, a efecto de llevar a cabo el emplazamiento de las terceras interesadas María Rosa Villa Arreola y Estela Pérez Álvarez, sin que a la fecha obre constancia de su diligenciación. Para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para este día y en su lugar se fijan las once horas con veinte minutos del seis de febrero de dos mil veinte. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Magistrado de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Asimismo, se tienen por recibidos la prueba documental así como el registro de audio y video en formato DVD, y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas las documentales que anexa la autoridad responsable en cita en apoyo a su informe justificado. Fórmese un tomo de pruebas por separado. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, con dicha videograbación, para los efectos legales conducentes. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto 2013, del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que María Rosa Villa Arreola y Estela Pérez Álvarez -victimas-, son las víctimas indirectas dentro del proceso penal de origen, por lo que en términos del artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se les reconoce el carácter de terceras interesadas, quienes pueden ser emplazados de la siguiente forma: Toda vez que de las constancias que remitieron las autoridades responsables relativas a la causa penal de origen en apoyo a su informe justificado, se advierte que señaló domicilio para recibir notificaciones personales en los estrados del juez responsable, con fundamento en el artículo 27, fracción II, y 29 de la Ley de Amparo en relación con los diversos gírese oficio al Juez de Ejecución Penal región Morelia, para que en auxilio de la Justicia Federal comisione personal a su cargo, a fin de que mediante estrados de ese órgano jurisdiccional realice el emplazamiento de los referidos terceros interesados. Finalmente, se ordena emplazar al agente del Ministerio Público adscrito a la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 5°, fracción III, inciso e), así como 26, fracción II, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, se ordena el emplazamiento del agente en mención por medio de oficio con el auto de admisión inserto y copia de la demanda de amparo que al mismo se anexe; en el entendido que, las subsecuentes notificaciones se les realizarán por la misma vía. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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