José Lucio Valle Hernández
Expediente 382/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Lucio Valle Hernández
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera queja contra el auto mediante el cual se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o resolución de 14 de mayo de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en cumplimiento a la sentencia dictada en autos realizó lo siguiente; 1. Dejó sin efectos todo lo actuado dentro en el juicio agrario 463/2009, a partir del auto admisorio así como la resolución de veintisiete de abril de dos mil nueve y los actos posteriores, incluidas las enajenaciones posteriores a la sentencia; 2. Ordenó a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, la cancelación de inscripción de transmisión de los derechos ejidales Elicea Morales Hernández a favor de Fernando Correa Morales, así como de los demás asientos registrales que haya realizado en relación con la inscripción de la sentencia que se dejó insubsistente; y, 3. Ordenó el emplazamiento de la parte aquí quejosa Enrique Correa Morales. Por tanto, atendiendo a las manifestaciones de la autoridad responsable y toda vez que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es de orden público y el Juez de Distrito debe vigilar su acatamiento, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de diez días contado a partir de su notificación, informe las gestiones realizadas, o bien, remita a este juzgado las constancias relativas al cumplimiento al fallo protector, con el apercibimiento que de no cumplir con ello este juzgado procederá de la forma siguiente: Realizará el pronunciamiento respectivo; Determinará las multas procedentes de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y, Remitirá los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo correspondiente al incidente de inejecución respectivo. Cobra aplicación la jurisprudencia P.J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007918, cuto rubro y texto a la letra dicen: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." En el entendido de que en la resolución pronunciada en autos se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "1. El Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio agrario 463/2009, de su índice, a partir del auto admisorio, inclusive la sentencia y actos posteriores a la misma, incluida las enajenaciones posteriores a la sentencia. 2. Ordene la diligencia de emplazamiento del quejoso, respetándoles su derecho de audiencia en los términos de la normatividad aplicable y una vez substanciado el procedimiento respectivo, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. 3. Asimismo, para que el Delegado del Registro Agrario Nacional, cancele tanto la inscripción de transmisión de los derechos ejidales de Elicea Morales Hernández a favor de Fernando Correa Morales así como de los demás asientos registrales que hubiere realizado en relación con la inscripción de la sentencia emitida en el juicio 463/2009, los nuevos certificados o constancia de derechos agrarios que a favor de tercera persona se hubiere expedido." Con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe, de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258, todos de la Ley de Amparo. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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