José Julián Corona Cruz

Expediente 908/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
908/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • José Julián Corona Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución terminada de engrosar el tres de diciembre de dos mil diecinueve, en la que se negó la protección constitucional, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el mismo. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvanse al juez responsable las constancias que allegó al presente asunto, mismas que obran en un tomo de pruebas, sin que resulte necesario acuse recibo de éstas. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe. marilyn "2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA" 27584. JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL 27585. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL MORELIA, MICHOACÁN. DENTRO DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO DE AMPARO 908/2019 PROMOVIDO POR JOSÉ JULIAN CORONA CRUZ, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ASUNTO: Morelia, Michoacán, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución terminada de engrosar el tres de diciembre de dos mil diecinueve, en la que se negó la protección constitucional, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el mismo. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvanse al juez responsable las constancias que allegó al presente asunto, mismas que obran en un tomo de pruebas, sin que resulte necesario acuse recibo de éstas. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe. LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. MORELIA, MICHOACÁN, 26 DE DICIEMBRE DE 2019. ATENTAMENTE: EL SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LICENCIADO LEONARDO ROJAS BARRAGÁN. JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN SECCIÓN AMPARO. JUICIO DE AMPARO: 908/2019 QUEJOSO: JOS´JULIAN CCORONA CRUZ 26 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 27584. JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL 27585. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa y la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado y en el sistema SISE, el acuerdo y/o resolución de tres de diciembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 908/2019; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de agosto de dos mil diecinueve (foja 2-7), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán, del que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, José Julián Corona Cruz, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad, que estimó violatorios de los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, (fojas 8-11 del juicio de amparo), este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, se registró bajo el número 908/2019, se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 11 reverso); con posterioridad se reconoció el carácter de tercero interesado a la persona moral "Dessetec Desarrollo de Sistemas", Sociedad Anónima de Capital Variable, a quien se emplazó; y, finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados se ejecutaron dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: * El emplazamiento que se le realizó por medio de edictos dentro del juicio sumario civil hipotecario 65/2016, así como todas las consecuencias, entre ellas, el remate del bien inmueble materia de la controversia. Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en esta ciudad, y el Actuario adscrito a dicho juzgado (fojas 16-17 del juicio de amparo), aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las copias certificadas que integran el juicio sumario civil 65/2016, que adjuntó el juez responsable a su informe y que obra en un tomo de prueba por separado, documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación; ello, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". Antes de examinar los conceptos de violación, se estima conveniente reseñar brevemente los antecedentes más relevantes del juicio sumario civil 65/2016, de los que se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el veintidós de enero de dos mil dieciséis, los apoderados jurídicos de la persona moral "Dessetec Desarrollo de Sistemas" Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de Consultores Profesionales Corporativos, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la vía sumaria civil hipotecaria presentaron demanda en contra de José Julián Corona Cruz, misma que se admitió el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, y se ordenó emplazar al enjuiciado en el domicilio ubicado en la calle San Pablo, número 120, fraccionamiento Paseo Santa Fe de Tarímbaro, Michoacán (lo que se advierte a foja 89 del tomo de pruebas) 2. El dos de febrero de dos mil dieciséis, el actuario adscrito a dicho juzgado levantó razón respecto del impedimento que tuvo para emplazar al demandado, pues el domicilio referido para llevar a cabo dicha diligencia se encontraba deshabitado; en virtud de lo anterior, la parte actora solicitó al juez de origen girara oficios a diversas instituciones para que informaran si tenían registrado algún domicilio actual del demandado, lo cual realizó mediante auto de once de febrero de ese año; 3. En su oportunidad se recibieron los informes antes mencionados, cuyo resultado fue negativo con excepción del rendido por el Subdirector de la Oficina de Antecedentes Penales y Vehiculares de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Vocal del Registro Federal de Electores y Comisión Federal de Electricidad; con dichos informes, se dio vista a la parte actora, quien una vez que tuvo conocimiento de los domicilios proporcionados por las instituciones referidas brindó un nuevo domicilio para el emplazamiento de la parte demandada; 4. A consecuencia de lo anterior, mediante auto de cinco de mayo de dos mil dieciséis, el juez responsable ordenó se llevara a cabo el emplazamiento de José Julián Corona Cruz, en el domicilio ubicado en Calzada Arnulfo Ávila, número 400 de la colonia Morelos de esta ciudad; 5. El seis de mayo de dos mil dieciséis, el actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, levantó razón del impedimento que había tenido para emplazar a la parte demandada, pues asentó que una vez que se constituyó en el número 400 de la calle Avenida Arnulfo Ávila, de la colonia Morelos de esta ciudad, fue atendido por una persona del sexo masculino quien dijo llamarse Raúl Corona, al quien le preguntó por el demandado, manifestando que sí lo conocía porque era su hijo, pero que éste no vivía en dicho domicilio; 6. De igual forma, el apoderado de la parte actora ofreció como prueba de su parte la testimonial a cargo de Blanca Yuridia Ambriz Cruz y Ofelia Guadalupe Caliz García, con el objeto de demostrar que el domicilio donde anteriormente habitaba el demandado era aquél referido en el escrito de demanda, en el que no se le había encontrado; 7. Posteriormente, el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, a petición de la parte actora se giró oficio a la Policía Municipal de Tarímbaro, Michoacán, a efecto de que se constituyera en el último domicilio de la parte demandada, ubicado en la calle San Pablo, número 120 del fraccionamiento Paseo Santa Fe de Tarímbaro, Michoacán, y realizara una investigación a fin de indagar respecto del domicilio actual del demandado; sin embargo, mediante auto de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la autoridad requerida informando que al investigar con los vecinos del demandado éstos no accedieron a brindar dato alguno; 8. El catorce de febrero de dos mil diecisiete, el apoderado de la parte actora proporcionó como domicilio del demandado el ubicado en la calle Francisco I. Madero, número 3 de la colonia Morelos (domicilio encontrado en la base de datos de la Oficina de Antecedentes Penales y Vehiculares de la Procuraduría General de Justicia del Estado), en virtud de lo anterior, el actuario adscrito al juzgado de origen mediante razón de quince de febrero de dos mil diecisiete asentó la imposibilidad que había tenido para realizar la diligencia encomendada puesto que en dicho domicilio no vivía el demandado; 9. El quince de marzo de dos mil diecisiete se ordenó al actuario responsable se constituyera en el domicilio ubicado en la calle San Pablo, número 120 del fraccionamiento y/o colonia Paseo Santa Fe de esta ciudad; motivo por el cual, el dieciséis de marzo próximo siguiente levantó razón respecto del impedimento que había tenido para emplazar al demandado en ese domicilio; 10. El cinco de abril de dos mil diecisiete el juez responsable giró exhorto al Juez de Primera Instancia en Materia Civil en turno de Zitácuaro, Michoacán, para que en su auxilio ordenara a personal de su adscripción se constituyera en el domicilio ubicado en la calle Francisco I. Madero, número 3, colonia Morelos de la localidad de Ocampo, Michoacán; sin embargo, de las constancias que devolvió la autoridad auxiliar se desprende la razón de once de septiembre de dos mil diecisiete, en la que el actuario manifestó que los vecinos de ese lugar no conocían al demandado; 11. Una vez que se agotaron los domicilios señalados en autos para el emplazamiento del demandado, la parte actora solicitó el emplazamiento del mismo por edictos, lo que se acordó de conformidad en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante publicación que se hiciera por tres veces consecutivas en los estrados del juzgado y en el periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado -El Sol de Morelia y El sol de México- a fin de que dentro del término de treinta días contados a partir de la primera publicación compareciera el demandado a dar contestación a la demanda entablada en su contra (foja 180-186 del tomo de pruebas). 12. Publicados los edictos sin que el demandado compareciera a apersonarse ante el juez de autos, (lo que se aprecia del contenido de la sentencia foja 199 del tomo de pruebas) el veinte de marzo de dos mil dieciocho, se dictó la sentencia definitiva, en la que se le condenó a cubrir a favor de la actora las cantidades que le reclamaba por concepto de adeudo de capital, así como las prestaciones y pago de los intereses ordinarios y moratorios generados y los que se siguieran generando hasta el finiquito del adeudo, comisión por administración y comisión por cobertura; se ordenó hacer efectiva la hipoteca constituida en el contrato accionario y se condenó a la parte demandada al pago de gastos y costas. Puntualizados los antecedentes más relevantes del juicio, tenemos que la parte quejosa aduce que el emplazamiento a juicio realizado por edictos vulnera las garantías de audiencia y legalidad tuteladas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Lo anterior porque -esgrime- en la actuación de seis de mayo de dos mil dieciséis el actuario responsable se constituyó en diverso domicilio al ordenado por el juez natural, pues éste refirió actuar en el domicilio ubicado en la Avenida Arnulfo Ávila número 400 de la colonia Morelos de esta ciudad, siendo lo correcto la Calzada Arnulfo Ávila, número 400, colonia Morelos de esta ciudad, lo que motivó que el referido actuario incorrectamente levantara la razón de no localización y emplazamiento del demandado. El reseñado planteamiento resulta infundado. Por principio conviene citar el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, que regula el emplazamiento por edictos, el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 81. Cuando la persona que por primera vez deba ser notificada se encontrare o residiere en un punto distinto del lugar del juicio, pero dentro del mismo distrito judicial, se hará la notificación por conducto del Juez Menor de la municipalidad donde se encuentre o resida, mediante oficio. Si se halla en otro distinto o fuera del Estado o en el extranjero, se librará exhorto. No sabiéndose en qué punto se encuentra o cuando se ignore su habitación o domicilio, o cuando se trate de persona incierta, se le citará por edictos que se publicarán tres veces consecutivas en uno de los periódicos de mayor circulación de la capital del Estado y en los estrados del juzgado o tribunal; si se indica que radica fuera del Estado, los edictos se publicarán además en un periódico de mayor circulación nacional; y si señala que radica fuera del país, también se publicarán en un periódico de mayor circulación de dicho lugar, publicación que se deberá hacer en español. En el caso del párrafo anterior y en el del artículo 84, las copias del traslado quedarán en la secretaría a disposición del notificado." Lo resaltado es propio de este juzgado. La transcripción que antecede, en la parte que interesa, prevé la hipótesis de notificar por edictos cuando se desconozca en qué punto se encuentra el demandado, cuando se ignore su habitación o domicilio o bien, cuando se trate de persona incierta. El supuesto en el que nos encontramos es el relativo al desconocimiento de la habitación o domicilio del demandado; y al respecto debe decirse que aun cuando el numeral citado no establece de manera expresa que debe investigarse de forma exhaustiva el lugar de residencia de la persona buscada para tener la certeza de que se desconoce éste y, por ende, proceda la notificación por edictos, una interpretación extensiva de dicho numeral permite colegir que para estimar válida la notificación por edictos es necesaria esa investigación previa, ya que de otro modo, no podría determinarse con seguridad si efectivamente se ignora el domicilio de la persona que se busca y se correría el riesgo de transgredir el derecho de audiencia garantizado por el artículo 14 Constitucional. Ilustra lo expuesto, por las razones que informa, la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1304, Tomo XXVI, agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS EN MATERIA MERCANTIL. PARA SATISFACER LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIAMENTE A EMITIR EL MANDAMIENTO RESPECTIVO, DEBEN AGOTARSE LOS MEDIOS AL ALCANCE DEL JUEZ DE INSTANCIA TENDIENTES A LOCALIZAR EL LUGAR DONDE HABITE LA PERSONA CONTRA LA QUE SE INCOA LA DEMANDA. Si bien es verdad que no existe en el Código de Comercio disposición alguna que expresamente prevea que deban recabarse diversos medios de convicción para corroborar la ignorancia del domicilio del demandado previamente al emplazamiento por edictos, también lo es que de la interpretación del artículo 1070 del ordenamiento legal de referencia, tanto del anterior como del posterior a la reforma acontecida por decreto de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo del mismo año, se advierte que si ambos preceptos indican que el emplazamiento por edictos tendrá lugar cuando se ignore el domicilio del demandado, es necesario el cercioramiento de tal desconocimiento por los medios idóneos que conduzcan a comprobarlo fehacientemente, conclusión a la que se arriba enmarcando dicha disposición en lo preceptuado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual tutela la garantía de audiencia a favor de todo gobernado, habida cuenta que al ser un derecho fundamental el ser oído y vencido previamente en juicio, debe aceptarse que ese valor jurídico impera en todo proceso, lo que conlleva a estimar que en el supuesto de que se ignore el domicilio del demandado, para corroborar esa circunstancia, deben agotarse los medios al alcance del Juez de esa instancia tendientes a localizar el lugar en donde habite la persona contra quien se incoa una demanda, lo que armoniza y satisface la garantía individual de mérito, previamente a emitir un mandamiento de emplazamiento por edictos, pues de otro modo se dejaría indefensa a esa persona al bastar la sola manifestación de la parte actora de que desconoce el domicilio de su contraparte, debiendo tenerse en cuenta que por sus características el emplazamiento constituye el acto procesal de mayor importancia dentro de un procedimiento, sin el cual no puede integrarse válidamente la litis, ni se respeta cabalmente la garantía de audiencia a favor del demandado." En ese orden, de las constancias ya reseñadas se advierte que una vez que el Actuario del Juzgado Tercero en Materia Civil de esta ciudad, no encontró al quejoso en el domicilio inicialmente proporcionado por la parte actora, el juez responsable requirió a diversas instituciones públicas para que informaran si en su base de datos se encontraba diverso domicilio de José Julián Corona Cruz. Una vez que las instituciones requeridas brindaron la información solicitada el juez de origen comisionó al actuario responsable se constituyera en la Calzada Arnulfo Ávila, número 400 de la colonia Morelos de esta ciudad, a efecto de llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada. En ese sentido, el seis de mayo de dos mil dieciséis el actuario responsable levantó la razón del impedimento que había tenido para llevar a cabo la diligencia encomendada, pues una vez que se constituyó en el número 400 de la calle Avenida Arnulfo Ávila, de la colonia Morelos de esta ciudad, fue atendido por una persona del sexo masculino quien dijo llamarse Raúl Corona, al cual al preguntarle por el demandado, aquí quejoso, contestó que sí lo conocía porque era su hijo, pero que éste no vivía en dicho domicilio. Además, se desahogó prueba testimonial de la que deriva que el único domicilio que conocían del quejoso, fue aquél señalado por la actora en la demanda que dio origen al juicio natural, lo que motivó a que el juez responsable requiriera a la Policía Municipal de Tarímbaro, Michoacán, para que indagaran en el último domicilio de la parte demandada e investigara si los vecinos del lugar tenían conocimiento del domicilio actual de éste, averiguación de la que no se obtuvo ninguna información. Aunado a que el actuario se constituyó en todos los domicilios que las autoridades requeridas refirieron se encontraban en esta ciudad y donde se podría buscar al demandado; en tanto que, respecto del que se encontraba fuera de la jurisdicción territorial del juez responsable, giró exhorto para llevar a cabo el emplazamiento del demandado; sin embargo, tampoco se logró dicha diligencia. Por lo que en atención a ello, a petición de la parte actora, el juez responsable ordenó el emplazamiento a juicio por medio de edictos, conforme a lo previsto en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. Determinación que se estima apegada a derecho, porque la citada notificación -por edictos- deriva precisamente del desconocimiento del domicilio del hoy quejoso, al cual le precedió una investigación exhaustiva con la finalidad de obtener un domicilio diverso en el que pudiera ser localizado, mediante el desahogo de una prueba testimonial y del requerimiento efectuado a las diversas dependencias ya citadas, razón por la cual el juez responsable al advertir diversos domicilios del impetrante de amparo comisionó al actuario de su adscripción y giró exhorto para llevar a cabo su emplazamiento, sin embargo, ninguno de los domicilios referidos por las diversas dependencias pertenecía al aquí quejoso. Esto, pese a que el peticionario de amparo en su único concepto de violación refiera que el motivo por el que no se le emplazó de manera personal y por ende, se llevó a cabo por medio de edictos, se debe a un error del actuario, quien el seis de mayo de dos mil dieciséis se presentó en la Avenida Arnulfo Ávila, número 400, colonia Morelos de esta ciudad y no así en el domicilio proporcionado por el juez de origen, es decir, en la Calzada Arnulfo Ávila, número 400 de la colonia Morelos de esta ciudad, pues dicha inconsistencia es irrelevante ya que no existe duda de que se trata del mismo domicilio. Lo anterior es así, si tomamos en cuenta que además en la diligencia mencionada en el párrafo que antecede, el actuario asentó que fue atendido por Raúl Corona, a quien describió físicamente, el cual le manifestó que sí conocía al demandado, hoy quejoso, porque era su hijo, pero que éste no vivía ahí, lo que genera un alto grado de certeza de que el actuario se constituyó en el domicilio que proporcionaron las autoridades requeridas por el juez en la búsqueda o localización de éste. Aunado a que, en su caso el quejoso no demostró, a pesar de que estaba en condiciones favorables de hacerlo, que el domicilio donde se constituyó el actuario responsable sea diverso al en que se constituyó el actuario, es decir, no existe prueba que demuestre que la casa habitación ubicada en la Avenida Arnulfo Ávila, número 400, colonia Morelos de esta ciudad sea diferente a la ubicada en la Calzada Avenida Arnulfo Ávila, número 400 de la colonia Morelos de esta ciudad, sino que, contrario a lo expuesto por el impetrante de amparo se trata del mismo domicilio. Por lo que, si tomamos en cuenta que el actuario tiene fe pública y para derrumbar lo asentado en uso de su fe, se requieren pruebas objetivas, no sólo meras afirmaciones subjetivas, pues en este caso son insuficientes porque como ya se dijo con antelación, el actuario asentó ciertos datos objetivos que llevaron a concluir el desconocimiento del domicilio que a la postre motivó su emplazamiento por edictos. En atención a lo anterior, resulta legal el emplazamiento por edictos ordenado por el juez responsable, al actualizarse la hipótesis prevista en el numeral 81, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, relativa al desconocimiento del domicilio de la demandada (edictos que fueron publicados por tres veces consecutivas en los estrados del juzgado, en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado (fojas 180-186 del tomo I de pruebas), tal como lo exige el precepto que nos ocupa. Por tanto, ante lo infundado del único concepto de violación planteado, y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: ÚNICO. Por los motivos expuestos en la consideración quinta de este fallo, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Julián Corona Cruz, contra los actos reclamados a las autoridades y por los actos precisados en el considerando segundo de esta resolución, materia de estudio en dicho apartado. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy tres de diciembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte tercera interesada DESTEC DESARROLLO DE SISTEMAS por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de emplazamiento a juicio de amparo de trece de septiembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

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