José Jorge Lima Marín

Expediente 635/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
635/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • José Jorge Lima Marín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el auto de veintisiete de septiembre del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio, interpusiera recurso de revision contra éste, sin que lo haya hecho. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes, por lo que se ordena el archivo de las actuaciones al tratarse de un asunto concluido. Háganse las anotaciones en el Libro de Control Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ... Finalmente, toda vez que de autos se advierte que obran en un tomo por separado las documentales que anexó la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento de la ponencia dos adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz, a su informe de ley; en consecuencia, devuélvanse a la autoridad antes citada para los efectos legales procedentes, sin necesidad de solicitar el acuse de recibo, debido a que el oficio con el cual se hará su devolución, generará una constancia de entrega. Notifíquese por lista de acuerdos, por oficio a la agente del Ministerio Público adscrita y a la autoridad responsable.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: "Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento de la Ponencia Dos adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Distrito, con sede en Jalacingo, Veracruz, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de veinticinco de agosto pasado, remite copia del audio y video de la audiencia de once de agosto de dos mil veintitrés, celebrada dentro del juicio penal ********************de su índice, en consecuencia, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes. Asimismo, en términos del precepto 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental de la autoridad responsable, las videograbaciones contenidas en el disco compacto autorizado por el juez oficiante. Al respecto, tiene aplicación la tesis 1a./J. 43/2013, (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En ese sentido, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de catorce de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual se amplió por dos meses la prisión preventiva justificada impuesta a ********************, dentro del proceso penal ******************** del índice del Juzgado de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Jalacingo, Veracruz, por el delito de ********************. Ahora, de las constancias recibidas en esta propia fecha, se advierte que por resolución de once de agosto de dos mil veintitrés, emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, del Décimo Distrito, con sede en Jalacingo, Veracruz, dentro del proceso penal ********************, se resolvió prorrogar la medida cautelar por el término de tres meses más, teniendo como fecha de vencimiento el once de noviembre de dos mil veintitrés. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numera 2° de la propia ley, se les otorga pleno valor probatorio. En tales condiciones, se pone de manifiesto que los efectos del acto reclamado consistente en la resolución de catorce de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual se amplió por dos meses la prisión preventiva justificada impuesta a ********************, ha dejado de tener vigencia al haber sido sustituida procesalmente por la diversa de once de agosto de dos mil veintitrés; por ende, resulta innecesario transcribir y analizar los conceptos de violación que la parte quejosa hace valer contra el acto reclamado, en virtud de que en la especie se advierte una causa de improcedencia que por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, su estudio es preferente a cualquier otro planteamiento lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. Apoya esta consideración la jurisprudencia número 234, publicada en la página número 192, Tomo VI, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.". En efecto, la suscrita considera que se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan -por ejemplo- cuando se dicta un auto que viene a sustituir procesalmente a los anteriores, ya que será esta nueva determinación, y no la recurrida, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues el medio de control de la constitucionalidad no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; por tanto, respecto del acto primigenio debe sobreseerse en el amparo con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. En este contexto, como quedó expuesto en párrafos que anteceden, en el caso concreto, se advierte que se emitió una resolución el once de agosto de dos mil veintitrés, mediante la cual se amplió por tres meses más la prisión preventiva impuesta al aquí quejoso ********************, en el proceso penal ********************, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Jalacingo, Veracruz. Por tanto, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado, pues debe considerarse que con la resolución de once de agosto de dos mil veintitrés, cesaron, de ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada, por haber sido sustituida procesalmente por dicha resolución, siendo ésta la resolución la que rige en todos sus efectos legales y la que en todo caso podría causar perjuicio a la parte quejosa. Resulta aplicable por analogía la tesis III.3o.C.23 K, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ÉSTA Y NO AQUÉLLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente". n esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO, al actualizarse la causa de improcedencia prevista ene le artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,2 cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003,3 de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."; estableció que cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. De ahí que resulte pertinente sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, con el fin de que se imparta justicia pronta y expedita, conforme al artículo 17 Constitucional. Por otro lado, no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis4 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Sin que pase inadvertido para la suscrita la jurisprudencia de rubro: "ESTUDIO CONSTITUCIONAL DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY EN LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO HA SIDO LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA, AUN SI SOBREVIENE UNA RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES QUE LA CONFIRMA".; la cual no resulta aplicable al caso concreto, porque los argumentos que sustentaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva al aquí quejoso (de catorce de agosto de dos mil veintiuno) no fueron emitidos en la audiencia donde se resuelve su ampliación, cuyo acto se reclama a través de este juicio, ni siquiera en el que le antecedió al mismo (es decir, la determinación de catorce de febrero de dos mil veintitrés), por tanto, es inconcuso que el criterio jurisprudencial en cita, no resulta aplicable al caso concreto y por ende se determina, la actualización de la mencionada causa de improcedencia, de sustitución procesal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por oficio a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita."

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento de la Ponencia Dos adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Distrito, con sede en Jalacingo, Veracruz, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de veinticinco de agosto pasado, remite copia del audio y video de la audiencia de once de agosto de dos mil veintitrés, celebrada dentro del juicio penal ********************de su índice, en consecuencia, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes. Asimismo, en términos del precepto 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental de la autoridad responsable, las videograbaciones contenidas en el disco compacto autorizado por el juez oficiante. Al respecto, tiene aplicación la tesis 1a./J. 43/2013, (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En ese sentido, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de catorce de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual se amplió por dos meses la prisión preventiva justificada impuesta a ********************, dentro del proceso penal ******************** del índice del Juzgado de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Jalacingo, Veracruz, por el delito de ********************. Ahora, de las constancias recibidas en esta propia fecha, se advierte que por resolución de once de agosto de dos mil veintitrés, emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, del Décimo Distrito, con sede en Jalacingo, Veracruz, dentro del proceso penal ********************, se resolvió prorrogar la medida cautelar por el término de tres meses más, teniendo como fecha de vencimiento el once de noviembre de dos mil veintitrés. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numera 2° de la propia ley, se les otorga pleno valor probatorio. En tales condiciones, se pone de manifiesto que los efectos del acto reclamado consistente en la resolución de catorce de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual se amplió por dos meses la prisión preventiva justificada impuesta a ********************, ha dejado de tener vigencia al haber sido sustituida procesalmente por la diversa de once de agosto de dos mil veintitrés; por ende, resulta innecesario transcribir y analizar los conceptos de violación que la parte quejosa hace valer contra el acto reclamado, en virtud de que en la especie se advierte una causa de improcedencia que por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, su estudio es preferente a cualquier otro planteamiento lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. Apoya esta consideración la jurisprudencia número 234, publicada en la página número 192, Tomo VI, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.". En efecto, la suscrita considera que se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan -por ejemplo- cuando se dicta un auto que viene a sustituir procesalmente a los anteriores, ya que será esta nueva determinación, y no la recurrida, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues el medio de control de la constitucionalidad no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; por tanto, respecto del acto primigenio debe sobreseerse en el amparo con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. En este contexto, como quedó expuesto en párrafos que anteceden, en el caso concreto, se advierte que se emitió una resolución el once de agosto de dos mil veintitrés, mediante la cual se amplió por tres meses más la prisión preventiva impuesta al aquí quejoso ********************, en el proceso penal ********************, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Jalacingo, Veracruz. Por tanto, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado, pues debe considerarse que con la resolución de once de agosto de dos mil veintitrés, cesaron, de ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada, por haber sido sustituida procesalmente por dicha resolución, siendo ésta la resolución la que rige en todos sus efectos legales y la que en todo caso podría causar perjuicio a la parte quejosa. Resulta aplicable por analogía la tesis III.3o.C.23 K, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ÉSTA Y NO AQUÉLLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente". n esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO, al actualizarse la causa de improcedencia prevista ene le artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,2 cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003,3 de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."; estableció que cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. De ahí que resulte pertinente sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, con el fin de que se imparta justicia pronta y expedita, conforme al artículo 17 Constitucional. Por otro lado, no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis4 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Sin que pase inadvertido para la suscrita la jurisprudencia de rubro: "ESTUDIO CONSTITUCIONAL DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY EN LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO HA SIDO LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA, AUN SI SOBREVIENE UNA RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES QUE LA CONFIRMA".; la cual no resulta aplicable al caso concreto, porque los argumentos que sustentaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva al aquí quejoso (de catorce de agosto de dos mil veintiuno) no fueron emitidos en la audiencia donde se resuelve su ampliación, cuyo acto se reclama a través de este juicio, ni siquiera en el que le antecedió al mismo (es decir, la determinación de catorce de febrero de dos mil veintitrés), por tanto, es inconcuso que el criterio jurisprudencial en cita, no resulta aplicable al caso concreto y por ende se determina, la actualización de la mencionada causa de improcedencia, de sustitución procesal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por oficio a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso José Jorge Lima Marín; atento a su contenido, téngase por señalado el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones que indica el libelo de cuenta y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alma Aleida Sosa Jiménez, Gabriela Rasgado Martinez y Juan Carlos Canalizo Hernández, puesto que de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se constató que cuentan con registro de cédula profesional. Sirve de apoyo la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, con registro 2021840, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Por lo que respecta al diverso profesionista Erick Hoyos Aponte de la Luna, no ha lugar, a acordar favorable su petición de tenerlo como autorizado ya que el presente juicio de amparo lo promovió dicho profesionista en su carácter de defensor particular del directo quejoso, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Amparo, y no puede tener ambas representaciones en un mismo asunto. Por otra parte, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto a la revocación de los profesionistas Manuel Antonio González Vidal y Paulo Mota Vázquez, que indica en el ocurso de cuenta, dado que éstos no fueron designados como defensores o autorizados en el presente sumario. Finalmente, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que señala el ocursante, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese por lista de acuerdos.

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