José Juan Lara Pelcastre
Expediente 1043/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1043/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz
- José Juan Lara Pelcastre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia terminada de engrosar el treinta de abril de dos mil diecinueve, en la que se negó el amparo solicitado, interpusiera el recurso de revisión en su contra, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de depuración, al haberse negado el amparo solicitado, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la depuración del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Téngase por recibida la razón actuarial de cuenta, en la que la Actuaria Judicial adscrita asienta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al tercero interesado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, la sentencia terminada de engrosar el treinta de abril pasado, por las razones que ahí expone. En consecuencia, toda vez que mediante proveído de tres de diciembre de dos mil dieciocho, se ordenó que todas las notificaciones al tercero interesado se realizarían por medio de lista de acuerdos, túrnense los presentes autos al Actuario correspondiente, a fin de que notifique al aludido tercero de la sentencia terminada de engrosar el treinta de abril del año en curso, mediante la lista de acuerdos que se fija en este órgano jurisdiccional. [...] se, R E S U E L V E ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *******, contra el acto que reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por las razones y fundamentos precisados en el considerando quinto de esta sentencia.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos lo siguiente: Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1043/2018; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito de demanda presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, y remitido por razón de turno a la Oficialía de Partes de este juzgado al día siguiente, José Juan Lara Pelcastre, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de la autoridad que en su demanda denominó: No. AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. 22 Admite De quien reclama: "IV. LEY O ACTO RECLAMADO. Se tilda de inconstitucional el acuerdo emitido por la autoridad señalada como responsable, de fecha 12 de septiembre del año 2018, en el que dicha autoridad acepta la competencia del juicio iniciado con motivo de la demanda interpuesta por el aquí quejoso contra el COLEGIO DE ESTUDIOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, que radica en el expediente número 1299/VI/2017." (sic.) SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VIOLADOS. El promovente de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, señalando como parte tercero interesada al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz; e indicó que el acto en cuestión, vulneró los derechos humanos del directo quejoso, contenidos en los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. PREVENCIÓN, ADMISIÓN Y TRÁMITE. Por proveído de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo bajo el número de juicio 1043/2018, determinándose al efecto prevenir al impetrante de amparo para que subsanara la omisión que se observó en su pliego. Desahogada que fue la prevención, mediante proveído de siete de noviembre de dos mil dieciocho, este órgano de control constitucional admitió a trámite la demanda de amparo, señalando al efecto hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; ordenó dar la intervención que legalmente le compete a la Fiscal Federal de la adscripción, y solicitó a la autoridad responsable su informe justificado. Así, una vez rendido el informe de ley y emplazado que fue el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, en su calidad de parte tercero interesada, previo diferimiento necesario, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este juzgado Decimoquinto de distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el punto cuarto, fracción VII, primer párrafo, del Acuerdo General número 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, en razón de que los dispositivos legales referidos establecen que los Juzgados de Distrito serán competentes para conocer de juicios de amparo en cuya jurisdicción deba tener lugar la ejecución del acto reclamado; y toda vez que los efectos jurídicos y materiales del acto reclamado a la autoridad responsable se surten dentro de la circunscripción territorial en la que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, resulta inconcuso que el suscrito juzgador es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de amparo, como lo interpretó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004 y en la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte accionante reclama lo siguiente: La resolución de doce de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del expediente número 717/2018-III, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en la que la autoridad responsable determinó ser legalmente competente para conocer de la demanda laboral promovida por la actora en contra del Colegio de Estudios Científicos y Superiores del Estado de Veracruz. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable denominada Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama, por lo que así deberá tenérsele para todos los efectos legales conducentes. Afirmativa que se corrobora con el contenido de las copias certificadas del expediente laboral número 717/2018/III, del índice de la autoridad en comento, que anexó informe en justificación de sus actos; constancias que, en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, merecen eficacia probatoria plena, puesto que fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Son aplicables a lo anterior las jurisprudencias cuyos rubros y textos son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe analizarse minuciosamente la procedencia del juicio que nos ocupa; ello, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea de oficio o a petición de parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de autos se advierte que ninguna de las partes hizo valer causal de improcedencia alguna; y toda vez que atento a la facultad y obligación prevista en el numeral invocado en el párrafo que antecede, el suscrito no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida el análisis del fondo del asunto, resulta procedente pronunciarse en relación con los aspectos de legalidad o constitucionalidad esgrimidos en la demanda de amparo. Aquí conviene destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, contra los actos definitivos en los que las autoridades determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, procede el juicio de amparo indirecto. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. En principio, conviene puntualizar que los conceptos de violación hechos valer por el directo quejoso, se analizan suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, fracción V), de la Ley de Amparo; ello, en virtud de que el amparista instó la presente vía constitucional en su calidad de trabajador demandante dentro de los autos del expediente laboral 717/2018-III, del que deriva el acto reclamado; circunstancia que actualiza el supuesto establecido para que la institución en comento opere en su beneficio. Por otra parte, con la finalidad de dotar de la mayor claridad a esta resolución, a continuación se presenta una breve síntesis de los antecedentes del acto reclamado: 1. Por escrito de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, presentado ante la Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, José Juan Lara Pelcastre (aquí quejoso) demandó del Colegio de Estudios Científicos y Superiores del Estado de Veracruz, la reinstalación y otras prestaciones. 2. Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, radicó la demanda bajo el número de expediente 1299/VI/2017 y, al efecto, determinó carecer de competencia legal por razón de materia, para conocer y resolver el conflicto laboral planteado, ordenando la remisión de los autos formados con motivo de la demanda, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a la que estimó competente. 3. Finalmente, mediante proveído de doce de septiembre de dos mil dieciocho, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, aceptó la incompetencia planteada por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, radicando el asunto bajo el número de expediente 717/2018-III, y ordenando se le diera el trámite que legalmente le corresponde. (Esta resolución constituye el acto reclamado). CONCEPTOS DE VIOLACIÓN HECHOS VALER POR EL QUEJOSO. Ahora bien, debe decirse que para el suscrito no pasan desapercibidos los motivos de disenso formulados en la pliego correspondiente para combatir el acto que se reclama; por tanto, deben tenerse por aquí reproducidos los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que sea necesaria su transcripción para que se entienda que los mismos fueron atendidos; ello, en la inteligencia de que tal circunstancia no deja en estado de indefensión al impetrante de amparo, pues dicha circunstancia no incide en el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, los cuales exigen que al resolverse la cuestión efectivamente planteada, todo planteamiento debe ser atendido a cabalidad por el juzgador que resuelva el controvertido de que se trate; aunado a que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.58/2010, sustentada por el Segundo Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, se tiene que la parte quejosa apuntó que en lo substancial, el acto reclamado viola en su perjuicio los derechos humanos previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo siguiente: 1. Alega que el acto reclamado contraviene lo dispuesto por la fracción III del artículo 60, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, pues dicha porción normativa de rango supremo en la entidad, establece que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje únicamente tiene competencia para conocer asuntos de organismos centralizados y no así, de asuntos de organismos descentralizados y por lo tanto el Tribunal de Conciliación y Arbitraje debió haberse declarado incompetente para conocer de dicho juicio, debiendo haber remitido los autos nuevamente a la Junta Especial Número Seis, pues si bien el artículo 24 del Decreto de Creación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz "CECYTEV", las relaciones laborales del personal académico, técnico de apoyo y de administrativo con dicha entidad, se rigen por lo dispuesto en la Ley Estatal del Servicio Civil, no menos cierto es que tal decreto es un ordenamiento secundario no puede incorporar a los organismos descentralizados del propio Estado de Veracruz, pues ésa no fue la voluntad del Congreso del Estado. Al respecto, a juicio de quien esto resuelve es infundado el único concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, aún suplido en su deficiencia. Para explicar lo anterior, conviene señalar que el artículo 183, fracción III, de la Ley Estatal de Servicio Civil de Veracruz, dispone que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre las entidades públicas y sus trabajadores. Para lo cual, en términos del artículo 1º de la Ley mencionada, debe entenderse como entidades públicas a los organismos descentralizados del Estado o municipales y, a las empresas de participación estatal o municipales, que tengan a su cargo función de servicios públicos. Por otra parte, respecto al tema de la competencia para conocer de los conflictos que se susciten entre los organismos descentralizados y sus trabajadores, en principio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 180/2012 (10a.), visible en la página 734, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, con número de registro 2002585, de rubro siguiente: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE." Criterio que en lo medular establecía que las relaciones laborales de los organismos descentralizados con sus trabajadores debían regirse por el apartado A del artículo 123 constitucional y por la Ley Federal del Trabajo, en razón de que dichos organismos tenían personalidad jurídica propia, es decir, estaban descentralizados. Y era ese carácter distintivo, el que definía un tratamiento diferente para esos efectos por mandato constitucional, aunque se ubicaran dentro de la administración pública paraestatal encabezada por el titular del Poder Ejecutivo, no se tratara propiamente de empresas o no persiguieran fines lucrativos; independientemente de lo que establecieran al respecto otros ordenamientos secundarios. En consecuencia, concluyó que los conflictos laborales entre dichos organismos y sus trabajadores eran competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, conforme a la normativa que regía sus relaciones laborales. Sin embargo, posteriormente, la referida Sala, al resolver el amparo directo en revisión 6490/2015, abandonó el criterio sostenido en la citada jurisprudencia, según se aprecia de la tesis con número de identificación 2a. XXXIII/2016 (10a.), que aparece publicada el viernes diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, registro 2011895, de rubro siguiente: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]." Tesis en la que, en una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio jurisprudencial 2a./J. 180/2012 (10a.), así como todos aquellos en donde hubiera sostenido un criterio similar, al estimar la voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios. Aunado a que, de su interpretación gramatical, determinó que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" debían regirse por las leyes que expidieran las Legislaturas Locales, en el que se utilizara el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluía a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, determinó que las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial. Así, en virtud que en esta última tesis la Segunda Sala abandonó el criterio sostenido por la propia Sala en la diversa 2a./J. 180/2012 (10a.), esta última dejó de considerarse de aplicación obligatoria a partir del lunes veinte de junio de dos mil dieciséis. Consideraciones que, además, sustentan la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), localizable en la página 1006, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2012980, de igual título al transcrito anteriormente. Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración que del contenido del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se aprecia que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es el órgano jurisdiccional competente para resolver las controversias laborales que se den entre la administración pública estatal y sus empleados. Ahora, en el caso, de las constancias que integran este asunto, a las que se concede valor probatorio pleno al constituir documentos públicos, en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte, en lo que interesa, que la autoridad responsable dictó el acto reclamado en los siguientes términos: ".XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ A DOCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio 884, de uno de marzo del año en curso, signado por la Licenciada Zoila E. Ancona Fernández Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, mediante el cual remite por considerarse incompetente, el expediente 1299/VI/2017, del índice de dicha Junta, del cual se colige que el C. José Juan Lara Pelcastre; demanda del Organismo Público Descentralizado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, la REINSTALACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES y de manera subsidiaria la INDEMINIZACIÓN CONSTITUCIONAL; por lo tanto, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 55, 56 fracción VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2 apartado A, fracción II; 3 fracción IV, 30 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 1 y 183 fracción III, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, y con apoyo en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, con número de registro 2012980, que a la letra señala: ".ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial.", este Tribunal es competente para conocer del presente controvertido; consecuentemente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, de la Ley de la materia, se admite la demanda." Actuación, que se estima constitucionalmente válida. Pues al aceptar la competencia para conocer respecto de la demanda planteada por el aquí quejoso, el Tribunal responsable orientó su determinación en la tesis cuyas consideraciones sustentan la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), de rubro: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]." Criterio que anteriormente se explicó, mismo que, en lo conducente, otorgó a las entidades federativas potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores. Por tanto, si la Ley del Servicio Civil del Estado de Veracruz, estipula que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre los organismos descentralizados del Estado y sus trabajadores; además de otros. La legislación referida está conferida con la potestad para regular las relaciones laborales entre dichas partes; y el Colegio de Estudios y Tecnológicos del Estado de Veracruz, demandado en el juicio de origen, es un organismo descentralizado. Por lo tanto, se considera que el Tribunal responsable actuó constitucionalmente al aceptar la competencia planteada, pues es a esa autoridad a quien legalmente corresponde el conocimiento del conflicto planteado por la parte quejosa contra, entre otros, el organismo público descentralizado Colegio de Estudios y Tecnológicos del Estado de Veracruz. En razón de lo anterior, resulta infundado lo argüido por el quejoso en su demanda de amparo, al afirmar que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje debió haberse declarado incompetente para conocer de dicho juicio, debiendo haber remitido los autos nuevamente a la Junta Especial Número Seis. Pues, por un lado, como se demostró, existe ordenamiento legal que regula los conflictos laborales que se susciten entre los organismos descentralizados del Estado y sus trabajadores. Y, como quedó establecido en líneas anteriores, en la tesis emitida por la Segunda Sala, misma que sirvió de sustento a la autoridad responsable para emitir el acto que por esta vía se reclama, se abandonó el criterio sostenido en la diversa 2a./J. 180/2012 (10a.), del rubro ".ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE." por lo que esta última dejó de considerarse de aplicación obligatoria a partir del lunes veinte de junio de dos mil dieciséis. Sin que sea óbice a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, en el sentido de que el acto reclamado fue dictado en contravención al artículo 60, fracción III, de la Constitución local, que (a decir de la quejosa) establece lo siguiente: "Art 60.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tendrá su sede oficial en el municipio de Xalapa-Enríquez y tendrá competencia para: .III.- Efectuar y, en su caso, cancelar el registro de las organizaciones de trabajadores de las dependencias centralizadas y entidades de la administración pública estatal o municipal, así como las de los organismos autónomos del Estado.", pues el citado precepto no contempla la competencia del tribunal responsable para conocer de conflictos con órganos descentralizados, solamente centralizados, quedando ello contemplado en una ley secundaria, violando el principio de supremacía constitucional con ello. Es infundado lo alegado. Se afirma lo anterior, porque contrario a lo que aduce la aquí quejosa, el artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave establece lo siguiente: "Artículo 60. El Poder Judicial administrará con autonomía su presupuesto, el cual se manejará bajo una sola unidad administrativa, y destinará, en renglones separados, los recursos para los tribunales, juzgados y órganos que lo integran, debiendo rendir cuentas anualmente al Congreso acerca de su ejercicio. El fondo auxiliar para la impartición de justicia estará bajo la administración del Consejo de la Judicatura, y se integrará con los productos y rendimientos que se generen por las inversiones de los depósitos en dinero o valores que se efectúen ante los tribunales, y además con los ingresos por el pago de multas, cauciones o por cualquier otra prestación autorizada por la ley, en ejercicio de las atribuciones del Poder Judicial. Dicho fondo será aplicado exclusivamente al mejoramiento de la impartición de justicia. El presupuesto asignado al Poder Judicial podrá ser mayor pero no menor al dos por ciento del total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo, y deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la ley." Del citado numeral se desprende a grandes rasgos la autonomía del Poder Judicial del Estado de Veracruz, para administrar y destinar su presupuesto, lo cual es totalmente ajeno al asunto que se estudia en el presente juicio de amparo, esto es, que resulta inexistente el contenido de la disposición constitucional del Estado a que alude la parte quejosa, y por ende, no es factible realizar el análisis que pretende. Por tanto, de la lectura de los dispositivos transcritos, es evidente que el artículo 30, fracción III, que cita el aquí quejoso, no forma parte de la Constitución local, sino de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, por lo que es clara la inexistencia de la contravención a la Constitución local, por parte de una autoridad secundaria que aduce el aquí quejoso. En consecuencia, al ser infundados los argumentos de disenso, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, al quejoso José Juan Lara Pelcastre. Conviene dejar establecido que en la presente sentencia se citaron diversos criterios, algunos de los cuales, fueron integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada; no obstante ello, siguen siendo aplicables de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, ya que en lo que en ellos se interpreta, no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SÉPTIMO. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que lo solicite y acredite legitimidad para ello, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por todo lo hasta aquí expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se, R E S U E L V E ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Juan Lara Pelcastre, contra el acto que reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por las razones y fundamentos precisados en el considerando quinto de esta sentencia.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el tercero interesado Colegio de Estudios Científicos del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, esté en oportunidad de conocer e imponerse del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable denominada Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, toda vez que se le dio vista en proveído de trece de diciembre pasado, por lo que el mencionado término transcurrirá del dieciocho al veintiocho de diciembre del año en curso; asimismo, que se encuentran señaladas las nueve horas del día de hoy, para la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la misma.
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