José Jorge Lima Marín

Expediente 187/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
187/2023
Año
2023
Actuaciones
23
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • José Jorge Lima Marín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Xalapa, Veracruz, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que en proveído de dos de octubre de dos mil veintitrés, se acordó el archivo del presente juicio al tratarse de un asunto concluido, ordenando remitir tres discos compactos a la autoridad responsable, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Pacho Viejo, Veracruz; sin embargo, lo correcto era remitirlos al Juez de Control y Enjuiciamiento Titular de la Ponencia de la Sala Dos adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Jalacingo, Veracruz; por tanto, remítanse los mencionados discos a la autoridad correcta. Cúmplase. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Blanca Ofelia Prieto Vega, secretaria que autoriza y da fe. . Enseguida, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la suscrita secretaria HAGO CONSTAR: Que la presente determinación y la promoción que antecede fueron integradas tanto al expediente electrónico, como al impreso en que se actúa. Doy fe. Christian*

  2. Principal

    Xalapa, Veracruz, dos de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el auto de treinta de agosto del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, interpusiera recurso de revisión contra éste, sin que lo haya hecho. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes, por lo que se ordena el archivo de las actuaciones al tratarse de un asunto concluido. Háganse las anotaciones en el Libro de Control Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, resulta procedente decretar que el presente juicio de amparo y el original del incidente de suspensión derivado de este juicio, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo fuera de audiencia y declarado sin materia el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años, se procederá para tal efecto después del DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS. En relación al cuaderno incidental, en cumplimiento al artículo 17, fracción III inciso b), del precitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de CONSERVACION, dado que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que una vez transcurridos más de tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, y pasados noventa días de dicho plazo, se procederá para tal efecto con posterioridad al DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS. Ahora, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento. Por otra parte, debido a que de autos se advierte que obran en los autos tres discos compactos remitidos por la autoridad responsable, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, en consecuencia, devuélvanse para los efectos legales conducentes, sin que haya lugar a solicitar acuse de recibo, dado que en autos obrará la constancia de notificación del oficio que para tal efecto se gire. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Xalapa, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso José Jorge Lima Marín; atento a su contenido, se tiene por revocada la autorización efectuada en autos a favor de los profesionistas Manuel Antonio González Vidal y Paulo Mota Vázquez. Asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alma Aleida Sosa Jiménez, Gabriela Rasgado Martinez y Juan Carlos Canalizo Hernández, puesto que de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se constató que cuentan con registro de cédula profesional. Sirve de apoyo la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, con registro 2021840, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Por lo que respecta al diverso profesionista Erick Hoyos Aponte de la Luna, no ha lugar, a acordar favorable su petición de tenerlo como autorizado ya que el presente juicio de amparo lo promovió dicho profesionista en su carácter de defensor particular del directo quejoso, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Amparo, y no puede tener ambos caracteres en un mismo asunto. Por otra parte, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que señala el ocursante, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto al domicilio que proporciona en el ocurso de cuenta, dado que se trata del mismo que señaló en el escrito inicial de demanda y autorizado en auto de dos de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista de acuerdos. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Diego Francisco Chias Rodríguez, Secretario que autoriza y da fe. Enseguida, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la suscrita secretaria HAGO CONSTAR: Que la presente determinación y la promoción que antecede fueron integradas tanto al expediente electrónico, como al impreso en que se actúa. Doy fe. Christian*

  4. Principal

    ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de catorce de febrero de dos mil veintitrés, mediante la cual se amplió por cuatro meses más la prisión preventiva decretada contra José Jorge Lima Marín, dentro del proceso penal 139/2021 del índice del Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Jalacingo, Veracruz, por el delito de homicidio doloso calificado. Ahora, de las constancias recibidas en proveído de tres de agosto del año en curso, se advierte que por resolución de catorce de febrero de dos mil veintitrés, emitida por la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Jalacingo, Veracruz, dentro del proceso penal 139/2021, se resolvió prorrogar la medida cautelar por el término de cuatro meses más, teniendo como fecha de vencimiento el catorce de junio de dos mil veintitrés. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numera 2° de la propia ley, se les otorga pleno valor probatorio. En tales condiciones, se pone de manifiesto que los efectos del acto reclamado consistente en la resolución de catorce de febrero de dos mil veintitrés, mediante la cual se amplió por cuatro meses más la prisión preventiva impuesta a José Jorge Lima Marín, ha dejado de tener vigencia al haber sido sustituida procesalmente por la diversa de catorce de junio de dos mil veintitrés; por ende, resulta innecesario transcribir y analizar los conceptos de violación que la parte quejosa hace valer contra el acto reclamado, en virtud de que en la especie se advierte una causa de improcedencia que por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, su estudio es preferente a cualquier otro planteamiento lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. Apoya esta consideración la jurisprudencia número 234, publicada en la página número 192, Tomo VI, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.". En efecto, la suscrita considera que se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan -por ejemplo- cuando se dicta un auto que viene a sustituir procesalmente a los anteriores, ya que será esta nueva determinación, y no la recurrida, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues el medio de control de la constitucionalidad no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; por tanto, respecto del acto primigenio debe sobreseerse en el amparo con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. En este contexto, como quedó expuesto en párrafos que anteceden, se advierte que se emitió una resolución el catorce de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual se amplió por dos meses más la prisión preventiva impuesta al aquí quejoso José Jorge Lima Marín, en el proceso penal 139/2021, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Jalacingo, Veracruz. Por tanto, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado, pues debe considerarse que con la resolución de catorce de junio de dos mil veintitrés, cesaron, de ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada, por haber sido sustituida procesalmente por dicha resolución, siendo ésta la resolución la que rige en todos sus efectos legales y la que en todo caso podría causar perjuicio a la parte quejosa. Resulta aplicable por analogía la tesis III.3o.C.23 K, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ÉSTA Y NO AQUÉLLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente". En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO, al actualizarse la causa de improcedencia prevista ene le artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las DIEZ HORAS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,2 cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003,3 de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."; estableció que cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. De ahí que resulte pertinente sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, con el fin de que se imparta justicia pronta y expedita, conforme al artículo 17 Constitucional. Por otro lado, no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis4 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Sin que pase inadvertido para la suscrita la jurisprudencia de rubro: "ESTUDIO CONSTITUCIONAL DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY EN LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO HA SIDO LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA, AUN SI SOBREVIENE UNA RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES QUE LA CONFIRMA".; la cual no resulta aplicable al caso concreto, porque los argumentos que sustentaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva al aquí quejoso (de catorce de agosto de dos mil veintiuno) no fueron emitidos en la audiencia donde se resuelve su ampliación, cuyo acto se reclama a través de este juicio, ni siquiera en el que le antecedió al mismo (es decir, la determinación de cuatro de agosto de dos mil veintidós), por tanto, es inconcuso que el criterio jurisprudencial en cita, no resulta aplicable al caso concreto y por ende se determina, la actualización de la mencionada causa de improcedencia, de sustitución procesal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por oficio a la autoridad responsable, autoridades terceras interesadas y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Blanca Ofelia Prieto Vega, secretaria que autoriza y da fe. Enseguida, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la suscrita secretaria HAGO CONSTAR: Que la presente determinación fue integrada tanto al expediente electrónico, como al impreso en que se actúa. Doy fe.

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