José Jorge Lima Marín
Expediente 71/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Jorge Lima Marín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso José Jorge Lima Marín; atento a su contenido, se tiene por revocada la autorización efectuada en autos a favor de los profesionistas Manuel Antonio González Vidal y Paulo Mota Vázquez. Asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alma Aleida Sosa Jiménez, Gabriela Rasgado Martinez y Juan Carlos Canalizo Hernández, puesto que de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se constató que cuentan con registro de cédula profesional. Sirve de apoyo la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, con registro 2021840, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Por lo que respecta al diverso profesionista Erick Hoyos Aponte de la Luna, no ha lugar, a acordar favorable su petición de tenerlo como autorizado ya que el presente juicio de amparo lo promovió dicho profesionista en su carácter de defensor particular del directo quejoso, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Amparo, y no puede tener ambos caracteres en un mismo asunto. Por otra parte, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que señala el ocursante, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto al domicilio que proporciona en el ocurso de cuenta, dado que se trata del mismo que señaló en el escrito inicial de demanda y autorizado en auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, seis de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez de Ejecución Penal adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Jalacingo, Veracruz, ello, en virtud de que, en proveído de veintiocho de junio pasado, se tuvo por recibida idéntica misiva y se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Cúmplase.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable denominada Juez de Ejecución Penal adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Distrito Judicial, con sede en Jalacingo, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de dos de junio del año en curso, en consecuencia, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. Asimismo, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable, las documentales anexas a su oficio, consistentes en copia del oficio número 1031-bis/2023, deducido del cuadernillo de traslado voluntario E-TV-08/2022, de su índice, de la factura de correos del Servicio Postal Mexicano de veinticinco de mayo del actual y una impresión de pantalla relativa a la consulta efectuada en la página oficial del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, el oficio recibido vía correo electrónico tiene pleno valor probatorio, al estar autorizado el empleo de este medio de comunicación para la transmisión de constancias a los órganos del Poder Judicial de la Federación. En esa virtud, de las constancias que integran los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el acto reclamado por el quejoso en esta vía constitucional, se trata del siguiente: 19/05/24 13:15:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.31.67 JULIO CESAR LOPEZ CESPEDES - La abierta dilación en el trámite y remisión del recurso de apelación interpuesto por el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, contra la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro del cuadernillo de traslado voluntario E-TV-08/2022, del índice del Juez responsable, en la cual, se autorizó el traslado voluntario del aquí quejoso al Centro Penitenciario de Jalacingo, Veracruz. Ahora, las documentales que envía la citada autoridad responsable, merecen valor probatorio, toda vez que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia número 2a./J.32/2000,1 sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que a la letra dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." De ellas, se advierte que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, 1 Consultables, con los siguientes datos de localización: 2a./J.32/2000, página 127 del tomo XI, abril de 2000, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; registro 192109. 19/05/24 13:15:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.31.67 JULIO CESAR LOPEZ CESPEDES SECCIÓN AMPARO fracción XXI, de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Al respecto, cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2 Visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758. 19/05/24 13:15:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.31.67 JULIO CESAR LOPEZ CESPEDES Asimismo, la jurisprudencia número 415,3 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Entonces, si el acto combatido por esta vía constitucional se hizo consistir, en esencia, en la dilación en el trámite y remisión del recurso de apelación interpuesto por el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, contra la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro del cuadernillo de traslado voluntario E-TV-08/2022, del índice del Juez responsable, en la cual, se autorizó el traslado voluntario del aquí quejoso al Centro Penitenciario de Jalacingo. Y, del oficio de cuenta que remite la autoridad responsable, el que se encuentra avalado por las constancias que adjuntó al mismo, específicamente la correspondiente a la copia del oficio 1031-bis/2023, por el cual remitió las constancias relativas al aludido recurso de apelación interpuesto contra la determinación de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el cuadernillo de traslado voluntario E-TV-08/2022, de su índice y de la factura de del Servicio Postal Mexicano de veinticinco de mayo del actual, de la que colige el envío del oficio en cuestión. De igual manera, se advierte la impresión de pantalla relativa a la consulta efectuada en la página oficial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de cuyo contenido se advierte que el recurso de apelación previamente referido se radicó en la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con el 3 Publicada en la página número 356, materia común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 917949. 19/05/24 13:15:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.31.67 JULIO CESAR LOPEZ CESPEDES SECCIÓN AMPARO número de toca penal 468/2023, por lo que actualmente dicha apelación se encuentra radicada en la aludida sala. Por lo tanto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. Esto en razón, a que si lo que se reclamaba se trataba de la abierta dilación en el trámite y remisión al tribunal de alzada del recurso de apelación interpuesto contra la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dentro del cuadernillo de traslado voluntario E-TV-08/2022, del índice de la responsable, y el recurso de apelación de que se trata, ya fue recibido por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el que ya fue registrado con el número de toca penal 468/2023 de su índice, lo que conlleva que el retardo en la tramitación del precitado recurso de apelación, actualmente cesó en sus efectos al ya estar en conocimiento de la Sala que se ha mencionado, así como que ya le fue asignado el número de toca que le correspondió. En tales circunstancias, se destruyó en forma total e incondicional el acto combatido en esta vía constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo al quejoso, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías fuera de audiencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 , cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE 4 Consultable en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572 19/05/24 13:15:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.31.67 JULIO CESAR LOPEZ CESPEDES ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De igual modo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente, por oficio a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público Federal adscrito.
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