José Humberto Tavera Chavarría

Expediente 72/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
72/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • José Humberto Tavera Chavarría

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, uno de junio de dos mil veintitrés. Se informa nueva denominación de este Juzgado. Visto el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que, a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad de Puebla, cambió de denominación a Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, ubicado en avenida 23 Poniente, número 2509, planta baja, colonia Volcanes de la ciudad de Puebla, código postal 72410. Por tanto, se informa a las partes que todas aquellas comunicaciones oficiales y escritos relativos a los asuntos que corresponden a este órgano jurisdiccional deberán de dirigirse bajo su nueva denominación. Se recibe oficio. Por otra parte, se agrega al expediente el oficio signado por el secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 34/2023, de su índice, interpuesto por el quejoso *, contra el acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés. En dicha ejecutoria se resolvió en el siguiente sentido: ".ÚNICO.- Se declara infundado el recurso de queja interpuesto en contra del proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio de amparo número 72/2023, por la Jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.". En consecuencia, se ordena hacer las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acusar el recibo de estilo correspondiente. Ahora, por cuanto hace a las copias certificadas devueltas; se ordena su destrucción1 , pues es innecesaria su conservación ya que se trata de la reproducción de los autos de este expediente. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el acuerdo que desechó la demanda de amparo, ha quedado firme (causó estado). En consecuencia, lo procedente es ordenar el archivo del presente asunto, bajo los lineamientos siguientes. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se 1En el proceso de destrucción de expedientes más próximo. ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-, y la superioridad declaró infundada la queja hecha valer contra dicho desechamiento. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-; se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Devolución de documentos. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto

  2. Principal

    Puebla, Puebla, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado admite recurso de queja. Se agrega al expediente el oficio de cuenta signado por el secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla; mediante el cual comunica que, en auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, el magistrado presidente del citado tribunal, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso, el cual quedó radicado en el expediente Q- 34/2023. De lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, treinta de enero de dos mil veintitrés. Recurso de queja. Se agrega al expediente el ocurso de *, mediante el cual interpone recurso de queja y expresa agravios contra el acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. Además, señala las constancias que deberán remitirse al tribunal de alzada para la sustanciación de dicho recurso. Por lo anterior, es innecesario proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso) pues además el recurrente resulta ser la única parte en el presente juicio, dado el desechamiento de la demanda1. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Remisión del recurso. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío del escrito donde obran los agravios así como copia certificada de la totalidad del presente expediente2, al encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano que deba substanciar el citado recurso de queja. Con independencia de lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano" para que el tribunal colegiado que conozca del recurso esté en oportunidad de consultarlo de manera íntegra y consiga visualizar las constancias que estime necesarias. Informe de la queja. En este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Para justificar lo anterior, se instruye adjuntar copia de todo lo actuado en este juicio -como lo solicitó el quejoso-. Sin suspensión del procedimiento. Se descarta suspender el procedimiento en este asunto porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial. Indicación a la actuaria. Se ordena al actuario encargado del presente asunto, que el oficio de remisión, copia del recurso de queja en el que obran los agravios y las copias de este juicio, las entregue de manera física en la citada oficina de correspondencia. Notificación por lista. Por último, se deja establecido que es inviable ordenar una notificación personal para el quejoso, con el contenido de este acuerdo, porque ya se dio trámite a su recurso y todavía falta la decisión que emita el tribunal colegiado. De ahí que este acuerdo sólo se notificará por medio de lista. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 establece que los jueces de distrito examinarán la demanda y si encontraren motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharán de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"3. En el presente caso se examinó de manera íntegra la demanda de amparo para detectar que el quejoso reclama los siguientes actos: a) El acuerdo emitido en diligencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, donde el juez responsable tuvo por justificada las inasistencias de * para firmar el libro de personas que gozan de su libertad bajo caución, dentro del proceso 24/2018; y, b) El acuerdo de seis de enero de dos mil veintitrés, donde el juez responsable desechó de plano el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso (contra el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, donde se requirió a * que presentara a la médico que le extendió la constancia con la que justificó su inasistencia a firmar el libro de control de personas sujetas a libertad bajo caución). Con esa óptica, esta autoridad advierte la existencia y operatividad de una causa que vuelve inejercible la acción de tutela constitucional, puntualmente la prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 1°, fracción I, 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados los dos últimos contrario sensu y que establecen lo siguiente: De conformidad con el primero de los numerales en cita, la afectación del interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio de amparo, pues parte de la base de que si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de diversa índole que no tengan ese carácter, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional. Por eso el peticionario de amparo debe acreditar en forma fehaciente cuando acude al amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera, "simple", como suele llamarse al que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pueda resultarle molesta, sino que es necesario que dicho interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia, que tenga como correlativo el deber de realizar tal conducta, por tanto, hay afectación al interés jurídico cuando se cuenta con un derecho legítimamente tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/87, emitida por el otrora Segundo Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, de rubro y texto: Ahora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente al quejoso, cuyo carácter lo tiene el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la misma legislación (derechos humanos reconocidos y derechos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, persona facultada para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación, de lo cual se concluye, que esos derechos protegidos por el ordenamiento legal son lo que constituyen el interés jurídico o legítimo que debe considerarse para la procedencia del juicio de amparo. En segundo lugar, la causa de improcedencia en análisis también contempla lo atinente a la afectación al interés legítimo del que debe ser titular el quejoso para hacer procedente el juicio de amparo, que se refiere a un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que se traduce, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del impetrante derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, o en su caso, de un interés difuso en beneficio de la colectividad, que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ésta, cuya finalidad es salvaguardar intereses generales, el orden público o el interés social. Así, la afectación al interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos, en que el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal (interés legítimo individual, porque la afectación redunda de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de las circunstancias específicas) o por una regulación sectorial o grupal (interés legítimo colectivo). Los elementos distintivos en que participa el interés legítimo son los siguientes: 1. Titularidad del interés. Individual o un grupo de personas. 2. Poder de exigencia del titular. Sólo puede exigir que la autoridad actúe conforme a la ley, porque la violación le produce una afectación a su situación, su cumplimiento, un beneficio o una ventaja jurídica. 3. Surge para salvaguardar intereses individuales, generales, el orden público o el interés social. 4. Tipo de afectación que sufre el titular del interés. Se produce de manera indirecta, es decir, no es una lesión a la persona, sino a la comunidad, sin embargo, afecta o impacta calificadamente a una persona o grupo de personas que pertenecen a esa comunidad por la posición que guardan frente al acto ilícito. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que precisa: En el caso, * reclama del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, el que tuvo por justificada la inasistencia de * para firmar el libro de control de personas que gozan de su libertad bajo caución, dentro del proceso 24/2018, así como que desechó de plano el recurso de revocación que interpuso contra el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, donde requirió a * que presentara a la médico que le extendió la constancia con la que justificó su inasistencia a firmar el aludido libro. En ese sentido, se advierte que no existe una afectación a algún derecho fundamental de *, porque aun cuando tiene la calidad de agraviado dentro del proceso 24/2018, no debe pasar por alto que en términos del artículo 350, fracción I, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla (aplicable para la sustanciación de los procesos seguidos bajo las reglas del anterior sistema penal mixto o inquisitivo), para que el procesado acceda al beneficio de la libertad bajo caución primero tuvo que garantizar el monto de la reparación del daño, de modo que su derecho al resarcimiento de este concepto se encuentra intocado con motivo de los acuerdos reclamados. Por otra parte, en cuanto al derecho de acceso a la justicia y conocimiento a la verdad, no debe perderse de vista que en términos del artículo 371 del aludido código procesal, la libertad del procesado podrá revocarse cuando desobedezca, sin causa justificada, las órdenes legítimas del juez, así como cuando falte a las obligaciones que le impone el diverso numeral 366, entre ellas, la presentación periódica a firmar el libro de control de personas sujetas a libertad bajo caución. Además, el artículo 374 de la codificación en cita es claro al señalar que en los supuestos antes indicados dará pie a la reaprehensión del encausado. En esas condiciones, los acuerdos reclamados por el promovente -donde el procesado * justificó su inasistencia a firmar el libro de control de personas sujetas a libertad bajo caución-, no causan una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, pues constituyen solamente pronunciamientos procesales dictados en la causa penal 24/2018, que no han trastocado los derechos de la víctima del delito, pues, se insiste, la reparación del daño se encuentra garantizada -y los acuerdos reclamados no corresponden a aquéllos donde se fijó ese concepto y se concedió el beneficio- y el juez del proceso cuenta con mecanismos para asegurar la sujeción del procesado a su jurisdicción. Por tanto, se insiste, en el caso no existe alguna afectación a los derechos fundamentales de*. De ahí que, al no existir un agravio personal y directo, se actualiza la causa de improcedencia ya mencionada. Por tanto, de conformidad con los artículos 61, fracción XII, en relación con los diversos 1°, fracción I, 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados los dos últimos contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por *, porque los actos que reclamó encontraron una causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en*. No pasa por alto para esta autoridad que el quejoso señala como medio para recibir notificaciones un número telefónico; empero, dicha vía no se encuentra establecida como herramienta para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, * queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque el quejoso le otorgó esas facultades y se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.

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