Jose Honorio Vazquez Sainz

Expediente 337/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
337/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Jose Honorio Vazquez Sainz

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 337/2023-IX Puebla, Puebla, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos irremplazables) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 337/2023-IX. Puebla, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Se agrega la razón de la actuaria judicial adscrita a este juzgado por la cual manifiesta que en el presente expediente se ordenó notificar de manera electrónica al quejoso el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Sin embargo debido a que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se adjuntó el sello de lista en esta data, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes no generó la constancia de notificación electrónica de la citada parte quejosa. Por tal motivo, en fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, se ordena notificar + -vía electrónica- por medio del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal a través del usuario, señalado en su demanda, el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, que a la letra dice: "Puebla, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada con firma electrónica por ++++, por propio derecho, contra un acto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las parte que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Debido a que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integraran al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico-. Materia del juicio. "La determinación a través de la cual la Juez de Control REVOCÓ el cargo conferido al suscrito como DEFENSOR PARTICULAR de Daniela Martina Berlín Tolentino, misma que fue dictada en el trámite de la audiencia inicial celebrada en fecha 8 y 9 de marzo de 2022, actuando en la causa judicial". Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Al respecto, a juicio de este órgano judicial, se actualiza en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción I y 107, fracción V (a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo que a la letra dicen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: "I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "[.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "[.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "[.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "[.] Lo anterior, es así, pues +++ es quien promueve la demanda de amparo por propio derecho; sin embargo, de los antecedentes de la demanda de amparo refiere: El quejoso fue designado por ++ para intervenir en la causa penal +, en su carácter de defensor particular; En audiencia de nueve de marzo de dos mil veintidós, el Juez de Control revocó ese nombramiento con fundamento en el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, toda vez que el impetrante de amparo reclama esa resolución por propio derecho, no se advierte que exista una afectación a sus derechos sustantivos. En efecto, el artículo 113, fracciones IV y XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 113. Derechos del Imputado "El imputado tendrá los siguientes derechos: "[.] "IV. A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él; "[.] "XI. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad; "[.]" Del texto normativo transcrito se desprende que, el derecho de defensa es exclusivo del imputado y no del defensor; pues, del capítulo IV del Código Nacional de Procedimientos Penales (artículos 115 a 126), se advierten las obligaciones que tiene el defensor para con el imputado; sin embargo, ninguno de esos artículos establece algún tipo de derecho en favor de este. Por esa razón, el artículo 121 establece la obligación del Juez de Control de garantizar que el derecho del imputado a una defensa técnica adecuada se materialice fielmente. De ahí que, la única persona legitimada para inconformarse de la decisión de revocar a su defensor es el imputado; pues, es a quien pudiera transgredir su derecho de defensa, no así al defensor. Al respecto, sirve de apoyo la tesis XXIV.1º.10 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en la undécima época del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, febrero de 2023, tomo IV, página 3678 (registro digital 2025962), cuyo rubro y texto establece: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA REMOCIÓN DEL DEFENSOR PARTICULAR DECRETADA POR EL JUEZ DE CONTROL EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL, AL AFECTAR LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL IMPUTADO. "Hechos: En un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la remoción del defensor particular del imputado, ordenada por el Juez de Control en la audiencia intermedia del proceso penal acusatorio, se desechó de plano la demanda, pues el Juez de Distrito consideró que no se trataba de un acto de imposible reparación, porque el derecho vulnerado no era sustantivo, sino adjetivo, que únicamente tenía efectos intraprocesales susceptibles de repararse al momento de dictarse la sentencia definitiva. "Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el juicio de amparo indirecto procede contra la remoción del defensor particular del imputado ordenada por el Juez de Control, cuando ocurre antes de la etapa de juicio oral, porque no obstante que el artículo 173, apartado B, fracción XIII, de la Ley de Amparo prevé como una violación procesal que no se respete al imputado el derecho de contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su detención, dicha violación afecta de forma actual los derechos sustantivos del quejoso y no se puede esperar a verificar si trasciende o no al resultado del fallo, por lo que su legalidad debe revisarse en el juicio de amparo indirecto y no con posterioridad a que se constate si repercute o no en el sentido de la resolución que llegue a dictarse en el proceso penal. "Justificación: Del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y de la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo interpreta, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, y que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascienda al resultado del fallo. Por su parte, los artículos 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 2, inciso d), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disponen que constituye un derecho humano o fundamental de las personas imputadas la potestad de designar libremente al abogado que quieran que las defienda en una causa penal, desde el momento de su detención y hasta la conclusión del juicio, convirtiéndose en un derecho de naturaleza sustantiva, porque puede darse el caso que la violación respectiva no pueda repararse en amparo directo; y si bien el artículo 173, apartado B, fracción XIII, de la Ley de Amparo, cataloga dicha remoción como una violación procesal, debe considerarse que ésta tiene lugar a partir de la detención del imputado y cuando sucede en cualquiera de las etapas previas al juicio oral, como en la intermedia, no puede constituir una violación procesal y de carácter adjetivo que en su oportunidad pueda analizarse en el amparo directo, sino que el cambio o remoción del defensor designado por la persona imputada, que ocurre en esta fase del proceso penal acusatorio, no es reversible por el Juez en la etapa subsecuente, ni aun en esta última, de acuerdo con la naturaleza de dicho juicio, por lo que se considera que ese acto es de imposible reparación, ya que de consumarse causaría perjuicios de inmediato, al no ser subsanable en una etapa posterior y, por ende, es impugnable a través del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, tal y como se señaló la decisión de revocar al defensor del imputado unicamente causa un perjuicio al propio imputado, no así al defensor; por ello, quien pude acudir al juicio de control constitucional es el imputado. Sobre todo, porque esa designación está supeditada a la voluntad del quejoso, es decir, que a pesar de que el Juez de Control haya revocado al defensor por falta de pericia, subsista la voluntad de ser defendido por ese profesionista; tanto es así, que el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce el derecho del imputado para designar un nuevo defensor. De ahí que, en la especie, ningún derecho sustantivo de +++ se estima violado con el acto reclamado. Se insiste, si bien existe la puerta para promoción de la demanda de amparo indirecto en contra de la determinación de la remoción de un defensor particular del imputado en cualquiera de las etapas previas al juicio oral, es este último quien en su defecto tendría que promoverla, y no el defensor, quien, dicho sea de paso, ya no forma parte del proceso penal; pues, su interés es derivado de la designación del imputado, la cual fue revocada por el Juez de Control. Así las cosas, el derecho consagrado en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que las personas imputadas pueden designar de manera libre a un abogado que lo defienda en el proceso penal desde el momento de su detención y hasta la conclusión del juicio, es exclusivo del imputado. Asimismo la jurisprudencia 2a./J. 7/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con el rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE PRESENTA EN EL AMPARO CUANDO ES IMPOSIBLE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTIA CONSTITUCIONAL VIOLADA". Por ello, el acto reclamado no encuadra en la hipótesis que contempla la fracción V, artículo 107 de la Ley de Amparo, porque es un acto dentro de juicio que no es considerado de imposible reparación, es decir, no hay una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del promovente -como si sucedería si fuera el imputado quien instara la acción de amparo- . Además que en el presente caso en nada se advierte el supuesto de excepción que permiten accionar la demanda a nombre de otro, como los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el artículo 5 de la Ley de Amparo, no contempla como parte en el juicio de amparo al defensor ya sea público o particular de un quejoso. Entonces, debe concluirse que el acto reclamado en su demanda encuentra la causal manifiesta e indudable de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción I, y 107, fracción V (interpretados en sentido contrario), de la Ley de Amparo; es improcedente la demanda de amparo promovida por +++. De ahí que, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la mantera, debe desecharse de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse la casual de improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Anotación interna. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento. Autorizados y domicilio para recibir notificaciones. Se autoriza como medio electrónico para recibir y oír notificaciones personales al usuario "+", porque así lo señaló de manera expresa la parte quejosa en su demanda de amparo. Se tiene solo como autorizados restringidos a los profesionistas que señaló para efectos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque no se encontró registro único de su cédula profesional en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo a las demás personas solo para oír y recibir notificaciones porque así se señaló de manera expresa en la demanda. Autorización para toma de fotografías Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; vía electrónica al quejoso y cúmplase." Notifíquese en forma personal al quejoso (vía electrónica).

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 337/2023-VII. Puebla, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada con firma electrónica por *, por propio derecho, contra un acto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las parte que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente e el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Debido a que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integraran al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico-. Materia del juicio. "La determinación a través de la cual la Juez de Control REVOCÓ el cargo conferido al suscrito como DEFENSOR PARTICULAR de Daniela Martina Berlín Tolentino, misma que fue dictada en el trámite de la audiencia inicial celebrada en fecha 8 y 9 de marzo de 2022, actuando en la causa judicial". Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 Al respecto, a juicio de este órgano judicial, se actualiza en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción I y 107, fracción V (a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo que a la letra dicen: Lo anterior, es así, pues José Honorio Vázquez Sainz es quien promueve la demanda de amparo por propio derecho; sin embargo, de los antecedentes de la demanda de amparo refiere: El quejoso fue designado por para intervenir en la causa penal, en su carácter de defensor particular; En audiencia de nueve de marzo de dos mil veintidós, el Juez de Control revocó ese nombramiento con fundamento en el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, toda vez que el impetrante de amparo reclama esa resolución por propio derecho, no se advierte que exista una afectación a sus derechos sustantivos. En efecto, el artículo 113, fracciones IV y XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: Del texto normativo transcrito se desprende que, el derecho de defensa es exclusivo del imputado y no del defensor; pues, del capítulo IV del Código Nacional de Procedimientos Penales (artículos 115 a 126), se advierten las obligaciones que tiene el defensor para con el imputado; sin embargo, ninguno de esos artículos establece algún tipo de derecho en favor de este. Por esa razón, el artículo 121 establece la obligación del Juez de Control de garantizar que el derecho del imputado a una defensa técnica adecuada se materialice fielmente. De ahí que, la única persona legitimada para inconformarse de la decisión de revocar a su defensor es el imputado; pues, es a quien pudiera transgredir su derecho de defensa, no así al defensor. Al respecto, sirve de apoyo la tesis XXIV.1º.10 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en la undécima época del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, febrero de 2023, tomo IV, página 3678 (registro digital 2025962), cuyo rubro y texto establece: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA REMOCIÓN DEL DEFENSOR PARTICULAR DECRETADA POR EL JUEZ DE CONTROL EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL, AFECTAR LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL IMPUTADO. En ese sentido, tal y como se señaló la decisión de revocar al defensor del imputado unicamente causa un perjuicio al propio imputado, no así al defensor; por ello, quien pude acudir al juicio de control constitucional es el imputado. Sobre todo, porque esa designación está supeditada a la voluntad del quejoso, es decir, que a pesar de que el Juez de Control haya revocado al defensor por falta de pericia, subsista la voluntad de ser defendido por ese profesionista; tanto es así, que el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce el derecho del imputado para designar un nuevo defensor. De ahí que, en la especie, ningún derecho sustantivo de José Honorio Vázquez Sainz se estima violado con el acto reclamado. Se insiste, si bien existe la puerta para promoción de la demanda de amparo indirecto en contra de la determinación de la remoción de un defensor particular del imputado en cualquiera de las etapas previas al juicio oral, es este último quien en su defecto tendría que promoverla, y no el defensor, quien, dicho sea de paso, ya no forma parte del proceso penal; pues, su interés es derivado de la designación del imputado, la cual fue revocada por el Juez de Control. Así las cosas, el derecho consagrado en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que las personas imputadas pueden designar de manera libre a un abogado que lo defienda en el proceso penal desde el momento de su detención y hasta la conclusión del juicio, es exclusivo del imputado. Asimismo la jurisprudencia 2a./J. 7/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con el rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE PRESENTA EN EL AMPARO CUANDO ES IMPOSIBLE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTIA CONSTITUCIONAL VIOLADA". Por ello, el acto reclamado no encuadra en la hipótesis que contempla la fracción V, artículo 107 de la Ley de Amparo, porque es un acto dentro de juicio que no es considerado de imposible reparación, es decir, no hay una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del promovente -como si sucedería si fuera el imputado quien instara la acción de amparo-. Además que en el presente caso en nada se advierte el supuesto de excepción que permiten accionar la demanda a nombre de otro, como los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el artículo 5 de la Ley de Amparo, no contempla como parte en el juicio de amparo al defensor ya sea público o particular de un quejoso. Entonces, debe concluirse que el acto reclamado en su demanda encuentra la causal manifiesta e indudable de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción I, y 107, fracción V (interpretados en sentido contrario), de la Ley de Amparo; es improcedente la demanda de amparo promovida por José Honorio Vázquez Sainz. De ahí que, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la mantera, debe desecharse de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse la casual de improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Anotación interna. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento. Autorizados y domicilio para recibir notificaciones. Se autoriza como medio electrónico para recibir y oír notificaciones personales al usuario porque así lo señaló de manera expresa la parte quejosa en su demanda de amparo. Se tiene solo como autorizados restringidos a los profesionistas que señaló para efectos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque no se encontró registro único de su cédula profesional en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo a las demás personas solo para oír y recibir notificaciones porque así se señaló de manera expresa en la demanda. Autorización para toma de fotografías Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; vía electrónica al quejoso y cúmplase.

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