Jose Hugo de Lima Arenas
Expediente 723/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Hugo de Lima Arenas
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 723/2023-III. Puebla, Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de doce de julio de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales - en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese; y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 723/2023-III. Puebla, Puebla, doce de julio de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 presentada por José Hugo de Lima Arenas por propio derecho, contra actos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Maestro Alejandro Mendoza López Titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que, ante todo, debe examinarse el escrito de demanda y si se encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Improcedencia del juicio de amparo respecto de la omisión o negativa de la autoridad ministerial de concluir el procedimiento penal, a través del procedimiento abreviado. Ahora, de la lectura integral de la demanda de protección de derechos, se advierte que se señala como acto reclamado: a. La omisión de la agente del ministerio público Gisela Mateo Roque de acordar su petición de la autorización del procedimiento abreviado, presentada el catorce de julio de dos mil veintidós; y, b. La negativa por parte de la agente del ministerio público de una salida alterna por medio del procedimiento abreviado. Siendo que, se advierte claramente que, respecto de los actos que se reclaman, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente es procedente contra actos de autoridad que vulneren derechos humanos y sus garantías fundamentales. Entendiéndose por autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente del Estado, de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin requerir acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros particulares en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ciertamente, sobre este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad en relación con los gobernados, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. También puede observarse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los efectos del amparo, ya que para determinar la calidad de autoridad responsable es indispensable analizar: 1. Las características particulares de aquel a quien se le imputa el acto reclamado; y, 2. La naturaleza de éste. Bajo tal contexto, no toda omisión de atender una petición del gobernado, aun presentada formalmente ante una autoridad administrativa, puede ser considerada como acto omisivo de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En el caso, el peticionario de amparo reclama del Ministerio Público señalado como autoridad responsable tanto la negativa de acceder al procedimiento abreviado, como la omisión de dar contestación a sus peticiones de plantear ante el Juez de Control el procedimiento abreviado. En ese sentido, resulta necesario indicar que, de conformidad con el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en el mencionado código, son el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Por otro lado, el artículo 20, Apartado A, fracción VII, Constitucional, en relación con el diverso 185 del aludido ordenamiento procesal, establecen como forma de terminación anticipada del proceso, el procedimiento abreviado, el cual, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 201 y 202 del aludido cuerpo legal, será autorizado por el juez de control previa solicitud del Ministerio Público, la cual deberá formularse después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Así, el procedimiento abreviado se puede solicitar después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, no obstante, esa facultad se encuentra reservada al Ministerio Público. De ahí que, si dicha facultad reservada al órgano acusador debe observarse después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, etapas en las cuales tiene la calidad de parte; es inconcuso que, en términos del diverso numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no puede tener la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, pues no existe una relación de supra-subordinación. Por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente respecto de lo reclamado al Agente del Ministerio Público responsable, toda vez que el acto reclamado a él no constituye un acto de autoridad. Estimar lo contrario implicaría considerar que el Ministerio Público tiene obligación de pedir al juez en los procesos penales en los que es parte, y en los casos que se lo solicite el imputado, la apertura del procedimiento abreviado, aun contra su propia opinión, a pesar de que dicha facultad deviene de su calidad de parte dentro del proceso penal, y no de una obligación impuesta como autoridad, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, Apartado A, fracción VII, Constitucional, en armonía con los diversos 183, 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 34/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -de carácter obligatorio para este juzgado federal, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo-, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE RATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO. Asimismo, sustenta lo argumentado en párrafos precedentes, la jurisprudencia 1a./J. 45/2022 (11a.)2 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LOS ARTÍCULOS 201, FRACCIÓN I, 202, PÁRRAFO PRIMERO, Y 205, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECEN QUE SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE SOLICITARLO, NO TRANSGREDEN EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE RESTAURATIVA Por todo lo manifestado con antelación, esta juzgadora establece que respecto a los actos reclamados consistentes tanto en la omisión como en la negativa de concluir el procedimiento penal mediante el procedimiento abreviado que atribuye a la autoridad ministerial, resultan improcedentes. Improcedencia del juicio de amparo respecto de la inconstitucionalidad del Código Nacional de Procedimientos Penales. 14/03/24 11:36:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ed.25 PERLA MARIA CUAUTLE COCONI En tanto, esta juzgado no inadvierte la pretensión de la parte quejosa en la que pretende introducir la inconstitucionalidad de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero y 205, párrafo primero, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que confiere la facultad al Ministerio Público de solicitar el procedimiento abreviado. Sin embargo, este sumario constitucional también es improcedente respecto de la inconstitucionalidad impugnada. Ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo. Así es, porque cuando se promueve juicio de amparo en contra de una ley con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, como en este caso, en primer término debe examinarse si el acto de aplicación de esa norma tildada de inconstitucional, es de los que se puede impugnar a través de este medio extraordinario, esto es, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia, pues sólo de eso modo se podrá proceder a su examen constitucional. En tal virtud, como en este caso el amparo resulta improcedente respecto del acto concreto de aplicación de la norma que se tilda de inconstitucional, por los motivos expuestos con anterioridad, no es procedente examinar la ley calificada de inconstitucional por el quejoso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala del máximo tribunal de nuestro país que a la letra dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN Concomitante a lo anterior, el reclamo a los numerales referidos, también actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, así como lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, imperativos que establecen: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LOS ARTÍCULOS 201, FRACCIÓN I, 202, PÁRRAFO PRIMERO, Y 205, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECEN QUE SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE SOLICITARLO, NO TRANSGREDEN EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE RESTAURATIVA. De los preceptos legales en conjunto con la tesis jurisprudencial transcrita, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando exista un criterio obligatorio derivado de la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, emitida por el Pleno o por las Salas que la componen. Luego, por lo que hace al criterio jurisprudencial, del mismo se obtiene que la Primera Sala analizó la constitucionalidad de los artículos 201 fracción I 202 párrafo primero del Código Nacional del Procedimiento Penales y del examen de referencia, concluyó que el procedimiento abreviado no es un derecho en sí mismo, sino una institución procesal diseñada para hacer más eficiente el sistema y materializar la justicia restaurativa. Así, la circunstancia de que en los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se faculte únicamente al Ministerio Público para solicitarlo al Juez de Control, no obstaculiza ni impide el acceso a una justicia restaurativa. Por ende, si en el presente juicio de amparo el quejoso reclama la inconstitucionalidad de los artículos 201 fracción I 202 párrafo primero del Código Nacional del Procedimiento Penales, respecto de los cuales ya existe jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció su constitucionalidad, entonces debe considerarse improcedente el juicio de derechos fundamentales pues por disposición expresa de la ley, la acción constitucional está 14/03/24 11:36:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ed.25 PERLA MARIA CUAUTLE COCONI vedada en los casos en que -como en este- el tópico está resuelto mediante jurisprudencia obligatoria. Improcedencia del juicio de amparo, respecto del auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, relativo a la negativa del cambio de medida cautelar. Por otra parte, conforme precisó la parte quejosa, en el punto sexto de los antecedentes del acto reclamado, si de lo que realmente se duele es de la determinación de uno de marzo de dos mil veintitrés, en la que el Juez de Control le negó su libertad caucional, también resulta improcedente el amparo indirecto. Pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque se evidencia que la demanda de tutela es presentada fuera del plazo relativo al escenario de oportunidad. A fin de demostrarlo, se hace notar que la invocada fracción determina la improcedencia del juicio de protección constitucional, respecto de los actos consentidos en forma tácita que se definen de la forma siguiente: aquellos contra los cuales no se solicita el control extraordinario de amparo, dentro de los plazos legales establecidos. Esos plazos están previstos en el numeral 17 de la legislación, porque la primera parte de éste dispone un plazo de quince días para presentar la demanda de tutela, el cual se debe computar bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento de los actos o de su ejecución; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación: 14/03/24 11:36:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ed.25 PERLA MARIA CUAUTLE COCONI I. Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; II. Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; III. Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y IV. Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal o la incorporación forzosa al ejército o armada nacionales -para estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De todo lo relatado, se obtiene que el juicio de protección de derechos será improcedente cuando se presente la demanda luego de terminado el plazo de quince días, previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al grado de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos a los que tengan prevista una excepción.3 Establecidas las premisas anteriores, debe indicarse que la demanda de amparo se advierte que el acto se emitió en audiencia pública de uno de marzo de dos mil veintitrés, por lo que la notificación debe de tenerse por hecha en esa misma data. Entonces, la fecha que debe utilizarse conforme a la primera hipótesis del artículo 18 de la legislación. Así que para realizar el cómputo del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la legislación, se considera la fecha cuando el quejoso fue notificado de esa determinación es: el uno de marzo de dos mil veintitrés. De modo que el plazo de quince días que tenía el quejoso para ejercer la acción de tutela constitucional, inició el dos de marzo de dos mil veintitrés (día siguiente hábil de la notificación), y terminó el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. 4 A pesar de lo anterior, el quejoso presentó su demanda de amparo hasta el once de julio de dos mil veintitrés, como se observa en el sello de recepción que obra al frente de la demanda y que coincide con la papeleta de turno, expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. Luego, la presentación de la demanda resulta extemporánea, porque se hizo después de terminado el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la legislación. Por tanto, se declara que el acto reclamado, queda subsumido en la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la legislación, porque el juicio de control extraordinario se promovió después de terminado el plazo establecido en el diverso 17, aun cuando el quejoso no se ubica en los supuestos de excepción mencionados, del artículo 18 de la legislación Por las razones expuestas se considera actualizadas las causas manifiestas e indudables de improcedencia expuestas, y por tanto, con apoyo en el numeral 113 del invocado cuerpo de leyes, se desecha de plano la demanda de amparo. Sólo resta decir que la decisión adoptada (el desechamiento) no contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la interpretación contenida en la tesis XVI.1º A.T.2 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, página 1167, de rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Finalmente, con esta determinación no se vulneran derechos de la parte quejosa, el relación a lo que manifiesta respecto de la falta de cumplimiento a la determinación emitida por el Juez de Control Francisco Javier Martínez Castillo en la que le dio a la agente del ministerio público Gisela Mateo Roque un término de treinta días para dar respuesta su petición presentada el catorce de julio de dos mil veintidós, en la que planteó la autorización del procedimiento abreviado, pues en ese caso, el impetrante del amparo cuenta con la facultad de acudir ante el juzgado de control a solicitar que ejecute su determinación. Anotaciones internas Se instruye a la oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del promovente para recibir notificaciones personales el ubicado en esta ciudad de Puebla. Asimismo, se tiene autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista Marco Antonio Cuautle Hernández porque así lo solicitó el promovente. Por último, se tiene como medio de contacto no procesal la dirección de correo electrónico y el número de teléfono proporcionado en la primera página de su demanda. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese de manera personal a la parte quejosa y cúmplase.
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SE DEJO CITAORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS.- JUICIO DE AMPARO 723/2023-III. Puebla, Puebla, doce de julio de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 presentada por José Hugo de Lima Arenas por propio derecho, contra actos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Maestro Alejandro Mendoza López Titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que, ante todo, debe examinarse el escrito de demanda y si se encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Improcedencia del juicio de amparo respecto de la omisión o negativa de la autoridad ministerial de concluir el procedimiento penal, a través del procedimiento abreviado. Ahora, de la lectura integral de la demanda de protección de derechos, se advierte que se señala como acto reclamado: a. La omisión de la agente del ministerio público Gisela Mateo Roque de acordar su petición de la autorización del procedimiento abreviado, presentada el catorce de julio de dos mil veintidós; y, b. La negativa por parte de la agente del ministerio público de una salida alterna por medio del procedimiento abreviado. Siendo que, se advierte claramente que, respecto de los actos que se reclaman, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente es procedente contra actos de autoridad que vulneren derechos humanos y sus garantías fundamentales. Entendiéndose por autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente del Estado, de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin requerir acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros particulares en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ciertamente, sobre este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad en relación con los gobernados, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. También puede observarse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los efectos del amparo, ya que para determinar la calidad de autoridad responsable es indispensable analizar: 1. Las características particulares de aquel a quien se le imputa el acto reclamado; y, 2. La naturaleza de éste. Bajo tal contexto, no toda omisión de atender una petición del gobernado, aun presentada formalmente ante una autoridad administrativa, puede ser considerada como acto omisivo de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En el caso, el peticionario de amparo reclama del Ministerio Público señalado como autoridad responsable tanto la negativa de acceder al procedimiento abreviado, como la omisión de dar contestación a sus peticiones de plantear ante el Juez de Control el procedimiento abreviado. En ese sentido, resulta necesario indicar que, de conformidad con el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en el mencionado código, son el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Por otro lado, el artículo 20, Apartado A, fracción VII, Constitucional, en relación con el diverso 185 del aludido ordenamiento procesal, establecen como forma de terminación anticipada del proceso, el procedimiento abreviado, el cual, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 201 y 202 del aludido cuerpo legal, será autorizado por el juez de control previa solicitud del Ministerio Público, la cual deberá formularse después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Así, el procedimiento abreviado se puede solicitar después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, no obstante, esa facultad se encuentra reservada al Ministerio Público. De ahí que, si dicha facultad reservada al órgano acusador debe observarse después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, etapas en las cuales tiene la calidad de parte; es inconcuso que, en términos del diverso numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no puede tener la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, pues no existe una relación de supra-subordinación. Por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente respecto de lo reclamado al Agente del Ministerio Público responsable, toda vez que el acto reclamado a él no constituye un acto de autoridad. Estimar lo contrario implicaría considerar que el Ministerio Público tiene obligación de pedir al juez en los procesos penales en los que es parte, y en los casos que se lo solicite el imputado, la apertura del procedimiento abreviado, aun contra su propia opinión, a pesar de que dicha facultad deviene de su calidad de parte dentro del proceso penal, y no de una obligación impuesta como autoridad, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, Apartado A, fracción VII, Constitucional, en armonía con los diversos 183, 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 34/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -de carácter obligatorio para este juzgado federal, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo-, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE RATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO. Asimismo, sustenta lo argumentado en párrafos precedentes, la jurisprudencia 1a./J. 45/2022 (11a.)2 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LOS ARTÍCULOS 201, FRACCIÓN I, 202, PÁRRAFO PRIMERO, Y 205, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECEN QUE SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE SOLICITARLO, NO TRANSGREDEN EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE RESTAURATIVA Por todo lo manifestado con antelación, esta juzgadora establece que respecto a los actos reclamados consistentes tanto en la omisión como en la negativa de concluir el procedimiento penal mediante el procedimiento abreviado que atribuye a la autoridad ministerial, resultan improcedentes. Improcedencia del juicio de amparo respecto de la inconstitucionalidad del Código Nacional de Procedimientos Penales. 14/03/24 11:36:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ed.25 PERLA MARIA CUAUTLE COCONI En tanto, esta juzgado no inadvierte la pretensión de la parte quejosa en la que pretende introducir la inconstitucionalidad de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero y 205, párrafo primero, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que confiere la facultad al Ministerio Público de solicitar el procedimiento abreviado. Sin embargo, este sumario constitucional también es improcedente respecto de la inconstitucionalidad impugnada. Ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo. Así es, porque cuando se promueve juicio de amparo en contra de una ley con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, como en este caso, en primer término debe examinarse si el acto de aplicación de esa norma tildada de inconstitucional, es de los que se puede impugnar a través de este medio extraordinario, esto es, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia, pues sólo de eso modo se podrá proceder a su examen constitucional. En tal virtud, como en este caso el amparo resulta improcedente respecto del acto concreto de aplicación de la norma que se tilda de inconstitucional, por los motivos expuestos con anterioridad, no es procedente examinar la ley calificada de inconstitucional por el quejoso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala del máximo tribunal de nuestro país que a la letra dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN Concomitante a lo anterior, el reclamo a los numerales referidos, también actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, así como lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, imperativos que establecen: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LOS ARTÍCULOS 201, FRACCIÓN I, 202, PÁRRAFO PRIMERO, Y 205, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECEN QUE SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE SOLICITARLO, NO TRANSGREDEN EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE RESTAURATIVA. De los preceptos legales en conjunto con la tesis jurisprudencial transcrita, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando exista un criterio obligatorio derivado de la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, emitida por el Pleno o por las Salas que la componen. Luego, por lo que hace al criterio jurisprudencial, del mismo se obtiene que la Primera Sala analizó la constitucionalidad de los artículos 201 fracción I 202 párrafo primero del Código Nacional del Procedimiento Penales y del examen de referencia, concluyó que el procedimiento abreviado no es un derecho en sí mismo, sino una institución procesal diseñada para hacer más eficiente el sistema y materializar la justicia restaurativa. Así, la circunstancia de que en los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se faculte únicamente al Ministerio Público para solicitarlo al Juez de Control, no obstaculiza ni impide el acceso a una justicia restaurativa. Por ende, si en el presente juicio de amparo el quejoso reclama la inconstitucionalidad de los artículos 201 fracción I 202 párrafo primero del Código Nacional del Procedimiento Penales, respecto de los cuales ya existe jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció su constitucionalidad, entonces debe considerarse improcedente el juicio de derechos fundamentales pues por disposición expresa de la ley, la acción constitucional está 14/03/24 11:36:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ed.25 PERLA MARIA CUAUTLE COCONI vedada en los casos en que -como en este- el tópico está resuelto mediante jurisprudencia obligatoria. Improcedencia del juicio de amparo, respecto del auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, relativo a la negativa del cambio de medida cautelar. Por otra parte, conforme precisó la parte quejosa, en el punto sexto de los antecedentes del acto reclamado, si de lo que realmente se duele es de la determinación de uno de marzo de dos mil veintitrés, en la que el Juez de Control le negó su libertad caucional, también resulta improcedente el amparo indirecto. Pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque se evidencia que la demanda de tutela es presentada fuera del plazo relativo al escenario de oportunidad. A fin de demostrarlo, se hace notar que la invocada fracción determina la improcedencia del juicio de protección constitucional, respecto de los actos consentidos en forma tácita que se definen de la forma siguiente: aquellos contra los cuales no se solicita el control extraordinario de amparo, dentro de los plazos legales establecidos. Esos plazos están previstos en el numeral 17 de la legislación, porque la primera parte de éste dispone un plazo de quince días para presentar la demanda de tutela, el cual se debe computar bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento de los actos o de su ejecución; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación: 14/03/24 11:36:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ed.25 PERLA MARIA CUAUTLE COCONI I. Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; II. Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; III. Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y IV. Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal o la incorporación forzosa al ejército o armada nacionales -para estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De todo lo relatado, se obtiene que el juicio de protección de derechos será improcedente cuando se presente la demanda luego de terminado el plazo de quince días, previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al grado de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos a los que tengan prevista una excepción.3 Establecidas las premisas anteriores, debe indicarse que la demanda de amparo se advierte que el acto se emitió en audiencia pública de uno de marzo de dos mil veintitrés, por lo que la notificación debe de tenerse por hecha en esa misma data. Entonces, la fecha que debe utilizarse conforme a la primera hipótesis del artículo 18 de la legislación. Así que para realizar el cómputo del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la legislación, se considera la fecha cuando el quejoso fue notificado de esa determinación es: el uno de marzo de dos mil veintitrés. De modo que el plazo de quince días que tenía el quejoso para ejercer la acción de tutela constitucional, inició el dos de marzo de dos mil veintitrés (día siguiente hábil de la notificación), y terminó el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. 4 A pesar de lo anterior, el quejoso presentó su demanda de amparo hasta el once de julio de dos mil veintitrés, como se observa en el sello de recepción que obra al frente de la demanda y que coincide con la papeleta de turno, expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. Luego, la presentación de la demanda resulta extemporánea, porque se hizo después de terminado el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la legislación. Por tanto, se declara que el acto reclamado, queda subsumido en la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la legislación, porque el juicio de control extraordinario se promovió después de terminado el plazo establecido en el diverso 17, aun cuando el quejoso no se ubica en los supuestos de excepción mencionados, del artículo 18 de la legislación Por las razones expuestas se considera actualizadas las causas manifiestas e indudables de improcedencia expuestas, y por tanto, con apoyo en el numeral 113 del invocado cuerpo de leyes, se desecha de plano la demanda de amparo. Sólo resta decir que la decisión adoptada (el desechamiento) no contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la interpretación contenida en la tesis XVI.1º A.T.2 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, página 1167, de rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Finalmente, con esta determinación no se vulneran derechos de la parte quejosa, el relación a lo que manifiesta respecto de la falta de cumplimiento a la determinación emitida por el Juez de Control Francisco Javier Martínez Castillo en la que le dio a la agente del ministerio público Gisela Mateo Roque un término de treinta días para dar respuesta su petición presentada el catorce de julio de dos mil veintidós, en la que planteó la autorización del procedimiento abreviado, pues en ese caso, el impetrante del amparo cuenta con la facultad de acudir ante el juzgado de control a solicitar que ejecute su determinación. Anotaciones internas Se instruye a la oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del promovente para recibir notificaciones personales el ubicado en esta ciudad de Puebla. Asimismo, se tiene autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista Marco Antonio Cuautle Hernández porque así lo solicitó el promovente. Por último, se tiene como medio de contacto no procesal la dirección de correo electrónico y el número de teléfono proporcionado en la primera página de su demanda. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese de manera personal a la parte quejosa y cúmplase.
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