Jose Ignacio Garcia Bautista
Expediente 884/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 884/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Ignacio Garcia Bautista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Puebla, Puebla, once de marzo de dos mil veintiuno. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, resalta el proveído de veintidós de enero de dos mil veintiuno, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de protección. Lo cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidas que en caso de no hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado transcurrió hasta su conclusión, y tanto el quejoso como las demás partes no interpusieron el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió de ese medio de impugnación, dentro del periodo en mención. Entonces, con fundamento en el artículo 202 primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme (causó estado), porque el cumplimiento allí declarado fue consentido. Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración previa. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acaecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se otorgó el amparo al quejoso. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello, después de realizada la depuración del expediente. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Anexos. En este juicio se recibieron constancias remitidas por la autoridad responsable. Sólo que ya fueron devueltas como se desprende del acuerdo de ocho de enero de dos mil veintiuno. Por consiguiente, se descarta emitir mayor pronunciamiento. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta emitir oficio para notificar este acuerdo a la responsable, pues ningún derecho procesal está involucrado en la declaración de causa estado. Aunado a que si la responsable, el fiscal adscrito, el quejoso o el tercero interesado desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. Por último, se deja establecido que nunca se formó el incidente de suspensión en este juicio, porque no fue solicitado por el defensor del quejoso en su escrito de demanda. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Antecedentes. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para esta juzgadora el brote epidémico de infecciones por COVID-19 -enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2- que condujo a adoptar una serie de acciones transversales, dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad en la República Mexicana. Por ello, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha emitido múltiples acuerdos relativos a los esquemas de trabajo y medidas de contingencia aplicables en los órganos jurisdiccionales ante el referido fenómeno de salud pública -partiendo de una suspensión de actividades ordinarias hacia un retorno paulatino-. Así, mediante el Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 37/2020), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estableció un esquema para la reanudación de plazos procesales y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales -vigente a partir del tres de agosto de dos mil veinte- reactivando en su totalidad el funcionamiento de éstos. Sin embargo, dicha reactivación se vio interrumpida por los diversos acuerdos de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, siendo la última ocasión la que abarcó del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, conforme lo dispuesto en las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021. Con base en éstas, se ordenó a los órganos jurisdiccionales del sexto circuito (entre otros) regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, lo que implicó, entre otras cuestiones, la suspensión de plazos y términos procesales durante su vigencia, dando trámite solamente a los asuntos catalogados como urgentes o seguidos en la modalidad de "juicio en línea". Reanudación de plazos y términos procesales. Ahora, en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno -comunicada mediante la circular SECNO/10/2021-, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del dieciocho de febrero del mismo año (en el sexto circuito y otros) retoma su vigencia el esquema de operación previsto en el ya citado Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 37/2020). Por tanto, de conformidad con el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20 del Acuerdo General 21/2020, se reanudan los plazos y términos procesales del presente juicio. Sin embargo, es menester precisar que la reanudación de ninguna manera implica su reinicio. Plazo para impugnar el acuerdo por el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. Visto el estado procesal del juicio, se observa que el veintidós de enero de dos mil veintiuno se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Además, el referido acuerdo le fue notificado a la última parte (quejoso) el veintiocho de enero siguiente. De modo que el plazo de quince días para interponer recurso de inconformidad -previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo- para dicho tercero interesado no ha comenzado a transcurrir, porque sólo surtió efectos la notificación, pero la suspensión de plazos no permitió que transcurriera el plazo. Por tanto, toda vez que se ha decretado la reanudación de los plazos y términos procesales, se informa a las partes que a partir de este día comenzarán a computarse los quince días con los que cuenta para recurrir dicho acuerdo. Consulta física del expediente y presentación de promociones físicas. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que se retoman las medidas de contingencia sanitaria establecidas en el Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 37/2020), por lo que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta del expediente de manera física será mediante cita que deberán agendar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ". De igual forma, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Notificación del presente proveído. Del artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deduce que, cuando el proceso se mantiene inactivo por un lapso prolongado -más de seis meses- antes de la sentencia definitiva o entre ésta y el cumplimiento o ejecución forzosa, la notificación ordenada a alguna de las partes deberá hacerse en forma personal. Sin embargo, la suspensión del presente asunto únicamente abarcó del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, esto es, menos de seis meses. De ahí se obtiene que este acuerdo deba notificarse mediante listas; pues, la carga procesal de las partes de vigilar regularmente las actuaciones publicadas de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, no se diluyó durante este breve periodo de inactividad. En efecto, las cargas procesales para las partes y demás sujetos que intervienen en el proceso, parten del supuesto lógico y jurídico de que los sujetos a quienes se les imponen conocen la existencia del procedimiento, activo y no paralizado, ante un tribunal determinado, lo cual ocurre ordinariamente, en el caso del quejoso, cuando presenta su demanda; y, de las autoridades responsables y terceros interesados, cuando son emplazadas a juicio. Así, con tales actos, se genera y mantiene la vinculación de dichos sujetos a las consecuencias del proceso, hasta el dictado de la sentencia definitiva o resolución final del juicio, y en su caso, se prolonga hasta las actuaciones concernientes a su cumplimiento o ejecución forzosa, cuando se inician y continúen a la brevedad. Luego, el presente asunto únicamente tuvo un periodo breve de inactividad, motivo por el cual resulta innecesario refrendar la vinculación de las partes; pues, como ya se precisó, estas tienen la carga procesal de vigilar regularmente las actuaciones. Además, debe destacarse que tanto la suspensión de labores como su reanudación fueron dadas a conocer al público en general en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se ordena notificar este acuerdo por lista, dado que no contiene algún requerimiento para las partes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 884/2020-IV. Puebla, Puebla, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Cumplimiento Vista la certificación secretarial precedente y el estado procesal de este juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedido a determinadas partes, en acuerdo de ocho de enero de dos mil veintiuno, para manifestarse respecto de los actos efectuados por la única autoridad responsable, para cumplir la ejecutoria de protección. Entonces, se procede a determinar si fue cumplida la protección constitucional, en específico se revisará si los actos realizados por la autoridad obligada, se ajustan a los efectos del amparo otorgado. De entrada, conviene indicar que el treinta de noviembre de dos mil veinte fue celebrada la audiencia constitucional, y en la fase de sentencia se otorgó el amparo al quejoso contra la resolución combatida. Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión. Mediante acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en la audiencia constitucional, motivo por el cual fue requerido el cumplimiento a la única autoridad responsable: Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para los siguientes efectos: ".1. Deje insubsistente la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veinte, emitida para el recurso de inconformidad del quejoso; 2. Pronuncie una nueva resolución en la que examine la naturaleza del fraude específico, previsto en el numeral 404 fracción VI, del código sustantivo, para identificar la fecha cuando deba estimarse que el sujeto activo desplegó una conducta de incumplimiento concomitante a ese fraude específico, o si procede considerar la fecha cuando el pasivo tuvo conocimiento del hecho posiblemente delictivo, para lo cual debe tener presentes las consideraciones desarrolladas por esta juzgadora de tutela constitucional; 3. Con libertad de jurisdicción resuelva si operó la figura jurídica de prescripción, conforme al plazo de dos años establecido para la presentación de la querella, pero si el nuevo estudio que realice a tal efecto, lo lleva a descartar la prescripción -por el argumento del sujeto activo, expresado el diecisiete de noviembre de dos mil quince-, deberá negar la autorización a la determinación de no ejercicio de la acción penal, emitida por el agente del Ministerio Público encargado de la averiguación, y ordenar las diligencias necesarias para terminar la integración si faltaren, o bien, instruir que se proceda al ejercicio de la acción; y 4. Disponga la notificación al quejoso, de la nueva resolución que decida el recurso de inconformidad.". Por oficio CGAJ/11/2021, la autoridad responsable informó haber cumplido los términos de la protección, y para acreditarlo remitió copias de las actuaciones que estimó pertinentes. Mediante acuerdo de ocho de enero de dos mil veintiuno, se otorgó una vista de tres días al quejoso, al tercero interesado y al fiscal adscrito, para manifestarse como a su interés conviniera respecto de los actos realizados por la autoridad obligada. Empero, ninguna de esas partes presentó escritos ni oficios durante el referido plazo de tres días, aun cuando fueron notificadas en forma debida. Ahora, las copias que remitió la autoridad responsable para acreditar el cumplimiento a la protección, tienen pleno valor probatorio como documento público conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Tales copias revelan que el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, emitió una nueva resolución el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, en la que dejó insubsistente la declarada ilegal en este juicio, también estimó procedente el recurso de inconformidad del quejoso y por ende, negó la autorización a la determinación de no ejercicio de la acción penal, razón por la cual ordenó al agente del Ministerio Público encargado de la averiguación, que proceda a valorar las pruebas recabadas en la investigación para emitir la determinación correspondiente. Más aún, el referido coordinador aportó copias de la notificación efectuada al quejoso, de la nueva resolución dictada para el recurso de inconformidad, que se efectuó el siete de enero de dos mil veintiuno. Todo lo cual se ajusta a los efectos de la protección otorgada al quejoso. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de protección que rige el presente juicio, fue cumplida por la autoridad responsable obligada, sin excesos ni defectos en las actuaciones realizadas. Luego, se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales; y hágase del conocimiento este proveído tanto al quejoso como al tercero interesado, para que si lo desean puedan recurrir esta decisión, a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Ello, por la trascendencia de lo resuelto en este proveído. Anotaciones internas. Con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se puntualizan los datos siguientes: a) Se concedió el amparo en la sentencia dictada en la audiencia constitucional de treinta de noviembre de dos mil veinte; b) Mediante acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la referida sentencia y fue requerido el cumplimiento; c) La autoridad responsable terminó de cumplir la protección constitucional, el siete de enero de dos mil veintiuno; d) El mismo siete de enero de dos mil veintiuno, se recibió en este juzgado el oficio CGAJ/11/2021, de la autoridad responsable, con el que aportó copia de los actos de cumplimiento; y, e) En la presente fecha, veintidós de enero de dos mil veintiuno, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; de forma personal al quejoso (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias), al tercero interesado (por lista) y a la fiscal adscrita a este juzgado (por correo electrónico); y cúmplase.
- Principal
SE DEJO AVISO A LA PARTE QUEJOSA: Puebla, Puebla, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Cumplimiento Vista la certificación secretarial precedente y el estado procesal de este juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedido a determinadas partes, en acuerdo de ocho de enero de dos mil veintiuno, para manifestarse respecto de los actos efectuados por la única autoridad responsable, para cumplir la ejecutoria de protección. Entonces, se procede a determinar si fue cumplida la protección constitucional, en específico se revisará si los actos realizados por la autoridad obligada, se ajustan a los efectos del amparo otorgado. De entrada, conviene indicar que el treinta de noviembre de dos mil veinte fue celebrada la audiencia constitucional, y en la fase de sentencia se otorgó el amparo al quejoso contra la resolución combatida. Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión. Mediante acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en la audiencia constitucional, motivo por el cual fue requerido el cumplimiento a la única autoridad responsable: Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para los siguientes efectos: ".1. Deje insubsistente la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veinte, emitida para el recurso de inconformidad del quejoso; 2. Pronuncie una nueva resolución en la que examine la naturaleza del fraude específico, previsto en el numeral 404 fracción VI, del código sustantivo, para identificar la fecha cuando deba estimarse que el sujeto activo desplegó una conducta de incumplimiento concomitante a ese fraude específico, o si procede considerar la fecha cuando el pasivo tuvo conocimiento del hecho posiblemente delictivo, para lo cual debe tener presentes las consideraciones desarrolladas por esta juzgadora de tutela constitucional; 3. Con libertad de jurisdicción resuelva si operó la figura jurídica de prescripción, conforme al plazo de dos años establecido para la presentación de la querella, pero si el nuevo estudio que realice a tal efecto, lo lleva a descartar la prescripción -por el argumento del sujeto activo, expresado el diecisiete de noviembre de dos mil quince-, deberá negar la autorización a la determinación de no ejercicio de la acción penal, emitida por el agente del Ministerio Público encargado de la averiguación, y ordenar las diligencias necesarias para terminar la integración si faltaren, o bien, instruir que se proceda al ejercicio de la acción; y 4. Disponga la notificación al quejoso, de la nueva resolución que decida el recurso de inconformidad.". Por oficio CGAJ/11/2021, la autoridad responsable informó haber cumplido los términos de la protección, y para acreditarlo remitió copias de las actuaciones que estimó pertinentes. Mediante acuerdo de ocho de enero de dos mil veintiuno, se otorgó una vista de tres días al quejoso, al tercero interesado y al fiscal adscrito, para manifestarse como a su interés conviniera respecto de los actos realizados por la autoridad obligada. Empero, ninguna de esas partes presentó escritos ni oficios durante el referido plazo de tres días, aun cuando fueron notificadas en forma debida. Ahora, las copias que remitió la autoridad responsable para acreditar el cumplimiento a la protección, tienen pleno valor probatorio como documento público conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Tales copias revelan que el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, emitió una nueva resolución el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, en la que dejó insubsistente la declarada ilegal en este juicio, también estimó procedente el recurso de inconformidad del quejoso y por ende, negó la autorización a la determinación de no ejercicio de la acción penal, razón por la cual ordenó al agente del Ministerio Público encargado de la averiguación, que proceda a valorar las pruebas recabadas en la investigación para emitir la determinación correspondiente. Más aún, el referido coordinador aportó copias de la notificación efectuada al quejoso, de la nueva resolución dictada para el recurso de inconformidad, que se efectuó el siete de enero de dos mil veintiuno. Todo lo cual se ajusta a los efectos de la protección otorgada al quejoso. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de protección que rige el presente juicio, fue cumplida por la autoridad responsable obligada, sin excesos ni defectos en las actuaciones realizadas. Luego, se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales; y hágase del conocimiento este proveído tanto al quejoso como al tercero interesado, para que si lo desean puedan recurrir esta decisión, a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Ello, por la trascendencia de lo resuelto en este proveído. Anotaciones internas. Con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se puntualizan los datos siguientes: a) Se concedió el amparo en la sentencia dictada en la audiencia constitucional de treinta de noviembre de dos mil veinte; b) Mediante acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la referida sentencia y fue requerido el cumplimiento; c) La autoridad responsable terminó de cumplir la protección constitucional, el siete de enero de dos mil veintiuno; d) El mismo siete de enero de dos mil veintiuno, se recibió en este juzgado el oficio CGAJ/11/2021, de la autoridad responsable, con el que aportó copia de los actos de cumplimiento; y, e) En la presente fecha, veintidós de enero de dos mil veintiuno, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; de forma personal al quejoso (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias), al tercero interesado (por lista) y a la fiscal adscrita a este juzgado (por correo electrónico); y cúmplase.
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