José Hilario Fortino Tiro Soto
Expediente 969/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Hilario Fortino Tiro Soto
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 969/2021. Puebla, Puebla, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Inexistencia de cuadernos auxiliares La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos para devolver a las autoridades. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese, y, cúmplase.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. JUICIO DE AMPARO 969/2021. Puebla, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que promueve el quejoso, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo2, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. de la lectura armónica4 de la demanda, se advierte que el quejoso reclama a la autoridad responsable lo siguiente: ".a) ; b) .". Dicha omisión, según lo expuesto en la propia demanda de amparo, tiene como antecedentes los siguientes:....., violando con ello su derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, causando un retraso en su perjuicio en la integración de la carpeta de investigación, existiendo el riesgo de que opere la prescripción del ejercicio de dicha acción penal en su perjuicio. Ahora, bajo ese escenario, resaltan las siguientes circunstancias: ? La carpeta de investigación a que hace referencia el solicitante de la protección constitucional, se tramita con las reglas del nuevo sistema penal acusatorio. ? La citada carpeta de investigación, al haberse iniciado con motivo de la denuncia presentada por el delito de fraude cometidos contra el quejoso, implica que este adquirió el carácter de víctima o agraviado. Por tanto, a raíz de las circunstancias referidas en los párrafos previos, resulta evidente la causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, porque las omisiones y retardos reclamados en la demanda de protección tienen prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar el quejoso antes de solicitar el control de legalidad extraordinario -en el juicio de amparo-. Para demostrar la causal invocada, se presenta el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, De lo anterior se obtuvo la regla siguiente: las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por abstenciones, decisiones, (determinaciones) u omisiones imputables al Ministerio Público encargado de una carpeta de investigación, deben acudir con un juez de control para reclamar ese tipo de actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada que los preceptos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar cualquier omisión u abstención del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea éste quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en una carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público. 6 Lo subrayado es nuestro. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, instruir al Ministerio Público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que los actos reclamados por el quejoso deben llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad, al tratarse de una decisión emitida por el Ministerio Público dentro de una carpeta de investigación. De hecho, el quejoso debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la determinación o decisión combatida en la demanda de protección, motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esas abstenciones en el procedimiento ordinario de impugnación. Además, si la resolución que pronunciara después el juez de control al examinar las actuaciones practicadas en la indagatoria, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad a la indagatoria o el quejoso estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto, en particular contra la resolución del juez de control sobre el estado de la mencionada indagatoria. Por tanto, se afirma en el presente acuerdo que el reclamo planteado por el quejoso, se encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues las abstenciones combatidas en la demanda de protección debe impugnarla primero, en la ruta ordinaria de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que haya estimado actualizada la causal de improcedencia relativa al principio de definitividad, dado que es notoria y manifiesta conforme al orden jurídico vigente (artículo 258 del código invocado) examinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias referidas en párrafos anteriores. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene el quejoso en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la abstención del Ministerio Público frente a las actuaciones existentes en su denuncia. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo (ubicado en esta ciudad de Puebla). Además, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo José Isidoro Montiel Sánchez, porque así lo solicitó el quejoso y su respectiva cédula profesional se encuentra dada de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. No pasa por alto para esta autoridad que el quejoso señala como medio para recibir notificaciones un correo electrónico; empero, dicha vía electrónica no se encuentra establecidas como herramienta para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, si se tomará en consideración en caso de ser necesario establecer contacto con la parte quejosa. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 969/2021. Puebla, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que promueve el quejoso, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo2, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. de la lectura armónica4 de la demanda, se advierte que el quejoso reclama a la autoridad responsable lo siguiente: ".a) ; b) .". Dicha omisión, según lo expuesto en la propia demanda de amparo, tiene como antecedentes los siguientes:....., violando con ello su derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, causando un retraso en su perjuicio en la integración de la carpeta de investigación, existiendo el riesgo de que opere la prescripción del ejercicio de dicha acción penal en su perjuicio. Ahora, bajo ese escenario, resaltan las siguientes circunstancias: ? La carpeta de investigación a que hace referencia el solicitante de la protección constitucional, se tramita con las reglas del nuevo sistema penal acusatorio. ? La citada carpeta de investigación, al haberse iniciado con motivo de la denuncia presentada por el delito de fraude cometidos contra el quejoso, implica que este adquirió el carácter de víctima o agraviado. Por tanto, a raíz de las circunstancias referidas en los párrafos previos, resulta evidente la causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, porque las omisiones y retardos reclamados en la demanda de protección tienen prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar el quejoso antes de solicitar el control de legalidad extraordinario -en el juicio de amparo-. Para demostrar la causal invocada, se presenta el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, De lo anterior se obtuvo la regla siguiente: las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por abstenciones, decisiones, (determinaciones) u omisiones imputables al Ministerio Público encargado de una carpeta de investigación, deben acudir con un juez de control para reclamar ese tipo de actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada que los preceptos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar cualquier omisión u abstención del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea éste quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en una carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público. 6 Lo subrayado es nuestro. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, instruir al Ministerio Público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que los actos reclamados por el quejoso deben llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad, al tratarse de una decisión emitida por el Ministerio Público dentro de una carpeta de investigación. De hecho, el quejoso debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la determinación o decisión combatida en la demanda de protección, motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esas abstenciones en el procedimiento ordinario de impugnación. Además, si la resolución que pronunciara después el juez de control al examinar las actuaciones practicadas en la indagatoria, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad a la indagatoria o el quejoso estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto, en particular contra la resolución del juez de control sobre el estado de la mencionada indagatoria. Por tanto, se afirma en el presente acuerdo que el reclamo planteado por el quejoso, se encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues las abstenciones combatidas en la demanda de protección debe impugnarla primero, en la ruta ordinaria de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que haya estimado actualizada la causal de improcedencia relativa al principio de definitividad, dado que es notoria y manifiesta conforme al orden jurídico vigente (artículo 258 del código invocado) examinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias referidas en párrafos anteriores. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene el quejoso en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la abstención del Ministerio Público frente a las actuaciones existentes en su denuncia. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo (ubicado en esta ciudad de Puebla). Además, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo José Isidoro Montiel Sánchez, porque así lo solicitó el quejoso y su respectiva cédula profesional se encuentra dada de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. No pasa por alto para esta autoridad que el quejoso señala como medio para recibir notificaciones un correo electrónico; empero, dicha vía electrónica no se encuentra establecidas como herramienta para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, si se tomará en consideración en caso de ser necesario establecer contacto con la parte quejosa. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa; y cúmplase.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes
- Jose Guillermo Perez Martinez1366/2022
- José Gutierrez Herrera305/2018
- Jose Hector Gonzalez Ruiz603/2021
- José Héctor Roldan Reyez254/2022
- Jose Heriberto Benavides299/2021
- José Hilario Escalona Alameda40/2020
- Jose Honorio Vazquez Sainz337/2023
- Jose Hugo de Lima Arenas723/2023
- José Hugo Lazcano Rivera383/2018
- Jose Hugo Marin Mendoza75/2023
- José Humberto Álvarez Díaz255/2018
- José Humberto Caballero Lázaro726/2017