Jose Gregorio Dolores Cid Hernandez
Expediente 943/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Gregorio Dolores Cid Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa omitió recurrir la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria; por tanto, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como concluido en forma total y definitiva. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y en forma posterior la certificación que corresponda. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental y al sentido de la resolución pronunciada en el mismo. Por último, glósese copia autorizada de este proveído en el cuaderno incidental que deriva del presente juicio, para los efectos legales procedentes.
- Incidental
Del estado procesal que guardan los presentes autos y la copia autorizada de cuenta, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio principal del cual deriva el incidente en que se actúa, lo que constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, por lo tanto en esta fecha se ordena el archivo del presente incidente de suspensión. Asimismo, se desprende que no existe billete de depósito ni garantía exhibida por la parte quejosa cuya devolución resulte necesaria. En esas condiciones, con fundamento en los supuestos previstos en el capítulo quinto, puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el original del incidente de suspensión es depurable pues se concedió la suspensión provisional solicitada, mientras que el duplicado es susceptible de destrucción; lo que acontecerá respecto del cuaderno duplicado una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la interlocutoria relativa al incidente de suspensión derivada de este juicio. Por último, se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.
- Principal
III. Recapitulación del fallo Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103, 107 de la constitución; 63, 74, 75, 124 de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: III.1. Se decidió sobreseer en el juicio de amparo indirecto promovido por + contra los actos que reclamó por derecho propio a las autoridades relacionadas en el punto II.3., dado que fueron inexistentes los actos y se les informó a las autoridades responsables que con fundamento en el principio general del derecho de economía procesal, se dejará de emitir oficio para comunicarles la determinación de ejecutoria y archivo definitivo de este expediente pues la notificación se realizará por lista. III.2. De conformidad con el último fundamento jurídico, se ordenó publicar este fallo con supresión de datos personales.
- Principal
Agrego al expediente el oficio del Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, mediante el cual rinde el informe justificado que le corresponde. En consecuencia, se da a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, agrego la razón suscrita por la actuaria de la adscripción, por la cual manifiesta la imposibilidad para notificar al quejoso el acuerdo de uno de octubre del año en curso, en el domicilio señalado en autos, donde fue informada por una persona del sexo femenino, que las personas buscadas (autorizados del quejoso) ya no habitan ese domicilio pues actualmente permanece vacío. En esas condiciones, ordeno notificar por lista a la parte quejosa el citado proveído y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal; lo anterior, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Se recibe la demanda de amparo signada por +, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla y otra autoridad. Se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Desechamiento parcial de la demanda. Ahora, conforme lo establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone que debe examinarse ante todo, el escrito de demanda y si se encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. De la lectura integral de la demanda de protección de derechos, se advierte que el quejoso señala, entre otro, como acto reclamado la orden de investigación, decretada en su contra. Sin embargo, el juicio de amparo es improcedente por dicho acto, pues el artículo 21 de la constitución otorga facultades de investigación a los Agentes del Ministerio Público, lo cual implica un deber constitucional para llevar a cabo actos de dicha naturaleza. Además de que dentro del procedimiento de investigación se desconoce de antemano cuál será su resultado por ello, el inicio o trámite en nada propicia afectación reparable por los medios de control constitucional; tal como acontece en la especie donde se reclama la orden de investigación. Sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una indagatoria o carpeta sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control constitucional. Aunado a que el artículo 21 de la constitución impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de una averiguación o carpeta de investigación y del ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por la investigación que se lleve a cabo contra el quejoso, con la cual se integre una averiguación o carpeta de investigación, pues tal acto omite irrogarle perjuicio alguno; aunado a que la investigación de mérito, por sí misma, no le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. Pues la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación en su contra, se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente la denuncia o querella basada en los hechos materia de la investigación en cuestión y por los cuales se ejerciera en su caso acción penal en su contra. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. En tales condiciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 21 de la constitución y el diverso artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de forma parcial la demanda por notoria improcedencia, respecto del acto reclamado consistente en la orden de investigación, contra el quejoso. Admisión. Por otra parte, debido a que la demanda, respecto del diverso acto reclamado, consistente en la orden de presentación, cumple los requisitos legales establecidos, se admite a trámite con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla, y otra autoridad. Apertura del incidente de suspensión. Ante la solicitud de la medida cautelar, con copia simple de la demanda y autorizada del presente acuerdo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo a este juicio; constancias conforme a las cuales habrá de resolverse lo relativo a dicha medida cautelar. Notificación del fiscal adscrito. Notifíquese en forma personal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito para que intervenga en términos del artículo 5; fracción IV, de la Ley de Amparo por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo se requiere a las autoridades responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación . En este deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados. Se prescinde remitir copia de la demanda, pues la misma será anexada al oficio por el cual se requiera el informe previo. También deberán remitir copia certificada completa, legible y ordenada de las constancias y actuaciones que sean necesarias para apoyar el informe de contestación. Se les apercibe que de omitir la rendición del informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá, a la omisa, una multa de cien a mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Requerimiento de información de la parte tercera interesada Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a las autoridades responsables para que en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionen el nombre y domicilio de las personas que en su caso pudieran tener el carácter de terceros interesados, así como remitan las constancias necesarias relativas de donde se desprende tal información. Se apercibe a las autoridades responsables que si omiten cumplir lo ordenado en el párrafo anterior en el plazo señalado, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización a razón de su valor diario conforme a los artículos 260, fracción IV, y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo. Dicho plazo se concede al considerar el hecho notorio consistente en la carga de trabajo de las autoridades responsables, pese a que el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles contempla un plazo de tres días, así como el hecho de que el incumplimiento del presente requerimiento les generarían consecuencias de trascendencia relevante, tanto en lo económico, como en su caso, de naturaleza penal, por resistirse a dar cumplimiento a lo ordenado por este juzgado federal; lo anterior, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 262, fracción V, de la Ley de Amparo. Solicitud de antecedentes. Se requiere a las autoridades responsables informen si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Notificación de las autoridades responsables. Con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, se hace saber a las responsables, que en el presente juicio solo les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito, como el archivo definitivo de este asunto . Además, de negarse a recibir alguna notificación ordenada en este juicio, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el actuario de este juzgado procederá a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación. Asimismo, como lo ordena el artículo 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Por tanto, se instruye a la secretaria encargada de la tramitación del presente asunto la emisión completa y correcta de todos los oficios y traslados ordenados en este acuerdo, para lo cual deberá firmar el espacio correspondiente a su cargo que se encuentra al final de la minuta que se deje para constancia y en caso de que posteriormente se solicite una reimpresión de los mismos, se deberá asentar una razón de ello, con la inserción del cargo y nombre del personal de este juzgado que lo solicite. Además, se requiere al actuario que deba notificar este acuerdo y las subsecuentes, para que en caso de que algún traslado u oficio carezca de la firma de la secretaria, lo haga saber de forma inmediata, en lugar de dejar pasar varios días pues ese actuar contraviene la celeridad con la que se llevar el juicio de amparo. De la misma forma, se ordena a los demás funcionarios públicos que tengan encomendada la revisión, tramitación y captura de este expediente que deberán verificar los traslados y oficios de referencia; así como firmar el espacio relativo a su cargo en la minuta correspondiente, pues ello apoyará para que el presente sumario se mantenga en buen estado y los traslados lleguen en forma íntegra a los actuarios que deban notificarlos. Apercibimiento a la parte quejosa. Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de las autoridades responsables se le apercibe que en caso de que las autoridades que designó como responsables no existan con la denominación referida o en la residencia indicada, se tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con éstas. Audiencia constitucional. Por otra parte, de conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. Omitir cumplir con lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Reserva de emplazamiento al tercero interesado. Una vez que resulte cierto el acto reclamado, habrá de proveerse el emplazamiento de las personas que en su caso, tengan el carácter de terceros interesados, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Por otra parte tengo como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda y quedan autorizados para los mismos efectos las personas que indica, porque aquél omitió otorgarles facultades amplias. Autorización para toma de fotografías. Hágase saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse las partes al proceso de fotocopiado es decir serán fotocopiadas las actuaciones a costa de quienes comparezcan a este juzgado, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección . Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE, procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional pronta oportuna y expedita.
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