Jose Gerardo Gregorio Tellez Aguilar

Expediente 868/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
868/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
19/02/2021

Partes del expediente

  • Jose Gerardo Gregorio Tellez Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno Recepción de ejecutoria. Se agrega al expediente el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por los magistrados de ese tribunal, el quince de enero de dos mil veintiuno, en el recurso de queja Q-126/2020, cuyo punto resolutorio establece: ".ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja.". En consecuencia, glósese a este juicio el testimonio recibido con el oficio de cuenta; y esta juzgadora queda enterada de que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso, contra el proveído inicial donde fue desechada su solicitud de tutela constitucional. Además, se ordena acusar recibo a la superioridad por el referido testimonio. Anotaciones internas y archivo. Se instruye a la oficial administrativa encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes a la decisión de la superioridad. También, archívese este expediente como asunto concluido. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la solicitud de amparo en el proveído inicial, y no se otorgó la suspensión de plano. Inexistencia de documentos originales y de incidente de suspensión. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso, porque sólo exhibió su demanda de amparo y esta no actualiza la hipótesis de devolución. Tampoco existe incidente de suspensión, porque este juicio fue desechado en el proveído inicial. Luego, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. El quejoso ha agotado su derecho al recurso judicial, pues interpuso queja contra el proveído inicial en el que se desechó su solicitud de amparo. De modo que ya no existen derechos procesales que puede ejercer en este juicio, incluso ya se ordenó el archivo por tratarse de un asunto concluido. Por tanto, este acuerdo sólo será notificado por medio de lista, dado que ninguna circunstancia se tiene para disponer una notificación personal para el quejoso. Revisión del expediente. Por último, se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, once de noviembre de dos mil veinte. Se ordena agregar a los autos el escrito con evidencia criptográfica de la autorizada en términos amplios del quejoso **, mediante el cual interpone recurso de queja y formula agravios contra el acuerdo de treinta de octubre de dos mil veinte, en el cual se desechó la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Por lo que se ordena remitir el recurso planteado, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano que deba substanciar el citado recurso de queja. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso de mérito) pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo. Por otra parte, desde este acuerdo se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, puesto que el treinta de octubre de dos mil veinte, se desechó la demanda origen de este expediente, por advertirse una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Esto es así, pues la parte quejosa en su demanda de amparo señaló como acto reclamado: "La NEGATIVA DE SEÑALAR DIA Y HORA PARA LA AUDIENCIA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO, dictado por auto de fecha uno de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa penal * radicada en el Juzgado de Oralidad de la Región Judicial Centro Poniente con sede en San Martin Texmelucan, Puebla.". Sin embargo, se observó que dicho acto puede ser recurrido a través del recurso ordinario de revocación, previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que el quejoso dejó de observar el principio de definitividad que debe regir en todos los juicios de amparo, por las razones y fundamentos expuestos en el acuerdo impugnado. Entonces, de conformidad con el numeral 113, en relación con la fracción XVIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, se desechó de plano la demanda de amparo que originó este juicio, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Como justificante de lo anterior, se ordena adjuntar copias certificadas de todas las constancias que obran en el presente expediente para la substanciación del recurso y el original del escrito signado con evidencia criptográfica por la autorizada en términos amplios del quejoso (recibido electrónicamente), por el que interpone el recurso de queja y ahí mismo expresa sus agravios. Por último, se solicita atentamente al tribunal colegiado que por turno conozca del presente asunto, remita el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 153/2020 Puebla, Puebla, treinta de octubre de dos mil veinte. Se agrega al expediente el oficio signado por la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, por el cual en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veintidós de los corrientes, comunica que después de realizar una búsqueda en los archivos físicos y digitales con que cuenta esa dependencia, no fueron localizados registros o antecedentes de *; de lo que este juzgado toma conocimiento y queda en espera de lo que informen las restantes dependencias. Notifíquese.

  4. Principal

    DADO QUE SE DEJÓ AVISO DE NOOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE FORMA PERSNAL DE LA RESOLUCIÓN DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. AMPARO 868/2020-VIII Puebla, Puebla, treinta de octubre de dos mil veinte. Radicación. Se recibe la demanda promovida por *, por propio derecho; contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente con sede en San Martin Texmelucan, Puebla, y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento. Ahora, el numeral 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de revisar la demanda de protección, y de existir una causa manifiesta de improcedencia podrá desecharse de plano. En primer orden, es conveniente hacer la precisión del acto reclamado en el presente sumario constitucional, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. Del contenido armónico de la demanda de amparo, se precisa que el acto reclamado a la autoridad ordenadora, consiste en: "La NEGATIVA DE SEÑALAR DIA Y HORA PARA LA AUDIENCIA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO, dictado por auto de fecha uno de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa penal * radicada en el Juzgado de Oralidad de la Región Judicial Centro Poniente con sede en San Martin Texmelucan, Puebla.". Ahora, en el caso en particular, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado puede ser recurrido a través del recurso ordinario de revocación, previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El citado artículo 61, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas(.)" Se exceptúa de lo anterior: a).Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Del texto transcrito, resulta pertinente dejar asentado, que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a), y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la ley fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. Así, el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios de defensa que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría, índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone el gobernado para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción XII, del artículo 107 de nuestra constitución, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Lo anterior, tomando en consideración que el juicio de amparo, es un medio extraordinario, que conforme a su esencia y naturaleza, sólo procede contra actos respecto de los cuales la ley no concede remedio alguno, por virtud del cual puedan repararse, en la vía común, los perjuicios que dichos actos causen, y que, por tanto, se hallen agotados todos los recursos ordinarios, que la ley del acto establezca para esa posible reparación, de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario, con notoria violación del espíritu jurídico y fin político que informó su creación, pues no se tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución política de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional, y por lo mismo, dentro de un sistema jurídico racional y lógico, no puede acudirse a él, cuando en el orden común exista todavía un recurso legal, que haga posible la reparación del perjuicio que cause el acto que lo motiva, por otra parte, sólo habiendo perjuicio, puede haber motivo para que pida amparo la persona que resienta aquél, por causa de una ley o de un acto; y cesando el perjuicio, cesa también el derecho de promover amparo y surge la improcedencia de éste. Mientras el perjuicio pueda ser reparado en la vía común, a ella debe acudirse, de modo que cuando la ley del acto envía a dilucidar previamente la cuestión del perjuicio a un juicio, o establece expresamente algún medio legal para repararlo, mientras ese juicio no se siga, o el recurso no se agote, no puede saberse si el perjuicio existe, y por tanto, si el amparo procede; y si el perjuicio se consiente por no usar de los medios legales que establece el estatuto del acto, tampoco se está ya capacitado para pedir el amparo, puesto que el consentimiento del perjuicio purga el acto del vicio legal, y al que lo consintió no se le priva de derecho alguno; no obsta a lo dicho, que la Constitución General y la Ley de Amparo, hayan adoptado ese criterio expresamente para asuntos judiciales, porque de ello no se deduce que prohíba adoptarlo para asuntos administrativos, pues donde existe la misma razón legal, debe existir la misma disposición de derecho, tanto más, cuanto que en ningún texto de la Constitución, consta que se haya establecido esa excepción. En la especie, la parte quejosa ocurre ante esta instancia constitucional a reclamar el auto de uno de octubre de dos mil veinte, en el cual se negó el señalamiento para audiencia de suspensión condicional del procedimiento; sin embargo, tuvo que haber hecho valer el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haber determinado la negativa de señalar día y hora para la audiencia en mención. Al respecto, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación(.)". Del marco jurídico que antecede, se pone de relieve que el auto reclamado se ubica en el supuesto de procedencia previsto para el recurso de revocación, pues la autoridad responsable resolvió de plano la improcedencia a la petición para celebrar la audiencia de suspensión condicional del procedimiento, en el expediente de origen, al considerar que no era idóneo ni viable por existir peligro de sustraerse de la acción de la justicia. Es decir, en el acto reclamado se abordaron cuestiones que no requieren mayor trámite, por lo que dicha resolución es impugnable en sede horizontal mediante el recurso de revocación previsto por el artículo 465 transcrito, cuyo efecto puede modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo que implica que el mismo adolece de definitividad, presupuesto necesario para que proceda el juicio de amparo. Al respecto, es importante citar la jurisprudencia con registro 2022001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2760, Tomo III, Libro 77, Agosto de 2020, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES", a fin de determinar lo que debe entenderse por resoluciones "sin sustanciación", son aquellas emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, con ello, queda robustecido que, en el caso, el acto reclamado se ubica dentro de ese supuesto de procedencia del recurso de revocación, por haberse emitido sin sustanciación especial. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección constitucional. Exhortación para tramitación del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARSCoV- 2, motivo por el cual se declaró en todo el país contingencia sanitaria y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarla, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo, porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitiría la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). En ese sentido, es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que la demanda de amparo haya sido presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o se haya solicitado el acceso al expediente electrónico -incluso en aquellos asuntos tramitados bajo el esquema tradicional-; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a traes del "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. Se reitera, el hecho de que el asunto se haya iniciado de manera tradicional, no es impedimento para transitar al esquema de "juicio en línea"; por ello, se exhorta a las partes para efectos de que opten por este último modelo (juicio en línea). Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo -ubicado en esta ciudad-. Por otro lado, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ma. Isabel Escalona Pérez, Cecilia Moreno Romero y Marco Antonio Saavedra Lozano, pues sus cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; mientras que, a las personas restantes, sólo se les autoriza para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos, por así haber sido manifestado por el quejoso. Por otro lado, sin que resulte procedente tener como medio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico y números telefónicos que proporciona, pues el artículo 26 de la Ley de Amparo, no contempla las notificaciones por correo electrónico; pues, únicamente prevé la notificación electrónica cuando las partes que expresamente así lo soliciten hayan tramitado de manera previa la Firma Electrónica. Por tanto, se le hace saber que las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Por último, se autoriza la práctica de notificaciones electrónicas por conducto de los usuarios IsaEscalona y CecyMoreno, correspondiente a las personas autorizadas en términos amplios. En relación a la solicitud para poder acceder y ser notificado por medio del expediente electrónico, con fundamento en el artículo 357 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es procedente su pretensión porque proporciona el "nombre de usuario" utilizado al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por ello, se insiste, en que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea); y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Habilitación de días y horas inhábiles En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Autorización para toma de fotografías Se hace saber al promovente que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo- Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Acceso a la información Con fundamento en los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a la parte quejosa el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma, habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto3 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Notifíquese; en forma personal al quejoso; y cúmplase.

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