Jose Guadalupe Arellano Hernandez
Expediente 768/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 768/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Guadalupe Arellano Hernandez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 768/2022-VIII. Puebla, Puebla, doce de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que la parte quejosa no recurrió el acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veintidós, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones en los libros de gobierno. Se instruye al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el indicado sistema como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). * Revisión del expediente Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- JUICIO DE AMPARO 768/2022-VIII. Puebla, Puebla, veinticinco de julio de dos mil veintidós. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Se recibe la demanda de protección de derechos (en su versión digitalizada), suscrita por el quejoso , contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en la ciudad de San Martín Texmelucan, Puebla, y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que, , promueve dicha demanda por propio derecho, sin embargo, contrario a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la demanda presentada de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no contiene evidencia criptográfica de aquel. Por el contrario, el referido escrito fue presentado en línea a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la firma electrónica (FIREL) de dicha demanda corresponde a Edgar Torres Ramírez, con lo que se concluye que José Guadalupe Arellano Hernández, no asentó su firma electrónica en dicha demanda de amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE3." En suma, contrario a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la demanda presentada de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no contiene evidencia criptográfica del supuesto quejoso José Guadalupe Arellano Hernández. Al respecto, es menester precisar que, de conformidad con los artículos 3, último párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 42 del Acuerdo General 12/20204, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica únicamente cuando se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pero, en la especie, el promovente señaló como acto reclamado ".orden de aprehensión dictada en mi contra..." y su ejecución. Por consiguiente, la demanda de amparo promovida, al parecer, por José Guadalupe Arellano Hernández, no se ubica en el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo. Además, de la lectura de la demanda de amparo, no se desprende que el quejoso se encuentre incomunicado de modo tal que esté impedido para suscribir mediante el uso de su firma electrónica la demanda de amparo por propio derecho. Entonces, una vez descartado que la demanda no se ubica en una de las hipótesis previstas por el artículo 15 de la Ley de amparo, es concluyente que la misma debe contar con evidencia criptográfica del promovente, lo cual no acontece. En efecto, el artículo 35 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información, en este caso, a través de la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que la autógrafa. En ese sentido, los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020, establecen que, para hacer uso de las herramientas del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es indispensable que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. De este modo, conforme lo establece el último párrafo del artículo 45, del referido acuerdo general, a la solicitud o escrito de demanda se agregará la firma electrónica vigente; pues, de lo contrario, se soslayaría el principio de "instancia de parte agraviada". Entonces, aun cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha establecido, a través del Acuerdo General 21/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el diverso 9/2022 que lo modifica, un esquema de contingencia que privilegia el uso de tecnologías de la información y la comunicación, pues son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos; ello, de ninguna manera implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, si en el caso particular , presentó -al parecer- la demanda de amparo sin agregar su evidencia criptográfica; es concluyente que no se cumple con el principio de "instancia de parte agraviada", sobre todo, porque como ya se explicó en párrafos precedentes, el supuesto promovente no se encuentra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que lo faculte para promover la demanda de amparo sin necesidad de firma electrónica. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la firma electrónica del quejoso; pues, la falta de esta no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna. Ese criterio quedó plasmado en la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO6." Sin que sea óbice a todo lo anterior, el hecho de que, al parecer, la demanda de cuenta tiene plasmada de manera autógrafa su firma, pues se insiste, en tratándose de un juicio en línea, debe asentarse la firma electrónica del peticionario de amparo. De ahí que, acorde a lo dispuesto por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 3 y 6 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo establecido por el precepto 112 de la propia ley de la materia. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, ASÍ COMO AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso el señalado en su escrito de demanda. No pasa por alto para esta autoridad que el quejoso señala como medio para recibir notificaciones un correo electrónico; empero, dicha vía electrónica no se encuentra establecida como herramientas para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Edgar Torres Ramírez, dado que se encontró registrado su cédula profesional ante el Registro Único de Profesionistas del Derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Sergio Alonso Patrón León, porque así lo solicito el quejoso. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO El quejoso solicitó que se le permita la consulta del expediente electrónico, y para tal efecto proporcionó el nombre de usuario "A ". Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza dicha consulta, por lo que se instruye a la secretaria encargada de este juicio, que busque el nombre de usuario proporcionado en la demanda; y de estar registrado, habilite la consulta del expediente electrónico que se genere para este juicio. Notifíquese; de manera personal al quejoso; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 768/2022-VIII. Puebla, Puebla, veinticinco de julio de dos mil veintidós. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Se recibe la demanda de protección de derechos (en su versión digitalizada), suscrita por el quejoso , contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en la ciudad de San Martín Texmelucan, Puebla, y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que, , promueve dicha demanda por propio derecho, sin embargo, contrario a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la demanda presentada de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no contiene evidencia criptográfica de aquel. Por el contrario, el referido escrito fue presentado en línea a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la firma electrónica (FIREL) de dicha demanda corresponde a Edgar Torres Ramírez, con lo que se concluye que José Guadalupe Arellano Hernández, no asentó su firma electrónica en dicha demanda de amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE3." En suma, contrario a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la demanda presentada de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no contiene evidencia criptográfica del supuesto quejoso José Guadalupe Arellano Hernández. Al respecto, es menester precisar que, de conformidad con los artículos 3, último párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 42 del Acuerdo General 12/20204, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica únicamente cuando se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pero, en la especie, el promovente señaló como acto reclamado ".orden de aprehensión dictada en mi contra..." y su ejecución. Por consiguiente, la demanda de amparo promovida, al parecer, por José Guadalupe Arellano Hernández, no se ubica en el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo. Además, de la lectura de la demanda de amparo, no se desprende que el quejoso se encuentre incomunicado de modo tal que esté impedido para suscribir mediante el uso de su firma electrónica la demanda de amparo por propio derecho. Entonces, una vez descartado que la demanda no se ubica en una de las hipótesis previstas por el artículo 15 de la Ley de amparo, es concluyente que la misma debe contar con evidencia criptográfica del promovente, lo cual no acontece. En efecto, el artículo 35 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información, en este caso, a través de la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que la autógrafa. En ese sentido, los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020, establecen que, para hacer uso de las herramientas del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es indispensable que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. De este modo, conforme lo establece el último párrafo del artículo 45, del referido acuerdo general, a la solicitud o escrito de demanda se agregará la firma electrónica vigente; pues, de lo contrario, se soslayaría el principio de "instancia de parte agraviada". Entonces, aun cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha establecido, a través del Acuerdo General 21/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el diverso 9/2022 que lo modifica, un esquema de contingencia que privilegia el uso de tecnologías de la información y la comunicación, pues son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos; ello, de ninguna manera implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, si en el caso particular , presentó -al parecer- la demanda de amparo sin agregar su evidencia criptográfica; es concluyente que no se cumple con el principio de "instancia de parte agraviada", sobre todo, porque como ya se explicó en párrafos precedentes, el supuesto promovente no se encuentra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que lo faculte para promover la demanda de amparo sin necesidad de firma electrónica. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la firma electrónica del quejoso; pues, la falta de esta no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna. Ese criterio quedó plasmado en la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO6." Sin que sea óbice a todo lo anterior, el hecho de que, al parecer, la demanda de cuenta tiene plasmada de manera autógrafa su firma, pues se insiste, en tratándose de un juicio en línea, debe asentarse la firma electrónica del peticionario de amparo. De ahí que, acorde a lo dispuesto por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 3 y 6 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo establecido por el precepto 112 de la propia ley de la materia. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, ASÍ COMO AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso el señalado en su escrito de demanda. No pasa por alto para esta autoridad que el quejoso señala como medio para recibir notificaciones un correo electrónico; empero, dicha vía electrónica no se encuentra establecida como herramientas para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Edgar Torres Ramírez, dado que se encontró registrado su cédula profesional ante el Registro Único de Profesionistas del Derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Sergio Alonso Patrón León, porque así lo solicito el quejoso. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO El quejoso solicitó que se le permita la consulta del expediente electrónico, y para tal efecto proporcionó el nombre de usuario "A ". Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza dicha consulta, por lo que se instruye a la secretaria encargada de este juicio, que busque el nombre de usuario proporcionado en la demanda; y de estar registrado, habilite la consulta del expediente electrónico que se genere para este juicio. Notifíquese; de manera personal al quejoso; y cúmplase.
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