Jose Gregorio Flores Cervantes

Expediente 885/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
885/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
16/12/2020

Partes del expediente

  • Jose Gregorio Flores Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSAL. JUICIO DE AMPARO 885/2020 Puebla, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Devolución de documentos. Por otra parte, se ponen a disposición de la parte promovente los documentos que exhibió en su escrito aclaratorio, los cuales deberá recoger dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente en el cual surta efectos la notificación de este proveído. Para ello, deberá agendar una cita en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional, con credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma, así como dejar razón de recibo en autos para constancia. Se le apercibe que, de no comparecer en el plazo señalado, las documentales que exhibió en este juicio serán destruidas. Lo anterior, con fundamento en el artículo 20 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese; de forma personal al quejoso.

  2. Principal

    DADO QUE SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE FORMA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEITNE, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. JUICIO DE AMPARO 885/2020-V. Puebla, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el quejoso *******, por medio del cual pretende dar cumplimiento al proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte. Por lo que se procede acordar conforme de acuerdo a las manifestaciones hechas en su escrito de cuenta. Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa en esencia, reclama lo siguiente: Al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Las violaciones al procedimiento dentro de la causa ****, consistentes en: Las pruebas que le fueron desechadas dentro del citado procedimiento. El desechamiento de los nombramientos de los peritos ofrecidos por el quejoso, los cuales fueron los médicos que según refiere lo asistieron desde el primer momento en que fue ingresado al hospital de Traumatología y Ortopedia perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social. En virtud de lo anterior, resulta incompatible con el parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) motivo por el que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la fracción V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo se explica el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se permite obtener una resolución definitiva y completa desde los aspectos procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos ya fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esa hipótesis sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos, en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Pero además, se hace notar que el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular por los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se obtiene que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, porque estos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que encuentra limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva - por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas de origen para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Con lo anterior se explica el parámetro actual de imposible reparación. Ahora, como se anunció al principio de este acuerdo, el quejoso solicita el control de legalidad extraordinario contra los actos antes citados. Sin embargo, se considera que la materia y sentido de los actos combatidos, sólo puede generar al quejoso violaciones adjetivas, porque en las citada determinaciones del juez responsable solo son relacionadas con el procedimiento, nunca con los derechos sustantivos involucrados en el proceso, como sería la acreditación del delito o la responsabilidad penal del imputado. Ello es así, pues las resoluciones combatidas, el juez responsable únicamente desechó las pruebas y peritos ofrecidos por el quejoso. Empero, dichos actos reclamados de ninguna forma trasciende a los derechos fundamentales que asisten al quejoso como procesado en la referida causa penal *** se emitirá hasta el futuro y todavía está sujeta a las pruebas existentes en el proceso, con la posibilidad de que estas puedan valorarse de una forma que resulte benéfica a los intereses del quejoso. Bajo este contexto, se afirma que los actos reclamados, carecen de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Sólo resta decir que la improcedencia advertida en este sumario, también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello se determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en los actos reclamados, pues de analizarse el contenido de esta habrá de prolongarse la tramitación de la causa penal, en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de la causa penal para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. Por tanto, se declara que respecto de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la legislación. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por el la parte quejosa, motivo por el cual con apoyo en el numeral 113, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda respecto de los actos que han quedado precisados, los que derivan de la determinación del juez responsable de desechar las pruebas y peritos ofrecidos por el quejoso, dentro de la citada causa penal. Acceso a la información. Con fundamento en el artículo 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Notificación personal Por último, se ordena a la actuaria adscrita notificar de manera personal al quejoso este acuerdo, Notifíquese, y en forma personal al quejoso.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 885/2020-V. Puebla, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el quejoso *******, por medio del cual pretende dar cumplimiento al proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte. Por lo que se procede acordar conforme de acuerdo a las manifestaciones hechas en su escrito de cuenta. Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa en esencia, reclama lo siguiente: Al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Las violaciones al procedimiento dentro de la causa ****, consistentes en: Las pruebas que le fueron desechadas dentro del citado procedimiento. El desechamiento de los nombramientos de los peritos ofrecidos por el quejoso, los cuales fueron los médicos que según refiere lo asistieron desde el primer momento en que fue ingresado al hospital de Traumatología y Ortopedia perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social. En virtud de lo anterior, resulta incompatible con el parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) motivo por el que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la fracción V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo se explica el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se permite obtener una resolución definitiva y completa desde los aspectos procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos ya fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esa hipótesis sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos, en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Pero además, se hace notar que el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular por los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se obtiene que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, porque estos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que encuentra limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva - por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas de origen para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Con lo anterior se explica el parámetro actual de imposible reparación. Ahora, como se anunció al principio de este acuerdo, el quejoso solicita el control de legalidad extraordinario contra los actos antes citados. Sin embargo, se considera que la materia y sentido de los actos combatidos, sólo puede generar al quejoso violaciones adjetivas, porque en las citada determinaciones del juez responsable solo son relacionadas con el procedimiento, nunca con los derechos sustantivos involucrados en el proceso, como sería la acreditación del delito o la responsabilidad penal del imputado. Ello es así, pues las resoluciones combatidas, el juez responsable únicamente desechó las pruebas y peritos ofrecidos por el quejoso. Empero, dichos actos reclamados de ninguna forma trasciende a los derechos fundamentales que asisten al quejoso como procesado en la referida causa penal *** se emitirá hasta el futuro y todavía está sujeta a las pruebas existentes en el proceso, con la posibilidad de que estas puedan valorarse de una forma que resulte benéfica a los intereses del quejoso. Bajo este contexto, se afirma que los actos reclamados, carecen de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Sólo resta decir que la improcedencia advertida en este sumario, también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello se determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en los actos reclamados, pues de analizarse el contenido de esta habrá de prolongarse la tramitación de la causa penal, en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de la causa penal para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. Por tanto, se declara que respecto de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la legislación. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por el la parte quejosa, motivo por el cual con apoyo en el numeral 113, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda respecto de los actos que han quedado precisados, los que derivan de la determinación del juez responsable de desechar las pruebas y peritos ofrecidos por el quejoso, dentro de la citada causa penal. Acceso a la información. Con fundamento en el artículo 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Notificación personal Por último, se ordena a la actuaria adscrita notificar de manera personal al quejoso este acuerdo, Notifíquese, y en forma personal al quejoso.

  4. Principal

    PJUICIO DE AMPARO 885/2020-V Puebla, Puebla, cinco de noviembre de dos mil veinte. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe el quejoso ****, pro propio derecho, contra actos del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN De la lectura integral de la demanda, se advierten irregularidades en los actos reclamados. Se precisa lo anterior porque la parte quejosa no señaló el acto reclamado de manera concreta que le atribuye al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, pues únicamente se limitó a manifestar de manera genérica lo siguiente: "LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO", así como también a la falta de CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DICTADA POR LA SUPERIORIDAD DEL RESPONSABLE; manifestando que se encuentra vulnerando mis derechos de parte agraviada que se persigue dentro del proceso , de los índices del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla De lo anterior existe duda del acto o actos que pretende combatir, pues señala de manera genérica que reclama violaciones al procedimiento, y la falta de cumplimiento a una sentencia dictada por la superioridad. Sumado a ello, el juicio de amparo resulta improcedente contra manifestaciones genéricas, pues el artículo 1 fracción I, de la Ley de Amparo, exige a los quejosos puntualizar el acto u omisión concreta que pretendan imputar a las responsables. Sobre todo, porque las autoridades deben tener los elementos necesarios para identificar el acto u omisión concreta que se les imputa, a fin de que puedan rendir su informe justificado y con esto se realice el análisis de la litis constitucional. Además, los órganos jurisdiccionales carecen de facultades para subsanar el señalamiento del acto reclamado, dado que la suplencia de la queja está limitada a los conceptos de violación o agravios que formule la parte quejosa. De ahí la necesidad de que el quejoso aclare la demanda. Asimismo, es necesario hacerle saber al quejoso, que de la lectura integral de la demanda, se desprende que pudiera reclamar lo siguiente:El acuerdo dictado por el juez responsable en el cual gira oficio al Director de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual le solicita nombre un perito, así como el acuerdo que recayó a la contestación del citado director; o Señale si lo que desea reclamar es la omisión de citar a los peritos que fueron nombrados en el proceso para acudir ante ese juzgador a dar su peritaje; (y sí de ello deriva la omisión del juez responsable del dar cumplimiento a la resolución dictada por el tribunal de alzada en el recurso de apelación). Por tanto, con la finalidad de que la parte quejosa ejerza su derecho de aclarar su demanda, con fundamento en el artículo 114 fracción I de la Ley de Amparo, se le requiere para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad efectué la siguiente aclaración:a) Manifieste, de manera específica y concreta, si lo que desea reclamar en este juicio al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, es lo siguiente: El acuerdo dictado por el juez responsable en el cual gira oficio al Director de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual le solicita nombre un perito, así como el acuerdo que recayó a la contestación del citado director; o Señale si lo que desea reclamar es la omisión de citar a los peritos que fueron nombrados en el proceso para acudir ante ese juzgador a dar su peritaje; (y sí de ello deriva la omisión del juez responsable del dar cumplimiento a la resolución dictada por el tribunal de alzada en el recurso de apelación).b) Manifieste bajo protesta de decir verdad de manera clara los antecedentes que constituyen los actos reclamados.Lo anterior, con la finalidad de establecer la litis constitucional en este juicio, y cumplir con el principio de la efectividad que rige al juicio de amparo.Se hace saber al quejoso que, al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para cada autoridad responsable, y una para el tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia.APERCIBIMIENTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber al quejoso que esta prevención, habrá de evitar que se le deje en estado de indefensión. De igual modo, se hace notar al peticionario de amparo: el plazo de cinco días concedido correrá de lunes a viernes, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente acuerdo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda en la ciudad de Puebla. Además, se tienen únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones las personas señaladas en su escrito de cuenta, pues omitió conferirles las facultades amplias del artículo 12 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le tiene al quejoso proporcionando dos correos electrónicos, los cuales se tienen únicamente como medios de contacto. COMUNICACIÓN ESPECIAL CON LAS PARTES. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente; y, a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se requiere al quejoso para que en el plazo de tres días proporcione un número de teléfono por medio del cual pueda ser contactado. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. EXHORTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL JUICIO EN LÍNEA. Debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarla, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación3; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Se reitera, el hecho de que el asunto se haya iniciado de manera tradicional no es impedimento para transitar al esquema de "juicio en línea"; por ello, se exhorta a las partes para efectos de que opten por este último modelo (juicio en línea). CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES FÍSICAS. Se comunica a las partes que, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. ACCESO A LA INFORMACIÓN. Con fundamento en el artículo 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales... hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa.

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