Jose Gilberto Juarez Lima
Expediente 398/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 398/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Gilberto Juarez Lima
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el treinta de mayo de dos mil diecinueve, mismo que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión definitiva, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
(publicación AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 30 DE MAYO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil diecinueve. Vistos los autos el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable por el que procede sobreseer el presente juicio de garantías, aún fuera de la audiencia constitucional. Del análisis integral de los artículos 63, fracción IV, y 65 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador previó la posibilidad que durante la tramitación del juicio sobreviniera una causa por las que podrá decretarse el sobreseimiento del juicio, cuando no exista duda de su actualización. Ante ello, cuando la causa de sobreseimiento sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretarlo en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" El citado artículo instituye que procede el sobreseimiento en el juicio de garantías cuando las constancias del juicio permitan al juzgador percatarse de la inexistencia del acto reclamado; esto es, que hagan prueba plena de la inexistencia, pues tal circunstancia es de suma trascendencia que hace que el juicio sobrevenga improcedente. En el caso, se precisan los actos reclamados por el aquí quejoso José Gilberto Juárez Lima, atendiendo al escrito de demanda y de las constancias que obran dentro de este juicio, mismos que atribuye a las autoridades y por los actos siguientes: a) Al 1.Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la omisión de dictar las medidas pertinentes a fin de cancelar los antecedentes penales del aquí quejoso José Gilberto Juárez Lima, en razón de haber declarado extinguida la acción persecutoria dentro del proceso 329/2016. b) Al 2.Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, la negativa de cancelar lo antecedentes penales a favor de José Gilberto Juárez Lima. Por su parte, las autoridades responsables 1. Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y 2. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, al rendir sus respectivos informes con justificación negaron expresamente los actos reclamados, (foja 30 y de la 32 a la 69), para lo cual el primero de los nombrados remitió copia certificada del proceso 329/2016, documentales públicas que merecen valor pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en términos de lo establecido en la Jurisprudencia 226, publicada en la página 153, Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, con el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Documentales en las que aparece claramente demostrado que los actos reclamados son inexistentes, evento que no será susceptible de desvirtuarse con elemento de prueba alguno. Efectivamente, del análisis de los informes justificados, en lo que interesa, es posible advertir que el 1. Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, le instruyó al aquí quejoso José Gilberto Juárez Lima, el proceso 329/2016, como probable responsable de los delitos de Fraude Especifico y Abuso de Confianza, cometidos en agravio de Eduardo Bautista Ortiz y Santiago Jiménez Suárez. El veinte y treinta de junio, ambos de dos mil diecisiete, los agraviados Santiago Jiménez Suárez y Eduardo Bautista Ortiz, comparecieron a otorgarle al quejoso José Gilberto Juárez Lima, (foja 34 y 38) el perdón, declarando el juez responsable extinguida la acción persecutoria, ordenando su inmediata libertad mediante oficios 3487 y 3713, (fojas 36 y 40). Mediante oficio 4407/2017 de treinta de junio de dos mil diecisiete, la Jefa del Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social de Puebla (foja 42), comunicó que a las 17:50 horas (diecisiete horas con cincuenta minutos), dejó en libertad al aquí quejoso José Gilberto Juárez Lima. Posteriormente, el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (foja 43), el juez responsable, giró los oficios 4179, 4180 y 4182 (foja 44 a 46), al Director del Centro de Reinserción Social del Estado, Director General de Centros de Reinserción Social del Estado y Director General de Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, todas con residencia en la ciudad de Puebla, para que ordenara a quien corresponda la cancelación de los antecedentes penales del quejoso José Gilberto Juárez Lima. En cumplimiento a lo anterior, se advierte que: a) Mediante oficio DSER/CI/01259/2017 de quince de agosto de dos mil diecisiete, (foja 52) el Director de Supervisión de Establecimientos de Reclusión de la Secretaría de Seguridad Pública. b) Por oficio 6028/2017 de diez de agosto de dos mil diecisiete, (foja 53 a 57), el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla. c) La Subdirectora de Apoyo Técnico Operativo de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante oficios FGE/ICF/4843/2017 y 5171/2017, de quince y veinticinco de agosto, ambos de dos mil diecisiete (foja 60 a 61). Informaron sobre la cancelación de antecedentes penales de José Gilberto Juárez Lima. En consecuencia, se infiere que los actos reclamados son inexistentes en el juicio de amparo en que se actúa a la hora y fecha de la presentación de la demanda de amparo, (dos de mayo de dos mil diecinueve), cuestión que da origen a que se actualice la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado debe ser coetáneo a la presentación de la demanda y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendría que ocuparse de actos distintos de los que dieron origen al juicio de garantías. Sirve de apoyo en la jurisprudencia en materia común, de la octava época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, con la clave 2a./J. 3/94, visible en la página: quince, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Lo anterior, permite sobreseer en el juicio fuera de audiencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, que los actos reclamados a la presentación de la demanda son inexistentes, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible es inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, eran inexistentes los actos reclamados. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del catorce de junio de dos mil diecinueve. Hágase del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el pedimento de cuenta de la agente del Ministerio Público de la Federación en Materia de Amparo adscrita a este juzgado, visto su contenido, téngase por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos y dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes; y, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo expídasele copia autorizada del presente auto.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil diecinueve. Vistos los autos el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable por el que procede sobreseer el presente juicio de garantías, aún fuera de la audiencia constitucional. Del análisis integral de los artículos 63, fracción IV, y 65 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador previó la posibilidad que durante la tramitación del juicio sobreviniera una causa por las que podrá decretarse el sobreseimiento del juicio, cuando no exista duda de su actualización. Ante ello, cuando la causa de sobreseimiento sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretarlo en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" El citado artículo instituye que procede el sobreseimiento en el juicio de garantías cuando las constancias del juicio permitan al juzgador percatarse de la inexistencia del acto reclamado; esto es, que hagan prueba plena de la inexistencia, pues tal circunstancia es de suma trascendencia que hace que el juicio sobrevenga improcedente. En el caso, se precisan los actos reclamados por el aquí quejoso José Gilberto Juárez Lima, atendiendo al escrito de demanda y de las constancias que obran dentro de este juicio, mismos que atribuye a las autoridades y por los actos siguientes: a) Al 1.Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la omisión de dictar las medidas pertinentes a fin de cancelar los antecedentes penales del aquí quejoso José Gilberto Juárez Lima, en razón de haber declarado extinguida la acción persecutoria dentro del proceso 329/2016. b) Al 2.Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, la negativa de cancelar lo antecedentes penales a favor de José Gilberto Juárez Lima. Por su parte, las autoridades responsables 1. Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y 2. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, al rendir sus respectivos informes con justificación negaron expresamente los actos reclamados, (foja 30 y de la 32 a la 69), para lo cual el primero de los nombrados remitió copia certificada del proceso 329/2016, documentales públicas que merecen valor pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en términos de lo establecido en la Jurisprudencia 226, publicada en la página 153, Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, con el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Documentales en las que aparece claramente demostrado que los actos reclamados son inexistentes, evento que no será susceptible de desvirtuarse con elemento de prueba alguno. Efectivamente, del análisis de los informes justificados, en lo que interesa, es posible advertir que el 1. Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, le instruyó al aquí quejoso José Gilberto Juárez Lima, el proceso 329/2016, como probable responsable de los delitos de Fraude Especifico y Abuso de Confianza, cometidos en agravio de Eduardo Bautista Ortiz y Santiago Jiménez Suárez. El veinte y treinta de junio, ambos de dos mil diecisiete, los agraviados Santiago Jiménez Suárez y Eduardo Bautista Ortiz, comparecieron a otorgarle al quejoso José Gilberto Juárez Lima, (foja 34 y 38) el perdón, declarando el juez responsable extinguida la acción persecutoria, ordenando su inmediata libertad mediante oficios 3487 y 3713, (fojas 36 y 40). Mediante oficio 4407/2017 de treinta de junio de dos mil diecisiete, la Jefa del Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social de Puebla (foja 42), comunicó que a las 17:50 horas (diecisiete horas con cincuenta minutos), dejó en libertad al aquí quejoso José Gilberto Juárez Lima. Posteriormente, el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (foja 43), el juez responsable, giró los oficios 4179, 4180 y 4182 (foja 44 a 46), al Director del Centro de Reinserción Social del Estado, Director General de Centros de Reinserción Social del Estado y Director General de Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, todas con residencia en la ciudad de Puebla, para que ordenara a quien corresponda la cancelación de los antecedentes penales del quejoso José Gilberto Juárez Lima. En cumplimiento a lo anterior, se advierte que: a) Mediante oficio DSER/CI/01259/2017 de quince de agosto de dos mil diecisiete, (foja 52) el Director de Supervisión de Establecimientos de Reclusión de la Secretaría de Seguridad Pública. b) Por oficio 6028/2017 de diez de agosto de dos mil diecisiete, (foja 53 a 57), el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla. c) La Subdirectora de Apoyo Técnico Operativo de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante oficios FGE/ICF/4843/2017 y 5171/2017, de quince y veinticinco de agosto, ambos de dos mil diecisiete (foja 60 a 61). Informaron sobre la cancelación de antecedentes penales de José Gilberto Juárez Lima. En consecuencia, se infiere que los actos reclamados son inexistentes en el juicio de amparo en que se actúa a la hora y fecha de la presentación de la demanda de amparo, (dos de mayo de dos mil diecinueve), cuestión que da origen a que se actualice la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado debe ser coetáneo a la presentación de la demanda y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendría que ocuparse de actos distintos de los que dieron origen al juicio de garantías. Sirve de apoyo en la jurisprudencia en materia común, de la octava época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, con la clave 2a./J. 3/94, visible en la página: quince, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Lo anterior, permite sobreseer en el juicio fuera de audiencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, que los actos reclamados a la presentación de la demanda son inexistentes, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible es inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, eran inexistentes los actos reclamados. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del catorce de junio de dos mil diecinueve. Hágase del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el pedimento de cuenta de la agente del Ministerio Público de la Federación en Materia de Amparo adscrita a este juzgado, visto su contenido, téngase por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos y dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes; y, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo expídasele copia autorizada del presente auto.
- Incidental
En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 398/2019-E (foja 26 vuelta), Horacio Oscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido de la secretaria Aída Araceli Ramírez Lozano, con quien actúa, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes ni legítimo representante de ellas, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por José Gilberto Juárez Lima (fojas 3 a 9); escrito aclaratorio (foja 10); auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve (suspensión provisional, fojas 11 a 16); asimismo, informe previo de la autoridad responsable que así lo hizo. A lo anterior, el juez de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que la secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, y hace constar que las demás partes no ofrecieron elementos probatorios; y el juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; y toda vez que ninguna de las demás partes ofreció prueba alguna, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no exhibió pedimento. A lo anterior, el juez de Distrito acuerda: se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 398/2019-E, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José Gilberto Juárez Lima; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de catorce de mayo de dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión promovido por José Gilberto Juárez Lima, contra actos del 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla y otra autoridad, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas, previa reserva, se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional . SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo vigente , se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados por el quejoso José Gilberto Juárez Lima en el presente asunto son: 1. Del Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla: - La omisión de vigilar el cumplimiento de la baja en plataforma México, así como la baja al ingreso al Centro de Reinserción Social de Puebla. 2. Del Director del Centro de Reinserción Social de Puebla: - La negativa para la cancelación del ingreso al Centro de Reinserción Social de Puebla. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a la autoridad responsable siguiente: No. Oficio Autoridad responsable. Sentido del informe. Foja 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla. Niega 24 2. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla. Omisa ***** CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. De lo anterior se advierte que la autoridad responsable 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, al rendir su informe previo negó la existencia del acto que se le reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dicha negativa. En tales condiciones, ante la inexistencia del aludido acto reclamado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir el acto reclamado a la referida autoridad responsable, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia del acto reclamado. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Ahora bien, la autoridad responsable 2. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, omitió rendir su respectivo informe previo, no obstante estar debidamente notificada para ello, pues en los presentes autos obra el acuse de recibo del oficio (165-2-E) mediante el cual se le requirió el mismo (foja 20); por tanto, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo vigente, se tiene como presuntivamente cierto el acto que se le atribuye a dicha autoridad, únicamente para efectos de la presente incidencia, sin perjuicio de lo que se resuelva en el cuaderno principal del que éste deriva. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, de datos de localización, rubro y texto siguientes: "INFORMES PREVIOS, OMISIÓN DE RENDIRLOS. EFECTOS. Ningún precepto de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito para exigir a las autoridades responsables a que rindan necesariamente sus informes previos, pues, en todo caso, ante la omisión de rendirlos, lo que previene el artículo 132, párrafo tercero, de dicho ordenamiento, es que su falta establece la presunción de ser cierto el acto que se estime violatorio de garantías para el sólo efecto de la suspensión y que, además, hace incurrir a la autoridad responsable omisa en una corrección disciplinaria, que le será impuesta por el mismo Juez de Distrito en la forma que prevengan las leyes para la imposición de esta clase de correcciones, pero de ninguna manera puede obligarse a las autoridades responsables a que necesariamente los rindan. Sin embargo, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable 2. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, consistente en la negativa para la cancelación del ingreso al Centro de Reinserción Social de Puebla, debe señalarse que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se exponen: Para efectos de la suspensión dentro del juicio de garantías se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Por tanto, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante la omisión de la autoridad a actuar de determinada manera, como ocurre con los actos reclamados, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión; y, 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, lo que no ocurre en el caso, pues los actos reclamados por la parte quejosa se traducen en abstenciones (omisiones) y negativas, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender". Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por José Gilberto Juárez Lima, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables indicadas en el considerando tercero.
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