Jose Gilberto Juarez Lima

Expediente 1610/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1610/2016
Año
2016
Actuaciones
21
Última actuación
07/06/2019

Partes del expediente

  • Jose Gilberto Juarez Lima
  • EDUARDO BAUSTISTA ORTIZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en el incidente de inejecución de sentencia 2/2019, deducido del juicio de amparo indirecto 1610/2016, así como los autos originales de dicho sumario y un tomo de prueba; en consecuencia, acúsese recibo y agréguese a estos autos las constancias originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto. Hágase del conocimiento de las partes la llegada de la ejecutoria de mérito, la cual se resolvió en los siguientes términos: "(.) ÚNICO. Se declara que existe imposibilidad jurídica para el cumplimiento de la ejecutoria, dictada en el recurso de revisión R-71/2017, interpuesto por JOSÉ GILBERTO JUÁREZ LIMA, contra la sentencia dictada el treinta de enero de dos mil diecisiete, en el amparo indirecto 1610/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. (.)". Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió el 1. Juez Quinto de lo Penal de la Ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, con el que se formó el anexo I, devuélvasele el mismo; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual comunica que por auto dictado por el presidente de ese órgano colegiado, el ocho de mayo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia; y lo registró con el número 2/2019 del índice del citado Tribunal; de lo que esta autoridad queda enterada para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el seis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 291 a 295), transcurrió del ocho de abril al dos de mayo de dos mil diecinueve, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de seis de marzo de dos mil diecinueve y con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, y último de la Ley de Amparo, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para su respectiva revisión y determinación sobre la imposibilidad para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio 789, signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho 195/2019 de este índice, enviado para notificar al quejoso José Gilberto Juárez Lima, en el domicilio ubicado en calle Naranjo, número nueve, colonia Ex hacienda Tizayuca, en Atlixco, Puebla, los proveídos de veintidós y veintiséis de febrero, así como el diverso de seis de marzo, todos de dos mil diecinueve; en virtud de que al constituirse el Diligenciario de su adscripción en la colonia Ex Hacienda Tizayuca, en Atlixco, Puebla se percató que no existe calle alguna con el nombre Naranjo, pero que sí existe en la colonia contigua llamada Huertas San José, por lo que se constituyó en la misma a efecto de recorrer la calle Naranjo y ubicar el inmueble marcado con el número nueve; sin embargo, dicha nomenclatura no existe en esa calle, pues solo existen tres inmuebles en toda la calle, los cuales se encuentran marcados con los números 160, 161 y 162, y al tocar en la puerta de acceso de esas viviendas, nadie acudió a su llamado; de lo que esta autoridad queda enterada para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de mérito y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, en mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese al quejoso por medio de lista de acuerdos el presente auto y los diversos de veintidós y veintiséis de febrero, y el diverso de seis de marzo, todos de dos mil diecinueve. AUTO DE 22 DE FEBRERO DE 2019 QUE A LA LETRA DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio III-101/2019, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el toca R-71/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, así como los autos originales de dicho juicio y un anexo. En consecuencia, acúsese recibo, realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); agréguense a los autos únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. En tal virtud, comuníquese a las partes la llegada de dicha ejecutoria, que en sus puntos resolutivos dice: "(.) PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Gilberto Juárez Lima, contra la notificación del acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, atribuida al Diligenciario Non adscrito al Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en términos de lo expuesto en el considerando sexto de esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Gilberto Juárez Lima, contra el acto reclamado al Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, consistente en la resolución de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 329/2016, en la parte que tuvo por no admitido el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la determinación que desechó el incidente no especificado de revisión de medidas cautelares. Amparo que se concede para los efectos señalados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria. CUARTO. Hágase del conocimiento de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los términos en que se dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 191/2018, de su índice. (.)" En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo emitida por la superioridad, realizando lo siguiente: ". a) Deje insubsistente la resolución de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal 329/2016, en la parte conducente que tuvo por no admitido el recurso de apelación interpuesto por el promovente del amparo; y, b) Con base en las consideraciones aquí expuestas admita y dé trámite al recurso de apelación interpuesto, conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicables al recurso de apelación.". Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerse la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por el Juzgador Federal, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; toda vez que al tratarse del Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, este cuenta con total independencia y autonomía para emitir sus resoluciones, por tanto, carece de superior jerárquico, tiene aplicación a lo anterior, por analogía, el criterio contenido en la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. AUTO DE 26 DE FEBRERO DE 2019 QUE A LA LETRA DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, de cuyo contenido se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso José Gilberto Juárez Lima, el proveído de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en el lugar donde se encontraba interno, toda vez que al constituirse en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Puebla, fue informado por la Jefa de Departamento Jurídico de esa institución penitenciaria, que el citado quejoso ya no se encuentra recluido, pues el treinta de junio de dos mil diecisiete, obtuvo su libertad a consecuencia de la prescripción de la acción penal por el delito de abuso de confianza, en la causa penal 329/2016 del índice del entonces Juzgado Noveno de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, actualmente radicada en el Juzgado Quinto de lo Penal de ese mismo distrito judicial. En mérito de lo anterior, requiérase al Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, para que en el término de tres días contado a partir de que quede debidamente notificado del presente proveído, informe a esta potestad federal si en efecto el quejoso José Gilberto Juárez Lima, obtuvo su libertad el treinta de junio de dos mil diecisiete; así como el domicilio que haya señalado en autos de la causa penal 329/2016 del índice del entonces Juzgado Noveno de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, actualmente radicada en el Juzgado Quinto de lo Penal de ese mismo distrito judicial; y, en su caso, remita las constancias con las que acredite su dicho, o bien, manifieste la imposibilidad legal que tuviere para ello. Se apercibe al Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, que de no dar cumplimiento al requerimiento efectuado en esta data, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, resérvese la notificación del auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, a la parte quejosa, hasta en tanto se obtenga la información solicitada en esta fecha al juez del proceso penal. AUTO DE 6 DE MARZO DE 2019 QUE A LA LETRA DICE: San Andrés Cholula, Puebla, seis de marzo de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta, en cumplimiento a lo solicitado mediante auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve (foja 270), téngase al Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, informando el domicilio señalado por el quejoso José Gilberto Juárez Lima, dentro del proceso penal 329/2016 de su índice; asimismo, que el referido quejoso obtuvo su libertad el treinta de junio de dos mil diecisiete, en razón de que la parte agraviada le otorgó el perdón, declarándose extinguida la acción penal, para lo cual remite copia certificada de las constancias que acreditan su dicho. Ahora bien, el treinta de enero de dos mil diecisiete (fojas 45 a 58), se dictó sentencia dentro del juicio de amparo 1610/2016 de este índice, en la que por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra, se negó el amparo y protección de la justicia Federal a José Gilberto Juárez Lima, resolución que fue recurrida por el citado quejoso, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en autos del toca R-71/2017, en resolución de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, resolvió: "ÚNICO.- Se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerza su facultad de atracción en relación con el presente recurso, por lo que se ordena remitir los autos para lo que tenga a bien determinar." (fojas 147 a 191). Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil dieciocho, ese Máximo Tribunal, se avocó al conocimiento del recurso de revisión interpuesto por el quejoso, radicándolo con el número de expediente 191/2018 de su índice administrativo (fojas 204 y 205). Por lo que, en auto de treinta de enero de dos mil diecinueve (foja 208), se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, comunicando que por auto de presidencia de veintiocho de enero de dos mil diecinueve (foja 207), dictado en los autos del recurso de revisión R-71/2017 de esa estadística, tuvo por recibido el oficio 6280 de la Subsecretaría y la Secretaría Auxiliar, ambas de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que anexó la resolución de tres de octubre de dos mil dieciocho (fojas 210 a 222), emitido dentro del recurso de revisión 191/2018. En auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve (fojas 257 y 258), se recibió el testimonio de la ejecutoria dicada en el toca R-71/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en cuyos puntos resolutivos determinó: "(.) PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Gilberto Juárez Lima, contra la notificación del acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, atribuida al Diligenciario Non adscrito al Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en términos de lo expuesto en el considerando sexto de esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Gilberto Juárez Lima, contra el acto reclamado al Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, consistente en la resolución de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 329/2016, en la parte que tuvo por no admitido el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la determinación que desechó el incidente no especificado de revisión de medidas cautelares. Amparo que se concede para los efectos señalados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria. CUARTO. Hágase del conocimiento de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los términos en que se dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 191/2018, de su índice. (.)" (fojas 227 a 256). En mérito de lo anterior, en el mismo auto de veintidós de febrero de la presente anualidad (foja 257 y 258), se requirió a la autoridad responsable Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por la superioridad; ordenándose la notificación de dicha actuación de manera personal al aquí quejoso. En proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve (foja 269), el actuario Judicial de la adscripción asentó razón la imposibilidad de notificar al quejoso José Gilberto Juárez Lima el proveído de veintidós de febrero actual, ya que al constituirse en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla (lugar donde se encontraba privado de su libertad), fue informado que el referido quejoso ya no se encontraba recluido, pues había obtenido su libertad a consecuencia de la prescripción de la acción penal por el delito de abuso de confianza, en la causa penal 326/2016 del índice del entonces Juzgado Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla, actualmente radicada en el Juzgado Quinto de lo Penal del mismo distrito judicial. Por oficio 650, de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, el juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, informó que el aquí quejoso José Gilberto Juárez Lima, obtuvo su libertad el treinta de junio de dos mil diecisiete, con motivo de que los agraviados Eduardo Bautista Ortiz y Santiago Jiménez Suárez comparecieron ante dicha autoridad judicial y le otorgaron el perdón en favor del impetrante de amparo. Con motivo de lo anterior, ese juzgador en la causa penal de referencia, declaró extinguida la acción penal persecutoria por lo que hace a los delitos de fraude específico y abuso de confianza que instauraron en contra del aquí quejoso; para tal efecto remitió las constancias respectivas. (fojas 272 a 278). Así mismo, la autoridad responsable Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, ante tal circunstancia informó su impedimento para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tal sentido, como esta autoridad tiene certeza de que el aquí quejoso obtuvo su libertad con motivo de que el juez declaró extinguida la acción penal con motivo del otorgamiento del perdón otorgado por la parte ofendida en la causa penal de origen, se provee sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo: Como se estableció, el acto reclamado consiste en la resolución dictada el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, en la causa penal 329/2016, en la cual no admitió el recurso de apelación interpuesto contra el desechamiento del incidente de revisión de medidas cautelares. Por su parte, el Tribunal de Alzada, en la ejecutoria de amparo se precisó los efectos, esto es: "(.) a) Deje insubsistente la resolución de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal 329/2016, en la parte conducente que tuvo por no admitido el recurso de apelación interpuesto por el promovente del amparo; y b) Con base en las consideraciones aquí expuestas admita y dé tramite al recurso de apelación interpuesto conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicables al recurso de apelación (.)" (foja 255 vuelta) Ahora bien, toda vez que la finalidad del quejoso al promover el presente controvertido constitucional, consistía en obtener el beneficio de la libertad y desahogar el proceso que se le instruyó sin encontrarse recluido; y, en atención a lo manifestado por la responsable en el sentido de que el aquí quejoso obtuvo su libertad desde el treinta de junio de dos mil diecisiete, y en el proceso penal de origen se declaró extinguida la acción penal; por tanto, el suscrito considera que existe una imposibilidad jurídica para exigirle a la autoridad ordenadora responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, y último de la Ley de Amparo, una vez que transcurra el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202, de dicha ley, y para el caso no se interponga recurso de inconformidad, deberá remitirse los autos al tribunal de circuito que corresponda para su respectiva revisión y determinación sobre la imposibilidad para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." En diverso aspecto, como de autos aparece que el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve (foja 270), se reservó notificar a la parte quejosa el diverso auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve (fojas 257 y 258), hasta en tanto el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, informara el domicilio del quejoso señalado en autos del proceso penal de origen; y, tomando en cuenta que ello ya aconteció, se ordena notificar a José Gilberto Juárez Lima, las actuaciones del veintidós y veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien como el domicilio del quejoso se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional; en consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción II, y 116, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente y 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado realice lo siguiente: Notifique este auto al quejoso José Gilberto Juárez Lima, en el domicilio ubicado en calle Naranjo número nueve (9), colonia Ex hacienda Tizayuca, en Atlixco, Puebla; Corra traslado con copia simple del presente proveído y de los diversos de veintidós y veintiséis de febrero de dos mil diecinueve; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 1610/2016; d) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. En la inteligencia, que la notificación que se encomienda deberá practicarse en términos de lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo. En el entendido, que la parte interesada deberá identificarse con documental idónea, de la cual, se recabará copia simple para agregarse a esta última o, en su caso, justificar la imposibilidad para hacerlo. En ese orden, hágase del conocimiento del juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó el emplazamiento de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.

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