Jose Guadalupe Huchim Aguilar
Expediente 235/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 235/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 26/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Guadalupe Huchim Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
PUBLICACIÓN DE CITATORIO: EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTISÉIS DE JULIO DE 2023, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas desahogara la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo al quejoso ********************, respecto al auto de vinculación a proceso dictado en su contra en audiencia inicial celebrada el catorce de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de ejercicio indebido de funciones públicas, previsto y sancionado por el artículo 417, fracción IV, "en su redacción original antes de la modificación publicada en el decreto publicado con fecha 29 de diciembre de 2017", en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la sociedad y del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Haciendo hincapié que se requirió a la autoridad responsable ********************, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, su cumplimiento inmediato en términos del antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo. Inconforme con el fallo de amparo, ********************, autorizado de la tercera interesada Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos Organismo Público Descentralizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 178/2023, en donde mediante determinación de presidencia dictada el veintiocho de junio de dos mil veintitrés desechó el medio de impugnación. Mediante acuerdo emitido el trece de julio de la presente anualidad, se tuvo al Tribunal Colegiado en cita comunicando que la resolución de desechamiento había quedado firme y, por ende, con el contenido del oficio 20408/2023/JC y su anexo, remitidos por la jueza responsable -registro 7656 de 2023 -, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se declaró inconstitucional el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso José ******************** en audiencia inicial celebrada el catorce de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de ejercicio indebido de funciones públicas, previsto y sancionado por el artículo 417, fracción IV, "en su redacción original antes de la modificación publicada en el decreto publicado con fecha 29 de diciembre de 2017", en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la sociedad y del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos; en consecuencia, se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicha determinación. Lo anterior, por violar los principios de exacta aplicación de la ley penal y seguridad jurídica, consagrados en el artículo 14 Constitucional. Ello se justificó, en lo que interesa, con base en los siguientes razonamientos: A. Se indicó que la autoridad responsable aplicó en perjuicio del ahora quejoso una norma que ya no se encontraba vigente al momento en que se cometieron los hechos con apariencia del delito investigado; es decir, aplicó ultractivamente esa porción normativa aun cuando fue reformada mediante decreto publicado el 29 de diciembre de 2017 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, mismo que entró en vigor a los quince días hábiles siguientes, de conformidad con el artículo 1° transitorio de este decreto. B. En efecto, ante la imposibilidad de aplicar la norma vigente a la fecha en que se cometieron los hechos por la declaratoria de inconstitucionalidad del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en el amparo en revisión 105/2022, se advirtió que la jueza de control fundó su auto de vinculación a proceso -en cuanto al establecimiento del hecho con apariencia de delito- en el artículo 417, fracción IV, del Código Penal del Estado de Puebla, vigente hasta antes de la entrada en vigor de la aludida reforma, a pesar de que los hechos investigados tuvieron lugar después de ésta -el cinco de septiembre de dos mil dieciocho-; lo cual, se dijo, contravino el principio de la aplicación exacta de la ley penal. C. Se precisó que la única excepción de aplicar una norma diversa a la vigente al momento de los hechos es cuando aquélla se haga de forma retroactiva por ser más benéfica para el gobernado, y en materia penal, se dijo, ocurre cuando la nueva ley deja de considerar una conducta como antisocial, cuando contemple una pena menor, cuando varíe las condiciones de su proceso, por calificaciones y criterios sobre la gravedad del hecho y las condiciones para el ejercicio de la acción penal, si se reduce el término para la prescripción, etcétera. D. En el particular, se estimó que el principio denominado "tempus regit actus" -en español: "El tiempo rige el acto"-, se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada, abrogada o reformada después. E. En ese sentido, se consideró que no se encontraba ajustada a derecho la decisión de la jueza de control de justificar la aplicación de una norma no vigente a la comisión de los hechos investigados, bajo el argumento de que si bien el artículo 417, fracción IV, del código penal, en su redacción anterior a la aludida reforma, preveía diversas sanciones a la vigente, lo cierto era que -a su juicio- preveía los mismos elementos del tipo penal vigente en la época de los hechos; esto es, que el sujeto activo tuviera la calidad de servidor público y que éste ejerciera funciones que no correspondieran al empleo, cargo o comisión que tuviere. F. No obstante, se recalcó que el hecho de que efectivamente el tipo penal requiera prácticamente los mismos elementos para su configuración, no implicaba que la reforma no se trate de un acto legislativo diverso, en cuanto constituye distinta manifestación de la voluntad del órgano legislativo respectivo. Ciertamente, se refirió que en ejercicio de su libertad de configuración, los órganos que participan en el proceso legislativo expresan su voluntad soberana a través del mecanismo establecido por el Constituyente en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consolidándose así la posibilidad de que sus integrantes no queden sujetos a la voluntad de quienes los antecedieron a través de las normas que emitieron, existiendo la posibilidad de que un nuevo cuerpo legislativo apruebe nuevos ordenamientos. G. Así, se señaló que el ejercicio democrático de los representantes del pueblo a través del procedimiento indicado, debía entenderse bajo la idea de que en él se da espacio a las distintas opciones políticas, las cuales pueden expresar en un nuevo acto legislativo su voluntad de legislar en el sentido específico en que lo hagan, que podrá ser repitiendo con exactitud o con similitudes la norma antes vigente o introduciendo variaciones esenciales o accidentales, lo que conforme al principio de que la ley nueva deroga a la anterior, conlleva a que haya una nueva norma, independientemente de su contenido . H. Por tanto, pese a la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de reforma indicado y a la libertad de jurisdicción del Tribunal Colegiado en comento, se concluyó que la autoridad responsable no debió aplicar en perjuicio del aquí quejoso una norma que ya no se encontraba vigente al momento de los hechos investigados en la indagatoria de origen; incluso, si no existiera la citada declaratoria, la decisión de la jueza de control iría en contra de los principios de legalidad y seguridad jurídica, al aplicar arbitrariamente el régimen legal por desatender la intención del legislador con la reforma que contiene el tipo penal ahora vigente. I. En ese tenor, se afirmó que el actuar de la responsable fue totalmente arbitrario al dejar en estado de indefensión al quejoso, ya que éste tiene la certidumbre de que constitucionalmente se encuentra establecido que la ley aplicable es la vigente al momento en que ocurren los hechos; por lo que, si pese a ello, la responsable aplicó una norma que ya no se encontraba vigente por haberse reformado con posterioridad, es inconcuso que el acto vulneró los principios de exacta aplicación de la ley penal y seguridad jurídica, consagrados en el artículo 14 Constitucional. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable ********************, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector dentro de la causa penal ******************** de su estadística, en donde debía realizar lo siguiente: 1. Dejar sin efectos el auto de vinculación a proceso reclamado. 2. Reiterar y dejar intocado todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medidas cautelares, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de la audiencia de tres de enero de dos mil veintidós. 3. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en el considerando octavo del fallo, resolver la situación jurídica del quejoso, dictando auto de no vinculación a proceso, para lo cual, debía tomar en consideración: 3.1 Que en el amparo en revisión 105/2022, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito declaró inconstitucional la modificación introducida al artículo 417, fracción IV, del Código Penal del Estado de Puebla, contenida en el decreto publicado el 29 de diciembre de 2017 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, y que proscribió su aplicación en perjuicio del quejoso en el caso en concreto; y, 3.2 Que la legislación que debe aplicarse al asunto es la vigente al momento de la comisión de los hechos, por lo que, no podía aplicar el texto anterior a la reforma, como lo hizo en la resolución reclamada. 4. Y, finalmente, ordenar el cese de las medidas cautelares anticipadas impuestas al aquí quejoso, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente por cuanto a la causa penal de origen. Se precisó que el auto de no vinculación a proceso que se dictara no necesariamente impedía que el Ministerio Público continuara con la investigación y posteriormente formulara nueva imputación, de conformidad con el citado artículo 319 del código nacional, pues en la sentencia no se constriñó a la autoridad a decretar el sobreseimiento del asunto; sin embargo, se dijo, la fiscalía ya no podría sustentar el ejercicio de la acción penal en alguno de los hechos con apariencia de los delitos reformados o adicionados a través del decreto declarado inconstitucional. Bajo esa óptica, se refirió, el fiscal se encontraría en aptitud de exponer los mismos datos de prueba e incluso de reunir nuevos para cumplir con los requisitos constitucionales y legales para la emisión de un auto de vinculación a proceso, sin perjuicio de que la autoridad judicial pudiera estimar actualizada alguna causal de sobreseimiento que culminara con el procedimiento penal. También, se dijo que la citada jueza de control debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable ********************, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, en audiencia celebrada el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ******************** de su índice, entre otras cuestiones, realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso José ******************** en audiencia inicial celebrada el catorce de febrero de dos mil veintitrés, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de ejercicio indebido de funciones públicas, previsto y sancionado por el artículo 417, fracción IV, "en su redacción original antes de la modificación publicada en el decreto publicado con fecha 29 de diciembre de 2017", en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la sociedad y del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos -acto reclamado-. 2. Reiteró y dejó intocado todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medidas cautelares, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de la audiencia de tres de enero de dos mil veintidós. 3. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en el considerando octavo del fallo protector, resolvió la situación jurídica del quejoso, dictando auto de no vinculación a proceso, para lo cual, tomó en consideración: 3.1 Que en el amparo en revisión 105/2022, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito declaró inconstitucional la modificación introducida al artículo 417, fracción IV, del Código Penal del Estado de Puebla, contenida en el decreto publicado el 29 de diciembre de 2017 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, y que proscribió su aplicación en perjuicio del quejoso en el caso en concreto; y, 3.2 Que la legislación que debía aplicarse al asunto era la vigente al momento de la comisión de los hechos, por lo que, no aplicó el texto anterior a la reforma, como lo hizo en la resolución reclamada. 4. Y, finalmente, ordenó el cese de las medidas cautelares anticipadas impuestas al aquí quejoso, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente por cuanto a la causa penal de origen. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo; por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el citado juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos el auto de vinculación reclamado; ii) reiteró y dejó intocado todo lo manifestado por las partes en audiencia de tres de enero de dos mil veintidós; iii) con base en los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, dictó auto de no vinculación a proceso en favor del quejoso; y, iv) ordenó el cese de las medidas cautelares anticipadas que le fueron impuestas. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. V. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación, dada su trascendencia. Notifíquese personalmente al quejoso José ********************; y, por oficio a la autoridad responsable, al Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos -tercero interesado-, a la fiscalía tercera interesada y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil veintitrés. I. Oficio de cuenta. Agréguese a los presentes autos el oficio 1979/2023 signado -electrónicamente- por ********************, Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula; y, en atención a su contenido, primero debe decirse que dicha promoción cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, misma que se tiene a la vista y acredita que el promovente es titular de la firma electrónica que lo autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Sentado lo anterior, téngase a la autoridad oficiante remitiendo el expediente original del presente juicio de amparo, los cuadernos auxiliares I y II de pruebas del presente juicio, y tres discos en formato versátil digital (DVD) -agregados al expediente de amparo-; asimismo, informa que por auto emitido el once de julio de dos mil veintitrés, dentro del amparo en revisión 178/2023, se declaró precluido el derecho de interponer recurso de reclamación y, por ende, causó estado el desechamiento del recurso de revisión interpuesto por ********************, autorizado de la tercera interesada Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos Organismo Público Descentralizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes; asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante, no es necesario se acuse recibo de lo anterior por las razones expuestas. II. Firme sentencia. Consecuentemente, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que la sentencia de amparo ha adquirido firmeza. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, glósese únicamente las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto. III. Vista a las partes del cumplimiento inmediato al fallo protector. Ahora bien, toda vez que por auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se agregó al expediente el oficio 20408/2023/JC remitido por la autoridad responsable ********************, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, y su anexo, consistente en un disco versátil digital, mediante los cuales, informó el cumplimiento inmediato dado a la sentencia de amparo, y se reservó acordar lo conducente hasta que la sentencia de mérito adquiriera firmeza; y, como ello ya ocurrió, se provee: Con el contenido del aludido oficio 20408/2023/JC remitido por la autoridad responsable ********************, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, y su anexo, consistente en un disco versátil digital; dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. IV. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la promoción y la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese personalmente al quejoso ********************; y, por oficio a la autoridad responsable, al Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos -tercero interesado-, a la fiscalía tercera interesada y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de trece de julio de dos mil veintitrés: San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil veintitrés. I. Oficio de cuenta. Agréguese a los presentes autos el oficio 1979/2023 signado -electrónicamente- por ********************, Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula; y, en atención a su contenido, primero debe decirse que dicha promoción cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, misma que se tiene a la vista y acredita que el promovente es titular de la firma electrónica que lo autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Sentado lo anterior, téngase a la autoridad oficiante remitiendo el expediente original del presente juicio de amparo, los cuadernos auxiliares I y II de pruebas del presente juicio, y tres discos en formato versátil digital (DVD) -agregados al expediente de amparo-; asimismo, informa que por auto emitido el once de julio de dos mil veintitrés, dentro del amparo en revisión 178/2023, se declaró precluido el derecho de interponer recurso de reclamación y, por ende, causó estado el desechamiento del recurso de revisión interpuesto por ********************, autorizado de la tercera interesada Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos Organismo Público Descentralizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes; asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante, no es necesario se acuse recibo de lo anterior por las razones expuestas. II. Firme sentencia. Consecuentemente, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que la sentencia de amparo ha adquirido firmeza. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, glósese únicamente las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto. III. Vista a las partes del cumplimiento inmediato al fallo protector. Ahora bien, toda vez que por auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se agregó al expediente el oficio 20408/2023/JC remitido por la autoridad responsable ********************, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, y su anexo, consistente en un disco versátil digital, mediante los cuales, informó el cumplimiento inmediato dado a la sentencia de amparo, y se reservó acordar lo conducente hasta que la sentencia de mérito adquiriera firmeza; y, como ello ya ocurrió, se provee: Con el contenido del aludido oficio 20408/2023/JC remitido por la autoridad responsable ********************, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, y su anexo, consistente en un disco versátil digital; dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. IV. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la promoción y la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese personalmente al quejoso ********************; y, por oficio a la autoridad responsable, al Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos -tercero interesado-, a la fiscalía tercera interesada y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil veintitrés. I. Oficio de cuenta. Agréguese a los presentes autos el oficio 1827/2023 signado -electrónicamente- por ********************, Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula; y, en atención a su contenido, primero debe decirse que dicha promoción cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, misma que se tiene a la vista y acredita que el promovente es titular de la firma electrónica que lo autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Sentado lo anterior, téngase a la autoridad oficiante informando que por auto de presidencia emitido el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dentro del amparo en revisión 178/2023, se desechó el recurso de revisión interpuesto por ********************, autorizado de la tercera interesada Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos Organismo Público Descentralizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, contra la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio de amparo; además, como ninguna de las restantes partes hizo valer el referido recurso contra el fallo constitucional, declaró firme la sentencia recurrida. De lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. II. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación y la promoción de cuenta al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese por lista a las partes.
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